El Oficio

La Talacha Norestediciembre 28, 2020
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SHANGHAI  |  Zhang Zhan, periodista ciudadana que dio cobertura a la pandemia de Covid-19 en Wuhan, China, fue declarada culpable de «buscar pelea y crear problemas», y condenada a 4 años de prisión por el gobierno chino.

Desde febrero, Zhang Zhan, fue una voz independiente que dio cobertura a la pandemia desde una óptica crítica, incluso dio cuenta de como el gobierno amenazó a los reporteros por dar información sobre la crisis de salud.

“El Gobierno ha gestionado esta ciudad por medio de intimidación y amenazas… Esa es la auténtica tragedia de este país”, cita en una de sus transmisiones en video.

Zhang, de 37 años, fue arrestada el pasado mes de mayo en Shanghái y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. En septiembre recibió una acusación formal.

Según los documentos oficiales, se le acusaba de distribuir “información falsa mediante textos, vídeos y otros medios a través de redes sociales como Wechat, Twitter o YouTube” y de “aceptar entrevistas de los medios extranjeros Radio Free Asia

Zhang Zhan «parecía muy abatida cuando se anunció el fallo», declaró a la agencia AFP uno de sus abogados, Ren Quanniu, declarándose «muy preocupado» por su estado psicológico.

Los periodistas y los diplomáticos extranjeros que se desplazaron hasta el tribunal de Shanghai en el que fue juzgada esta exabogada de 37 años no pudieron entrar en la sala de audiencias. En cuanto a Zhang, fue arrestada en mayo acusada de «provocación de disturbios», una terminología que se suele emplear contra los opositores al régimen del presidente Xi Jinping.

En concreto, el tribunal la acusa de haber difundido informaciones falsas por internet, indicó a la AFP otro abogado suyo, Zhang Keke.


La Talacha Norestediciembre 23, 2020
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Imagen: Unsplash/Jovaughn Stephens
Un periodista cubre una moviización.

En la última década fueron muertos cerca de 900 trabajadores de los medios de comunicación en el mundo. La agencia de la ONU que registra estos crímenes destaca la fragilidad de la libertad de prensa en el contexto de la pandemia de COVID-19, precisamente cuando el periodismo es más relevante para la protección de los derechos humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó este miércoles que el 2020 registró un total de 59 periodistas asesinados, cuatro de ellos mujeres. América Latina y Asia Pacífico fueron las regiones más letales para esos profesionales, con 22 informadores abatidos en cada una. Los países árabes sumaron nueve asesinatos y África seis.

De acuerdo con los datos de la UNESCO, durante los últimos diez años 888 periodistas y trabajadores de medios, es decir uno cada cuatro días, fueron abatidos por desempeñar su trabajo de informar al público.

Estos crímenes se siguen cometiendo con gran impunidad, según consta en el informe sobre la seguridad de los periodistas publicado en noviembre por la agencia de la ONU, que muestra que en 2020 no hubo ninguna consecuencia en el 87% de los casos.

Los embates impunes contra los comunicadores debilitan la libertad de prensa en una coyuntura histórica que hace particularmente importante la información veraz, advirtió la directora general de la UNESCO.

Pandemia, la “tormenta perfecta” contra el periodismo

“En 2020 hemos sido testigos de la relevancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sido ´la tormenta perfecta´ que ha afectado a la libertad de prensa en todas partes”, dijo Audrey Azoulay.

La crisis desatada por el COVID-19 ha llegado a amenazar la supervivencia de los medios de comunicación, que han perdido sus ingresos por publicidad, dando lugar a un entorno aún más precario para sus trabajadores.

Por si esto fuera poco, la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus han servido de coartada en muchos países para restringir la libertad de expresión y de prensa.

En este marco muchos periodistas han sido penalizados por denunciar fallas en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Estas condiciones hacen temer que la profesión periodística desaparezca.

Bien público

“Frente al inicio del año nuevo, llamo al mundo a defender la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad”, enfatizó Azoulay ante este panorama.

El mes pasado, la UNESCO echó a andar una campaña mundial de concientización de la importancia de la seguridad de los periodistas, cuyo lema es precisamente “Protege el periodismo. Protege la verdad”.

Además de los asesinatos, el organismo destacó el aumento del acoso y los ataques a los profesionales de la información en el contexto de la pandemia. Citó, por ejemplo, las agresiones que sufrieron durante la cobertura de las manifestaciones de protesta, como ocurrió en el caso de las movilizaciones de Black Lives Matter.

Detalló que en el primer semestre del año los trabajadores de la prensa fueron agredidos o detenidos en 125 protestas realizadas en 65 países. La UNESCO agregó que estos incidentes aumentaron en la segunda mitad de 2020.

Las periodistas: doble blanco de ataques

En un comunicado, la agencia se refirió con gran preocupación a las periodistas, quienes suelen ser doble objetivo de ataques: por su profesión y por su género. Especificó que estas profesionales padecen en especial acoso y violencia de género en línea.

Una encuesta mundial sobre el tema realizada en octubre indicó que el 73% de las periodistas participantes habían experimentados violencia en línea y el 20% afirmó que a esas agresiones siguieron otros abusos o ataques presenciales.

Como parte de su compromiso de concienciar sobre el papel de la información como bien público, la UNESCO promueve la transparencia en las plataformas de internet con el propósito de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos a desafíos como la desinformación y el discurso del odio. También aboga por un pensamiento crítico y un panorama mediático plural.


La Talacha Norestediciembre 13, 2020
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MONTERREY | La televisora Telemundo confirmó el fallecimiento del periodista y conductor regiomontano Edgardo del Villar a causa del cáncer.

«Nos unimos para ofrecer nuestro más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija. Él fue nuestra inspiración y lo amamos», dijo Cristina Schwarz, alta ejecutiva de Telemundo 47.

El deceso del periodista ocurrió este domingo en un hospital en la ciudad de Nueva York, donde era tratado de la enfermedad que le apareció hace dos años.

El cáncer en el cerebro lo llevó a retirarse del medio periodístico, haciéndolo a través de su cuenta de twitter, donde pidió a sus amigos y seguidores hicieran oración por la enfermedad que finalmente acabó con su vida.


La Talacha Norestenoviembre 9, 2020
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SALAMANCA, GTO. | Cuando cubría una nota sobre el hallazgo de una bolsa que tenía restos humanos, el reportero Israel Vázquez Rangel, del medio digital El Salmantino fue atacado a balazos por la mañana y falleció horas mas tarde en el Hospital Regional de Pemex.

De acuerdo con la información publicada por El Sol de Salamanca, el reportero Israel Vázquez murió a las 12:40 horas al haber presentado la perforación de un pulmón durante el ataque directo de dos individuos conocidos como halcones que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil.

El reportero Israel Vázquez llegó al bulevar Salamanca 400 cerca de las 7:00 horas para transmitir en directo la localización de una bolsa conteniendo restos humanos, cuando dos personas del sexo masculino realizaron cinco detonaciones de arma de fuego en su contra, para después huir del lugar.

El reportero arribó al sitio en un vehículo rotulado con logotipos de la empresa de comunicación para la que trabaja. Cuando se acercó a la escena del hallazgo, dos hombres armados lo bajaron de la unidad en que se transportaba y le dispararon a corta distancia.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para realizar la atención prehospitalaria y trasladar al herido a recibir atención médica. Aunque en el Hospital Regional de Pemex se le refirió inmediatamente a quirógrafo para la cirugía, falleció en terapia intensiva.

Periodistas que lo conocen informaron que Israel Vázquez, Isra, siempre se había caracterizado por ser muy oportuno en la cobertura de la nota policíaca. En esta ocasión su inmediatez permitió que al momento del ataque no hubiera aún presentes autoridades policiales y que aún no se retiraran del lugar los sicarios.

El medio de comunicación para el cual laboraba condenó el ataque a través de un comunicado. Sus colegas de los diferentes medios de comunicación lamentaron el ataque y exigieron el inmediato esclarecimiento de los hechos.

Israel Vázquez había ido a cubrir el hallazgo de una cabeza humana del sexo masculino y bolsas negras con extremidades en un automóvil blanco abandonado en la colonia Villa Salamanca.


La Talacha Noresteoctubre 14, 2020
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Por Aline Espinos López

CDMX | Cimacnoticias.- México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras y periodistas, quienes con frecuencia se enfrentan a diversos riesgos: hostigamiento, amenazas de muerte, desaparición forzada, entre otros, lo que derivó en la creación de un mecanismo, que hoy está en riesgo de quedarse sin fondos para funcionar.

Este Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en 2012 cuando se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, gracias a la presión de organizaciones y de la sociedad civil para que este sector pudiera realizar su labor en condiciones seguras y libres.

Tiene por objetivo que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos por medio de la adopción de medidas necesarias para que todas las y los periodistas y personas defensoras puedan ejercer sus actividades sin miedo.

Desde su entrada en vigor, ha brindado protección, de octubre de 2012 a junio de 2020, a mil 262 personas, de las cuales 398 son periodistas (108 mujeres y 290 hombres) y 864 defensoras (458 mujeres y 406 hombres), de acuerdo con el informe estadístico 2020 el cual señala que los estados con más personas beneficiadas son la Ciudad de México con 143 casos, Guerrero con 80, Veracruz con 77, Oaxaca con 61, Estados de México y Chiapas 39. De estos, más del 50 por ciento corresponden a personas defensoras de DH y el resto a periodistas.

De acuerdo con este informe, durante 8 años ((2012 y hasta junio de 2020), quienes agredieron más a periodistas o personas defensoras fueron los servidores públicos, en 65 por ciento, seguido de los particulares con 25.4 por ciento y personas no identificadas 9.0 por ciento. Es necesario resaltar que el 2019 fue el año con más casos de violencia, en total se registraron 100, por parte de servidores públicos tanto para periodistas como para personas defensoras.

De 2012 a junio de 2020, las y los periodistas fueron atacados con 187 casos de servidores públicos, 158 de particulares y 128 de personas no identificadas. Respecto a las personas defensoras, sus mayores ataques provinieron de servidores públicos con 235 casos, 182 de particulares y 133 de desconocidos. Estas violencias son agresiones, amenazas y secuestro.

¿Cómo acceder al mecanismo?

Para su funcionamiento, el Mecanismo se conforma por una Junta de Gobierno (integrada por  5 personas provenientes de distintas instituciones del gobierno y órganos de DH, 2 periodistas y 2 defensores), un Consejo Consultivo (9 personas defensoras de DH),  y una Coordinación Ejecutiva Nacional (especialistas en la prevención de casos de riesgo), de acuerdo con información oficial del mecanismo.

Cabe destacar que para acceder a él, la o el periodista o persona defensora debe haber sido víctima de una amenaza o agresión, de ser así, puede llamar o acudir al recinto de esta instancia para realizar una entrevista inicial con el fin de determinar el nivel de riesgo, las formas de apoyo que se necesitan y definir un plan de protección en un plazo de 10 días.

El Mecanismo describe que las y los afectados acuden a una reunión con la Junta de Gobierno para aprobar el análisis de riesgo y las medidas seleccionadas. Una vez que las medidas estén en práctica serán revisadas según el tiempo determinado por la Junta, ya sea una o más veces al año, si la persona continúa o no bajo una amenaza.

La Ley para la Protección explica que existen tres tipos de medidas: las preventivas, las de protección y las urgentes de protección. Las primeras permiten que las víctimas reciban cursos de autoprotección y sean acompañadas por observadores de DH; las segundas contemplan el uso de un chaleco antibalas, autos blindados y celulares satelitales; y las terceras brindan la protección de inmuebles, reubicación temporal y escoltas especializados.

Todas estas medidas, detalla, pueden ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando la o el beneficiario haga un uso indebido de las mismas. Estas también podrán ser ampliadas o disminuidas como resultados de las revisiones periódicas.

A la vez, especifica, las entidades federativas tendrán que aplicar otras medidas y recopilar datos que les sirvan para evitar agresiones potenciales contra personas defensoras y periodistas.

Para que estas medidas sean llevadas a cabo se emplean los recursos del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que opera a través de un fideicomiso público y que es vigilado por personal asignado de la Secretaría de la Función Pública.

Organizaciones de DH evidenciaron en informes anteriores que el mecanismo ha desarrollado acciones de prevención que en la teoría prometen escenarios seguros, pero en la práctica no tienen una incidencia efectiva en detener las agresiones contra periodistas y defensoras.

En suma, la instancia no dispone de los recursos humanos y económicos suficientes para funcionar y las medidas a veces no son las adecuadas, por ejemplo que las autoridades asignadas para la protección de la víctima sean las mismas que la violentaron.

Este Mecanismo ha cobijado a periodistas como Patricia Mayorga, corresponsal de la Revista Proceso y de Cimacnoticias, quien tuvo que salir del país después del asesinato de su colega Miroslava Breach, en Chihuahua; Yaneli Fuentes Morales del “Diario Alternativo”, quien fue víctima de amenazas y golpes por integrantes de grupos de autodefensa de Guerrero.

Otras reporteras beneficiadas con el Mecanismo son: Gloria Ruíz García del periódico “Sin Censura”, quien fue amenazada por políticos; María Rodríguez Quintanilla, experiodista de Aeqs.mx y colaboradora de Cimacnoticias, quien fue obligada a desplazarse de Tamaulipas, su ciudad de origen por amenazas de grupos criminales, o Teresa Guerrera Ochoa, columnista del “Diario Debate”, quien sufrió actos intimidatorios por sujetos desconocidos.

Cabe recordar que el fondo de este mecanismo está a punto de desaparecer luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presentó un dictamen para eliminar 109 fidecomisos, entre ellos los asignados para periodistas y personas defensoras. Este dictamen ya fue aprobado en lo general, y fue turnado al Senado de la República para su discusión y análisis.


La Talacha Noresteseptiembre 15, 2020
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Las agresiones no son casos aislados, en México es cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada, alerta la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

 

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) expresó su preocupación y más enérgica condena por la represión y violencia ejercida en contra de al menos 16 mujeres periodistas de México, durante la cobertura de protestas o movilizaciones feministas en el último mes, en distintas entidades federativas de ese país, como Guanajuato, Chihuahua, Sonora y el Estado de México.

La organización refiere a través de un comunicado que, el pasado viernes 11 de septiembre, 12 reporteras, blogueras y fotoperiodistas fueron víctimas de agresiones, amenazas, intimidación y abuso de la fuerza ejercida por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuando cubrían la protesta de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, frente al Centro de Justicia en Atizapán de Zaragoza y la toma de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec.

De igual manera, el día 22 de agosto en el municipio de León, Guanajuato, las periodistas Melissa Esquivias de Informativo Ágora, Alfonsina Avila de Zona Franca, Martha Silva y Brenda Orozco de PopLab Mx fueron agredidas física y verbalmente por policías municipales, para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres manifestantes que exigían justicia por un presunto caso de acoso sexual en agravio de una joven.

«Actos de represión como estos, son reprobables e inaceptables, contravienen tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto, deben ser sancionados hasta sus últimas consecuencias», sostiene la Red Internacional que agrupa a periodistas feministas de más de 30 países.

Alertó que «lo más grave es que no son un hecho aislado, en México se está volviendo cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada»

Cabe destacar que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. En lo que va del 2020 se ha perpetrado el asesinato de los periodistas:  Maria Elena Ferral y Julio Valdivia en Veracruz, Jorge Armenta en Sonora y Pablo Morrugares en Guerrero.

El Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) ha documentado 198 atentados contra mujeres periodistas en México en lo que va del año.

La organización Artículo 19, en el primer semestre del 2020 reportó 406 agresiones en contra de la prensa en el país y 65 de ellas se cometieron durante la cobertura de protestas y movimientos sociales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión”, reconoció que además de ser objeto de la amplia gama de violaciones de los derechos humanos que afectan a los periodistas en general, las mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales en el ejercicio de su profesión en razón de su género y otros factores interseccionales de discriminación.

En ese contexto, quienes integran la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hacen un llamado a las diferentes instituciones del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y castiguen con todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos y elementos policiales que han incurrido en violaciones a la libertad de prensa, a reparar el daño a las víctimas; garantizar la no repetición y las condiciones para que las y los periodistas puedan informar sin restricciones al público sobre las protestas así como realizar un mayor esfuerzo para capacitar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos relativos a la libertad de expresión y manifestación de movimientos sociales.

El pronunciamiento de la RIPVG está dirigido a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza y a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Irene Zubalda Khan.

De igual manera al Presidente de México Andres Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, al Titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Aarón Mastache, al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y al Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

También a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, al Fiscal General del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez, al Fiscal de Justicia del Estado de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre y al Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

 


La Talacha Noresteseptiembre 11, 2020
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El periodista Julio Valdivia fue decapitado en el estado mexicano de Veracruz, cerca del límite con Oaxaca.  

 

El crimen “recuerda la situación de vulnerabilidad de muchos periodistas en México”, señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

 

En lo que va de 2020 han sido asesinados al menos cuatro comunicadores en México.

 

Julio Valdivia Rodríguez, reportero del diario El Mundo de Córdoba, un periódico del estado mexicano de Veracruz, no llegó a su trabajo la mañana del 9 de septiembre pasado. Más tarde, los vecinos de la zona rural de Tezonapa, cerca del límite estatal con Oaxaca, reportaron a la policía que había un cuerpo decapitado en las vías del ferrocarril cerca de una motocicleta con los logotipos del periódico El Mundo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la UNESCO condenaron el asesinato e instaron a las autoridades a investigarlo a fondo y de conformidad con los estándares de debida diligencia.

“Todos los periodistas deberían poder hacer su trabajo libremente y con seguridad, sin miedo de ser asesinados o heridos”, aseguró el portavoz de la ONU este viernes.

Tanto la Oficina en México como la UNESCO subrayaron que es imperativo que el crimen no permanezca impune.

“La investigación exhaustiva de estos hechos requiere agotar todas las posibles líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con la actividad periodística del señor Valdivia”, señaló el equipo de Michelle Bachelet en México.

Por su parte Audrey Azulay, directora de la UNESCO afirmó que se debe hacer cumplir la justicia para evitar que un brutal derramamiento de sangre restrinja las libertades que todos deben disfrutar.

“La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a acceder a la información”, explicó.

 

La vulnerabilidad de los periodistas en México

 

Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Julio Valdivia Rodríguez no había reportado ninguna agresión o amenaza a su vida o integridad.

El representante adjunto de la Oficina de la ONU en México afirmó que este crimen es una muestra más del riesgo que corren los periodistas en ese país.

“El asesinato de Julio Valdivia y la brutalidad con que se cometió nos recuerdan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos periodistas en México, quienes enfrentan serios riesgos por realizar una actividad fundamental para la vida democrática del país como es informar sobre lo que sucede” puntualizó Jesús Peña.

Los peritos criminalistas reportaron que el informador fue decapitado y después trasladado a las vías del tren, donde también se colocó su motocicleta, para simular un accidente.

Los colegas del comunicador han anunciado actos de protesta para exigir justicia por el asesinato.

Con Valdivia Rodríguez, suman al menos cuatro los periodistas abatidos en México durante 2020, de acuerdo con la información documentada por la ONU.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 163 informadores han sido muertos del 2000 a la fecha, diez de ellos en lo que va de este año.


La Talacha Noresteagosto 24, 2020
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Imagen: Propuesta Cívica
Después de 3 años, 56 testimonios, 21 tomos analizados y 31 días de juicio, este 21 de agosto de 2020, el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo condenó a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Aunque la organización “Propuesta Cívica”, que representó ala familia de la periodista, pidió la pena máxima de 70 años de prisión, el juez confirmó 50 años al autor material del crimen cometido en contra de la corresponsal del diario La Jornada, en el estado de Chihuahua.

El 18 de marzo de 2020 el juez condenó a Moreno Ochoa por su participación en el asesinato de la periodista y este viernes declaró que “no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia” del acusado. Aun falta enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.

“Propuesta Cívica” y “Reporteros sin Fronteras”, quienes acompañaron el caso, emitieron un comunicado en el que aseguraron que lograr esta condena requirió de un amplio esfuerzo humano y económico y una intensa lucha de la familia de Miroslava. “El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen”.

Las organizaciones destacaron que en el proceso para tener este fallo, el juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas y también se logró identificar a un autor intelectual del crimen, un líder del narcotráfico con nexos políticos.

“Propuesta Cívica” mencionó que testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen, encabezado por el Partido Acción Nacional, un eslabón pendiente en esta investigación.

“Esta sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento para la prensa y constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad”.

Para la organización este fallo judicial ha sido emblemático, “nos encontramos ante el primer juicio por homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria y con la aplicación de una pena de 50 años de prisión”, dijo.

El caso de Miroslava Breach puso a prueba el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio tratándose de comisión de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, agregó.

La agrupación especializada en la defensa de la libertad de expresión indicó que este caso demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz.

Sin embargo, recordó que el caso aún no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra de Jaciel “N”, otro de los autores materiales, así también, la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.

“Los asesinos de Miroslava Breach, no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron una mujer que fue de las voces más críticas del gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua”.

“Propuesta Cívica” y “Reporteros sin Fronteras” advirtieron que la exigencia por verdad y justicia continuará hasta que todos los responsables materiales e intelectuales de este reprochable crimen sean enjuiciados. Por tanto, exigieron a la Fiscalía General de la República realizar las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión pendientes.

Otra de las demandas de las organizaciones fue que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siga brindando planes de protección integrales a la familia de la periodista  pues hay riesgo de sufrir una agresión.


La Talacha Noresteagosto 20, 2020
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CIUDAD DE MÉXICO | La secretaría de la Función Pública  (SFP) inhabilitó por dos años como proveedor del gobierno federal a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A de C.V, propiedad del periodista, escritor e historiador, Héctor Aguilar Camín y quien se ha convertido en uno de los principales críticos del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

También la SFP, a través de la circular 00641/30.15/3818/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación ordenó a todas las empresas productivas del Estado y a los gobiernos estatales abstenerse de celebrar convenios o contratos de publicidad con la empresa Nexos.

El argumento, dice la Función Pública, se desprende del procedimiento administrativo de sanción iniciada en contra de la empresa Nexos en el 2019.

La orden es tajante y dice así:

“Deben abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”.

Aparte de la inhabilitación a Nexos, se le impone una multa de 900 mil pesos, dice la secretaría de la Función Pública.

Héctor Aguilar Camín, Director y propietario de Nexos, afirmó que ésta decisión es injusta, persecutoria que atenta contra la libertad de expresión por parte del gobierno de López Obrador que no tolera la crítica de medios independientes.

Dijo que la sanción proviene de una supuesta irregularidad en una plana publicitaria por 72 mil pesos que le dio el IMSS en el 2018, » es una ofensiva burocrática contra la libertad de expresión.

«Vamos a amparamos, vamos a buscar un fallo judicial que eche para atrás la ejecución de esta disposición y vamos a combatirla como una disposición falaz y arbitraria, discrecional e ilegal», señaló.


La Talacha Noresteagosto 6, 2020
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Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, Tam. | Este jueves fueron separados de sus cargos, los policías estatales que agredieron al periodista Osberto Vera, durante la transmisión en vivo de un accidente vial.

El reportero se encontraba consignando un choque en el que participó una integrante de la Policía Estatal, cuando otros agentes le impidieron realizar su trabajo y posteriormente lo detuvieron para presentarlo en la Delegación del 2 Zaragoza, por supuestas faltas a la autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que “los elementos que habrían tenido participación en los hechos fueron separados del servicio para facilitar las investigaciones y diligencias necesarias, de las cuales se establecerán las responsabilidades administrativas y legales que deriven en caso de presentarse una denuncia ante la autoridad Ministerial”.

El Vocero de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez Juárez, explicó que la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, inició una investigación sobre el incidente.

“El personal que participó en esta situación, fue separado del servicio, para facilitar las investigaciones y sobre todo, mandar el mensaje, que el gobierno del Estado, se trata de apoyar a los policías estatales en su función, se les reconoce lo que están haciendo”.

Pero aclaró, “se va a actuar cuando se menoscaben los derechos humanos y las garantías individuales”, señalando que en este caso, el periodista, está en libertad de realizar una denuncia, si así lo considera pertinente.

La noche del miércoles 5 de agosto, Osberto Vera, transmitía un accidente vial donde se vieron involucrados una conductora, (policía estatal), quien se pasó una señal de alto e impactó a un motociclista, cuando al lugar arribaron más elementos de la Policía Estatal, quienes pidieron al periodista que se alejara del lugar.

Uno de los elementos de la policía, se escucha en evídeo, le piden corte la transmisión y después, tres elementos más someten al periodista, situación que quedó evidenciada por otros periodistas que transmitían también el incidente, así como la hermana del afectado, a quien también le pedían los elementos estatales, dejara de grabar.



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