El Oficio

La Talacha Norestenoviembre 9, 2020
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SALAMANCA, GTO. | Cuando cubría una nota sobre el hallazgo de una bolsa que tenía restos humanos, el reportero Israel Vázquez Rangel, del medio digital El Salmantino fue atacado a balazos por la mañana y falleció horas mas tarde en el Hospital Regional de Pemex.

De acuerdo con la información publicada por El Sol de Salamanca, el reportero Israel Vázquez murió a las 12:40 horas al haber presentado la perforación de un pulmón durante el ataque directo de dos individuos conocidos como halcones que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil.

El reportero Israel Vázquez llegó al bulevar Salamanca 400 cerca de las 7:00 horas para transmitir en directo la localización de una bolsa conteniendo restos humanos, cuando dos personas del sexo masculino realizaron cinco detonaciones de arma de fuego en su contra, para después huir del lugar.

El reportero arribó al sitio en un vehículo rotulado con logotipos de la empresa de comunicación para la que trabaja. Cuando se acercó a la escena del hallazgo, dos hombres armados lo bajaron de la unidad en que se transportaba y le dispararon a corta distancia.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para realizar la atención prehospitalaria y trasladar al herido a recibir atención médica. Aunque en el Hospital Regional de Pemex se le refirió inmediatamente a quirógrafo para la cirugía, falleció en terapia intensiva.

Periodistas que lo conocen informaron que Israel Vázquez, Isra, siempre se había caracterizado por ser muy oportuno en la cobertura de la nota policíaca. En esta ocasión su inmediatez permitió que al momento del ataque no hubiera aún presentes autoridades policiales y que aún no se retiraran del lugar los sicarios.

El medio de comunicación para el cual laboraba condenó el ataque a través de un comunicado. Sus colegas de los diferentes medios de comunicación lamentaron el ataque y exigieron el inmediato esclarecimiento de los hechos.

Israel Vázquez había ido a cubrir el hallazgo de una cabeza humana del sexo masculino y bolsas negras con extremidades en un automóvil blanco abandonado en la colonia Villa Salamanca.


La Talacha Noresteoctubre 14, 2020
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Por Aline Espinos López

CDMX | Cimacnoticias.- México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras y periodistas, quienes con frecuencia se enfrentan a diversos riesgos: hostigamiento, amenazas de muerte, desaparición forzada, entre otros, lo que derivó en la creación de un mecanismo, que hoy está en riesgo de quedarse sin fondos para funcionar.

Este Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en 2012 cuando se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, gracias a la presión de organizaciones y de la sociedad civil para que este sector pudiera realizar su labor en condiciones seguras y libres.

Tiene por objetivo que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos por medio de la adopción de medidas necesarias para que todas las y los periodistas y personas defensoras puedan ejercer sus actividades sin miedo.

Desde su entrada en vigor, ha brindado protección, de octubre de 2012 a junio de 2020, a mil 262 personas, de las cuales 398 son periodistas (108 mujeres y 290 hombres) y 864 defensoras (458 mujeres y 406 hombres), de acuerdo con el informe estadístico 2020 el cual señala que los estados con más personas beneficiadas son la Ciudad de México con 143 casos, Guerrero con 80, Veracruz con 77, Oaxaca con 61, Estados de México y Chiapas 39. De estos, más del 50 por ciento corresponden a personas defensoras de DH y el resto a periodistas.

De acuerdo con este informe, durante 8 años ((2012 y hasta junio de 2020), quienes agredieron más a periodistas o personas defensoras fueron los servidores públicos, en 65 por ciento, seguido de los particulares con 25.4 por ciento y personas no identificadas 9.0 por ciento. Es necesario resaltar que el 2019 fue el año con más casos de violencia, en total se registraron 100, por parte de servidores públicos tanto para periodistas como para personas defensoras.

De 2012 a junio de 2020, las y los periodistas fueron atacados con 187 casos de servidores públicos, 158 de particulares y 128 de personas no identificadas. Respecto a las personas defensoras, sus mayores ataques provinieron de servidores públicos con 235 casos, 182 de particulares y 133 de desconocidos. Estas violencias son agresiones, amenazas y secuestro.

¿Cómo acceder al mecanismo?

Para su funcionamiento, el Mecanismo se conforma por una Junta de Gobierno (integrada por  5 personas provenientes de distintas instituciones del gobierno y órganos de DH, 2 periodistas y 2 defensores), un Consejo Consultivo (9 personas defensoras de DH),  y una Coordinación Ejecutiva Nacional (especialistas en la prevención de casos de riesgo), de acuerdo con información oficial del mecanismo.

Cabe destacar que para acceder a él, la o el periodista o persona defensora debe haber sido víctima de una amenaza o agresión, de ser así, puede llamar o acudir al recinto de esta instancia para realizar una entrevista inicial con el fin de determinar el nivel de riesgo, las formas de apoyo que se necesitan y definir un plan de protección en un plazo de 10 días.

El Mecanismo describe que las y los afectados acuden a una reunión con la Junta de Gobierno para aprobar el análisis de riesgo y las medidas seleccionadas. Una vez que las medidas estén en práctica serán revisadas según el tiempo determinado por la Junta, ya sea una o más veces al año, si la persona continúa o no bajo una amenaza.

La Ley para la Protección explica que existen tres tipos de medidas: las preventivas, las de protección y las urgentes de protección. Las primeras permiten que las víctimas reciban cursos de autoprotección y sean acompañadas por observadores de DH; las segundas contemplan el uso de un chaleco antibalas, autos blindados y celulares satelitales; y las terceras brindan la protección de inmuebles, reubicación temporal y escoltas especializados.

Todas estas medidas, detalla, pueden ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando la o el beneficiario haga un uso indebido de las mismas. Estas también podrán ser ampliadas o disminuidas como resultados de las revisiones periódicas.

A la vez, especifica, las entidades federativas tendrán que aplicar otras medidas y recopilar datos que les sirvan para evitar agresiones potenciales contra personas defensoras y periodistas.

Para que estas medidas sean llevadas a cabo se emplean los recursos del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que opera a través de un fideicomiso público y que es vigilado por personal asignado de la Secretaría de la Función Pública.

Organizaciones de DH evidenciaron en informes anteriores que el mecanismo ha desarrollado acciones de prevención que en la teoría prometen escenarios seguros, pero en la práctica no tienen una incidencia efectiva en detener las agresiones contra periodistas y defensoras.

En suma, la instancia no dispone de los recursos humanos y económicos suficientes para funcionar y las medidas a veces no son las adecuadas, por ejemplo que las autoridades asignadas para la protección de la víctima sean las mismas que la violentaron.

Este Mecanismo ha cobijado a periodistas como Patricia Mayorga, corresponsal de la Revista Proceso y de Cimacnoticias, quien tuvo que salir del país después del asesinato de su colega Miroslava Breach, en Chihuahua; Yaneli Fuentes Morales del “Diario Alternativo”, quien fue víctima de amenazas y golpes por integrantes de grupos de autodefensa de Guerrero.

Otras reporteras beneficiadas con el Mecanismo son: Gloria Ruíz García del periódico “Sin Censura”, quien fue amenazada por políticos; María Rodríguez Quintanilla, experiodista de Aeqs.mx y colaboradora de Cimacnoticias, quien fue obligada a desplazarse de Tamaulipas, su ciudad de origen por amenazas de grupos criminales, o Teresa Guerrera Ochoa, columnista del “Diario Debate”, quien sufrió actos intimidatorios por sujetos desconocidos.

Cabe recordar que el fondo de este mecanismo está a punto de desaparecer luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presentó un dictamen para eliminar 109 fidecomisos, entre ellos los asignados para periodistas y personas defensoras. Este dictamen ya fue aprobado en lo general, y fue turnado al Senado de la República para su discusión y análisis.


La Talacha Noresteseptiembre 15, 2020
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Las agresiones no son casos aislados, en México es cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada, alerta la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

 

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) expresó su preocupación y más enérgica condena por la represión y violencia ejercida en contra de al menos 16 mujeres periodistas de México, durante la cobertura de protestas o movilizaciones feministas en el último mes, en distintas entidades federativas de ese país, como Guanajuato, Chihuahua, Sonora y el Estado de México.

La organización refiere a través de un comunicado que, el pasado viernes 11 de septiembre, 12 reporteras, blogueras y fotoperiodistas fueron víctimas de agresiones, amenazas, intimidación y abuso de la fuerza ejercida por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuando cubrían la protesta de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, frente al Centro de Justicia en Atizapán de Zaragoza y la toma de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec.

De igual manera, el día 22 de agosto en el municipio de León, Guanajuato, las periodistas Melissa Esquivias de Informativo Ágora, Alfonsina Avila de Zona Franca, Martha Silva y Brenda Orozco de PopLab Mx fueron agredidas física y verbalmente por policías municipales, para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres manifestantes que exigían justicia por un presunto caso de acoso sexual en agravio de una joven.

«Actos de represión como estos, son reprobables e inaceptables, contravienen tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto, deben ser sancionados hasta sus últimas consecuencias», sostiene la Red Internacional que agrupa a periodistas feministas de más de 30 países.

Alertó que «lo más grave es que no son un hecho aislado, en México se está volviendo cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada»

Cabe destacar que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. En lo que va del 2020 se ha perpetrado el asesinato de los periodistas:  Maria Elena Ferral y Julio Valdivia en Veracruz, Jorge Armenta en Sonora y Pablo Morrugares en Guerrero.

El Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) ha documentado 198 atentados contra mujeres periodistas en México en lo que va del año.

La organización Artículo 19, en el primer semestre del 2020 reportó 406 agresiones en contra de la prensa en el país y 65 de ellas se cometieron durante la cobertura de protestas y movimientos sociales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión”, reconoció que además de ser objeto de la amplia gama de violaciones de los derechos humanos que afectan a los periodistas en general, las mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales en el ejercicio de su profesión en razón de su género y otros factores interseccionales de discriminación.

En ese contexto, quienes integran la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hacen un llamado a las diferentes instituciones del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y castiguen con todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos y elementos policiales que han incurrido en violaciones a la libertad de prensa, a reparar el daño a las víctimas; garantizar la no repetición y las condiciones para que las y los periodistas puedan informar sin restricciones al público sobre las protestas así como realizar un mayor esfuerzo para capacitar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos relativos a la libertad de expresión y manifestación de movimientos sociales.

El pronunciamiento de la RIPVG está dirigido a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza y a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Irene Zubalda Khan.

De igual manera al Presidente de México Andres Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, al Titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Aarón Mastache, al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y al Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

También a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, al Fiscal General del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez, al Fiscal de Justicia del Estado de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre y al Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

 


La Talacha Noresteseptiembre 11, 2020
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El periodista Julio Valdivia fue decapitado en el estado mexicano de Veracruz, cerca del límite con Oaxaca.  

 

El crimen “recuerda la situación de vulnerabilidad de muchos periodistas en México”, señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

 

En lo que va de 2020 han sido asesinados al menos cuatro comunicadores en México.

 

Julio Valdivia Rodríguez, reportero del diario El Mundo de Córdoba, un periódico del estado mexicano de Veracruz, no llegó a su trabajo la mañana del 9 de septiembre pasado. Más tarde, los vecinos de la zona rural de Tezonapa, cerca del límite estatal con Oaxaca, reportaron a la policía que había un cuerpo decapitado en las vías del ferrocarril cerca de una motocicleta con los logotipos del periódico El Mundo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la UNESCO condenaron el asesinato e instaron a las autoridades a investigarlo a fondo y de conformidad con los estándares de debida diligencia.

“Todos los periodistas deberían poder hacer su trabajo libremente y con seguridad, sin miedo de ser asesinados o heridos”, aseguró el portavoz de la ONU este viernes.

Tanto la Oficina en México como la UNESCO subrayaron que es imperativo que el crimen no permanezca impune.

“La investigación exhaustiva de estos hechos requiere agotar todas las posibles líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con la actividad periodística del señor Valdivia”, señaló el equipo de Michelle Bachelet en México.

Por su parte Audrey Azulay, directora de la UNESCO afirmó que se debe hacer cumplir la justicia para evitar que un brutal derramamiento de sangre restrinja las libertades que todos deben disfrutar.

“La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a acceder a la información”, explicó.

 

La vulnerabilidad de los periodistas en México

 

Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Julio Valdivia Rodríguez no había reportado ninguna agresión o amenaza a su vida o integridad.

El representante adjunto de la Oficina de la ONU en México afirmó que este crimen es una muestra más del riesgo que corren los periodistas en ese país.

“El asesinato de Julio Valdivia y la brutalidad con que se cometió nos recuerdan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos periodistas en México, quienes enfrentan serios riesgos por realizar una actividad fundamental para la vida democrática del país como es informar sobre lo que sucede” puntualizó Jesús Peña.

Los peritos criminalistas reportaron que el informador fue decapitado y después trasladado a las vías del tren, donde también se colocó su motocicleta, para simular un accidente.

Los colegas del comunicador han anunciado actos de protesta para exigir justicia por el asesinato.

Con Valdivia Rodríguez, suman al menos cuatro los periodistas abatidos en México durante 2020, de acuerdo con la información documentada por la ONU.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 163 informadores han sido muertos del 2000 a la fecha, diez de ellos en lo que va de este año.


La Talacha Noresteagosto 24, 2020
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Imagen: Propuesta Cívica
Después de 3 años, 56 testimonios, 21 tomos analizados y 31 días de juicio, este 21 de agosto de 2020, el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo condenó a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Aunque la organización “Propuesta Cívica”, que representó ala familia de la periodista, pidió la pena máxima de 70 años de prisión, el juez confirmó 50 años al autor material del crimen cometido en contra de la corresponsal del diario La Jornada, en el estado de Chihuahua.

El 18 de marzo de 2020 el juez condenó a Moreno Ochoa por su participación en el asesinato de la periodista y este viernes declaró que “no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia” del acusado. Aun falta enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.

“Propuesta Cívica” y “Reporteros sin Fronteras”, quienes acompañaron el caso, emitieron un comunicado en el que aseguraron que lograr esta condena requirió de un amplio esfuerzo humano y económico y una intensa lucha de la familia de Miroslava. “El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen”.

Las organizaciones destacaron que en el proceso para tener este fallo, el juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas y también se logró identificar a un autor intelectual del crimen, un líder del narcotráfico con nexos políticos.

“Propuesta Cívica” mencionó que testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen, encabezado por el Partido Acción Nacional, un eslabón pendiente en esta investigación.

“Esta sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento para la prensa y constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad”.

Para la organización este fallo judicial ha sido emblemático, “nos encontramos ante el primer juicio por homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria y con la aplicación de una pena de 50 años de prisión”, dijo.

El caso de Miroslava Breach puso a prueba el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio tratándose de comisión de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, agregó.

La agrupación especializada en la defensa de la libertad de expresión indicó que este caso demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz.

Sin embargo, recordó que el caso aún no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra de Jaciel “N”, otro de los autores materiales, así también, la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.

“Los asesinos de Miroslava Breach, no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron una mujer que fue de las voces más críticas del gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua”.

“Propuesta Cívica” y “Reporteros sin Fronteras” advirtieron que la exigencia por verdad y justicia continuará hasta que todos los responsables materiales e intelectuales de este reprochable crimen sean enjuiciados. Por tanto, exigieron a la Fiscalía General de la República realizar las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión pendientes.

Otra de las demandas de las organizaciones fue que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siga brindando planes de protección integrales a la familia de la periodista  pues hay riesgo de sufrir una agresión.


La Talacha Noresteagosto 20, 2020
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CIUDAD DE MÉXICO | La secretaría de la Función Pública  (SFP) inhabilitó por dos años como proveedor del gobierno federal a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A de C.V, propiedad del periodista, escritor e historiador, Héctor Aguilar Camín y quien se ha convertido en uno de los principales críticos del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

También la SFP, a través de la circular 00641/30.15/3818/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación ordenó a todas las empresas productivas del Estado y a los gobiernos estatales abstenerse de celebrar convenios o contratos de publicidad con la empresa Nexos.

El argumento, dice la Función Pública, se desprende del procedimiento administrativo de sanción iniciada en contra de la empresa Nexos en el 2019.

La orden es tajante y dice así:

“Deben abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”.

Aparte de la inhabilitación a Nexos, se le impone una multa de 900 mil pesos, dice la secretaría de la Función Pública.

Héctor Aguilar Camín, Director y propietario de Nexos, afirmó que ésta decisión es injusta, persecutoria que atenta contra la libertad de expresión por parte del gobierno de López Obrador que no tolera la crítica de medios independientes.

Dijo que la sanción proviene de una supuesta irregularidad en una plana publicitaria por 72 mil pesos que le dio el IMSS en el 2018, » es una ofensiva burocrática contra la libertad de expresión.

«Vamos a amparamos, vamos a buscar un fallo judicial que eche para atrás la ejecución de esta disposición y vamos a combatirla como una disposición falaz y arbitraria, discrecional e ilegal», señaló.


La Talacha Noresteagosto 6, 2020
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Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, Tam. | Este jueves fueron separados de sus cargos, los policías estatales que agredieron al periodista Osberto Vera, durante la transmisión en vivo de un accidente vial.

El reportero se encontraba consignando un choque en el que participó una integrante de la Policía Estatal, cuando otros agentes le impidieron realizar su trabajo y posteriormente lo detuvieron para presentarlo en la Delegación del 2 Zaragoza, por supuestas faltas a la autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que “los elementos que habrían tenido participación en los hechos fueron separados del servicio para facilitar las investigaciones y diligencias necesarias, de las cuales se establecerán las responsabilidades administrativas y legales que deriven en caso de presentarse una denuncia ante la autoridad Ministerial”.

El Vocero de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez Juárez, explicó que la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, inició una investigación sobre el incidente.

“El personal que participó en esta situación, fue separado del servicio, para facilitar las investigaciones y sobre todo, mandar el mensaje, que el gobierno del Estado, se trata de apoyar a los policías estatales en su función, se les reconoce lo que están haciendo”.

Pero aclaró, “se va a actuar cuando se menoscaben los derechos humanos y las garantías individuales”, señalando que en este caso, el periodista, está en libertad de realizar una denuncia, si así lo considera pertinente.

La noche del miércoles 5 de agosto, Osberto Vera, transmitía un accidente vial donde se vieron involucrados una conductora, (policía estatal), quien se pasó una señal de alto e impactó a un motociclista, cuando al lugar arribaron más elementos de la Policía Estatal, quienes pidieron al periodista que se alejara del lugar.

Uno de los elementos de la policía, se escucha en evídeo, le piden corte la transmisión y después, tres elementos más someten al periodista, situación que quedó evidenciada por otros periodistas que transmitían también el incidente, así como la hermana del afectado, a quien también le pedían los elementos estatales, dejara de grabar.


La Talacha Norestejulio 2, 2020
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  • 18 años de impunidad frente a la violencia contra las periodistas

 

  • Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no cumple su responsabilidad de brindar garantías de seguridad para su ejercicio periodístico.

 

CIUDAD DE MÉXICO | En 18 años, de 2002 a junio de 2020, CIMAC ha registrado 898 agresiones contra mujeres periodistas en México, entre ellas 18 casos de feminicidio. El Estado además de permitir la impunidad y dar una deficiente protección a las periodistas, es el responsable: los agresores principales son las autoridades de los gobiernos locales, estatales y federal, en 38.5% por ciento de los casos.

En la “Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México” CIMAC pone en evidencia la violencia de Estado contra la libertad de expresión de las mujeres. El mapa virtual muestra la evolución que la violencia contra las periodistas ha tenido en el tiempo, así como un panorama amplio de las manifestaciones de esta violencia e identifica en cuáles entidades federativas se presenta el mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión: Ciudad de México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).

En la presentación virtual de la Cartografía participaron el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) Edison Lanza, la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) Lucía Lagunes, la periodista exiliada Lydia Cacho y Adriana Ramírez, Coordinadora del programa de Libertad de Expresión de CIMAC.

En 70 por ciento de los casos se trata de reporteras, quienes están en el terreno realizando investigaciones periodísticas que ponen en evidencia la corrupción, desvío de fondos y violaciones graves a los derechos humanos. Son ellas quienes acompañan a otras mujeres en la exigencia de justicia y hacen eco de las demandas de las víctimas, es decir, son defensoras del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión de otras mujeres.

La cartografía identifica que la violencia psicológica es la más recurrente (77 por ciento de los casos la presentan) expresada en amenazas, el desprestigio de su labor periodística y hostigamiento; en 37 por ciento de los casos se presenta violencia física como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con arma de fuego. En 12 por ciento de los casos se trata de violencia patrimonial relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo y daños a los bienes de las periodistas; la violencia sexual como el acoso sexual tanto en redes sociales como en el espacio físico, campañas de difamación o amenazas con connotaciones sexuales estuvo presente en 6 por ciento de los casos.

Los hechos violentos suceden en mayor medida en espacios institucionales (46 por ciento), comunitarios (30 por ciento), laboral (3 por ciento) y, en los últimos años se ha registrado un aumento en las agresiones digitales (18 por ciento).

Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no brinda garantías, ni crea condiciones de seguridad para que puedan desarrollar su trabajo. Las autoridades no asumen su responsabilidad para garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión para las mujeres, por el contrario, criminalizan e invalidan su labor y promueven campañas de desprestigio. A su vez, las instancias de procuración y administración de justicia carecen de una debida diligencia y actúan con misoginia obstaculizando la prevención, investigación, sanción y reparación integral de los daños de los distintos tipos de violencia que enfrentan las periodistas y sus familias.

La cartografía da cuenta que si bien durante el sexenio del Enrique Peña Nieto se registraron 422 agresiones contra mujeres periodistas, es decir 222 por ciento más que en el sexenio anterior, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han documentado 271 casos de violencia contra mujeres periodistas, es decir, cada dos días una periodista es violentada. Al primer semestre de 2020, ya se vislumbra como el año más violento.

 

A lo largo de 18 años de registro, la impunidad es la constante. La falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, provoca la repetición de los asesinatos y todo tipo de violencias contra las periodistas.

 

CIMAC fue la primera organización en documental en el mundo, la violencia sistemática contra las mujeres periodistas. Mostró la desigualdad y la concurrencia del silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir e impedir la violencia contra las periodistas. Desarrolló una metodología para registrar las agresiones cometidas contra la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres con base en la tipología de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La cartografía se suma a los informes que CIMAC publicó para denunciar la violencia, y llamar al Estado a que actúe conforme lo marcan los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico de las mujeres.

Visita la cartografía: https://cartografia-cimac.uwazi.io/


La Talacha Norestejunio 10, 2020
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Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México | Cimacnoticias.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que no desaparecerán ni están en duda los recursos económicos para la protección a personas que están situación de riesgo por ejercer y defender la libertad de expresión o los Derechos Humanos.

Así lo expresó en una reunión virtual que se realizó este martes 9 de junio para revisar el funcionamiento del fideicomiso operado por el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se creó con base en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en junio de 2012.

En el foro las y los diputados de los diversos partidos políticos reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y personas defensoras, por esa razón se comprometieron a garantizar los recursos para la protección a esta población, ya sea por medio del fideicomiso, que este año obtuvo 227.6 millones de pesos (mdp), o a través de otro mecanismo.

El diputado por Morena, Mario Delgado, explicó que luego de que en mayo su partido presentó una propuesta para desaparecer 44 fideicomisos, el Poder Legislativo está revisando si éstos funcionan adecuadamente y han logrado los objetivos para los cuales fueron creados y, en caso de ser necesario, acordar si continúan o cuál sería la mejor manera de administrar estos recursos.

Al respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache, consejeras y consejeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y representantes de organizaciones civiles explicaron que este fideicomiso no debe desaparecer porque se utiliza para salvaguardar vidas.

Mastache, quien también es coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección explicó que esta institución otorga medidas para proteger la vida de población en riesgo por su trabajo periodístico o la defensa de Derechos Humanos. El último corte indica que hasta mayo sumaban mil 206 personas beneficiadas con medidas de protección.

El funcionario explicó que las medidas pueden ser desde sustraer a la persona en riesgo de su lugar de origen, hasta entregarles equipos de geolocalización, radio, telefonía satelital, cerraduras, cámaras de seguridad, chalecos antibalas o autos, entre otras.

Al presentar los antecedentes de este fideicomiso, explicó que comenzó a funcionar en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos, pero debido a la creciente cantidad de personas beneficiadas, los recursos no han alcanzado. Desde 2018 cada año el Mecanismo solicita ampliaciones presupuestales a la Cámara de Diputados.

Este año, dijo Mastache, el fideicomiso obtuvo 227.6 mdp, pero sus proyecciones indican que necesitarán 187 mdp para concluir 2020 e iniciar el primer trimestre de 2021. También recordó que todos los gastos de operación del Mecanismo están a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, por tanto, los recursos del fondo no se utilizan para el pago de salarios, viáticos o actividades administrativos.

Además explicó que los recursos los entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHyP) y el fiduciario es el Banco del Bienestar. El funcionario alertó que cambiar la figura jurídica de fideicomiso a fondo público, provocaría que los pagos de servicios de protección se realicen a través de áreas administrativas de la Segob, y no de manera directa como  hoy opera, lo que haría más complejo el gasto de este presupuesto.

En el encuentro participaron las y los consejeros del Mecanismo, entre ellos la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien llamó la atención sobre la importancia de transparentar el uso de los recursos públicos de una institución que se dedica a proteger vidas. La periodista aseguró que entre abril y mayo hubo 39 agresiones contra periodistas y defensoras, de las cuales 33 fueron contra periodistas.

La también directora de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (Cimac) expuso los riesgos que se atienden por medio de este fideicomiso y destacó que en lo que va del actual sexenio se han registrado 290 ataques a mujeres periodistas; por ello consideró que además de la importancia del ejercicio transparente de los recursos, el Estado mexicano debe atender la deuda que tienen con periodistas y defensoras.

A su vez, organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Artículo 19 y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre los riesgos de pasar este fideicomiso a un fondo que operaría la Segob y del cual se podría hacer un uso discrecional; mientras que para Reporteros Sin Fronteras en esta revisión es necesario analizar por qué una empresa privada ha sido la única que puede ofrecer las medidas de protección y por qué no se diversifican los prestadores de servicios.

Las y los representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado a no quitar el dinero para la protección de quienes están en peligro, sino de fortalecer este fideicomiso, promover medidas de transparencia del ejercicio de los recursos y no transformar el fideicomiso en un fondo que sólo dejaría la puerta abierta para más discrecionalidad.


La Talacha Norestemayo 16, 2020
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Lo acribillan junto con dos policías que lo acompañaban cuando salía de un restaurante de comida china

OBREGON, Son |  Jorge Miguel Armenta Avalos, Director del periódico El Tiempo de ciudad Obregón, fue asesinado cuando salía de un restaurante. También murieron acribillados un oficial y el comandante de la policía municipal, que acompañaban al periodista.

Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas de este sábado en las calles Chihuahua, en pleno centro de la ciudad.

Jorge Miguel Armenta Avalos también era Director del periódico digital Medio Obson quien tiene mas de 247 mil suscriptores y su linea editorial cubre eventos de contenido policíaco.

El periodista y los dos agentes de policía fueron acribillados justo cuando salían de un restaurante de comida china.

El empresario y también productor de varios programas de radio y televisión por internet ya tenía amenazas de muerte al igual que parte de su equipo de trabajo, por lo que se transportaba en carro blindado y lo custodiaban escoltas.

La Secretaría de Seguridad Pública externó en Twitter: «Las autoridades de los tres niveles de Gobierno se encuentran reunidas en estos momentos para atender el condenable ataque ocurrido hace unos momentos en Ciudad Obregón».

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich informó: «He solicitado a la fiscal, Claudia Indira Contreras, se traslade a #Cajeme e inicie de inmediato las investigaciones para esclarecer y dar con los responsables del condenable ataque contra el director de Medios Obson, Jorge Armenta y 2 agentes de la policía municipal».



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