El Oficio

La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min680
Su arresto no se apegó a la Constitución, determina la FGR
MÉXICO | La Fiscalía General de la República (FGR) determinó la liberación del periodista Humberto Padgett, arrestado este jueves en la Base Aérea de Santa Lucía en compañía de dos personas más, por considerar que no se apegó a la legalidad.
De acuerdo con la Notificación de Libertad, expedida por la Agencia Primera Investigadora con sede en Ecatepec, Estado de México, la detención de Padgett León, Juan Noé Ruiz Pérez y Pedro Ataxca Vichi, “no fue realizada conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
El documento de la FGR señala que a las tres personas se les acusaba de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que se abrió la carpeta de investigación FED/MEX/ECAT/0004309/2019, sin embargo “esta autoridad determinó no decretar la retención de los imputados”, por lo que ordenó su inmediata libertad.
La Fiscalía invitó a Padgett y a las dos personas detenidas con él a que presentaran su declaración ministerial en presencia de un abogado de oficio, pero ellos decidieron que la rendirán el lunes próximo acompañados por sus representantes legales.
Este jueves, la organización Article 19 denunció la presunta detención arbitraria de Humberto Padgett, colaborador de Ciro Gómez Leyva Radio Fórmula e Imagen Noticias, mientras realizaba una investigación en inmediaciones de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía.
De acuerdo con dicha agrupación, el periodista y sus acompañantes fueron arrestados por militares y llevados a instalaciones de la FGR en Ecatepec.
(Notimex)

La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min450

Luego del ataque a las instalaciones de El Monitor de Parral, 53 medios de comunicación han sufrido atentados en México del 2006 a la fecha, refiere la CNDH 

CIUDAD DE MÉXICO | Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de personal, directivos y colaboradores del periódico “El Monitor de Parral”, cuyas instalaciones fueron atacadas con artefactos similares a bombas molotov, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General, ambas del estado de Chihuahua, la implementación de medidas cautelares.

Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad al personal de dicho medio de comunicación y al gremio periodístico del estado de Chihuahua, al tiempo que demanda a las autoridades de procuración de justicia la investigación exhaustiva de los hechos, para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponde.

Con estos hechos ocurridos la mañana de este miércoles suman ya 53 los atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006, lo que da cuenta de la forma violenta en que se pretende inhibir la labor periodística y generar temor entre quienes laboran en las distintas áreas de los medios de comunicación.

Para esta Comisión Nacional, la violencia contra periodistas, en todas sus formas, desde las descalificaciones, pasando por las amenazas hasta delitos más graves como los atentados a sus instalaciones, o incluso las desapariciones o los homicidios de comunicadores, generan un contexto hostil que hace de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano.

Este Organismo Nacional enfatiza que, ante este clima de inseguridad, son muchos los medios y periódicos que prefieren no escribir o difundir determinados temas ante el temor de represalias o ataques, con lo cual se generan autocensura y zonas de silencio en el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y observará el cumplimiento de las autoridades sobre la implementación de las medidas cautelares que les fueron planteadas.


La Talacha Noresteagosto 1, 2019
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3min510
Realizaba una investigación en Aeropuerto en inmediaciones de lo que será el Aeropuerto de Santa Lucía, alertó la organización Artículo 19
MÉXICO | El periodista Humberto Padgett fue arrestado mientras realizaba una investigación en inmediaciones de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía, municipio mexiquense de Tecámac, denunció el grupo de derechos humanos Article 19.
«#ÚltimaHora: ARTICLE 19 tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, por elementos de la Policía Militar de @SEDENAmx mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en #SantaLucía«, escribió en su cuenta de Twitter.
La organización internacional defensora de la libertad de expresión exigió «a las autoridades del Estado de México y federales implicadas en la detención el completo respeto a las garantías judiciales de Padgett y su inmediata liberación».
«Del mismo modo, urgimos a la @CNDH la emisión de medidas cautelares a favor del periodista», agregó.
Asimismo, hizo «un llamado urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la @SEGOB_mx, del cual Padgett es beneficiario, para que intervenga a favor de su liberación».

La Talacha Norestejulio 23, 2019
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2min550

La Fiscalía General de la República realizará las diligencias para determinar el móvil del delito con relación al ejercicio periodístico

 

CIUDAD DE MÉXICO | La Fiscalía General de la República (FGR) informa que la misma noche del pasado 21 de julio se abrió la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de robo, en el caso de la irrupción en el domicilio de una periodista, derivado de la manifestación de la víctima respecto a la posibilidad de que el hecho se encuentre vinculado a su ejercicio periodístico.

En ese sentido, con independencia de que la investigación del delito de robo le corresponde originaria y obligatoriamente al fuero común, la FGR realizará las diligencias correspondientes para determinar el móvil del delito con relación al ejercicio periodístico.

Personal de la Fiscalía General de la República, junto con sus peritos especializados en materia de criminalística de campo, dactiloscopia, fotografía, telecomunicaciones e informática actúan en conjunto; se encuentran ya en el lugar de los hechos.

En caso de que se determine que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar o afectar la libertad de expresión, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales; todo ello con relación a la competencia de las autoridades locales, a las cuales les corresponde la investigación y persecución de los delitos del fuero común, como lo es el robo.

Se informará puntualmente sobre lo que aporten las autoridades locales mientras se fortalecen las hipótesis de ataque a una periodista y a la libertad de expresión.


La Talacha Norestejulio 21, 2019
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7min360

El vocero de Redes Quinto Poder e integrantes de otras organizaciones han estado publicando información que indica que el Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón mantiene a su suegra en la nómina del estado

Tomado de Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO | Sujetos desconocidos incendiaron la camioneta de familiares de Juan Manuel Ramos, defensor de derechos humanos director y vocero de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el pasado 19 de julio.

Juan Manuel Ramos e integrantes de otras organizaciones civiles, como Vertebra Nuevo León y Colectivo Nosotros han estado publicando información que indica que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón mantiene a su suegra en la nómina del estado, y por la cual presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León.

En entrevista con ARTICLE 19, Juan Manuel Ramos señala que alrededor de las 06:00 hrs del 19 de julio, recibe la llamada de uno de sus familiares, quien le informa que una camioneta propiedad de la familia se estaba incendiando. Dicho vehículo se encontraba estacionado afuera del domicilio de sus familiares, cuya dirección está registrada tanto en la licencia de conducir como en la identificación oficial de Juan Manuel Ramos.

Al lugar acudieron integrantes del cuerpo de bomberos, policía estatal y municipal y una vez controlado el incendio, un mecánico particular revisó la camioneta y le comentó a Juan Manuel que por las características del incendio, probablemente fue provocado.

En relación lo anterior, Juan Manuel menciona que esto tiene sentido, ya que su vehículo tenía alrededor de 5 días sin moverse y a pesar de que en la calle donde estaba estacionado se encontraban 25 otros vehículos más, únicamente su camioneta fue incendiada.

Anteriormente, Juan Manuel Ramos había tenido otros incidentes de seguridad que le hacen sospechar que esta agresión está vinculada con la investigación que está realizando, ya que el 8 de julio de este año (un día después de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León por este caso) hasta el 19 del mismo mes, empezaron a recibir llamadas a las oficinas de Redes Quinto Poder por parte de personas desconocidas que preguntaban por gente que no labora ahí o por información que no corresponde a las actividades de la organización.

Además, el 10 de julio del presente año, una persona desconocida, al parecer con un perfil falso, envía mensajes privados a la cuenta de Facebook de Redes Quinto Poder, luego de que en dicha página se publicara una parte de la investigación sobre este caso. En dichos mensajes se lee: “Asquerosos… Ni mintiendo van a ganar perros”

De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado es una herramienta esencial que contribuye a combatir la corrupción, hace factible el principio de transparencia en la gestión pública e impulsa el mantenimiento de un sistema democrático 1.

Al hacer frente a una cultura del secretismo y de políticas y prácticas del manejo de la información, quienes se dedican a la publicación de información sobre asuntos públicos que pueden involucrar posibles actos de corrupción por parte de los gobernantes, se encuentran más vulnerables ser víctimas de violencia física, amenazas, secuestro, entre otras violaciones a derechos humanos, como formas de silenciamiento a la labor que realizan.

Debido a lo anterior y a la gravedad de los hechos relatados, ARTICLE 19 exige al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a condenar los hechos presentados anteriormente y a respetar el libre ejercicio de la labor de Juan Manuel Ramos y de las organizaciones civiles que se encuentran realizando esta investigación sin injerencias arbitrarias de ningún tipo.

Asimismo, le solicita tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Juan Manuel Ramos y de quienes integran la organización Redes Quinto Poder, incluyendo su colaboración con las autoridades encargadas de la investigación para ubicar y sancionar a quienes perpetraron estas agresiones.

También, ARTICLE 19 hace un llamada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar las medidas de protección de carácter urgente a Juan Manuel Ramos y a su familia para preservar su vida e integridad personal.

Finalmente, solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que – de acuerdo con sus atribuciones- conozcan del presente caso, para la localización y sanción de los autores materiales e intelectuales de las agresiones denunciadas, tomando en cuenta la labor de Juan Manuel Ramos.


La Talacha Norestejulio 18, 2019
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8min280
Imagen retomada del portal de Cejil
Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- La periodista colombiana Jineth Bedoya Lima nunca perdió la convicción de encontrar verdad y justicia: su búsqueda la hizo como periodista, después como víctima de secuestro, tortura y violación sexual por parte de paramilitares, y ahora lo seguirá haciendo como sobreviviente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A 19 años de ser víctima, después de testificar un sinfín de veces, de ser revictimizada y de tocar puertas en organismos internacionales, este 16 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso, el primero de una periodista víctima de tortura sexual, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el más alto tribunal de la región.

En entrevista desde Colombia, la Coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luisa Fernanda Isaza Ibarra, dijo que esta será la oportunidad para que la periodista encuentre justicia, pero también será un proceso inédito para que la Corte se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y será el primer caso en el que se estudie la responsabilidad del Estado en un caso en el que el foco está en la violencia sexual.

El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya realizaba un reportaje cuando fue atacada en las inmediaciones de la Cárcel Nacional Modelo, ubicada en Bogotá. Bedoya, quien entonces trabajaba en el periódico El Espectador, investigaba el papel de la Fuerza Pública, la Guardia de la Cárcel Nacional Modelo y paramilitares internos en una masacre ocurrida días antes, el 27 de abril, en dicha cárcel.

El expediente de la CIDH revela que la periodista cubrió la masacre ocurrida el 27 de abril de 2000 el centro penitenciario, en la que murieron 25 internos. Días después recibió amenazas de los reclusos y el 24 de mayo de ese año recibió una llamada donde un interno le ofreció una entrevista. Ella aceptó y pidió garantías de protección, además, como medida de protección, su medio decidió que fuera acompañada por el editor judicial del periódico, un fotógrafo y un conductor.

El día pactado, Jineth Bedoya se dirigió a la entrada principal del recinto penitenciario, mientras sus compañeros se quedaron a la espera de instrucciones. Un sujeto desconocido la identificó, la jaló, la llevó a la fuerza a una casa cercana al lugar y después, junto con otros hombres, la trasladó en una camioneta a otro lugar. En el trayecto fue torturada y después de aproximadamente 16 horas fue liberada.

Aun cuando salió con vida, la periodista siguió recibiendo amenazas y el 18 de agosto de 2003 fue secuestrada nuevamente, junto con su equipo, pero ahora por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Puerto Alvira. Después de 5 días fueron liberados.

Debido a la impunidad en su país y al hostigamiento de autoridades del Estado, el 3 de junio de 2011 Jineth Bedoya y sus presentantes legales de la FLIP presentaron el caso a la Comisión Interamericana En enero de 2019 la CIDH emitió su informe de fondo, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas, pero ante el incumplimiento de las medidas el caso se envió a la Corte.

La abogada Luisa Fernanda Isaza Ibarra explicó que el organismo internacional revisará el caso considerando que se trata de una víctima que es mujer y periodista, quien ha sido obligada a testificar en varias ocasiones y enfrentar a sus agresores.

El alto tribunal regional revisará la responsabilidad del Estado colombiano en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra las mujeres. El fallo no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, afirmó Isaza Ibarra, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.

La historia de Jineth Bedoya Lima ejemplifica la conclusión del informe temático «Mujeres periodistas y libertad de expresión. Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión», realizado en 2018 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, donde indica la impunidad es siendo la norma en los actos denunciados de violencia hacia las periodistas.

Al respecto, este miércoles 17 de julio, la FLIP y el Centro por la Justicia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también representante del caso, reiteraron en un comunicado de prensa el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento.

Para la FLIP el caso tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra las mujeres y de restricciones a la libertad de prensa y abrir las puertas de la justicia a otras víctimas de violencia basada en género en el contexto del conflicto armado en Colombia.

La denuncia de Bedoya Lima es la primera en llegar a la CoIDH pero en el sistema de Naciones Unidas ya hubo uno similar de una periodista víctima de tortura: El 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de ONU emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano investigar las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En la resolución de la ONU, que duró cuatro años en análisis y fue la primera que se resolvió en el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar la investigación por tortura, ofrecer una compensación adecuada a la periodista y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.


La Talacha Norestejulio 8, 2019
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7min600

 Relevará a la comunicóloga argentina Sandra Chaher

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.- La periodista  feminista mexicana y directora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, fue electa coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Global en Medios y Género (GAMAG), agrupación que desde 2013 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.

En la reunión que se realizó esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España, la Asamblea General la GAMAG acordó que Lagunes Huerta releve a la argentina Sandra Chahe, quien desde diciembre de 2016 lideraba este espacio.

Es de recordar que la GAMAG nació en diciembre de 2013 durante el Foro Mundial de Género y Medios en Bangkok, Tailandia; pero el Capítulo América Latina y el Caribe se creó en mayo de 2015 con el propósito de tomar acciones puntuales para incorporar la igualdad de género en los medios de comunicación y eliminar la discriminación y violencia contra las periodistas latinoamericanas.

La Alianza Global es una iniciativa que surgió con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para evaluar los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, creada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en China, en 1995, y cuyo uno de sus ejes es el papel de los medios para lograr la igualdad de género.

A casi seis años de distancia, las mil 89 integrantes de GAMAG, entre ellas periodistas, académicas, defensoras de Derechos Humanos y representantes de agencias de cooperación internacional, siguen trabajando para impulsar el acceso de las periodistas a los puestos de toma de decisión, desarrollar medios no sexistas, impulsar el acceso de las mujeres a las plataformas digitales, y difundir representaciones justas y no estereotipadas de las mujeres, entre otras tareas.

A partir de hoy y durante dos años, Lagunes Huerta, quien también es promotora y fundadora de redes nacionales e internacionales de mujeres periodistas, será la encargada de coordinar las acciones para promover la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación en la región.

Entre sus tareas estará continuar con los informes nacionales sobre el Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, documento donde se llama a medios de comunicación, gobiernos y órganos reguladores a implementar políticas para promover la igualdad dentro de los medios y aprovechar el papel transformador de la comunicación. Estos informes serán presentados en la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de 2020.

Lagunes Huerta, quien fue una de las fundadoras de la GAMAG y de su Capítulo Regional, también es promotora de medios que incluyan la perspectiva de género, por ello es integrante de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, una organización civil que en 2017 obtuvo la primera licencia de radio comunitaria feminista (Violeta Radio 106.1 FM) en la Ciudad de México.

En su quehacer, la periodista ha promovido la inclusión de los Derechos Humanos de las mujeres en la agenda pública y ha puesto el acento en la violencia contra las periodistas como un ataque a la libertad de expresión y un tema clave para la región que incluso ha sido retomado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe temático de 2018.

El año pasado, su liderazgo y experiencia fueron reconocidos internacionalmente por la Unión de Periodistas Valencianos, y en 2015 la Universidad de Málaga y la Cátedra de Comunicación de la UNESCO le otorgó el VI Premio Internacional a la Libertad de Prensa (2015).

La nueva coordinadora regional de la GAMAG aseguró, en su postulación, que de ser nombrada plantearía una agenda para atender temas centrales como la violencia contra las mujeres periodistas y los derechos digitales, promovería la investigación y educación en comunicación y tecnologías, los derechos laborales y la capacitación, entre otros objetivos.

Por otra parte, la investigadora mexicana Aimée Vega Montiel, quien desde 2016 era presidenta general interina, fue electa presidenta, con lo que implementará un plan para contribuir a la consolidación de GAMAG como un proyecto con voz global y buscará aumentar la visibilidad de la agenda de las mujeres, la comunicación y los Derechos Humanos.

En el equipo de este proyecto también fue electa la economista política feminista Sarah Macharia como secretaria general; la periodista argentina Sonia Santoro como presidenta del Comité Temático de Práctica de Medios y la académica y comunicadora costarricense, Vilma Peña como presidenta del Comité Temático de Incidencia y Comunicación.


talachaadminmayo 16, 2019

2min520

La víctima había presentado una denuncia, por el delito de amenazas, de la que tomaron conocimiento la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la ahora Fiscalía General de la República.


PLAYA DEL CARMEN, QROO | La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista Francisco Romero Díaz, conocido como el «Ñaca-Ñaca», quien había presentado una denuncia por amenazas, el pasado 12 de abril.

La dependencia informó que la autoridad ministerial tuvo conocimiento, a través del 911, sobre el hallazgo del cuerpo, a las primeras horas de este jueves, en la calle 25 sur entre 110 y Arco Vial en la colonia Forjadores.

Refirió que al lugar acudieron elementos de la policía con capacidad para procesar y personal de servicios periciales para recabar la evidencia relacionada con los hechos.

La Fiscalía destacó que la víctima había presentado una denuncia, el 12 de abril pasado, por el delito de amenazas, de la que tomaron conocimiento la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la ahora Fiscalía General de la República.

Finalmente, se dio a conocer que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas de la muerte.


talachaadminmayo 3, 2019
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17min1850

Salimos de Tamaulipas con lo puesto, sin rumbo, en busca de un refugio. Cuando llegué con mi familia a Nuevo León, me advirtieron: “Allá está el crimen que silencia todo, pero aquí está ‘El Bronco’, que lincha y descalifica”.

Por Francisco Cuéllar Cardona

José Luis tenía el rostro descompuesto. Sentí escalofríos. Se detuvo frente a mi escritorio, aventó su cámara fotográfica y dijo en voz baja:

– Licenciado hay pedo. No les gustó a los señores la nota de portada de hoy.

– ¿A quiénes? ―, pregunté.

 – Los mañosos, ¿quien más? Quieren saber quién autorizó la publicación de la nota de los talamontes―, me respondió todavía agitado.

Un día antes una manifestación de productores de madera de la región de San Carlos, Tamaulipas, protestaron contra el delegado de la Procuraduría General de la República por encubrir presuntamente a grupos contrarios a los manifestantes. La información se publicó en todos los medios locales.

– Y luego… ¿Qué hay que hacer? ―, le pregunté a José Luis

– No sé. ¡Dicen que están emputadísimos!

Ese sábado acordamos cerrar la edición más temprano y se le pidió al personal que se resguardara en sus casas. Pero tres días después, había recuperado la normalidad ―de la que desgraciadamente forman parte las amenazas― y salí del periódico a la una de la mañana. Al poner un pie en la calle una mano tosca me tapó la boca y otras me sujetaron los brazos.

– Pa’rriba cabrón. ¡Ya te cargó la chingada! ―, me dijo un hombre.

Vendado de los ojos y esposado, me tiraron al piso de una camioneta. El concierto de golpes empezó y también las amenazas.

– Se les dijo que no publicaran nada y les valió verga. Se les olvidó que aquí los que mandamos somos nosotros y tú vas a pagar por ellos.

Me decían que ya habían ido por mi familia para matarlos y que iban a lanzar granadas al periódico.

Me bajaron de la camioneta. Los golpes no pararon hasta que perdí el conocimiento por el dolor. Lo último que escuché fue: «Este pinche bate ya se rompió, tráeme el otro”.

Desperté justo cuando una voz chillona de un hombre sentenció.
―¡Ya quiébrenlo! A eso venimos.

Sentí la punta fría de la pistola sobre mi cabeza y volví a perder el conocimiento. No supe cuánto tiempo estuve ahí, hasta que el golpe en el pavimento me hizo volver a la realidad. Los delincuentes se habían ido y yo estaba ahí, vivo aún, frente al periódico con mi cuerpo todo reventado por los golpes.

Me encerré en casa durante tres meses. Cuando salí de nuevo supe que a otros colegas les había pasado lo mismo esa misma semana. Un tiempo después José Luis apareció muerto en su casa. Según el reporte de la PGJ, se había suicidado.

19 de marzo, no se olvida

En marzo de 2012 llegó un mensaje a la redacción: “les vamos a mandar un regalito”. Esta vez a la delincuencia le disgustó que se publicara un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública en el que anunciaban «operativos de seguridad para frenar la ola de violencia en la ciudad».

A las 20:15 del 19 de marzo de 2012, en plena hora pico del trabajo en la redacción, un estruendo que se oyó en gran parte de la ciudad oscureció todo. La histeria y los gritos de los compañeros se desbordaron. Por las cámaras del circuito cerrado vimos angustiados cómo ardía el auto-bomba que acababa de explotar en la puerta de los talleres del periódico. Fueron minutos de pánico, hasta que llegó el ejército a evacuarnos y a acordonar las instalaciones. Horas después del atentado, un perito de la PGR reveló que la cantidad de explosivos que habían activado los delincuentes era suficiente para derrumbar el edificio. «Los querían matar a todos», nos dijo.

Para el gobierno federal y estatal el atentado pasó como si nada. Apenas algunas llamadas esporádicas dos días después para preguntar si estábamos bien. Nunca hubo medidas cautelares, sólo comparecencias ante la FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión). Por supuesto, nunca capturaron a los responsables.

El desplazamiento

En los 37 años que ejercí el periodismo diario en Tamaulipas viví de todo: un secuestro de parte de la Policía Federal, «levantones» y amenazas del crimen organizado y del gobierno. En el camino he visto caer y desaparecer a colegas en medio de la impotencia para denunciar, porque aquí el que denuncia se muere. Pero el 29 de octubre del 2016, comprobé que todavía había cosas que no podía imaginar. Amenazaron a mi hijo, también periodista; a mi esposa, con casi 30 años en la profesión, y a mí: la delincuencia organizada y política, echando mano de las redes sociales y de toda su estructura, nos intentó vincular con grupos criminales sabiendo que me exponía y de paso tiraba al suelo mi trayectoria.

Ese mediodía, una llamada por teléfono cambió nuestra vida.

– ¡Vete! Tu vida y la de tu familia está en peligro.

Salimos con lo puesto, sin nada en los bolsillos, sin rumbo, en busca de un refugio seguro. Abandonamos casa, trabajo, escuelas, familia y amigos sin despedida. Recuerdo el llanto, las caras desfiguradas de mis hijos por el susto, los gritos que retumbaban en el auto. Sentíamos que los delincuentes nos pisaban los talones.

 El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas era la única opción que teníamos. Conseguimos el número telefónico y nos comunicamos para pedir la protección del organismo de la Secretaría de Gobernación. Mientras buscamos un lugar seguro donde pasar la noche, personal del mecanismo nos rescató y nos llevó a la Ciudad de México. El riesgo parecía que había pasado, pero comenzaba el calvario.

Denunciamos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) los hechos y en todos los espacios editoriales posibles. La solidaridad del gremio en Tamaulipas, fue poca, pero se entendió. Cuando agreden a un periodista, es un mensaje para todos, silencia a todos. Por eso tienen miedo. No así las organizaciones nacionales e internacionales de periodistas y de derechos humanos que asumieron nuestra defensa. Era el primer caso de una familia completa de periodistas amenazada y desplazada por la violencia.

Llegada a Nuevo León: no es la delincuencia, es El Bronco

Aún bajo el Mecanismo de Protección Federal, las amenazas siguieron y las horas ante la Fiscalía se volvieron interminables. Decidimos llegar a Nuevo León, con las secuelas y los trastornos del desplazamiento. Por ejemplo, ver a tu hijo tirado a media calle, en un charco de sangre, sin respirar. El diagnóstico de los neurólogos fue contundente: “Su hijo convulsionó y trae afectaciones neurológicas producto del estrés que ha vivido en estos meses”.

Para enfrentar esto sacamos fuerzas de donde pudimos y empezamos otra vez a ser periodistas. Te vas a la calle a conocer un entorno que te parece familiar, aunque con actores y factores diferentes.

«Aquí el periodista enfrenta los mismos conflictos que en el resto del país, y no es la violencia», analiza Erick Muñiz, Directivo de la Red de Periodistas del Noreste. Dice que, a excepción de El Norte, que tiene un esquema diferente a todos los medios, la prensa vive de la publicidad gubernamental y privada: el poder exige línea editorial a cambio de dinero.

Ejercer el periodismo en Nuevo León, en nada se compara con Tamaulipas, aunque durante cuatro años (2006-2010), sufrió una época de violencia. En este tiempo, mataron y desaparecieron a cuatro periodistas. El caso más sonado fue el del reportero Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, de Televisión Azteca, que desaparecieron el 10 de mayo del 2007. Doce años después, su viuda, Elizama Hernández, todavía lo espera y exige a la televisora que le pague el finiquito para poder tramitar una pensión.

En 2015 el hoy Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, irrumpió en el escenario electoral. Una de las principales banderas del candidato independiente fue golpear y desacreditar a la prensa. Su discurso lo enfocó contra el PRI y el PAN, a quien acusó de corruptos y a la prensa de protegerlos y encubrirlos. “No le crean a la prensa, me va a atacar porque no les voy a dar dinero», decía.

«Fue una estrategia que le funcionó muy bien y que mantiene. En cada acto de campaña no nos bajaba de ratas y corruptos y nos echaba a la gente encima. A algunos reporteros los rescatamos de la gente que quería lincharlos», recuerda Juan Teniente, reportero de UNO TV, quien durante estos últimos años ha sido perseguido y acosado por la administración estatal.

Directivos y reporteros coinciden: «en Tamaulipas tienen al crimen como enemigo que calla a todos, pero aquí tenemos a El Bronco, que a diario descalifica y lincha a los medios».

«Es un patán con la prensa», asegura Alberto Medina, reportero de El Porvenir. “De este gobernador no puedes publicar un acto de corrupción, porque de inmediato sale a decir que lo atacas por dinero. Pregúntale a los del periódico El Norte”.

El Norte fue de los pocos medios que le abrió sus páginas a Jaime Rodríguez Calderón en campaña, pero cuando el influyente rotativo empezó a cuestionar y ventilar los casos de corrupción del gobierno independiente, El Bronco convocó a sus seguidores a no comprar ni leer El Norte, porque «es mentiroso y me calumnia”.

El 27 de junio del 2017, El Bronco declaró públicamente que no daría ni una declaración más a El Norte y añadió: “Ya le pedí al procurador que empezara a ver primero la posibilidad de demandar a El Norte”.

El gobierno del Bronco, que ha declarado no invertir un peso en publicidad en medios, ha destinado 137 millones de pesos anuales para gastos de promoción desde 2017. El Norte publicó, además, que durante la campaña por la presidencia el Bronco pagó a su principal publicista, Guillermo Rentería, 26 millones. Rentería es conocido como el capitán que maneja todo el «Ejército de Broncobots» que ataca a todo aquel periodista que cuestiona y critica al gobierno independiente de Nuevo León.

«Aquí, fiel a su naturaleza de Estado que genera mucha riqueza, dominan los intereses económicos. Los medios y sus dueños piensan más en la prensa como negocio que como instrumento de denuncia», define David Casas, reportero y corresponsal del Sol de México y La Silla Rota.

Las agresiones a los reporteros se han vuelto una práctica cotidiana. Como el caso de Noé García, camarógrafo de noticias de Azteca Noreste, que fue agredido y detenido la policía cuando cubría un incendio en una residencia. O el de José Manuel Zapata, reportero de diarios como El Norte y Metro. Varios agentes lo golpearon, detuvieron y encarcelaron cuando cubría una nota roja. Zapata recuerda que los policías le dijeron: «Esto no es cuestión de leyes, es por los míos”. O el caso de Raúl Palacios, a quien obligaron a borrar fotografías que había tomado durante el conflicto en el penal de Topo Chico, el 26 de marzo del 2019.

“Es un acto que nosotros condenamos, porque está mermando su actividad periodística y, por lo tanto, la libre expresión, la libertad y el derecho de información que también nosotros tenemos como ciudadanos”, dice Sofía Velasco, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León

Nuevo León no cuenta con un programa de auxilio a periodistas, sin embargo, el pasado 20 de febrero del 2019, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Mientras se espera la aprobación de la ley, la Red de Periodistas del Noreste y la Asociación de Periodistas de Nuevo León se acaban de reagrupar para que los periodistas nos defendamos unos a otros.

 


talachaadminabril 25, 2019

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Por difundir nota con violencia política de género. La libertad de expresión tiene límites, consideran magistrados

Sala Regional Monterey TEPJF

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Regional Monterrey confirmó la amonestación pública impuesta a una periodista de San Luís Potosí, porque difundió una nota con expresiones que acreditan violencia política de género hacía una candidata.

Los Magistrados enfatizaron que, si bien la Constitución garantiza la libertad de expresión y, de igual modo prevé una protección reforzada para los periodistas, ese derecho tiene límites, como los derechos fundamentales de otras personas.

En el asunto se analizan los límites del derecho a la libertad de expresión, frente al derecho a una vida libre de violencia.

El magistrado responsable enfatizó que la libertad del periodismo es esencial para el sistema democrático, especialmente en asuntos de interés público, como la selección de candidaturas, sin embargo, aclaró que ello no autoriza notas en las que se ejerza violencia política de género contra una mujer

Durante la sesión, los magistrados se cuestionaron, ¿si un periodista puede criticar y cuestionar la forma en la que un partido político selecciona a sus candidaturas? y concluyeron que los periodistas sí pueden realizar ese tipo de expresiones, pues cuando éstos escriben no solo ejercen su libertad de expresión, sino también garantizan el derecho a la información de la colectividad.

Sin embargo, el cuestionamiento central era, ¿si un periodista puede criticar la selección de candidatos ejerciendo violencia política de género? y concluyeron que la respuesta era no, porque la Constitución establece que la libertad de expresión tiene como límite el respeto al derecho de una mujer a participar en asuntos públicos sin ser objeto de violencia política de género.

Por ello, confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral de San Luís Potosí que determinó como válida la amonestación pública impuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad en el POS-04/2018.

Durante la sesión, se resolvieron 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral, sumando un total de 3 medios de impugnación.



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