El Oficio

La Talacha Norestejulio 2, 2020
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7min420

 

  • 18 años de impunidad frente a la violencia contra las periodistas

 

  • Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no cumple su responsabilidad de brindar garantías de seguridad para su ejercicio periodístico.

 

CIUDAD DE MÉXICO | En 18 años, de 2002 a junio de 2020, CIMAC ha registrado 898 agresiones contra mujeres periodistas en México, entre ellas 18 casos de feminicidio. El Estado además de permitir la impunidad y dar una deficiente protección a las periodistas, es el responsable: los agresores principales son las autoridades de los gobiernos locales, estatales y federal, en 38.5% por ciento de los casos.

En la “Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México” CIMAC pone en evidencia la violencia de Estado contra la libertad de expresión de las mujeres. El mapa virtual muestra la evolución que la violencia contra las periodistas ha tenido en el tiempo, así como un panorama amplio de las manifestaciones de esta violencia e identifica en cuáles entidades federativas se presenta el mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión: Ciudad de México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).

En la presentación virtual de la Cartografía participaron el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) Edison Lanza, la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) Lucía Lagunes, la periodista exiliada Lydia Cacho y Adriana Ramírez, Coordinadora del programa de Libertad de Expresión de CIMAC.

En 70 por ciento de los casos se trata de reporteras, quienes están en el terreno realizando investigaciones periodísticas que ponen en evidencia la corrupción, desvío de fondos y violaciones graves a los derechos humanos. Son ellas quienes acompañan a otras mujeres en la exigencia de justicia y hacen eco de las demandas de las víctimas, es decir, son defensoras del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión de otras mujeres.

La cartografía identifica que la violencia psicológica es la más recurrente (77 por ciento de los casos la presentan) expresada en amenazas, el desprestigio de su labor periodística y hostigamiento; en 37 por ciento de los casos se presenta violencia física como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con arma de fuego. En 12 por ciento de los casos se trata de violencia patrimonial relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo y daños a los bienes de las periodistas; la violencia sexual como el acoso sexual tanto en redes sociales como en el espacio físico, campañas de difamación o amenazas con connotaciones sexuales estuvo presente en 6 por ciento de los casos.

Los hechos violentos suceden en mayor medida en espacios institucionales (46 por ciento), comunitarios (30 por ciento), laboral (3 por ciento) y, en los últimos años se ha registrado un aumento en las agresiones digitales (18 por ciento).

Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no brinda garantías, ni crea condiciones de seguridad para que puedan desarrollar su trabajo. Las autoridades no asumen su responsabilidad para garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión para las mujeres, por el contrario, criminalizan e invalidan su labor y promueven campañas de desprestigio. A su vez, las instancias de procuración y administración de justicia carecen de una debida diligencia y actúan con misoginia obstaculizando la prevención, investigación, sanción y reparación integral de los daños de los distintos tipos de violencia que enfrentan las periodistas y sus familias.

La cartografía da cuenta que si bien durante el sexenio del Enrique Peña Nieto se registraron 422 agresiones contra mujeres periodistas, es decir 222 por ciento más que en el sexenio anterior, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han documentado 271 casos de violencia contra mujeres periodistas, es decir, cada dos días una periodista es violentada. Al primer semestre de 2020, ya se vislumbra como el año más violento.

 

A lo largo de 18 años de registro, la impunidad es la constante. La falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, provoca la repetición de los asesinatos y todo tipo de violencias contra las periodistas.

 

CIMAC fue la primera organización en documental en el mundo, la violencia sistemática contra las mujeres periodistas. Mostró la desigualdad y la concurrencia del silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir e impedir la violencia contra las periodistas. Desarrolló una metodología para registrar las agresiones cometidas contra la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres con base en la tipología de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La cartografía se suma a los informes que CIMAC publicó para denunciar la violencia, y llamar al Estado a que actúe conforme lo marcan los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico de las mujeres.

Visita la cartografía: https://cartografia-cimac.uwazi.io/


La Talacha Norestejunio 10, 2020
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Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México | Cimacnoticias.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que no desaparecerán ni están en duda los recursos económicos para la protección a personas que están situación de riesgo por ejercer y defender la libertad de expresión o los Derechos Humanos.

Así lo expresó en una reunión virtual que se realizó este martes 9 de junio para revisar el funcionamiento del fideicomiso operado por el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se creó con base en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en junio de 2012.

En el foro las y los diputados de los diversos partidos políticos reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y personas defensoras, por esa razón se comprometieron a garantizar los recursos para la protección a esta población, ya sea por medio del fideicomiso, que este año obtuvo 227.6 millones de pesos (mdp), o a través de otro mecanismo.

El diputado por Morena, Mario Delgado, explicó que luego de que en mayo su partido presentó una propuesta para desaparecer 44 fideicomisos, el Poder Legislativo está revisando si éstos funcionan adecuadamente y han logrado los objetivos para los cuales fueron creados y, en caso de ser necesario, acordar si continúan o cuál sería la mejor manera de administrar estos recursos.

Al respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache, consejeras y consejeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y representantes de organizaciones civiles explicaron que este fideicomiso no debe desaparecer porque se utiliza para salvaguardar vidas.

Mastache, quien también es coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección explicó que esta institución otorga medidas para proteger la vida de población en riesgo por su trabajo periodístico o la defensa de Derechos Humanos. El último corte indica que hasta mayo sumaban mil 206 personas beneficiadas con medidas de protección.

El funcionario explicó que las medidas pueden ser desde sustraer a la persona en riesgo de su lugar de origen, hasta entregarles equipos de geolocalización, radio, telefonía satelital, cerraduras, cámaras de seguridad, chalecos antibalas o autos, entre otras.

Al presentar los antecedentes de este fideicomiso, explicó que comenzó a funcionar en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos, pero debido a la creciente cantidad de personas beneficiadas, los recursos no han alcanzado. Desde 2018 cada año el Mecanismo solicita ampliaciones presupuestales a la Cámara de Diputados.

Este año, dijo Mastache, el fideicomiso obtuvo 227.6 mdp, pero sus proyecciones indican que necesitarán 187 mdp para concluir 2020 e iniciar el primer trimestre de 2021. También recordó que todos los gastos de operación del Mecanismo están a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, por tanto, los recursos del fondo no se utilizan para el pago de salarios, viáticos o actividades administrativos.

Además explicó que los recursos los entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHyP) y el fiduciario es el Banco del Bienestar. El funcionario alertó que cambiar la figura jurídica de fideicomiso a fondo público, provocaría que los pagos de servicios de protección se realicen a través de áreas administrativas de la Segob, y no de manera directa como  hoy opera, lo que haría más complejo el gasto de este presupuesto.

En el encuentro participaron las y los consejeros del Mecanismo, entre ellos la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien llamó la atención sobre la importancia de transparentar el uso de los recursos públicos de una institución que se dedica a proteger vidas. La periodista aseguró que entre abril y mayo hubo 39 agresiones contra periodistas y defensoras, de las cuales 33 fueron contra periodistas.

La también directora de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (Cimac) expuso los riesgos que se atienden por medio de este fideicomiso y destacó que en lo que va del actual sexenio se han registrado 290 ataques a mujeres periodistas; por ello consideró que además de la importancia del ejercicio transparente de los recursos, el Estado mexicano debe atender la deuda que tienen con periodistas y defensoras.

A su vez, organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Artículo 19 y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre los riesgos de pasar este fideicomiso a un fondo que operaría la Segob y del cual se podría hacer un uso discrecional; mientras que para Reporteros Sin Fronteras en esta revisión es necesario analizar por qué una empresa privada ha sido la única que puede ofrecer las medidas de protección y por qué no se diversifican los prestadores de servicios.

Las y los representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado a no quitar el dinero para la protección de quienes están en peligro, sino de fortalecer este fideicomiso, promover medidas de transparencia del ejercicio de los recursos y no transformar el fideicomiso en un fondo que sólo dejaría la puerta abierta para más discrecionalidad.


La Talacha Norestemayo 16, 2020
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Lo acribillan junto con dos policías que lo acompañaban cuando salía de un restaurante de comida china

OBREGON, Son |  Jorge Miguel Armenta Avalos, Director del periódico El Tiempo de ciudad Obregón, fue asesinado cuando salía de un restaurante. También murieron acribillados un oficial y el comandante de la policía municipal, que acompañaban al periodista.

Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas de este sábado en las calles Chihuahua, en pleno centro de la ciudad.

Jorge Miguel Armenta Avalos también era Director del periódico digital Medio Obson quien tiene mas de 247 mil suscriptores y su linea editorial cubre eventos de contenido policíaco.

El periodista y los dos agentes de policía fueron acribillados justo cuando salían de un restaurante de comida china.

El empresario y también productor de varios programas de radio y televisión por internet ya tenía amenazas de muerte al igual que parte de su equipo de trabajo, por lo que se transportaba en carro blindado y lo custodiaban escoltas.

La Secretaría de Seguridad Pública externó en Twitter: «Las autoridades de los tres niveles de Gobierno se encuentran reunidas en estos momentos para atender el condenable ataque ocurrido hace unos momentos en Ciudad Obregón».

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich informó: «He solicitado a la fiscal, Claudia Indira Contreras, se traslade a #Cajeme e inicie de inmediato las investigaciones para esclarecer y dar con los responsables del condenable ataque contra el director de Medios Obson, Jorge Armenta y 2 agentes de la policía municipal».


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Por Sonia Gerth

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.-  En un Webinar para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa y organizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, las y los panelistas concluyeron que el periodismo en el país se ha convertido en un campo minado. Para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, es necesario combatir la impunidad, pero también hay otros pasos pequeños que instituciones internacionales como la Unión Europea (UE) pueden dar para apoyar al gremio. Para las y los dueños de medios de comunicación en México, queda la tarea de mantener el equilibrio entre la función social de los medios como constructores de la democracia, y el negocio.

En el webinar, moderado por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) Lucía Lagunes Huerta, participaron la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, colaboradora de la revista Proceso y otros medios, originaria de Chihuahua, y desplazada y exiliada luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea en 2017; Teresa Montaño Delgado, periodista de Toluca con más de 25 años de experiencia y con enfoque en transparencia, fraudes electorales y violencia de género; Fernando Hernández Michi, colaborador de Radio Amilcingo, que sirve a la comunidad indígena en resistencia contra el Proyecto Integral Morelos y que el año pasado perdió el fundador de la Radio, Samir Flores Soberanes.

También participó el abogado y Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Eduardo Espinosa. Las y los participantes coincidieron en que la situación del periodismo en México se ha ido cada vez empeorando. Esta situación fue creada “a través de décadas, los niveles de corrupción son preocupantes. La impunidad permite que las y los políticos no ejerzan bien su trabajo, y que tengan permiso para desplazarnos, ejecutarnos”, opinó Mayorga Ordoñez.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, hubo muchas expectativas por parte de las y los periodistas, de mayor aperturas y de reformas, agregó Montaño Delgado, pero “es un cambio que no se han dado, es meramente aspiracional. Pero no han vuelto a ver los estados”. La periodista definió al Estado de México como el “epicentro de la corrupción en todo el país”, donde se pusieron en práctica esquemas de corrupción, acoso, hostigamiento y control de los medios.

“En el Estado de México quien quiere hacer periodismo de investigación se enfrenta a obstáculos. Todas las fuentes están vinculadas al poder. Es un estado donde las leyes y el andamiaje en torno a éstas están construidas para la opacidad, para que no se llegue a sanciones para quien incurra en corrupción, o la sustracción de recursos“, dijo Montaño Delgado. Coincidió con Mayorga Ordoñez en que los gobiernos de los tres niveles usan la publicidad oficial en el sentido de discriminar a algunos medios y beneficiar a otros.

Por lo tanto, “tuve que aprender que si quería hacer periodismo centrado en los Derechos Humanos, no podía hacerlo desde el periodismo corporativo. Porque lo que hacen generalmente no es informar, sino que tapan las espaldas de quienes proveen esos contratos publicitarios”. Mayorga Ordoñez también abonó al periodismo independiente: “En este mismo contexto ha florecido un periodismo muy rehúso. No tenemos todo el poder, pero ahí está, y la sociedad tiene que apoyarlo, aprender a leer notas, reconocer las notas falsas”.

Radios comunitarias, en cruce de fuego

El comunicador Fernando Hernández Michi opinó que las radios comunitarias en muchas ocasiones han sido el blanco de diversos intereses, por ejemplo cuando en sus noticias locales se mencionan irregularidades para realizar obras y proyectos. “Puede haber una amenaza desde los propios pueblos indígenas, una amenaza al nivel municipal, nivel estatal, incluso al nivel federal. La percepción que tienen es que en las radios comunitarias se mencionan cosas verídicas, y eso incomoda a ciertos personajes“, explicó.

La persecución de estos personajes hacia locutores y locutoras sería un peligro. Una forma de silenciar la radio sería quitar o inhabilitar equipos como antenas, transmisores, computadoras, o celulares, y la otra incluso quitar la vida como en el caso de Flores Soberanes. Hernández Michi recalcó que las radios comunitarias tienen un rol importante para informar sobre todo a las poblaciones indígenas. “Con lo poco que tenemos vamos cambiando mentalidades, que se investigue, que se informe y que saquen su propia conclusión”.

Es lamentable que el alcance de las radios es restringido, “el reto es que se extienda más la señal”, dijo. El papel de las radios comunitarias sería importante “para darle voz y voto a los pueblos indígenas, a las personas que quieran expresar su punto de vista”. Reportó que su radio cooperó en diversos instantes con instituciones de Derechos Humanos, por ejemplo para esclarecer el asesinato de Flores Soberanes.

Las y los periodistas también hablaron del impacto personal de la violencia y el desplazamiento en la vida de las periodistas. “Es un impacto brutal. No sabes si vas a regresar, no sabes si vas a recuperar tus bienes, tu tierra, tu casa”, contó Mayorga Ordoñez, quien acaba de cumplir 3 años en el exilio. Insistió en el impacto diferenciado en las mujeres: “Las mujeres somos responsables de hijos y papás. También es mas fácil que te calumnien, se crean rumores y que se lo crea la sociedad porque es machista. Te califican de prostituta, y eso para muchos es lo peor que se puede decir de una mujer. Es un dolor inmenso por los hijos. Te responsabilizan, dicen, ¿Por qué no haces tacos? Es un problema de una sociedad machista, junto con la corrupción, y la impunidad”.

De la periodista con quien compartía informaciones, y quien fuese asesinada el 23 de marzo, 2017, contó: “Miroslava Breach era mujer tremendamente empoderada. Tenia una claridad muy aguda, de para qué quería el periodismo y los medios donde estaba. Era muy ruda, una personalidad fuerte, y eso, en la Sierra, en una sociedad ultra machista donde puso el foco de la narco política, fue incomodando. Cómo una mujer va venir a desnudarnos”.

No existen planes de retorno para periodistas desplazadas

Una medida para garantizar la seguridad de las periodistas, y con ellas y ellos la información que llega a la población, sería combatir la precariedad en el gremio, dijeron las panelistas. Sería más bien el periodismo independiente, el que saca a la luz prácticas corruptas. Las instituciones públicas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no gozan de la completa confianza de las y los periodistas.

En el Mecanismo de Protección, por ejemplo, habría “muchos cabos sueltos”, según Montaño Delgado. Junto con Mayorga Ordóñez lamentó que los asesinatos no se investiguen como labor periodística como primera línea de investigación, y las amenazas anteriores, ni se verían. Para las y los periodistas desplazados, no existe un plan de retorno: “Les conviene que estemos fuera, que no retornemos”. Las periodistas y el investigador confían más en el poder de instituciones internacionales como la UE, para poner la Libertad de Expresión en la agenda del gobierno mexicano y empujar reformas.

Los representantes de la Delegación de la Unión Europea, Jean Pierre Bou y Jerome Poussielgue, expresaron que la UE tiene un compromiso importante con la Libertad de Expresión, y que apoyan varios proyectos y organizaciones en este ramo, entre ellas Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, y CIMAC. Poussielgue dijo que se apoya en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la unidad de prevención, y los procesos de solicitud de licencias para radios comunitarias indígenas, pero que querían ver en qué otros rubros podrían fortalecer la Libertad de Expresión en México.


La Talacha Noresteabril 28, 2020
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XALAPA | El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que cuenta con avances importantes, en las investigaciones para esclarecer el homicidio de la periodista María Elena Ferral, perpetrado en Papantla el pasado 30 de marzo.

A través de sus redes sociales, el Ejecutivo estatal indicó que recibió el informe de la Fiscalía General de Justicia Estado (FGJE), en relación con el caso de la comunicadora, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

El mandatario estatal advirtió que “caiga quien caiga”, habrá una investigación muy profunda en torno del caso, sea quien sea, vamos a dar no solamente con el autor material sino con el intelectual. No más un periodista asesinado en el estado», refirió.

Cabe destacar que hasta el momento se han realizado cinco detenciones. «Se tendrá que seguir el proceso judicial, o sea, ese proceso marca muy bien los momentos de defensa, de rebatir lo que la Fiscalía argumente», reiteró.

Agregó el gobernador que los abogados defensores tendrán que actuar, pero si advirtió que es caiga quien caiga, «vamos contra los responsables de este asesinato».

Entre los detenidos por el caso de María Elena Ferral Hernández está el también periodista Juan “N”, el regidor séptimo del municipio de Papantla Efraín “N”, y otras tres personas en el municipio de Poza Rica.

(Notimex)


La Talacha Norestemarzo 30, 2020
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XALAPA | La periodista Maria Elena Farrel murió por daño en órganos vitales, tras ser agredida a balazos esta mañana en la ciudad de Papantla,  informó la Fiscalía General del Estado.

Maria Elena Ferrel, era corresponsal del Diario de Xalapa y propietaria del Portal de Noticias «Quinto Poder» y la mañana de este lunes, fue atacada a balazos por sujetos que se transportaban en una motocicleta.

La periodista gravemente herida, fue trasladada al Hospital Regional de Papantla y luego  al de Poza Rica, en donde no pudo sobrevivir y murió esta noche.

Se desconoce el móvil del crimen, pero se tenía antecedentes de haber sido amenazada por su trabajo periodístico.

Compañeros del gremio externaron sus condolencias a la familia y reprobaron el ataque, exigiendo a la autoridad estatal justicia y esclarecimiento del crimen. Veracruz  es considerado uno de los estados del país con más riesgos para ejercer el periodismo, junto con Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán.

La Red Veracruzana de Periodistas aseguró que este asesinato, el cual se suma a otros 23 contabilizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2000 a la fecha en la entidad, demuestra la inseguridad para el gremio.


La Talacha Noresteenero 8, 2020
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Por Cimac Noticias

Imagen retomada de la IWMF

CIUDAD DE MÉXICO | La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés) y la Asociación para la Libertad de Prensa de The Washington Post lanzaron una campaña para pedir al gobierno mexicano que haga más para proteger a sus periodistas y en particular para proteger a la periodista Lydia Cacho, quien vive en el exilio.

Las asociaciones internacionales llamaron a expresar el apoyo en las redes sociales utilizando las etiquetas #PressFreedom y #SupportLydia. La campaña, explicaron, es porque en México la libertad de expresión está bajo ataque, por ejemplo, sólo en 2019 fueron asesinados 11 periodistas.

El 21 de julio del año pasado la casa de la periodista, en el estado de Quintana Roo, fue allanada y sus mascotas fueron asesinadas, un acto que la obligó a salir del país para salvaguardar su vida.

La organización Artículo 19, defensora legal de la también defensora de derechos de las mujeres, aseguró que lo sucedido se dio en medio de la búsqueda de justicia por la tortura a la que fue sometida en 2005 por investigar y revelar una red de pederastia de altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo.

Por este caso de tortura siguen pendientes las órdenes de captura del empresario Kamel Nacif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, presuntos responsables de ordenar la tortura de la autora del libro “Los demonios del Edén”.

De acuerdo con el Programa de Género y Libertad de Expresión, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la tarde del 12 de junio de 2019 fue asesinada la reportera del diario Presente y Tabasco Hoy, Norma Sarabia Garduza, asesinada frente a su domicilio, en Huimangillo, Tabasco.

En septiembre de 2019 también fue asesinada la columnista Mara Elizabeth Mares de la O, en el estado de Aguascalientes. En este último caso las autoridades siguen sin considerar que el feminicidio estuviera relacionado con su trabajo periodístico, aunque testimonios de la familia y colegas señalaron a CIMAC que la también activista había recibido amenazas.


La Talacha Noresteoctubre 26, 2019
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Perla Reséndez

NUEVO LAREDO, Tam. | Un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió este día a los cinco acusados del asesinato del periodista Carlos Domínguez, con lo que en algunas horas podrán salir libres.

Gabriel Regino Caso, quien encabezó la defensa de Luis Ignacio Valtierra Hernández, Jesús González Zúñiga, Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo.

“El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que hay una insuficiencia probatoria, para acreditar que los cinco acusados, hubieran participado en los lamentables hechos, donde perdiera la vida el periodista Carlos Domínguez, y como consecuencia de ello, ordenó su absoluta e inmediata libertad”, señaló el abogado defensor.

Señaló que este fallo, prueba la teoría que desde el principio la defensa señaló que se trataba de una fabricación de culpables, “este fallo probó lo que habíamos planteado desde el comienzo”.

En el caso del periodista Gabriel Garza Flores, quien fue también detenido, acusado de participar en el asesinato de Carlos Domínguez y que el 14 de abril de este mismo año, murió cuando era trasladado desde el penal de Nuevo Laredo donde estaba internado a un hospital para recibir atención médica, esperan que su nombre también quede limpio.

“Aunque no fue objeto de mención en la resolución por su desafortunado fallecimiento, esta sentencia también lo involucra, porque al quedar evidenciado de que nadie de los detenidos participó, es inconcluso que tampoco el hoy fallecido, habría participado en los hechos que motivaron su injusto arresto”.

El abogado señaló que esperan que la Fiscalía interponga un recurso de apelación, mismo que estarán atendiendo y una vez que el caso quede finiquitado, evaluarán la posibilidad de solicitarán alguna indemnización para sus representados.

Señaló que las familias de los cinco involucrados en este juicio que duró casi dos meses, ya se encuentran afuera del centro penitenciario, a la espera de que salga libres, “están ellos muy felices y satisfechos de esta determinación”.

El 13 de enero del 2018, cuando el periodista Carlos Domínguez de 77 años, transitaba en su vehículo en compañía de su nuera y un nieto, dos sujetos con pasamontañas, lo atacaron en un alto de semáforo, recibiendo 24 puñaladas que le causaron la muerte.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ofreció en ese momento, una recompensa de hasta 2 millones de pesos para quien proporcionara información que permitiera dar con los asesinos del periodista.

En marzo del 2018, un juez otorgó órdenes de aprehensión por lo que fueron detenidos, en Zacatecas, Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo, acusados de ser quienes dieran muerte al periodista a puñaladas, en tanto que en Nuevo Laredo se detenía a Luis Ignacio Valtierra Hernández, Jesús González Zúñiga, Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García y Gabriel Garza Flores, señalados de participar en la premeditación del homicidio.

 


La Talacha Noresteoctubre 23, 2019
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MÉXICO | El equipo legal de Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca presentó una demanda contra el semanario Proceso por daño moral, luego que la revista publicó una investigación que involucraría al empresario con la compraventa de Grupo Fertinal durante el sexenio pasado.

De acuerdo con el medio de comunicación, la querella fue presentada en agosto pasado ante un juzgado civil de la Ciudad de México y en ella se argumenta que Proceso realizó una “campaña de desprestigio” en contra de Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.

La mencionada campaña habría tenido “el único propósito de sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa” y difundir la noción de que “el Señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”, señaló la revista en una nota publicada en su página web.

La demanda tendría origen en una edición de Proceso publicada en julio pasado, en la que apareció un reportaje que ubica a Salinas Pliego con un papel trascendental en la cuestionada compraventa de Fertinal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

«Muchos de los puntos expresados por Salinas Pliego y Banco Azteca atacan la forma en la que se publicó la información, descalifican las investigaciones» y las tachan de “sin sustento” o “sin un solo elemento objetivo, informativo y sólido”, expuso el semanario.

Agregó que, «en su defensa, Proceso presentó decenas de documentos que sustentan cada párrafo publicado» y contestó los reclamos presentados por el empresario y su banco.

(Notimex)


La Talacha Noresteseptiembre 26, 2019
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Propuesta Cívica y Reporteros Sin Frontera pidieron a la CNDH investigar declaraciones inhibitorias del Gobernador de Chihuahua contra medios y periodistas

Las organizaciones Propuesta Civica y Reporteros Sin Fronteras solicitaron  la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inicie una investigación sobre las declaraciones inhibitorias de la Libertad de Expresión por parte del Gobernador Javier Corral Jurado,  contra el Diario de Juárez, el Diario de Chihuahua y la Opción de Chihuahua, luego de las investigaciones periodísticas que han publicado.

Coincidieron que, el uso indebido y/o excesivo del aparato normativo y judicial para intimidar la labor que realizan periodistas, agrede de manera directa la Libertad de Expresión y de Prensa.

Lamentaron que funcionarios públicos recurran con mayor frecuencia al “acoso judicial” para silenciar o callar las voces críticas.

Las demandas por “daño moral” se han convertido en otro tipo de violencia contra la prensa en México.

No es la primera vez, que el Gobernador Javier Corral hace declaraciones amagando con proceder de manera jurídica contra medios de comunicación que evidencian a través de sus investigaciones presuntas irregularidades, el pasado mes de agosto declaró públicamente que entablaría demanda civil contra al portal digital ‘La Opción de Chihuahua’, señalando que se trataría de una “demanda civil histórica.”

En un comunicado, ambas organizaciones sostienen que, una lógica de debate plural propio de toda democracia, la prensa tiene derecho a informar y criticar libremente al gobierno, y la sociedad tiene derecho a ser informada sobre distintas visiones de lo que ocurre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en reiteradas ocasiones que, “los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.

«La propia naturaleza pública de sus funciones que desempeña como Gobernante de un estado, le sujeta a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica», agregaron.

Ambas organizaciones  demandaron que la CNDH investigue las declaraciones inhibitorias del mandatario estatal contra dichos medios, al Mecanismo Federal de Protección que esté atento a este tipo de agresiones legales e implemente medidas preventivas, al Poder Judicial de Chihuahua como garante del Estado de Derecho, estar atento y advertir que este tipo de demandas se pueden convertir en un acto de persecución judicial para agredir la actividad de medios de comunicación y periodistas, así como, el derecho de toda la sociedad a estar informada.

 



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