En este país en el que han asesinado a seis periodistas en siete meses; en el que el pasado proceso electoral 39 mujeres periodistas fueron agredidas por informar a la población, donde la impunidad sigue siendo la protagonista de la historia; que se sancione al Estado mexicano por la violencia y tortura cometida contra Lydia Cacho Ribeiro, es un día para celebrar.
Para celebrar su tenacidad por la verdad y la justicia, para ella y para todas las personas que en este país ejercen el periodismo y para las mujeres que viven y transitan por este país.
La sentencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitida el pasado 31 de julio resolvió que el Estado Mexicano debe investigar las violaciones a Derechos Humanos cometidos contra la periodista y escritora hace 13 años.
Además, señala que el Estado tiene 189 días para resarcir adecuadamente el daño cometido en contra de la periodista por la discriminación de género, la tortura, la detención arbitraria y el uso de la fuerza del Estado para la persecución de Lydia Cacho.
En un país donde ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo, la resolución confirma que el Estado Mexicano ha incumplido sus obligaciones para garantizar que las y los periodistas ejerzamos nuestro trabajo en condiciones de seguridad y libertad.
La sentencia para resarcir el daño adecuadamente, implica revisar todos los daños cometidos contra periodistas y resarcirles el daño que no es sólo material o económico.
La resolución abona a la justicia para las mujeres, pues reconoce que el sistema de justicia en México tiene una visión sexista que impide que ellas accedan a la justicia y ello debe cambiar.
En 2014 la jurista feminista Alda Facio, señaló en el informe de CIMAC “Impunidad, Violencia contra mujeres periodistas”, que la impunidad sólo se puede superar si se devela y difunde el papel que ha jugado el sistema judicial penal, policial, entre otros, en la discriminación y explotación de las mujeres.
La resolución del Comité, da luces sobre ello y mandata a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a corregir el rumbo, en el caso concreto de Lydia, lo cual deberá impactar en las 39 investigaciones que sobre atentados a la libertad de expresión de las periodistas están en manos de la Fiscalía.
La sentencia alimenta la esperanza porque abona a la justicia, especialmente a la justicia para las mujeres periodistas y con ello a la igualdad plena.
Recordemos que la persecución contra Lydia ocurrió en el año 2005 tras la publicación de su Libro “Los Demonios del Edén”, en el cual documenta las redes de pornografía infantil mexicanas que involucran a empresarios y políticos.
Uno de los empresarios involucrados es el textilero Kamel Nacif, quien acusó a Cacho de difamación y calumnia, delitos que aún persisten en varias entidades federativas y que siguen siendo usados para intimidar a periodistas. Por ello el Comité de la ONU le pidió al Estado mexicano despenalizar esto delitos en todas las entidades federativas.
La violencia contra Lydia Cacho retrata las colusiones que se dan en las agresiones contra periodistas, recordemos aquella llamada telefónica entre Nacif y el entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, quienes orquestaron las agresiones y tortura que vivió Cacho durante su traslado de Quintana Roo al estado de Puebla.
Nacif se encuentra en la cárcel siguiendo un proceso por asociación delictuosa y proporcionar información falsa a la autoridad.
Sin embargo el ex gobernador Mario Marín sigue libre, sin ningún proceso judicial ni sanción política, tan es así que en estas recientes elecciones, de acuerdo con el periódico Central, varios de sus familiares y allegados fueron operadores políticos en la conflictiva elección poblana.
Ahí estuvieron Blandina y Enrique Marín, hermanos del ex gobernador poblano; sus compadres, Valentín Meneses Rojas y Mario Montero Serrano; algunos ex diputados locales, ex presidentes municipales y ex delegados de las dependencias que encabezó el “gober precioso” de 2005 a 2011. Hasta ahí la justicia no ha llegado y es necesario que su mano alcance a todos.
La impunidad sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia mexicana. Tres presidentes de la República han pasado en estos 13 años de agravios contra Cacho: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y ninguno actuó.
El próximo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su mandato habrá libertad de expresión, el derecho lo tenemos ganado por el simple hecho de ser personas, lo que necesitamos son las condiciones que debe crear el Estado para ejercerla en dignidad.
Como bien dijo la periodista y escritora Lydia Cacho en la conferencia de prensa del pasado jueves, la noticia de la resolución de Comité de Derechos Humanos de la ONU hace que sea “un día para celebrar”.
Para celebrar a cabalidad esta luz de esperanza es necesario que se cierren los resquicios a la impunidad sin importar el cargo que ocupe el agresor.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
Twitter: @lagunes28
Comment here