El Oficio

La Talacha Noresteagosto 23, 2019
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3min40

El organismo reconoció que las mujeres periodistas están expuestas a la violencia institucional y la revictimización cuando acuden a denunciar agresiones tan graves como la violencia sexual en su contra

CIUDAD DE MÉXICO | La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena las agresiones de policías municipales de Morelia, Michoacán, contra la reportera Mitzi Yanet Torres Quintero cuando les solicitó ayuda, así como la conducta del juez y el médico legista, quienes se negaron a certificar las lesiones que tenía, por lo cual se requirió a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Michoacán implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de la víctima y su familia, proporcionarle la atención médica que requiera y realizar una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de ese personal del servicio público que, por acción u omisión, intervino en los hechos descritos.

Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad a la víctima y a las mujeres periodistas de Michoacán, al tiempo que demanda a las autoridades de procuración de justicia dar con los responsables de la agresión sexual de que fue víctima, para presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda.

Personal de la CNDH sostuvo comunicación con la reportera y se reunirá con ella, en Morelia, con el fin de brindarle el acompañamiento y atención que corresponda.

Para este Organismo Constitucional Autónomo, resultan inadmisibles todas y una de las agresiones contra las mujeres en México, demanda que sigue pendiente de resolverse por todas las autoridades del país. Y en el caso de las mujeres periodistas, se ven expuestas a distintos riesgos por su labor y enfrentan violencia institucional y revictimización cuando acuden a denunciar agresiones tan graves como la violencia sexual en su contra.

De acuerdo con diversa información, el martes 20 de agosto la reportera Mitzi Yanet Torres Quintero fue víctima de agresión sexual y, al pedir ayuda, policías municipales de Morelia, Michoacán, la golpearon, se burlaron de la ropa que vestía y de su profesión, y la detuvieron en los separos municipales, además de la conducta omisa en que incurrieron el juez y el médico legista antes de ser liberada.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará seguimiento puntual a la situación de la periodista y estará al pendiente del resultado de las investigaciones con el fin de que todos los involucrados sean sancionados.

La Talacha Noresteagosto 7, 2019
4min140

Exigen que el informe sea desde el 2012 cuando fue creada la Comisión ante el creciente número de agresiones y crímenes contra los comunicadores en ese Estado

MEXICO | La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del estado de Veracruz a que rinda un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la protección  a ese sector.

En el pronunciamiento se pide que dicho informe sea desde su creación en 2012 a la fecha, para asegurar la protección de los periodistas y el libre ejercicio de su profesión, en virtud de los múltiples atentados que se han presentado en contra de comunicadores en  Veracruz, y ante el homicidio de Jorge Celestino Ruiz Vázquez el viernes pasado.

Además se exhorta al Congreso de esa entidad a que en ejercicio de sus facultades, establecidas en su Constitución, cite a comparecer a la titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, a fin de explicar las acciones  que implementó previo al asesinato de Ruiz Vázquez.

Solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y al titular del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a coadyuvar con la Fiscalía General de ese estado para  garantizar la eficiencia en la investigación y resolver con prontitud el referido homicidio.

Al respecto el diputado Jaime Pérez Bernabe, de Morena, recordó los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán Pérez en Morelos, de Edgar Alberto Nava López en Guerrero, y de Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Veracruz, que calificó de actos «aberrantes, impresentables  y hechos gravísimos».

Agregó que «la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática».

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, indicó que sólo en una semana tres periodistas fueron asesinados en el país, lo que, opinó, refleja la severa problemática que enfrenta la comunicación informativa en México.

Informó que en lo que va de este año se han registrado 14 homicidios a periodistas, «superando con creces la cifra del 2018, en donde se contabilizaron 10 homicidios en el mismo periodo».

Beatriz Paredes Rangel, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sumó a las exigencia de que las autoridades competentes esclarezcan esos crímenes y garanticen una estrategia de seguridad que sea eficaz para los comunicadores sociales y periodistas  de México.

Su compañero de bancada en el Senado Manuel Añorve Baños comentó que este Punto de Acuerdo fue para el tema de Veracruz, pero fue bueno ampliarlo porque es muy importante salvaguardar, dar garantías a todos los comunicadores del país y sobre todo condenar cuando  existe este tipo de hechos muy lamentables.

«Yo quisiera pedirle a este Pleno que ampliáramos el catálogo, tenemos más periodistas que pudiéramos incorporar ya en este punto de acuerdo, Alejandro Martínez, Rafael Murua, Samir Flores, Santiago Barroso, Telésforo Santiago, Francisco Romero y Norma Sarabia»,  entre otros, concluyó el legislador

(Notimex)

La Talacha Noresteagosto 2, 2019
4min120

El organismo demanda a las autoridades investigar el caso sin omitir la línea relacionada con su labor como periodista

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el homicidio del periodista y director del portal de noticias “La Verdad de Zihuatanejo”, Édgar Alberto Nava, con el que se eleva a 151 el número de periodistas asesinados desde el año 2000, de los cuales 10 se han cometido en lo que va de este año.

Luego de expresar sus condolencias a la familia,   demandó para ésta a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General de Justicia, ambas del estado de Guerrero, salvaguardar su vida e integridad, así como la de los colaboradores de dicho medio.

Asimismo, la Comisión Nacional de derechos Humanos demandó a las autoridades de procuración de justicia investigar los hechos, con especial atención en la posible relación con la labor periodística de la víctima, que también se desempeñaba como Director de Reglamentos del Municipio de Zihuatanejo.

Visitadores adjuntos de este Organismo Nacional se trasladaron a Zihuatanejo, con el fin de recabar la información correspondiente y brindar acompañamiento y asesoría a los familiares de la víctima.

Guerrero ocupa el segundo lugar en homicidios de periodistas en el país, con 17 casos, superado por Veracruz, con 22. En Oaxaca y Tamaulipas se han cometido 16 y 16, respectivamente, y en Chihuahua 14. En esas cinco entidades se han perpetrado más de la mitad de los homicidios de periodistas en México, lo que denota la urgente necesidad de atender esa problemática e implementar acciones de política pública para su pronta solución, especialmente en las citadas entidades federativas.

El homicidio de Édgar Alberto Nava se suma al de Rogelio Barragán, esta misma semana cuyo cuerpo fue hallado en Morelos, y al ataque a las instalaciones del periódico El Monitor de Parral, lo que da cuenta del clima de inseguridad que enfrentan los comunicadores y que ha convertido a México en el país más inseguro para la prensa en el Continente Americano.

Lo anterior denota, además, no solo el alto nivel de violencia, sino las condiciones adversas en que desarrollan sus actividades quienes ejercen el periodismo, así como las afectaciones que esto conlleva en la libertad de expresión y la consolidación democrática.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá atenta a la actuación de las autoridades sobre las medidas de protección solicitadas y en cuanto al avance de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban el castigo que en derecho corresponda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min140
Su arresto no se apegó a la Constitución, determina la FGR
MÉXICO | La Fiscalía General de la República (FGR) determinó la liberación del periodista Humberto Padgett, arrestado este jueves en la Base Aérea de Santa Lucía en compañía de dos personas más, por considerar que no se apegó a la legalidad.
De acuerdo con la Notificación de Libertad, expedida por la Agencia Primera Investigadora con sede en Ecatepec, Estado de México, la detención de Padgett León, Juan Noé Ruiz Pérez y Pedro Ataxca Vichi, “no fue realizada conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
El documento de la FGR señala que a las tres personas se les acusaba de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que se abrió la carpeta de investigación FED/MEX/ECAT/0004309/2019, sin embargo “esta autoridad determinó no decretar la retención de los imputados”, por lo que ordenó su inmediata libertad.
La Fiscalía invitó a Padgett y a las dos personas detenidas con él a que presentaran su declaración ministerial en presencia de un abogado de oficio, pero ellos decidieron que la rendirán el lunes próximo acompañados por sus representantes legales.
Este jueves, la organización Article 19 denunció la presunta detención arbitraria de Humberto Padgett, colaborador de Ciro Gómez Leyva Radio Fórmula e Imagen Noticias, mientras realizaba una investigación en inmediaciones de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía.
De acuerdo con dicha agrupación, el periodista y sus acompañantes fueron arrestados por militares y llevados a instalaciones de la FGR en Ecatepec.
(Notimex)
La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min80

Luego del ataque a las instalaciones de El Monitor de Parral, 53 medios de comunicación han sufrido atentados en México del 2006 a la fecha, refiere la CNDH 

CIUDAD DE MÉXICO | Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de personal, directivos y colaboradores del periódico “El Monitor de Parral”, cuyas instalaciones fueron atacadas con artefactos similares a bombas molotov, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General, ambas del estado de Chihuahua, la implementación de medidas cautelares.

Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad al personal de dicho medio de comunicación y al gremio periodístico del estado de Chihuahua, al tiempo que demanda a las autoridades de procuración de justicia la investigación exhaustiva de los hechos, para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponde.

Con estos hechos ocurridos la mañana de este miércoles suman ya 53 los atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006, lo que da cuenta de la forma violenta en que se pretende inhibir la labor periodística y generar temor entre quienes laboran en las distintas áreas de los medios de comunicación.

Para esta Comisión Nacional, la violencia contra periodistas, en todas sus formas, desde las descalificaciones, pasando por las amenazas hasta delitos más graves como los atentados a sus instalaciones, o incluso las desapariciones o los homicidios de comunicadores, generan un contexto hostil que hace de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano.

Este Organismo Nacional enfatiza que, ante este clima de inseguridad, son muchos los medios y periódicos que prefieren no escribir o difundir determinados temas ante el temor de represalias o ataques, con lo cual se generan autocensura y zonas de silencio en el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y observará el cumplimiento de las autoridades sobre la implementación de las medidas cautelares que les fueron planteadas.

La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min90
Realizaba una investigación en Aeropuerto en inmediaciones de lo que será el Aeropuerto de Santa Lucía, alertó la organización Artículo 19
MÉXICO | El periodista Humberto Padgett fue arrestado mientras realizaba una investigación en inmediaciones de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía, municipio mexiquense de Tecámac, denunció el grupo de derechos humanos Article 19.
«#ÚltimaHora: ARTICLE 19 tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, por elementos de la Policía Militar de @SEDENAmx mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en #SantaLucía«, escribió en su cuenta de Twitter.
La organización internacional defensora de la libertad de expresión exigió «a las autoridades del Estado de México y federales implicadas en la detención el completo respeto a las garantías judiciales de Padgett y su inmediata liberación».
«Del mismo modo, urgimos a la @CNDH la emisión de medidas cautelares a favor del periodista», agregó.
Asimismo, hizo «un llamado urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la @SEGOB_mx, del cual Padgett es beneficiario, para que intervenga a favor de su liberación».
La Talacha Norestejulio 23, 2019
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2min70

La Fiscalía General de la República realizará las diligencias para determinar el móvil del delito con relación al ejercicio periodístico

 

CIUDAD DE MÉXICO | La Fiscalía General de la República (FGR) informa que la misma noche del pasado 21 de julio se abrió la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de robo, en el caso de la irrupción en el domicilio de una periodista, derivado de la manifestación de la víctima respecto a la posibilidad de que el hecho se encuentre vinculado a su ejercicio periodístico.

En ese sentido, con independencia de que la investigación del delito de robo le corresponde originaria y obligatoriamente al fuero común, la FGR realizará las diligencias correspondientes para determinar el móvil del delito con relación al ejercicio periodístico.

Personal de la Fiscalía General de la República, junto con sus peritos especializados en materia de criminalística de campo, dactiloscopia, fotografía, telecomunicaciones e informática actúan en conjunto; se encuentran ya en el lugar de los hechos.

En caso de que se determine que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar o afectar la libertad de expresión, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales; todo ello con relación a la competencia de las autoridades locales, a las cuales les corresponde la investigación y persecución de los delitos del fuero común, como lo es el robo.

Se informará puntualmente sobre lo que aporten las autoridades locales mientras se fortalecen las hipótesis de ataque a una periodista y a la libertad de expresión.

La Talacha Norestejulio 21, 2019
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7min30

El vocero de Redes Quinto Poder e integrantes de otras organizaciones han estado publicando información que indica que el Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón mantiene a su suegra en la nómina del estado

Tomado de Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO | Sujetos desconocidos incendiaron la camioneta de familiares de Juan Manuel Ramos, defensor de derechos humanos director y vocero de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el pasado 19 de julio.

Juan Manuel Ramos e integrantes de otras organizaciones civiles, como Vertebra Nuevo León y Colectivo Nosotros han estado publicando información que indica que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón mantiene a su suegra en la nómina del estado, y por la cual presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León.

En entrevista con ARTICLE 19, Juan Manuel Ramos señala que alrededor de las 06:00 hrs del 19 de julio, recibe la llamada de uno de sus familiares, quien le informa que una camioneta propiedad de la familia se estaba incendiando. Dicho vehículo se encontraba estacionado afuera del domicilio de sus familiares, cuya dirección está registrada tanto en la licencia de conducir como en la identificación oficial de Juan Manuel Ramos.

Al lugar acudieron integrantes del cuerpo de bomberos, policía estatal y municipal y una vez controlado el incendio, un mecánico particular revisó la camioneta y le comentó a Juan Manuel que por las características del incendio, probablemente fue provocado.

En relación lo anterior, Juan Manuel menciona que esto tiene sentido, ya que su vehículo tenía alrededor de 5 días sin moverse y a pesar de que en la calle donde estaba estacionado se encontraban 25 otros vehículos más, únicamente su camioneta fue incendiada.

Anteriormente, Juan Manuel Ramos había tenido otros incidentes de seguridad que le hacen sospechar que esta agresión está vinculada con la investigación que está realizando, ya que el 8 de julio de este año (un día después de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León por este caso) hasta el 19 del mismo mes, empezaron a recibir llamadas a las oficinas de Redes Quinto Poder por parte de personas desconocidas que preguntaban por gente que no labora ahí o por información que no corresponde a las actividades de la organización.

Además, el 10 de julio del presente año, una persona desconocida, al parecer con un perfil falso, envía mensajes privados a la cuenta de Facebook de Redes Quinto Poder, luego de que en dicha página se publicara una parte de la investigación sobre este caso. En dichos mensajes se lee: “Asquerosos… Ni mintiendo van a ganar perros”

De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado es una herramienta esencial que contribuye a combatir la corrupción, hace factible el principio de transparencia en la gestión pública e impulsa el mantenimiento de un sistema democrático 1.

Al hacer frente a una cultura del secretismo y de políticas y prácticas del manejo de la información, quienes se dedican a la publicación de información sobre asuntos públicos que pueden involucrar posibles actos de corrupción por parte de los gobernantes, se encuentran más vulnerables ser víctimas de violencia física, amenazas, secuestro, entre otras violaciones a derechos humanos, como formas de silenciamiento a la labor que realizan.

Debido a lo anterior y a la gravedad de los hechos relatados, ARTICLE 19 exige al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a condenar los hechos presentados anteriormente y a respetar el libre ejercicio de la labor de Juan Manuel Ramos y de las organizaciones civiles que se encuentran realizando esta investigación sin injerencias arbitrarias de ningún tipo.

Asimismo, le solicita tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Juan Manuel Ramos y de quienes integran la organización Redes Quinto Poder, incluyendo su colaboración con las autoridades encargadas de la investigación para ubicar y sancionar a quienes perpetraron estas agresiones.

También, ARTICLE 19 hace un llamada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar las medidas de protección de carácter urgente a Juan Manuel Ramos y a su familia para preservar su vida e integridad personal.

Finalmente, solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que – de acuerdo con sus atribuciones- conozcan del presente caso, para la localización y sanción de los autores materiales e intelectuales de las agresiones denunciadas, tomando en cuenta la labor de Juan Manuel Ramos.

La Talacha Norestejulio 18, 2019
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8min30
Imagen retomada del portal de Cejil
Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- La periodista colombiana Jineth Bedoya Lima nunca perdió la convicción de encontrar verdad y justicia: su búsqueda la hizo como periodista, después como víctima de secuestro, tortura y violación sexual por parte de paramilitares, y ahora lo seguirá haciendo como sobreviviente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A 19 años de ser víctima, después de testificar un sinfín de veces, de ser revictimizada y de tocar puertas en organismos internacionales, este 16 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso, el primero de una periodista víctima de tortura sexual, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el más alto tribunal de la región.

En entrevista desde Colombia, la Coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luisa Fernanda Isaza Ibarra, dijo que esta será la oportunidad para que la periodista encuentre justicia, pero también será un proceso inédito para que la Corte se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y será el primer caso en el que se estudie la responsabilidad del Estado en un caso en el que el foco está en la violencia sexual.

El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya realizaba un reportaje cuando fue atacada en las inmediaciones de la Cárcel Nacional Modelo, ubicada en Bogotá. Bedoya, quien entonces trabajaba en el periódico El Espectador, investigaba el papel de la Fuerza Pública, la Guardia de la Cárcel Nacional Modelo y paramilitares internos en una masacre ocurrida días antes, el 27 de abril, en dicha cárcel.

El expediente de la CIDH revela que la periodista cubrió la masacre ocurrida el 27 de abril de 2000 el centro penitenciario, en la que murieron 25 internos. Días después recibió amenazas de los reclusos y el 24 de mayo de ese año recibió una llamada donde un interno le ofreció una entrevista. Ella aceptó y pidió garantías de protección, además, como medida de protección, su medio decidió que fuera acompañada por el editor judicial del periódico, un fotógrafo y un conductor.

El día pactado, Jineth Bedoya se dirigió a la entrada principal del recinto penitenciario, mientras sus compañeros se quedaron a la espera de instrucciones. Un sujeto desconocido la identificó, la jaló, la llevó a la fuerza a una casa cercana al lugar y después, junto con otros hombres, la trasladó en una camioneta a otro lugar. En el trayecto fue torturada y después de aproximadamente 16 horas fue liberada.

Aun cuando salió con vida, la periodista siguió recibiendo amenazas y el 18 de agosto de 2003 fue secuestrada nuevamente, junto con su equipo, pero ahora por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Puerto Alvira. Después de 5 días fueron liberados.

Debido a la impunidad en su país y al hostigamiento de autoridades del Estado, el 3 de junio de 2011 Jineth Bedoya y sus presentantes legales de la FLIP presentaron el caso a la Comisión Interamericana En enero de 2019 la CIDH emitió su informe de fondo, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas, pero ante el incumplimiento de las medidas el caso se envió a la Corte.

La abogada Luisa Fernanda Isaza Ibarra explicó que el organismo internacional revisará el caso considerando que se trata de una víctima que es mujer y periodista, quien ha sido obligada a testificar en varias ocasiones y enfrentar a sus agresores.

El alto tribunal regional revisará la responsabilidad del Estado colombiano en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra las mujeres. El fallo no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, afirmó Isaza Ibarra, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.

La historia de Jineth Bedoya Lima ejemplifica la conclusión del informe temático «Mujeres periodistas y libertad de expresión. Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión», realizado en 2018 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, donde indica la impunidad es siendo la norma en los actos denunciados de violencia hacia las periodistas.

Al respecto, este miércoles 17 de julio, la FLIP y el Centro por la Justicia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también representante del caso, reiteraron en un comunicado de prensa el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento.

Para la FLIP el caso tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra las mujeres y de restricciones a la libertad de prensa y abrir las puertas de la justicia a otras víctimas de violencia basada en género en el contexto del conflicto armado en Colombia.

La denuncia de Bedoya Lima es la primera en llegar a la CoIDH pero en el sistema de Naciones Unidas ya hubo uno similar de una periodista víctima de tortura: El 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de ONU emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano investigar las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En la resolución de la ONU, que duró cuatro años en análisis y fue la primera que se resolvió en el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar la investigación por tortura, ofrecer una compensación adecuada a la periodista y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

La Talacha Norestejulio 8, 2019
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7min180

 Relevará a la comunicóloga argentina Sandra Chaher

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.- La periodista  feminista mexicana y directora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, fue electa coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Global en Medios y Género (GAMAG), agrupación que desde 2013 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.

En la reunión que se realizó esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España, la Asamblea General la GAMAG acordó que Lagunes Huerta releve a la argentina Sandra Chahe, quien desde diciembre de 2016 lideraba este espacio.

Es de recordar que la GAMAG nació en diciembre de 2013 durante el Foro Mundial de Género y Medios en Bangkok, Tailandia; pero el Capítulo América Latina y el Caribe se creó en mayo de 2015 con el propósito de tomar acciones puntuales para incorporar la igualdad de género en los medios de comunicación y eliminar la discriminación y violencia contra las periodistas latinoamericanas.

La Alianza Global es una iniciativa que surgió con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para evaluar los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, creada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en China, en 1995, y cuyo uno de sus ejes es el papel de los medios para lograr la igualdad de género.

A casi seis años de distancia, las mil 89 integrantes de GAMAG, entre ellas periodistas, académicas, defensoras de Derechos Humanos y representantes de agencias de cooperación internacional, siguen trabajando para impulsar el acceso de las periodistas a los puestos de toma de decisión, desarrollar medios no sexistas, impulsar el acceso de las mujeres a las plataformas digitales, y difundir representaciones justas y no estereotipadas de las mujeres, entre otras tareas.

A partir de hoy y durante dos años, Lagunes Huerta, quien también es promotora y fundadora de redes nacionales e internacionales de mujeres periodistas, será la encargada de coordinar las acciones para promover la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación en la región.

Entre sus tareas estará continuar con los informes nacionales sobre el Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, documento donde se llama a medios de comunicación, gobiernos y órganos reguladores a implementar políticas para promover la igualdad dentro de los medios y aprovechar el papel transformador de la comunicación. Estos informes serán presentados en la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de 2020.

Lagunes Huerta, quien fue una de las fundadoras de la GAMAG y de su Capítulo Regional, también es promotora de medios que incluyan la perspectiva de género, por ello es integrante de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, una organización civil que en 2017 obtuvo la primera licencia de radio comunitaria feminista (Violeta Radio 106.1 FM) en la Ciudad de México.

En su quehacer, la periodista ha promovido la inclusión de los Derechos Humanos de las mujeres en la agenda pública y ha puesto el acento en la violencia contra las periodistas como un ataque a la libertad de expresión y un tema clave para la región que incluso ha sido retomado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe temático de 2018.

El año pasado, su liderazgo y experiencia fueron reconocidos internacionalmente por la Unión de Periodistas Valencianos, y en 2015 la Universidad de Málaga y la Cátedra de Comunicación de la UNESCO le otorgó el VI Premio Internacional a la Libertad de Prensa (2015).

La nueva coordinadora regional de la GAMAG aseguró, en su postulación, que de ser nombrada plantearía una agenda para atender temas centrales como la violencia contra las mujeres periodistas y los derechos digitales, promovería la investigación y educación en comunicación y tecnologías, los derechos laborales y la capacitación, entre otros objetivos.

Por otra parte, la investigadora mexicana Aimée Vega Montiel, quien desde 2016 era presidenta general interina, fue electa presidenta, con lo que implementará un plan para contribuir a la consolidación de GAMAG como un proyecto con voz global y buscará aumentar la visibilidad de la agenda de las mujeres, la comunicación y los Derechos Humanos.

En el equipo de este proyecto también fue electa la economista política feminista Sarah Macharia como secretaria general; la periodista argentina Sonia Santoro como presidenta del Comité Temático de Práctica de Medios y la académica y comunicadora costarricense, Vilma Peña como presidenta del Comité Temático de Incidencia y Comunicación.