Lucia Lagunes huerta

Lucia Lagunes huertajunio 25, 2020
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ZONA DE REFLEXIÓN

Por Lucía Lagunes Huerta 

A la mesa del poder con menú completo

 

En estos días me ronda en la memoria la frase de la filósofa Amelia Valcárcel, quien afirma que la igualdad entre los géneros llegará cuando las mujeres puedan cometer los mismos errores que los hombres y no ser insultadas por ello.

Razonamiento brillante que en su simpleza encierra el doble rasero con el que son medidas las mujeres permanentemente.

La exigencia de no cometer errores que se demanda en la vida cotidiana, se vuelve mucho más cruenta cuando las mujeres actúan en el mundo público. Ahí, existe la exigencia de la perfección, en un juego perverso que les demanda el doble esfuerzo para demostrar porque se “ganaron” un lugar, que por derecho les corresponde. Donde el error y el pensamiento propio se paga con la destitución y en muchas ocasiones con el entierro político, situación que no suele ocurrir en la misma proporción que en los hombres.

La salida reciente de las funcionarias Mónica Maccise, Mara Gómez y Asa Cristina Laurel, nos dejan ver que las mujeres están invitadas a la mesa del poder, pero no para ejercerlo a plenitud, no sólo por la exigencia de la perfección, sino por la demanda de sumisión que pesa sobre ellas.

Y no es sólo un problema de este gobierno, es histórico y estructural, el agravante hoy esta en la presunción de la paridad como si el número lo fuera todo y la igualdad plena de las mujeres estuviera ganada.

Las mujeres tienen tres siglos en la exigencia, a través del feminismo, del reconocimiento pleno de la ciudadanía y de la humanidad.

Quieren estar en la mesa del poder con todo el menú completo, siendo ellas mismas, sin tener que estar reprimiéndose para no incomodar, siendo inteligentes, sin ser acusadas de protagónicas, dando su opinión libremente y no sólo cuando se les solicite, defendiendo lo que ellas creen sin ser castigadas por ello.

La ausencia de estas tres funcionarias deja un hueco enorme en el camino a la igualdad que cuando parece estar cerca, se aleja un paso más, por la enorme simulación que se hace en este camino.

No se quiere que se aparente que somos iguales, queremos serlo en toda la amplitud del término. Es decir, queremos ser equivalentemente humanas y gozar de todos los derechos de manera plena.

¿Necesitamos a las mujeres en el poder?

Por supuesto, con todos los derechos, incluso al de equivocarse con la posibilidad de corregir, con libertad de pensamiento y el derecho a disentir.

Las necesitamos en el primer plano, para construir nuevos símbolos, el de la inclusión, la no discriminación y la igualdad.

Necesitamos escuchar a las mujeres todos los días en todos los temas, con voz propia para acostumbrarnos a compartir el espacio público y el privado en igualdad de condiciones.

Para construir un pensamiento más complejo articulando las visiones del mundo que hasta el día de hoy han estado asimétricas.

Claro que necesitamos a las mujeres en el poder, porque la historia nos ha demostrado que son ellas las que suelen impulsar la igualdad para todas y todos.

Qué sería este mundo sin una Rosa Parks quien luchó contra el racismo en Estados Unidos, una Berta Lutz, quien junto con  Eleanor Roosevelt impulsaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos o una Elvia Carrillo Puerto, quien defendió el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.

Todas ellas ejercieron el poder a contra corriente para que todas gocemos del derecho de estar en la mesa del poder con el menú completo.


Lucia Lagunes huertajunio 18, 2020
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ZONA DE REFLEXIÓN

Las Jóvenes

Por Lucía Lagunes Huerta 

 

Cimacnoticias | Lo hemos compartido en otras ocasiones, que los impactos de esta crisis sanitaria no son, ni será igual para todas las personas.

Las desigualdades añejas son las que hacen la diferencia, y las mujeres jóvenes lo padecen, al enfrentar una enorme precariedad y una violencia atroz, que las llevó a pintar de morado la Ciudad de México y muchas otras ciudades del país y del mundo, para gritar “ya basta”.

Entre las prioridades de los gobiernos para la era post COVID, las jóvenes poco pintan y su invisibilización traerá fracasos de las políticas publicas.

Las jóvenes de hoy serán las que enfrentarán durante más tiempo los estragos de la crisis mundial actual que vino agudizar la pandemia sanitaria y son ellas también las que está demandando un nuevo modelo de mundo.

Ellas han estado cargando, a través de la pérdida de derechos, la pobreza de sus países. En México, representan la mitad de la población joven de entre 12 y 29 años que no acceden a la escuela ni al trabajo, cuatro veces más en comparación con los hombres.

Desvanecer estas realidades desiguales haciendo pisos parejos para toda la juventud profundiza las desigualdades. Incluso si ellas son las beneficiarias mayoritarias en los programas sociales del actual gobierno, lo que no implica que la política tenga perspectiva para construir la igualdad de las mujeres y lo saben.

Cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirman que si México reduce la brecha de género, se añadirían mil 100 dólares al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, lo que generaría una mayor igualdad. Por qué no apostarle a ello.

Por más que se quiera convencer que en la frase “primero los pobres” están las mujeres, no es cierto, porque bien saben que lo que no se nombra se oculta de las prioridades.

Para uno de cada 3 hogares que  tiene como cabeza de hogar a  mujeres  entre 15 y 19 años, la pobreza, el desempleo y la desigualdad son la trampa mortal. Para resolverlo además de las becas o subsidios económicos, hay que agregar los elementos necesarios para que esas mujeres accedan a todos sus derechos y tomen sus vidas en sus manos.

Romper con el ciclo de la pobreza no es evitar que mueran de hambre o que sobrevivan a la miseria, como lo administró el PRI por años de gobierno y que dejó el desastre de país que hoy tenemos, al cual le ayudaron los gobiernos panistas.

Se trata de construir la ciudadanía de las mujeres a través de la apropiación de sus Derechos Humanos, de todos los derechos para todas las mujeres.

El ejemplo hay que ponerlo bien desde la federación para que las entidades puedan replicarlo o mejorarlo, especialmente aquellas que concentran el mayor número de mujeres jóvenes. Según el Instituto de la Juventud, en 2014, 8 Entidades Federativas concentraban la mitad de mujeres jóvenes: Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán.

La igualdad de las mujeres además de ser un derecho es apuesta que reditúa en todos los sentidos, humanos, económicos, sociales, culturales, democráticos y de justicia.

No hay que temerle a impulsar la igualdad de las mujeres, aún cuando el jefe no esté de acuerdo. Ese, es un largo camino andado por las feministas que han llegado a los puestos de poder y con las cuales hemos avanzado para llegar donde estamos hoy.

Con muchas de ellas, las feministas abrimos las puertas para lograr la paridad en los gabinetes.

Las jóvenes deben estar presentes en el diseño de las políticas que les atañen, hay que garantizar su presencia de manera plural, transparente y democrática, construir el camino a la igualdad de las mujeres para bien de la humanidad.


Lucia Lagunes huertajunio 11, 2020
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ZONA DE REFLEXIÓN

Por Lucía Lagunes Huerta

La pandemia de la democracia

 

La protesta es una expresión social legítima. Una vía que usa la población para hacerse oír, muestra sus desacuerdos y hacer llegar sus exigencias.

Los gobiernos democráticos usan el diálogo como vía de solución, sin embargo, cuando se recurre a la brutalidad policial y a la criminalización de la protesta, hay que encender los focos rojos porque estamos ante instituciones y gobiernos autoritarios y esa, es la pandemia de la democracia que no hay que dejar pasar.

Nos debe preocupar que en una semana en tres entidades federativas con gobiernos de filiaciones partidarias distintos, se tenga como puntos comunes la brutalidad policial y la criminalización de la protesta. Me refiero a Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo.

Solo para tener en la memoria el recuento de los hechos: en Jalisco la brutalidad policial quito la vida a Giovanni López, lo que llevó a la movilización social que ha sido reprimida en la entidad.

En la Ciudad de México, Mélani Martínez Uribe, adolescente de 16 años fue golpeada por la policías mientras participaba en la movilización que exigía justicia para Giovanni.

En Puerto Morelos, Quintana Roo, una manifestación que defendía el parque principal fue reprimida por la policía con brutalidad.

Vale la pena subrayar, que son las defensoras y feministas quienes más estigma están enfrentando.

La brutalidad policial es uno de los indicios de la pandemia autoritaria en la democracia, el segundo, es la criminalización de la protesta, la cual puede ocurrir antes, durante o después de la represión.

Acusarte de comunista en la década de los sesenta era suficiente para justificar cualquier barbarie. En la actualidad señalarte como anarquista, encapuchada o feminista, se ha colocado como sinónimo de vandalismo y violencia.

Estos señalamientos generan en la sociedad, un rechazo inmediato y la justificación del actuar policial en muchos casos; además, debilita el derecho a la protesta de la sociedad, como parte de su expresión política.

Incluso desde los medios de comunicación se refleja la tendencia de la criminalización de la protesta social, ya sea por mala práctica periodística, por sensacionalismo o por tendencia editorial. Cualquiera que sea la razón, daña.

La responsabilidad debe estar presente en todos lados, por ello, es importante el llamado que hacen desde Jalisco las  500 organizaciones, personas defensoras y académicas sobre nuestro actuar periodístico, para evitar sumar odios en lugar de dotar de elementos que permitan la reflexión de la sociedad.

Especialmente en este país con vergonzosos índices de asesinatos de personas defensoras señalarlas como responsables de la violencia en las movilizaciones, las coloca en alto riesgo.

La criminalización de la protesta también desvía la atención de las demandas centrales, las policías no actúan solas, hay una cadena de mando que debe ser investigada y sancionada, en su caso, por las agresiones cometidas.

La policía es responsabilidad de las y los gobernantes, quienes están obligadas a garantizar el actuar policial apegado a Derechos Humanos y a la ley. No es suficiente rechazar las acciones violentas, sin trasformar el actuar policial de raíz. Con todos los bemoles y las imperfecciones que puede tener, la casa de la democracia debe seguir siendo nuestra y para cuidarla hay que cerrar la puerta al autoritarismo.

Con todos los bemoles y las imperfecciones que puede tener, la casa de la democracia debe seguir siendo nuestra y para cuidarla hay que cerrar la puerta al autoritarismo.


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Por Lucía Lagunes Huerta 

Contar hasta diez

 

Me pregunto a quién se le ocurrió que sería buena idea revivir la campaña de televisa de la década de los 80 para responder, en el siglo XXI, a las exigencias de las ciudadanas para eliminar la violencia contra las mujeres.

Me refiero a la campaña presentada, recientemente, por el titular de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, titulada “Cuenta hasta diez”, la cual, inevitablemente evoca al emporio de Televisa, creador de la campaña en los años 80, con el mismo nombre y las mismas escenas.

 

Imagen tomada de la Campaña Cuenta hasta 10

Es aún más lamentablemente que esta campaña este respaldada por funcionarias cuyo mandato es cumplir con la Ley para promover y proteger los Derechos Humanos de las mujeres y erradicar las violencias contra ellas a lo largo de su ciclo de vida.

Pese a que han pasado varias décadas en las cuales se han desarrollado investigaciones científicas que demuestran que las violencias en las familias se deben a la desigualdad y no al carácter, desde comunicación social de presidencia deciden ignorarlas.

Hay que decir que esta campaña no está dirigida a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, aunque se presentó en ese marco, sino a lo que suele llamarse violencia familiar, por ello llama a respirar hondo y contar hasta diez, cuando se está a punto de estallar.

Hasta en eso la campaña es un agravio, pues desdibuja la violencia contra niñas y mujeres y muestra a éstas últimas como agresoras, además que sus mensajes son confusos y contradictorios.

Confunden estrés y violencia. El primero es un estado físico y emocional, y la segunda, está basada en el abuso de poder, el cual no se detiene contando diez ni un millón. Para hacerlo se requiere eliminar la raíz, es decir, la desigualdad, la permisividad social y la injusticia. Elementos que en ningún momento la campaña aborda.

Por ejemplo, el día de ayer en Twitter se exhibió una escena donde el notario 102, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, violenta a su esposa, en plena vía pública, por lo menos dos hombres más contemplan la escena, sin intervenir.

Esto es violencia y no estrés. El notario abusa de su poder masculino incrementado por su profesión, por ser dueño de la casa y por contar con dos testigos que miran lo que él hace sin sancionarlo, sino por el contrario, su inacción lo respalda. Les puedo asegurar que al notario no le importa contar hasta diez.

Las contradicciones en los mensajes desde la presidencia son más complejas. Primero nos dijeron que no había subido la violencia contra las mujeres y niñas en el confinamiento, porque aquí en México teníamos familias fraternas que en otros países ni soñarlo.

Después nos aseguraron que el aumento de llamadas de auxilio en el 911, no eran para tanto, pues el 90 por ciento eran falsas.

El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Luis García López Guerrero, aseguró a Cimacnoticias que por ahora no puede determinarse si son llamadas falsas ya que esa información aún no se analiza.

Me pregunto, si las familias mexicanas son tan maravillosas y las llamadas de auxilio no son tantas, para qué hacer una campaña que busca detener agresiones en ellas.


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Por Lucía Lagunes Huerta 

El día después

 

Cómo será el día después del anuncio oficial del regreso a la nueva normalidad. Hasta ahora todo se ha concentrado en las medidas sanitarias, en los metros de distancia que tendremos que guardar en los centros laborales, los horarios escalonados, el uso de cubrebocas como un accesorio más, etcétera. Sin duda, todas medidas importantes.

De lo que no se ha hablado es lo que dejó al desnudo esta pandemia, como es la desigualdad y la violencia, a esa “normalidad” tendríamos que darle la vuelta, transformarla, como si de verdad hubiéramos aprendido.

En días pasados leía a la escritora inglesa Premio Nobel de literatura 2007, Doris Lessing, sobre lo mucho que sabemos sobre la humanidad y lo poco que utilizamos ese conocimiento para vivir mejor.

Pensando en ello, me parece que el día después del regreso a la nueva normalidad, debe incluir la transformación profunda de esta humanidad que ha crecido en la desigualdad, en las posiciones individualistas y en el uso de la violencia para el sometimiento.

De todas ellas tenemos información a manos llenas que no se ha utilizado para transformar esta situación.

Sabemos que la desigualdad creció en las últimas 2 décadas gracias a las malas decisiones gubernamentales que prefirieron beneficiar a unos cuantos por encima de las inmensas mayorías, tenemos cantidad de investigaciones sobre el tema y sólo para hacer referencia a una, se puede consultar el informe de Naciones Unidas sobre la desigualdad que presentó a principios de este año.

Sabemos que una de las desigualdades más añejas y menos atendida ha sido la de las mujeres, desigualdad en la valoración social, económica, cultural, política, desigualdad en el acceso y goce pleno de todos los Derechos Humanos y mientras ésta no se modifique ningún cambio será completo, y lo ganado a lo largo de los años está en riesgo de perderse por falta de prioridad gubernamental.

Sabemos que existe la violencia contra las mujeres como una expresión brutal de esas desigualdades, y que esa misma violencia es utilizada para conservar el privilegio del poder y de la sobre representación para una minoría masculina.

Si nos apreciamos como humanidad y realmente queremos salir de esta pandemia con lecciones aprendidas, esto debe de ser transformado ya en la nueva normalidad.

Desdeñarlo, dejarlo a un lado e incluso tratar de ocultarlo en los planes para el retorno a la movilidad social, nos confirmará que por más conocimiento que hemos acumulado como humanidad no hemos sido capaces de ponerlo en práctica para dar un salto evolutivo, el más importante de este nuevo siglo.

La desigualdad ha sido el gran lastre en la historia humana, es tiempo ya que la información acumulada por milenios sobre los estragos de estas desigualdades queden en el pasado, para que el legado que dejemos a las próximas generaciones sea más de lecciones aprendidas que nos llevaron a la transformación, que de fracasos soberbios que nos regresaron al mismo camino pantanoso de los privilegios para unos cuantos.


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Por Lucía Lagunes Huerta

¿De qué familia hablamos?

 

Cimacnoticias | La respuesta presidencial dada sobre la violencia contra las mujeres en México a raíz del confinamiento, dejó ver su desinformación, por un lado, y sus profundas convicciones desde las cuales gobierna, entre ellas el modelo tradicional de familia jerárquica y una idea romántica de ella.

De acuerdo con el presidente, la violencia contra las mujeres en confinamiento no ha crecido, cosa que no es real de acuerdo con reportes oficiales, según la visión presidencial no ha crecido la violencia porque las familias mexicanas son solidarias y fraternas, producto de una cultura milenaria.

Él está convencido que así son las familias mexicanas, por eso las llama patrimonio de México que hay que conservar. El problema, radica, que, al romantizar la familia mexicana, desde la visión tradicional, le impide mirar y analizar las otras realidades.

Ciertamente hay familias solidarias y amorosas que desde la igualdad están construyendo otras realidades, pero por desgracia son las menos y no están exentas de resabios de desigualdad.  No hay familias perfectas.

La familia como institución a la que se refiere el presidente es aquella tradicional que mantiene un orden jerárquico, donde hay jefes de familia, que dictan órdenes, y no acuerdos familiares que parten del consenso y el diálogo. Donde los hombres tienen un papel “más desprendido de los cuidados” y las mujeres tienen lo opuesto, es decir, un apego al cuidado, por eso asegura Andrés Manuel son ellas las que cuidan a los viejitos.

No es que unos sean desprendidos y otras cuidadoras natas, lo que hay es una división desigual de las tareas y las responsabilidades dentro y fuera de las casas, que por siglos se ha idealizado como naturales de los hombres y las mujeres y de esa naturalización está convencido el presidente.

El modelo tradicional de familia, es el núcleo primario de la reproducción de las desigualdades y abusos en todos los ámbitos, y es también, el primer núcleo que castiga a quienes buscan romper con este modelo tradicional.

Hoy en día los hombres que niegan su masculinidad tradicional heterosexual, que son gay, son corridos de sus casas, orillados a la mendicidad y la prostitución. Pensemos en nuestra historia, cuando las hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio eran estigmatizados como bastardos sin derechos.

Cambiar esta visión discriminatoria nos ha llevado años a la sociedad mexicana, especialmente empujada desde las feministas que proponemos crear familias y sociedades basadas en la igualdad, la justicia y el afecto.

Por ello desde el feminismo se han aportado otros datos, para evidenciar que dentro de las tres sílabas que conforman la palabra familia, se encierran los mayores abusos contra las personas con menos jerarquía familiar y social, es decir, las mujeres, la infancia, las personas adultas mayores y las personas con alguna discapacidad.

La preocupación, es que esta visión presidencial impide gobernar desde la igualdad y la diversidad, pues no le permite ver lo que sus propias instituciones están evidenciando y que no concuerda en muchas ocasiones con su versión de la realidad.

De acuerdo con los datos oficiales que se tienen en nuestro país, desde que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia se registraron 19 mil 602 agresiones contra las mujeres en el país, se denunciaron 490 agresiones dentro de la familia, es decir, 20 agresiones cada hora, una cada tres minutos.

Dónde está la solidaridad, la fraternidad familiar, de la que habla el presidente con estas realidades.

Hace unos años se publicó una investigación sobre la violencia contra niñas y niños dentro de los hogares, se llamó “Detrás de la puerta que estamos educando”, el libro nos revelaba el maltrato físico que viven niñas y niños a manos de sus padres. Madres y tutores, quienes están convencidos que un golpe a tiempo educa, y ciertamente lo hace, educa en la violencia y la imposición, la misma que hoy nos tiene al tope en nuestro país.

Ciertamente muchos hogares se han hecho cargo de sus personas mayores, muchas veces más por interés que por amor. Datos dados a conocer en 2017 reportaron que 90 por ciento de los casos de maltrato contra esta población, denunciados ante la procuraduría capitalina, tenía como agresor a sus hijos.

Conservar desde la presidencia la idea de familia tradicional, condena a todas las personas a una política que profundizará las desigualdades, el abuso y la violencia.


Lucia Lagunes huertaabril 23, 2020
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Lo que menos se necesita son cínicos

Por Lucía Lagunes Huerta

Cimacnoticias | Como si no fuera poco la pandemia sanitaria y la crisis económica, que nos está sacudiendo, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aprovechando esta situación, sorpresivamente restauró el 15 de abril a los jueces que permitieron el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón.

Abril Sagaón, no debió ser asesinada como ninguna de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. El crimen ocurrió después que los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, desestimaran la violencia vivida por Abril y dejaron en libertad a Juan Carlos García, su ex pareja, quien había sido denunciado por violencia.

Recordaremos la enorme indignación que generó este feminicidio, sobre todo por la negligencia y posible complicidad de los jueces, quienes desestimaron la denuncia de Abril Sagaón por violencia e intento de feminicidio para reclasificar el delito y dejar a Juan Carlos en libertad.

La reinstalación de los jueces manda un pésimo mensaje a la ciudadanía y en especial a las mujeres, quienes han estado exigiendo justicia para ellas y castigo a sus agresores, uno de los ejes nodales de la gran manifestación del 8 de marzo.

En estos momentos de tremenda crisis lo menos que se necesitan son cínicos que simulen hacer cumplir la ley y procurar justicia.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, responsable de vigilar la actuación de los jueces, manda la señal que la mala actuación de los juzgadores es perdonada cuando se trata de la vida de las mujeres, y esto no puede ser posible cuando la impunidad es el gran lastre de México.

No hay que olvidar que el Juez de control Federico Mosco González, consideró que Juan Carlos no intentó matar a Abril, pese a golpearla con un bat, mientras ella dormía, hasta fracturarle el cráneo, por lo que reclasifico a lesiones y violencia familiar, por eso liberó al ex marido.

De acuerdo con organizaciones feministas este mismo juez en septiembre pasado liberó a un violador serial que operaba en la Ciudad de México y que estaba relacionado con al menos cuatro ataques sexuales.

Sin embargo, con los pésimos antecedentes, resulta que el 15 de abril fueron restituidos estos jueces bajo el argumento de la necesidad de equilibrar la carga de trabajo.

Traer nuevamente a dos jueces misóginos en plena pandemia cuando se han incrementado las denuncias de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas hasta en un 60 por ciento, resulta una violencia más contra las mujeres pero desde la institución.

No hay pretexto que valgan ni pandemia que tolere la falta de criterio de la autoridad para poner en manos de los cómplices a las víctimas, de maridos o parejas potencialmente feminicidas.

Las organizaciones feministas ya han llamado a la Judicatura a rectificar esta vergonzosa acción. El llamado se le hace al Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Consejo de la Judicatura y quien en noviembre suspendiera a estos jueces para que fueran investigados.

Lo menos que se puede esperar es congruencia del presidente y enmendar el error del tribunal, retirando nuevamente a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, hasta que no concluya la investigación que se les sigue para determinar lo que corresponda, como él mismo se comprometió.

Lo que se necesitas son jueces que protejan los derechos de las víctimas y sancionen a sus agresores.

 


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Por Lucía Lagunes Huerta

Desaparecer en tiempos de COVID-19

Cimacnoticias | En estos días hemos visto desvanecerse a 64 millones de personas mexicanas que comparten condiciones similares. Ellas fueron borradas de las respuestas a la emergencia sanitaria y económica en plena crisis de COVID-19.

Su invisibilidad no es responsabilidad de ellas, sino de quienes no las quieres ver ni oír, es decir, de quien las ignora, aunque tiene la responsabilidad de escucharlas.

Desde que se anunció el primer caso de Coronavirus en México y se empezó a proyectar la dimensión de esta crisis sanitaria y sus impactos económicos, iniciaron las señales para que estos 64 millones de personas fueran tomadas en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de guiar este país.

Estas señales no son súplicas desvalidas, sino llamados desde la fuerza de la ciudadanía. Ellas, las mujeres, han señalado que en esta pandemia las cosas no son iguales para todas las personas, porque las condiciones de desigualdad marcan la diferencia.

Por lo tanto, los efectos de la crisis económica tampoco serán parejos, y esto ya se había señalado, pero no fueron escuchadas. Las desigualdades que enfrentan ellas son muy fáciles de ver. En materia laboral las puedes encontrar en los empleos precarios, temporales y sin seguridad social.

Si dejaran de ignorar a las mujeres, sabríamos cuántas de ellas han perdido sus empleos en estos 22 días de pandemia, saberlo ayudaría a darles una respuesta acorde a sus necesidades.

En 22 días, según la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se perdieron 346 mil 878 puestos de trabajo, es decir, 15 mil 767 desempleos cada día en cuatro rubros principalmente: construcción, transporte, comunicaciones y servicios, este último concentra el mayor número de mujeres empleadas en nuestro país.

Verlas implicaría darles alternativas al 45 por ciento de las empresas mexicanas de un solo propietario dirigidas por mujeres.

Se suele decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, y por desgracia esta es la realidad que desde Palacio Nacional se está viviendo.

Entre las 64 millones de mujeres que no son vistas ni oídas, se encuentran intelectuales, analistas, que tienen otros datos para contrastar con la versión oficial y poder construir las alternativas que la población necesita con urgencia.

Se ha demostrado que la desigualdad es ineficiente, que mantenerla lleva a gastar más recursos y frena el desarrollo de las naciones. Y una de las peores desigualdades es la que enfrentan las mujeres, de clase, etnia, discapacidad, entre otras más que se suman y se potencian.

El ignorar las necesidades de las mujeres no quiere decir que se desaparecen, como tampoco lo hace la violencia contra ellas, que como advertimos en época de pandemia crecería, y así fue.

Invisibilizar la desigualdad de las mujeres sólo generará que crezca y que cuando se grite lo logramos, las mujeres no gritarán porque para ellas la realidad será distinta, pues el haberlas ignorado profundizará la precariedad en la que ya viven.


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Por Lucía Lagunes Huerta

Un golpe de realidad

Cimacnoticias | Cuando parece que nada puede estar peor, la realidad nos golpea la cara. Así es como se siente el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, asesinada el pasado 30 de marzo en el municipio de Papantla, Veracruz.

Ante la emergencia nacional y mundial que enfrentamos por la pandemia, se nos había olvidado que vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Desde el primero de diciembre de 2018 y hasta el 15 de marzo de 2020 habían ocurrido 196 atentados contra las periodistas y dos casos de feminicidio de reporteras Norma Sarabia Zarduza (Tabasco) y Mara Elizabeth Mares de la O (Aguascalientes).

Las dimensiones de la crisis de salud y económica, habían opacado esta realidad, la cual supera ya lo ocurrido durante el sexenio del Felipe Calderón.

El crimen de María Elena movilizó rápidamente a las y los periodistas de Veracruz y del país, hartos de los atentados y crímenes que ocurren en lo que hasta el día de hoy sigue siendo la entidad más mortífera para las periodistas.

La exigencia de justicia y alto a los atentados contra periodistas vino de todos lados, tanto nacional como internacional. Hay que recordar que tras  el feminicidio de la corresponsal del diario de Xalapa y fundadora del portar digital Quinto Poder, existe una historia de atentados de personajes poderosos del estado de Veracruz, desde 2016 por el trabajo que realizaba, María Elena había sido intimidada y amenazada en varias ocasiones.

Lo que nos recuerda este terrible crimen es que las fuerzas políticas que se sienten amenazadas por la tarea periodística independiente siguen vivas en la entidad.

18 días antes del crimen de la reportera María Elena Ferral, se habían registrado en el municipio dos atentados hacia otras compañeras periodistas, uno de ellos con arma blanca en contra de Mireya Ulloa Valencia, de “La Opinión de Poza Rica”; y otro contra Tita Serrano Pérez, directora del periódico “Cuarto Poder”, en Poza Rica, Veracruz. Esto no puede ser coincidencia.

Se pensó que con el fin del gobierno de Duarte se acabaría en Veracruz la persecución y hostigamiento contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sin embargo, vemos que más allá de quién ocupa la gubernatura en la entidad, hay otros intereses que trascienden.

Más allá de buenas voluntades que pudieran existir, lo cierto es que esta realidad de violencia contra el gremio es un mal que sigue latente en nuestro país, que evidencia la debilidad de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, que hoy además de contar con muchas más personas bajo su cobijo, sigue siendo reactivo y lejos está de contar con estrategias de prevención, pues para ello, necesita un respaldo político que no tiene.

Ejemplo de ello, es la nula presencia del Subsecretario de Derechos Humanos en las juntas de gobierno del Mecanismo, las únicas veces que estuvo presente fue cuando se presentó como subsecretario y después cuando presentó al actual titular del Mecanismo.

A esto se suma la poca acción de la justicia para sancionar los atentados y crímenes contra periodistas, la negativa permanente de la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, para atraer los casos e investigarlos.

El crimen de la periodista María Elena Ferral debe ser investigado diligentemente, siguiendo como línea principal su trabajo periodístico y bajo una perspectiva de género, con la guía del protocolo de investigación homologado con el que cuenta la FEADLE.

Si bien la emergencia nacional de la pandemia del COVID-19 se coloca en el primer plano hoy en día, debemos tener cuidado para no perder de vista las otras pandemias que laceran a nuestro país como son los atentados a la libertad de expresión y a la labor periodística. Tenerlos presentes ayuda a evitar los excesos autoritarios que han ocurrido en otros países, bajo el pretexto del COVID -19.

Aunque parece que el mundo se detuvo, estos golpes de realidad nos recuerdan que hay situaciones que no se han detenido ni que desaparecerán mágicamente y uno de ellos es generar las condiciones democráticas para que el periodismo crítico siga viviendo en libertad y seguridad.


Lucia Lagunes huertamarzo 26, 2020
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Por Lucía Lagunes Huerta

La desigualdad, quinto jinete del apocalipsis

Cimacnoticias | Es frecuente creer que en las pandemias todo el mundo la pasa igual, que la posibilidad de contagio al igual que la de prevención, son parejos para todas las personas y que los efectos económicos posteriores nos pegan igual. Pero esto es un mito, ni en México ni en ningún lugar del mundo los efectos de una pandemia como la que actualmente vivimos se enfrenta igual, todo depende del grado de desigualdad en el que te encuentras.

En los últimos días de enero, el departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU dio a conocer el Informe sobre la desigualdad mundial y alertó lo que esto implica para el desarrollo sostenible de la humanidad.

Un de las razones de la profundización de las desigualdades, señala Marta Roig, autora del informe, son ni más ni menos, las políticas de los gobiernos que han privilegiado a los ricos.

Más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido y forma parte de los 170 países afectados por el COVID-19, para esta población las posibilidades de infección, prevención y las consecuencias económicas, se están profundizando, y de entre ellos, las mujeres, por las desigualdades que viven, son las más afectadas.

Quiénes pueden pagar en México 14 mil pesos por una prueba de COVID-19, cuando 4 de cada 100 personas trabajadoras logra ingresos de 15 mil 429 pesos mensuales, en tanto que en las mujeres 4 de 100 ocupadas gana 13 mil 255 pesos al mes.

La mitigación de los efectos de la pandemia, tanto de salud como económicos, dependerá de las políticas que los gobiernos asuman, especialmente para no ahondar las desigualdades que de por sí ya enfrentan las mujeres.

Por ejemplo, todas las personas que trabajan en la compañía ALSEA (dueña de Starbucks, Vips, Chilis, Burger King entre otros) que opera cerca de 4 mil 500 unidades y cuenta con más de 85 mil colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay, de acuerdo con su propio portal, difícilmente sobrevivirán este confinamiento sin sueldo, como lo anunció la multinacional.

Cuántas de estas 85 mil personas colaboradoras de ALSEA son mujeres, cuántas de ellas son el principal sustento de su familia.

En México hay por lo menos 4 millones de mujeres sin servicios médicos, 15.3 millones de mujeres en el comercio ambulante y 2.3 millones de empleadas del hogar.

Para todas ellas la pandemia del COVID-19 no significa lo mismo. A su desigualdad se prevé se sume mayor pobreza, por la simple razón de no contar con los mínimos para prevenirla, enfrentarla y sobrevivirla.

Ellas rebasan por mucho el anuncio presidencial de créditos para un millón de pequeños comercios.

El no verlas, ni oírlas las aleja de las políticas que se están diseñando, sin tomarlas en cuenta. Aquí la ausencia de las instituciones responsables de la igualdad femenina, que, por lo que se ve, tienen cero injerencia en la política nacional, serán corresponsable de profundizar las desigualdades de las mujeres.

Mantener la desigualdad para que uno por ciento más rico de la población tenga más dinero, es criminal.

Cuando 5.1 millones de hogares mexicanos no tienen red hídrica, la recomendación de lavarse las manos, queda en buenos deseos.

Como dice la economista Carmen Ponce “la desigualdad marca la vida del país y de sus agentes económico-sociales. No es lo mismo lavarse las manos (prioridad número uno), en la colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez (CDMX), que lavarse las manos en Huajuapan de León, Oaxaca, o en un municipio de la Sierra de Guerrero” o en Iztapalapa, agregó.

Tampoco es fácil confinarse, recomendación en fase 2 de Covid-19, cuando la pobreza es tu realidad, como lo es para 52.4 millones de nuestra población mexicana, que representa 41.9 por ciento del total, la mayoría mujeres.

Si estas asimetrías son obviadas despertaremos ante el quinto jinete del apocalipsis: la desigualdad de género, que habrá cortada la cabeza al desarrollo sostenible de la humanidad.



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