Lucia Lagunes huerta

Lucia Lagunes huertaoctubre 28, 2019
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4min840

Zona de Reflexión

Por Lucía Lagunes Huerta

Mujeres en Plural, una década sorora

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.-  Se suele mentir diciendo que las mujeres juntas ni difuntas. Este mito que se repite desde hace décadas, busca impedir la alianza entre las mujeres, sin embargo, la realidad supera al mito.

Para ejemplo de las alianzas que construyen las mujeres está precisamente la Red de Mujeres en Plural, que conmemora una década de existencia.

Esta Red Mexicana de mujeres políticas que han puesto por encima del interés particular y partidario los derechos políticos de la población femenina, inició en el año 2009 con un propósito muy claro, lograr la paridad. Y déjenme decirles que lo ha cumplido.

Quienes crearon esta Red, lo hicieron desde el sentido más estricto de la sororidad que plantea Marcela Lagarde, desde el potencial y la fuerza política que da estar juntas con objetivos claros.

La unión de mujeres políticas, académicas, ex magistradas, periodistas y militantes de partidos políticos diversos, integradas en la Red, trastoca el pilar patriarcal que prohíbe la alianza de las mujeres y permite enfrentar la enemistad genérica, que patriarcalmente estimula entre mujeres la competencia, la descalificación y el daño.

Esta integración de las plurales que conforman la Red ha colocado los mejores saberes a favor de todos los derechos políticos de las mujeres, desde las reformas legales tanto en la constitución como en las leyes electorales, ya sea desde el Congreso de la Unión o desde los tribunales.

Vale la pena recordar que integrantes de esta Red encabezaron el juicio ante el tribunal electoral en el año 2011, para evitar que los partidos políticos escamotearan la ley y dejaran de cumplir con la paridad que les mandataba.

La sentencia histórica que resguarda el derecho de las mujeres a participar en la vida política a través de los partidos en igualdad de condiciones y garantizando la paridad, se conoce como 2624.

Como esta ha habido otras iniciativas locales que alejan las tentaciones autoritarias de los partidos y sus liderazgos masculinos tradicionales, que buscan mantener el monopolio del poder en unas cuantas manos de hombres.

La Red de Mujeres en Plural se mantiene alerta permanentemente para evitar posibles retrocesos a lo ganado en esta década de su existencia, la cual llega hasta la reforma constitucional para garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, así como en todo el poder ejecutivo y judicial e instancias autónomas.

Este lunes en el Senado de la República celebraron la primera década de existencia de Mujeres en Plural y las mexicanas junto con ellas celebramos 10 años de avances en nuestros derechos políticos y en la concreción de lo que hace más de un siglo las primeras sufragistas soñaron.


Lucia Lagunes huertaseptiembre 12, 2019
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6min440

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Lucía Lagunes Huerta

Cimacnoticias | Ciudad de México.- El día de ayer, la diputada morenista Lorena Villavicencio presentó ante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil, la propuesta de hacer un pacto con el presidente. De lograrlo, sería no sólo un triunfo político, sino la quinta transformación.

Pactar, bajo la política feminista, implica colocar en el centro del pacto la vida y la libertad de las mujeres y reconocer, sin cortapisas, la validez del movimiento feminista como interlocutor.

La diputada Villavicencio propuso el pacto en el pleno de la asamblea, frente a representantes de 130 organizaciones y legisladoras federales del PRI, PAN, PRD y Morena, así como algunas legisladoras locales.

El “Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres Mexicanas” propuesto por la legisladora, busca construir un pacto social que impulse un nuevo modelo de desarrollo humano en el que las personas y sus Derechos Humanos sean el centro de las acciones.

Este llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de la “preocupación por el crecimiento de las distintas formas y manifestaciones de violencia hacia las niñas y las mujeres dentro y fuera de sus hogares, teniendo como consecuencia un panorama desalentador con alta incidencia, impunidad y un limitado apoyo a las víctimas.

Incluye seis apartados para garantizar a las mujeres y niñas el pleno goce de sus Derechos Humanos.

El primer rubro titulado “Primero las pobres” (siguiendo la lógica presidencial) coloca en el centro a las más pobres de entre los pobres: las mujeres; y se centra en indígenas y rurales y en la etiquetación para las dependencias para erradicar el analfabetismo femenino y garantizar que todas las mujeres accedan a la salud sexual y reproductiva, entre otras siete acciones.

El segundo apartado, nombrado “Madres trabajadoras”, incluye el seguro de desempleo para jefas de familia; el tercero “Empleo digno para las Mujeres, autonomía económica” (prioridad del Instituto Nacional de las Mujeres); cuarto “Niñas y niños nuestra prioridad”; quinto “Por la vida y la seguridad de las niñas y las mujeres” y sexto “Contra la corrupción y por la rendición de cuentas, todos los recursos deben ser vigilados y auditados”.

De acuerdo con la legisladora Villavicencio, de los 28 millones de mujeres que se encuentran en el mercado laboral 21 está en la informalidad, con toda la precariedad que eso significa. Un dato que para la transformación que se quiere hacer, debe tomarse en serio.

En la era de la paridad es un gran esfuerzo de las legisladoras construir una agenda que las una y aglutine y con las organizaciones sociales, pues en este encuentro las ausencias de las presidentas de las comisiones de igualdad tanto en el senado como en la cámara se dejaron sentir, especialmente porque la convocante es de su mismo partido.

Las senadoras y diputadas presentes insistieron a lo largo de sus discursos en que la era de la paridad demanda la transformación de la condición de desigualdad de las mujeres.

Hay que recordar que las mujeres en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018 representaron 51.8 por ciento de la Lista Nominal Electoral, es decir, casi cuatro puntos porcentuales más que hombres inscritos en la INE.

El pacto busca revertir no sólo la indiferencia que muestra el Ejecutivo por los Derechos Humanos de las mujeres sino transformar la lógica de la política presidencial para colocar en el centro la vida de las mujeres, su dignidad y su libertad. Prioridad que tiene que ser reflejada en el Presupuesto Federal, en las acciones de gobierno y en las políticas de Estado.

Las mujeres asistentes al encuentro decidieron aceptar el pacto. Lo que nadie explicó y tampoco se preguntó, son los causes que se llevarán para presentarle al Presidente el Pacto e iniciar con él un diálogo que le permita aceptarlo. En tanto esto no suceda, quedará en el registro de los eventos realizados en la cámara de diputadas y nada más.

Las que buscan pactar no son empresarias, ni tienen contratos millonarios que obliguen al Ejecutivo a sentarse a negociar, son mujeres del «pueblo», como el presidente llama a la ciudadanía.

Veremos si en Palacio Nacional deciden ir más allá y concretar la quinta transformación para incluir en el desarrollo de México a 61 millones de ciudadanas que hoy no tienen garantizados plenamente sus derechos.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

 

Twitter: @lagunes28


Lucia Lagunes huertaseptiembre 3, 2019
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6min340
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Ciudad de México.- No es secreto que los Derechos Humanos de las mujeres no son prioridad para el gobierno de la cuarta transformación, que incluso cree que la lucha feminista es conservadora. En congruencia con su pensamiento, en su primer informe de Gobierno ignoró a 61 millones de mexicanas. De lo que no se ha percatado es de la imposibilidad de transformar a México sin eliminar la desigualdad de la mitad del país.

En plena era de la paridad, con el mayor número de mujeres en el gabinete y en la vida política mexicana, el énfasis presidencial, fue seguir alimentando la tranquilidad de los sectores empresariales nacionales e internacionales, por ello es que el día de ayer le dedicó casi la mitad de su discurso para hablar de los resultados económicos de sus acciones en estos primeros nueve meses.

Pese, a que reconoció que México vive una grave crisis de Derechos Humanos, heredada de los gobiernos panistas y priistas, dejó sin perfilar la política que su gobierno seguirá en este sentido.

Más allá de mencionar que no se permitirá la violación de los Derechos Humanos, de la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país y el número de personas defensoras y periodistas protegidas; la agenda de Derechos Humanos y especialmente de los derechos de las mujeres es inexistente, por desgracia, en este gobierno.

Casos concretos como Ayotzinapa y Pasta de Conchos, fueron los únicos mencionados. Nada de las nueve mujeres asesinadas cada día en México por el simple hecho de ser mujeres, ni una palabra de cómo erradicará su gobierno la violencia contra 61 millones de mexicanas, tampoco aclaró la situación de los Refugios para las mujeres, sus hijas e hijos y si el próximo año contarán con recursos o no.

Tampoco clarificó el presidente López Obrador, si el recurso que está dando a las familias en lugar de las estancias infantiles, realmente está siendo utilizado para que las niñas y niños sean cuidados con un programa de desarrollo infantil.

Si no se incluye realmente a la mitad de la población, que somos las mujeres, no hay transformación posible, ni desarrollo de país.

La desigualdad que enfrentan las mujeres es un lastre para cualquier política y proyecto de nación. En México, una tercera parte de los hogares están encabezados por mujeres, quienes enfrentan condiciones graves de pobreza, 32 de cada 100 mujeres vive con un ingreso inferior a la línea de pobreza, ha señalado CONEVAL.

Por ello, habría que cambiar la frase a PRIMERO LAS POBRES. Pues, la pobreza aleja a las mujeres jóvenes de la posibilidad de seguir estudiando, la falta de oportunidades para el desarrollo personal de las adolescentes y el incremento de embarazos a temprana edad, les impide concluir sus estudios y por lo tanto los empleos a los que pueden aspirar son precarios y deficientes.

Más allá de la Guardia Nacional que es en sí mismo un contrasentido, si no se quiere usar la violencia para acabar con la violencia. Sí realmente se quiere pacificar a este país, hay que empezar a desterrar la normalización de la violencia más antigua, hablo de la que se ejerce para someter a las mujeres y las niñas.

Construir un país de paz, donde la ciudadanía sea feliz, feliz, implica poner en el centro de la política a las personas, reconociendo su diversidad y las condiciones de desigualdad que enfrentan para poder transformarla.

Al margen de la ley NADA, por encima de la ley NADIE, reiteró ayer el presidente, si esta es su convicción, la igualdad para mujeres y niñas y la protección de sus Derechos Humanos que marca la Constitución, así como diversas leyes secundarias y tratados internacionales firmados por México tienen que contar ya con una ruta definida para hacerlas realidad.

Ignorar la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres en México, traerá como resultado que la transformación que tanto se pregona y que el actual presidente prometió, se vea limitada e incompleta en sus alcances.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertajulio 24, 2019
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6min340

Zona de Reflexión

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Quiénes están detrás de la nueva agresión contra la periodista y defensora Lydia Cacho Ribeiro, quiénes están intentando silenciarla, nuevamente, a través de la violencia y porqué, son las respuestas que deben dar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

No hay que ir muy lejos, sino mirar hacia un ex gobernador poblano, hoy prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión librada en su contra en el pasado mes de abril. Hay que tener memoria para recordar que el secuestro y tortura que vivió la periodista Lydia Cacho hace 14 años fue orquestado y ejecutado por las autoridades poblanas en complicidad con el empresario Kamel Nacif, también prófugo.

En abril pasado, un mandamiento judicial emitido por el primer tribunal unitario del vigésimoséptimo circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, de Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, en 2005.

Ellos, entre otras autoridades y empresarios, orquestaron la detención de la periodista en diciembre de 2005, tras ser acusada de los delitos de difamación y calumnias, luego de que fue señalada por Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla, tras la publicación del libro “Los demonios del edén”, en el que Lydia documentó las redes de pederastia y pornografía infantil en la que participaban.

Hagamos memoria para entender que esta nueva agresión cometida contra ella, en su domicilio particular, sitio sagrado para Lydia, donde ingresaron para robar la información que ella tiene sobre sus investigaciones periodísticas de agresiones sexuales y las organizaciones criminales de trata infantil, son parte de una cadena de violencia en su contra desde hace 14 años. Una cadena que ha sido intermitente y constante, con altos costos para ella y su familia.

En diciembre pasado cuando se detuvo a Alejandro Rocha, agente ministerial de Puebla, quien participó en la detención y traslado terrestre de la periodista a lo largo de mil 500 kilómetros, la integridad de Lydia Cacho nuevamente se vio en peligro, las autoridades de la FGR lo sabían. Entonces ella aseguró que la construcción de un Estado de derecho será la verdadera transformación de este país.

Ese Estado de derecho es el que debe actuar ahora para garantizar la vida e integridad de Lydia Cacho y su familia, como la de todas y todos los periodistas que siguen bajo las agresiones de autoridades caciquiles, el gobierno actual está obligado hacer cumplir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los Derechos Humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

¿Qué dejaron de hacer esas autoridades que permitieron la nueva agresión contra Lydia? Un “puñado de hombres cobardes que quieren destruir este país” y “que están huyendo de la ley” no pueden estar por encima de un país.

La impunidad es la puerta abierta a la repetición, lo dijeron desde 2010 los relatores de Naciones Unidas. Es esa impunidad la que ha permitido que durante 14 años Lydia Cacho sea violentada una y otra vez, por la omisión, inacción o complicidad de las autoridades.

Es la misma impunidad que ha asesinado a periodistas y personas defensoras, la que permite el hostigamiento del Ejército a las casas de migrantes como lo ocurrido en la Casa del Migrante de Saltillo.

Quienes están detrás de la nueva agresión contra Lydia Cacho son los mismos que la detuvieron el 16 de diciembre de 2005, la trasladaron durante 20 horas en carretera, la torturaron física y psicológicamente, abusando de su poder formal y de facto.

Ellos están ahora prófugos pero sus redes están aquí vivas, actuando en la sombra y hay que romperlas.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28


Lucia Lagunes huertamarzo 11, 2019

8min280

Zona de Reflexión

Por Lucía Lagunes Huerta

100 días. Primero la corrupción y luego los Derechos Humanos

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Si alguna duda había sobre las fobias del presidente de México a los movimientos sociales como el feminista, el de Derechos Humanos, ya fue despejada el pasado viernes 8 de marzo. Desde la óptica de jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, estos movimientos son responsables de haber mantenido el Status Quo encarnado en la mafia del poder.

Su discurso del pasado Día Internacional de la Mujer, cayó como balde de agua fría a más de una feminista, de las 300 citadas a la reunión de “Mujeres Transformando México”. Los mensajes enviados por las autoridades que precedieron al jefe del Ejecutivo quedaron atrás después de 30 minutos de discurso de Andrés Manuel.

La duda sobre por qué el señalamiento constante del presidente  hacia las organizaciones de la sociedad civil, de ser parte del conservadurismo, se despejó cuando al hablar de la política neoliberal se refirió al movimiento social, quien, aseguró Andrés Manuel, “convirtió la política en un asunto gremial, que fraccionó”.

Desde la visión del mandatario “para mantener al régimen opresor se empezaron a hablar de las nuevas políticas públicas. Se polarizó mucho, se fraccionó, se convirtió la política en un asunto gremial. Y era el Movimiento Feminista y es el Movimiento de Equidad de Género y el Movimiento para la Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Obrero y el Movimiento Campesino y así todos los movimientos. Y esto permitía que se mantuviese el régimen autoritario, porque cada quien se ocupaba de su movimiento”.

“Qué es a final de cuentas el conservadurismo, es mantener el Status Quo, por eso no se quería cambiar al régimen, se avanzaba mucho en el discurso, en el análisis de la realidad, pero no se apostaba a transformar la realidad, muchos sí otro no.  Había cofraternidad en la causa específica, pero cuando se trataba de enfrentar a los opresores a la mafia del poder ahí era otra cosa”.

Dos realidades fueron dibujadas esa mañana del Día Internacional en la era de la Cuarta Transformación, la de la desigualdad de las mujeres que impide el desarrollo pleno de México perfilada con cifras por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien aseguro que las mexicanas “seguimos enfrentando la discriminación laboral, despidos por embarazos, salarios menores por el mismo trabajo con el mismo valor que los hombres, siendo aún las responsables aún de las  cargas del trabajo doméstico y del cuidado”.

Le siguieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Senadora Martha Lucia Mícher Camarena, la Diputada Wendy Briseño Zuloaga; las ciudadanas Ana Regina Flores Mayoral, Rosalba Velázquez Trigueros y la líder indígena Felicitas Martínez Solano.

¿Cómo debatir si ya se hizo el juicio y la sentencia, si hay la convicción que el único movimiento  legítimo y verdadero es el que emana de la Regeneración Nacional, hoy convertido en el partido en el gobierno?

La prioridad está muy clara. Primero desterrar la corrupción como el origen de todos los males “y luego o al mismo tiempo el derecho de las mujeres, el derecho a la libre expresión de las ideas y el derecho al bien estar y el derecho a vivir y ser feliz en un país como el nuestro”.

Sin duda por ello en estos 100 días de gobierno se han tomado las decisiones que afectan principalmente a las mujeres y a la infancia, como son las estancias infantiles o los recursos destinados para salvar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos, como son los refugios, por ello tampoco se entregó el recurso solicitado para el mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o para las personas que viven con VIH, el recorte para las Organizaciones Sociales.

Desde el movimiento feminista y de Derechos Humanos lo que buscamos fue la transformación del régimen, tan es así que mucho de lo que se consiguió en términos de democracia formal en México fue gracias a estos movimientos.

Al debate no se le ha dado la vuelta, si hay algo que hemos hecho las feministas a lo largo de la historia ha sido la argumentación. En uno de los países con  grandes desigualdades como es México donde la riqueza está concentrada en 20 por ciento de la población, es necesario tener en el centro de la agenda la igualdad no sólo como principio ético, sino como eje rector de la política de Estado, porque creer que dotar de recursos parejos para mujeres y hombres es sinónimo de avances, es una trampa muy peligrosa para quienes viven en desigualdad, porque la línea de arranque es desventajosa.

Eliminar la corrupción en el sentido más amplio que implica eliminar los privilegios de quienes tienen el poder es sin duda necesario y urgente, y ello implica el poder masculino que también forma parte de la mafia del poder. Desterrarlo ha sido la tarea del movimiento feminista por lo menos en un siglo.

Los derechos de las mujeres, han sido pospuestos en momentos históricos de la transformación de la humanidad, en la Revolución Francesa, en la Mexicana, en la construcción del socialismo y de las nuevas transformaciones,

Coincido con el presidente cuando asegura  que no es un asunto de otorgar derechos, de que las libertades no se imploran, se conquistan. Y eso es lo que hemos hecho las mujeres, conquistar cada uno de nuestros derechos, ahora no sólo es ni un paso atrás a lo que ya tenemos, sino dos pasos adelante para seguir avanzando.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

19/LLH/LGL


Lucia Lagunes huertafebrero 12, 2019

8min380

Zona de Reflexión

Por Lucía Lagunes Huerta

Entre la luz y la oscuridad, la presidencia de la 4T

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Estamos a un tris de tener por fin la terna que le será presentada al Presidente de la Cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, para designar a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), nombramiento que será resultado del primer proceso transparente que se realiza, desde su creación, hace 18  años.

Desde que en diciembre pasado los consejos Social y Consultivo del Instituto decidieron abstenerse de aprobar la terna que les fue presentada “por no tener los elementos para la toma de decisión”, inició un proceso de descalificaciones y acusaciones sin fundamento contra los Consejos que representan a los movimientos de mujeres y feministas.

Apelar para que la conformación de la terna para la designación de la cuarta presidenta de Inmujeres emanara de un proceso abierto y transparente, fue para algunas dentro y fuera del Inmujeres, no bien visto.

Desde la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2000, la designación de las titulares quedó entre las negociaciones de los partidos políticos: diputadas y senadoras negociaban la conformación de la terna.

Así, en el gobierno panista de Vicente Fox, fue designada su correligionaria Patricia Espinosa Torres; con Calderón, Rocío García Gaytán; y en el regreso del priismo con Enrique Peña Nieto, Lorena Cruz Sánchez.

En varias reuniones de los Consejos se puso en la mesa la necesidad de crear procesos claros y transparentes para que se conformara la terna de quien presidirá el Instituto, pero fue apenas que se logró un acuerdo, gracias a una acción cohesionada de ambos órganos ciudadanos (los Consejos Social y Consultivo) y de la demanda de varias candidatas y organizaciones feministas.

Por qué no gusta a una parte dentro y fuera del Inmujeres la ruptura de la discrecionalidad, es la pregunta que aún no tiene respuesta pero que pronto empezará a dar luces.

Lo sorprendente será hasta dónde están dispuestas a llegar luego que la encargada del despacho del Inmujeres, presentó una denuncia ciudadana contra los Consejos en la Función Pública (DE-01/2019). Mal precedente para quienes conforman parte de cualquier consejo ciudadano en cualquier dependencia de gobierno pues considerar que quienes integran los consejos son “funcionarios públicos”, tergiversa por completo la función que la sociedad civil busca tener dentro de estos espacios, los contrapesos necesarios, ser escuchadas y tener la posibilidad de incidencia.

LOS HECHOS

Desde que los actuales Consejos del Inmujeres fueron seleccionados en noviembre del año pasado, su participación quedó hecha a un lado en el proceso que ya habían iniciado las autoridades prácticamente desde que supieron que iban a ser gobierno.

Para esas fechas varias aspirantes a dirigir el Instituto ya habían sido entrevistadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un proceso que se mantenía en el anonimato, incluso una de las candidatas que entrevisté, pero que después declinó en el proceso, dudó de responderme la pregunta, pues aseguró que no “sabía si era público” y necesitaba preguntar.

Esa discrecionalidad se vio trastocada cuando los Consejos tanto Consultivo como Social, propusieron un método de selección que implicaba una convocatoria abierta. La resistencia interna argumentó que algo así llevaba mucho tiempo y que urgía nombrar a la nueva presidenta del Inmujeres; por desgracia la urgencia no ayudó para resolver.

El 14 de diciembre en reunión de Junta de Gobierno, ambos Consejos votaron unánimemente la abstención a la terna que les habían presentado. Tan segura la creían, que incluso el abogado del Instituto de las Mujeres, Pablo Navarrete, publicó en su Facebook “que ya se había designado la terna”, cuando el proceso aún no concluía, acto que llevó al servidor público a disculparse nuevamente en el portal por la Fake News.

Aunque no lo parezca, este hecho de unanimidad del Consejo, que ojo, NO rechazó nada pues sólo se abstuvo de votar ante la falta de información, permitió un nuevo encuentro con la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero y ahí acordar que como consejeras iniciarían un proceso para poder  hacer una preselección de aspirantes.

De todo el proceso la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento. Cuando salió la convocatoria, las consejeras solicitaron al Inmujeres apoyo en la difusión. Nada hubo de apoyo. Pese a todo, 30 mujeres se inscribieron al proceso en un acto de confianza en lo que estaban haciendo las consejeras y también de legitimidad.

De ese proceso 7 feministas llegaron a la cuarta etapa marcada en la convocatoria de los Consejos del Inmujeres, de ahí tres fueron las más votadas por las 32 consejeras, sin embargo las 7 feministas serán presentadas ante la Junta de Gobierno el 18 de febrero próximo, para que sean consideradas en  la terna que se le entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diferencia de este largo camino, que pudo haber sido más breve y menos ríspido, es que todo lo que se ha hecho desde los Consejos ha sido de cara a la sociedad, ante el escrutinio público, lo cual guste o no, robustece al propio Instituto y a quien sea designada como la cuarta presidenta del Inmujeres en esta Cuarta transformación que lo que nos prometió  a la ciudadanía fue democracia y transparencia; lo que hasta ahora han hecho los Consejos Social y Consultivo en congruencia con el feminismo y las exigencias actuales.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertaoctubre 9, 2018

8min340
Zona de Reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Tras el caso de Juan Carlos “N” quien asesinó a por lo menos 20 mujeres en el Estado de México, más que nunca cobra sentido la frase reiterada por personas relatoras de Derechos Humanos: “la impunidad es la puerta abierta a la repetición”. Juan Carlos pudo arrebatarles la vida porque no hay autoridad que esté investigando los crímenes, por lo tanto no hay sanción contra feminicidas y la repetición es una garantía.

Más allá de su estado emocional y mental, Juan Carlos es la muestra de la brutal impunidad en el Estado de México, la que ha permitido que siga libre Isidro López, uno de los feminicidas de Nadia Muciño (2004).

La tierra del feminicidio es gobernada por Alfredo del Mazo Maza, el tercero de su familia que ha gobernado esa entidad y quien en campaña prometió “cambiar lo que haga falta y mejorar lo bueno que ya tenemos”.

Como no dijo qué sí cambiaría, empecemos por darle algunas pistas: la impunidad, la injusticia por justicia, mirar a las ciudadanas y sus Derechos Humanos desde su obligación de protegerlas y no sólo como votos a ganar, son de las cosas que hacen falta cambiar para garantizar la no repetición.

Juan Carlos “N” vivía en Ecatepec, uno de los 11 municipios que contempla la Alerta de Violencia de Género que por cinco años las organizaciones y las víctimas demandaron declarar en todo el Estado de México, pero que fue obstaculizada con todo el poder político del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto.

Tres años después de “puesta en marcha” la Alerta de Género y ante la exigencia de las organizaciones y víctimas de una segunda declaratoria, se conoce del multifeminicida.

Juan Carlos “N” pudo asesinar en más de una ocasión a las mujeres porque la inacción de las autoridades de la tierra del feminicidio ha dejado el camino fértil para todos los Juan Carlos, Isidros, o el nombre que sea, porque no han revertido las condiciones que generan y permiten que existan los crímenes contra las mujeres.

Porque pese a las cifras, las historias de horror de las madres que buscan desesperadamente a sus hijas, por las decenas de niñas y niños huérfanos del feminicidio y las evidencias de la gravedad, las autoridades del Estado de México han optado por la simulación, como en la mayoría de las entidades federativas que tienen Alerta de Género.

Todos los funcionarios  que buscan eludir su responsabilidad y esquivar la Alerta de Género, aseguran que “no hay tantos crímenes, que las organizaciones exageran, que son hechos aislados”, que ellas se suicidaron, y una larga y vergonzosa lista de etcétera.

Las autoridades del Edomex se equivocan una y otra vez, los Juan Carlos no son un hecho aislado, son el producto de una estructura social, política, cultural y económica que ha normalizado la violencia contra las mujeres, que la justifica, y fomenta la acción violenta de los hombres como parte de su identidad masculina.

Los hombres que asesinan a las mujeres producto de su odio y desprecio, lo hacen porque saben que difícilmente la justicia hará su trabajo, porque si llegan al sistema penal, podrán alegar celos, frustración, alguna enfermedad mental o dirán que estaban fuera de sí o cualquier otra cosa que les será tomada en cuenta para justificar su crimen.

El estado de México ha perdido 8 años para detener el feminicidio y quienes han pagado las consecuencias son las mujeres. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio del 2015 al 2016   contabilizaron 626 asesinatos de mujeres en el Edomex; en 296 se iniciaron investigaciones por feminicidio y de éstas 10 por ciento tiene una sentencia.

De acuerdo con la organización IDHEAS, las desapariciones de mujeres en el Estado de México han aumentado en 227 por ciento en los últimos tres años, de los cuales uno le corresponde al actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.

Desapariciones especialmente en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli. Tres años en los que probablemente Juan Carlos asesinaba sin ser “descubierto”.

¿Dónde estaban las autoridades? ¿En qué hoyo metieron sus cabezas gobernadores y presidentes municipales? ¿Cómo es que la federación no interviene para salvarle la vida a las mujeres?

Además de “cambiar lo necesario” Alfredo del Mazo Maza, prometió pena de cárcel e inhabilitación de por vida a funcionarios públicos corruptos; programas de seguridad en el transporte público; crear una fuerza policial especialista en Derechos Humanos y género; luminarias y cámaras.

¿A cuántos funcionarios meterá a la cárcel por no hacer su trabajo?  cuando se les paga por ello y su inacción permite que los feminicidas anden sueltos. ¿Dónde está la fuerza policial que entenderá que toda petición de auxilio de las mujeres debe ser atendida, que todo acto de violencia contra mujeres y niñas debe ser sancionado?

En la tierra del feminicidio es necesario que el gobernador tome acciones de emergencia para resguardar la vida e integridad de mujeres y niñas que viven o transitan por la entidad a la que prometió servir y no servirse de ella.

Si Alfredo del Mazo mira para otro lado aun teniendo la evidencia, veremos crecer la cifra de desapariciones y feminicidio y con ello la responsabilidad del gobernador por no haber hecho nada para evitarlo.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertaseptiembre 14, 2018

4min450
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Ciudad de México.- El fraude sobre la paridad lo inauguraron los partidos políticos en 2009, cuando obligaron a ocho diputadas a renunciar para que sus suplentes hombres llegaran al poder. Hoy la historia se repite de manera grotesca, al intentar obligar a 43 mujeres chiapanecas a renunciar a sus encargos políticos.

Si para poder mantener los privilegios es necesario violentar la ley, hay que hacerlo. Ese es el mensaje que se envía con estas acciones, a la par se  advierte a las mujeres, que el terreno político que han monopolizado los hombres y que hoy está en disputa, no lo cederán.

A este fraude se le suma otro, el de Manuel Velasco Coello, gobernador saliente de Chiapas, que compitió para senador por Chiapas, que ganó, tomo posesión, pidió licencia y regresó a su estado para concluir su mandato gracias a la alianza entre Morena y el Partido Verde.

En ambos casos coincide el mensaje: para mantener mi privilegio estoy dispuesto a todo, legal o no, legítimo o no. Esta es la práctica que durante años ha mantenido a los hombres en el poder.

Pero el contexto no es el mismo que en 2009, algunas de las chiapanecas que han sido presionadas para abandonar su cargo, se han negado dignamente a no ceder a la violencia, acción que es acompañada por legisladoras, las que este martes mostraron la fuerza de la acción conjunta al tomar la tribuna de la Cámara de Diputados  y exigir #NoSinMujeres.

Los ataques contra la democracia paritaria en México no pueden quedar impunes; la respuesta de autoridades locales y federales debe ser contundente para poner un alto a la violencia política, señalaron ayer las legisladoras que tomaron la tribuna.

Y no es casual, ni una exageración, sino una exigencia real porque la violencia política contra las mujeres se ha ido recrudeciendo en medida que las mujeres han ido avanzando en la defensa de sus derechos políticos.

Si miramos sólo hacia el pasado proceso electoral los atentados contra candidatas son un llamado a la acción. De acuerdo con el informe sobre violencia política en el proceso electoral las candidatas y sus familias fueron violentadas e incluso 17 candidatas fueron asesinadas.

La paridad hoy no es un regalo, ni una concesión, tampoco es resultado de un partido político, sino de la lucha de las mujeres en por lo menos tres siglos.

Ninguna de las 43 mujeres puede dimitir de su encargo producto de la violencia que se ejerza. Ningún hombre puede ocupar un encargo público como resultado de la violencia que él o sus seguidores ejerzan.

La autoridad no puede mirar para otro lado, su obligación es cumplir con el Estado de derecho y hacer cumplir la ley, ni más ni menos.

Rey de corazones

Dice la doctora Fina Sanz que el sexismo de las expresiones lingüistas está incorporado y reproducido por mujeres y hombres. Tomar conciencia de ello es fundamental para utilizar el lenguaje como una forma de liberación que favorezca el cambio de nuestras propias estructuras internas y ejerza una acción sobre las relaciones personales y la estructura social.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertaagosto 29, 2018

7min300
Por: Lucía Lagunes Huerta

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Desde que las mujeres fueron excluidas del poder y los espacios de toma de decisión, han tenido que construir el camino de regreso para ocupar su lugar. Durante siglos han tenido que argumentar y demostrar que toda exclusión es nociva para el equilibrio, que es injusto que el grupo numéricamente más amplio de la población no cuente con la representación a la que tiene derecho por el simple hecho de ser parte de la humanidad.

Desde la Convención de Seneca Falls en 1848, en Estados Unidos, hasta la paridad de hoy, en México, el avance por el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido lento y sostenerlos ha costado la vida, simbólica y real, de muchas mujeres.

Cuando ellas han exigido tomar lo que les corresponde siempre hay una reacción virulenta que busca detenerlas, que las denosta e incluso las llega a asesinar. Olimpia de Gouges (1748-1793) es un ejemplo de la violencia política vivida por las mujeres en la búsqueda por el respeto a su ciudadanía plena, y de ese feminicidio hace ya dos siglos.

Quienes construyeron la exclusión de las mujeres y fomentan la desigualdad han usado todos los argumentos para evitar que sus privilegios y monopolios sean vulnerados; desde dudar que las mujeres tenían alma, en la época que tenerla era importante; hasta dudar de la masa encefálica que poseen, es decir si el cerebro de las mujeres razona. De todo se ha escuchado y hemos visto.

Tan naturalizada es la discriminación y la desigualdad de las mujeres, que los que lo tienen todo no logran sentirse interpelados cuando se señala el abuso. Los monopolistas del poder y los privilegios voltean para otro lado, dejan de prestar atención y simplemente ignoran.

Por ello ninguno de los que hoy coordinarán las fracciones parlamentarias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ha dicho esta boca es mía ante la reacción social de la exclusión completa de las legisladoras en estos cargos.

Ninguno se ha sentido en la obligación de explicarle a la ciudadanía cómo es que la democracia paritaria no alcanzó a llegar a los puestos duros del poder.

Muchos de los que hoy  guardan silencio fueron funcionarios, gobernadores, secretarios de Estado políticamente correctos, que cada 25 de mes se pintaron de naranja, que firmaron la campaña “He for She”, que se tomaron la foto y dieron la nota de lo que debe hacerse  para eliminar la violencia contra las mujeres, que incluso dijeron comprometerse para desterrar la desigualdad, que aseguraron estar a favor de la paridad,  que afirmaron que ninguna mujer tiene que vivir la exclusión etcétera…De eso ya no se acuerdan.

Éstos, “los nuevos aristócratas de la democracia”, como los llamó Olimpia de Gouges, “los coleccionistas de capas”, como los calificó Rosario Castellanos, siguen usando el poder expropiado para mantenerlo para ellos y nadie más. Aquí lo políticamente correcto no les conviene.

Ellos han perdido algunos espacios, gracias a la fuerza de las mujeres unidas, como la mitad de las curules y algunas sillas en los gabinetes. Los demagogos de la democracia se niegan a dejar sus privilegios y ser verdaderos demócratas. No están dispuestos a asumir que lo justo es la mitad, y no lo van a hacer sin que las mujeres den la pelea.

El número sí cuenta y ellas tienen que hacerlo efectivo, tienen la mitad de los votos para cualquier decisión y eso tiene un peso que debe ser usado a favor de una causa, la de la igualdad.

“Nada sin nosotras”, han dicho, “no sin mujeres”, “no sin legisladoras”. Para que esto tenga peso es necesario que las mujeres que están dentro de los congresos pacten para avanzar, para romper el techo de acero que las mantiene a límite y para dejar de tener el piso pegajoso para seguir avanzando.

Pactando las mujeres de antes, y las de ahora, han podido avanzar. Creer que alguno de los demagogos de la paridad “ceda” su lugar es tanto como esperar que un salvador nos salve. Tomar el poder desde las mujeres es ejercerlo.

Ninguno de los seis santos varones llega legitimado realmente por su bancada conformada por mujeres y hombres. Ellos fueron ungidos por sus ritos tribales del patriarcado, que ratifica “el poder es nuestro y para los nuestros, porque así ha sido y no hay necesidad que cambie”.

¡Claro que no! En eso coinciden porque si cambia tendrán menos para ellos, y cuando lo han tenido todo por el simple hecho de ser hombres, perderlo, aunque sea por justicia, no es fácilmente aceptado.

Tenerlo claro es fundamental para saber con quiénes sí tenemos que pactar, y eso es con las mujeres, porque históricamente nos ha funcionado para construir un mundo más justo e igualitario. Los demagogos de la paridad serán eso y no más.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertaagosto 23, 2018

6min410
Por: Lucía Lagunes Huerta

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Desde hace 17 años con la transición de gobierno se empata el cambio de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), institución responsable de promover y fomentar la igualdad de las mujeres y su plena participación en la vida política cultural, económica y social de México. En tres lustros se ha convertido más en un espacio de poder que se disputa, que en la posibilidad de cumplir con los objetivos mandatados.

Y esta transición además se empata con expresiones políticas del feminismo que en este cambio ven la oportunidad de influir  en las acciones del próximo gobierno, colocar su agenda y  a sus candidatas.

A la par del cambio de la presidenta del Inmujeres, está la  renovación de sus consejos Social y Consultivo, quienes tendrán en sus manos la  construcción de la terna, que, de acuerdo con la ley del Instituto, deberá ser consensuada en la Junta de Gobierno para que el próximo presidente de la república elija a la próxima titular del Inmujeres, que será electa por tres años con posibilidades de una única reelección por tres años más para terminar su mandato, al fin del sexenio.

En el cierre de la convocatoria, 130 mujeres de todo el país se postularon para ser parte del Consejo Social y del Consejo Consultivo del Inmujeres, sólo 32 serán electas, 16 para cada consejo.

Paralelo a este proceso está el juego por la presidencia del Inmujeres, quienes corren por otra autopista de las bambalinas de la política.

Entre las feministas que desean ser directoras del Inmujeres se encuentran las exdiputadas Maricela Contreras Julián, también exdelegada de Tlalpan; la diputada saliente Candelaria García Ochoa; la directora del Instituto Simone de Beauvoir, Ximena Andión; la exgobernadora de Zacatecas y exresponsable de la política laboral capitalina Amalia García; la feminista Magda Gómez y la actual representante de ONUMujeres Brasil, Nadine Gasman, quien fuera directora en México de la organización IPAS.

No se trata de un nombre o una trayectoria, lo que se va a definir son seis años de política pública por los derechos de las mujeres. El reto está en elegir el perfil que garantice la pluralidad que se requiere para construir una política de Estado con los retos que implica en un país como México, donde ser mujer es motivo de discriminación, como constata la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis).

Aquí también se está poniendo a prueba el cambio que promete el nuevo gobierno, por ello se debe garantizar la transparencia en la elección de la terna. Desterrar las formas de hacer política basada en las relaciones personales y sentar las bases de una política feminista, que coloque en el centro los derechos de las mujeres y no los intereses particulares de grupos.

Sin lugar a dudas, la designación de la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, abrió buenas posibilidades de diálogo. A finales de julio siete feministas tuvieron una reunión con ella, como Aidé García, de Católicas por el derecho a Decidir; Daphne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario; Gabriela Delgado, de Ciudad Feminista; Imelda Marrufo, de Red Mesa de Mujeres; y María Eugenia Romero, de Equidad, Trabajo y Familia.

En la conversación, además de hacer un recorrido histórico del feminismo desde 1975, entre los temas que pusieron en la mesa estuvieron presentes dos: que las diversas expresiones del feminismo ven la necesidad de avanzar para que se cumplan los preceptos legislativos e incorporar de forma transversal la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo; y revisar el presupuesto a favor de la igualdad, especialmente el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) así como su vigilancia.

Manifestaron que desde sus saberes, todas han empujado el cambio, participado en los procesos y generado propuestas. Y yo agrego que en honor a esta historia, la pluralidad y la transparencia es lo que debe ganar.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

 

 



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