Por: Jorge Maldonado Día
MONTERREY | El Congreso local aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley Estatal de Víctimas acorde con los lineamientos de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Al avalar la reforma, Javier Caballero Gaona diputado del PRI manifestó que era necesario tomar cartas en el asunto y promover las modificaciones que beneficien a las y los nuevoleoneses que se encuentran en situación de víctimas, que implica, entre otros aspectos, crear un fondo especial de apoyo.
“Hoy estamos poniendo acertadamente a la víctima en el centro de la procuración de justicia a través de una reforma integral que abarca una serie de aspectos que, contundentemente, buscan mejorar el funcionamiento del Sistema de Víctimas para garantizar de manera efectiva los derechos de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos”.
“A través de esta reforma, estaríamos agregando también los conceptos de perspectiva de género e igualdad de género a la Ley Estatal de Víctimas, en concordancia con los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales”, agregó.
El también, Presidente de la Comisión de Justicia precisó que se fortaleció el sistema de capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos para los y las operadoras de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, lo cual, impacta directamente en la calidad del servicio brindado a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, mejorando la atención y asesoría proveída.
“Mediante el fortalecimiento institucional se busca dignificar el trabajo de las y los asesores jurídicos, dado que estos realizan una labor sumamente noble e importante en el andamiaje del sistema estatal de víctimas”.
“Otro de los puntos medulares de la reforma en cuestión versa en que se opta por eficientizar el procedimiento de acceso y la integración del fondo de atención a víctimas, con lo que se brinda mayor certeza jurídica a quienes puedan ser beneficiados”, añadió.
Caballero Gaona manifestó que se regulan los convenios de colaboración con instituciones privadas para que la Comisión de Atención a Víctimas pueda atender de manera más pronta y eficaz la atención inmediata de víctimas, para remitirlas a instituciones de salud privada para atención psicológica y física a quienes son violentados.
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