En riesgo, subsidio federal para construir el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Tamaulipas está en riesgo de perder la oportunidad de contar con un Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, pese a que existe un proyecto aprobado y un subsidio federal de más de 5 millones de pesos para iniciar su construcción.
El presupuesto quedó comprometido luego de que ni la administración estatal de Egidio Torre Cantú ni, hasta ahora, la de Francisco García Cabeza de Vaca concluyeron los trámites y acciones necesarias para iniciar la obra antes del 31 de diciembre de 2016, como establece el convenio firmado con la Federación.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), suscribió con el Gobierno de Tamaulipas un Convenio de Coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación para subsidiar el 70 por ciento de los recursos destinados a la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, así como para planear, elaborar e impulsar estrategias de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el convenio, el Centro de Justicia para las Mujeres requerirá una inversión total de 40 millones de pesos y su construcción estará dividida en cuatro etapas.
En sesión extraordinaria celebrada el 2 de junio de 2016, el Comité de Evaluación de Proyectos de los Centros de Justicia para las Mujeres asignó 5 millones 922 mil pesos para la creación del centro en Reynosa. Como parte del acuerdo, el Gobierno de Tamaulipas se comprometió a aportar 2 millones 538 mil pesos adicionales, así como el inmueble para su construcción, ubicado en el lote de agostadero dentro de la cuadrícula del Distrito de Riego del Bajo Río San Juan, en Reynosa.
El programa físico y financiero de la obra estima que, con el subsidio federal, se alcanzaría un avance del 70 por ciento del proyecto. La primera etapa debía estar construida a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, el propio convenio establece que, si el Gobierno de Tamaulipas no ejercía los recursos federales asignados antes de esa fecha, tendría que reintegrarlos a la Tesorería de la Federación durante los primeros 15 días del ejercicio fiscal 2017, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
El Acuerdo Gubernamental para la creación del primer Centro de Justicia para las Mujeres en Tamaulipas, firmado el 12 de febrero y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de abril, estableció un plazo de 120 días hábiles para que la Procuraduría General de Justicia del Estado expidiera los protocolos de actuación y el manual de operación del centro.
Por su parte, la LXII Legislatura del Congreso del Estado, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el 15 de septiembre, aprobó la redacción del dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Reynosa a donar el terreno, propiedad de la hacienda municipal, para la construcción del centro. No obstante, hasta la fecha, dicho dictamen no ha sido sometido a consideración del Pleno Legislativo para su aprobación definitiva.
Tampoco ha llegado al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, necesaria para dar certidumbre jurídica a la operación del Centro de Justicia para las Mujeres.
Antes de concluir la administración de Egidio Torre Cantú, la Secretaría de Obras Públicas, en su carácter de instancia ejecutora, adjudicó la construcción del centro. El 26 de agosto, la Federación transfirió a la cuenta del Gobierno de Tamaulipas el subsidio correspondiente para iniciar los trabajos.
Con esos antecedentes, el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa debió construirse entre septiembre y diciembre de 2016.
Pese a que la obra fue adjudicada y a que el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca asumió funciones hace tres meses, la construcción no ha iniciado, mucho menos concluido conforme a lo establecido en el convenio. La omisión deja en evidencia la falta de prioridad institucional para atender de fondo la violencia contra las mujeres.
Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa
El Centro de Justicia para las Mujeres de Reynosa será una unidad administrativa dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Su objetivo será brindar, bajo un mismo techo, servicios especializados de atención integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos.
El centro estará ubicado en el lote de agostadero dentro de la cuadrícula del Distrito de Riego del Bajo Río San Juan, en Reynosa. Su ámbito territorial de actuación comprenderá los municipios de Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, Nueva Ciudad Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz y Mier.
En su estructura, deberá contar con una Dirección General y siete coordinaciones: Operativa, de Prevención, de Trabajo Social, de Psicología, Médica, Jurídica y de Empoderamiento. Además, contempla atención, intervención y servicios especializados.
Conforme a su modelo de atención integral y protocolos de actuación, las instituciones participantes deberán ofrecer servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos; asesoría jurídica; representación legal especializada en los ámbitos familiar, civil y penal; así como la solicitud y, en su caso, tramitación de medidas de protección, apoyos sociales, empoderamiento y reintegración social.
La titular del Centro de Justicia deberá ser mujer, con conocimiento y experiencia en derechos humanos, procuración de justicia y perspectiva de género.
Urge atender violencia de género: organizaciones civiles
En el documento “100 propuestas + 10”, elaborado por ASCENRED, Agentes de Sociedad Civil en Red, para el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022, distintas organizaciones, entre ellas la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C., y el Centro Aequus de Información para la Igualdad de Género, demandaron la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad.
También exigieron el cumplimiento de leyes y convenios internacionales para garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia.
La presidenta de la Red de Desaparecidos, A.C., y de ASCENRED, organización que agrupa a 150 asociaciones civiles, advirtió que existen serios rezagos en la materia. Señaló que la ausencia de políticas públicas integrales ha contribuido a normalizar la violencia familiar, laboral, institucional, social y política contra las mujeres.
“La violencia de género ha crecido a través de años de negación, permisibilidad, machismo y miedo”, afirmó Dora Alicia de la Cruz García, coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C.
Lamentó que todavía una parte importante de la población permanezca indiferente ante esta problemática o la asuma como algo normal y cotidiano.
¿Qué son los Centros de Justicia para las Mujeres?
Actualmente operan en México 31 Centros de Justicia para las Mujeres en 23 estados de la República, mediante la suma de esfuerzos y recursos de la Federación, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Tamaulipas es una de las pocas entidades del país que aún no cuenta con un centro de este tipo.
Los Centros de Justicia para las Mujeres surgieron en 2010 como una estrategia del Gobierno mexicano para garantizar a las mujeres y sus familias el acceso a la justicia con enfoque de género y respeto a los derechos humanos.
Esta política se impulsó después de que, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en los casos de feminicidio de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
La sentencia ordenó al Estado mexicano realizar investigaciones exhaustivas y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
El programa de subsidios para la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres también busca atender las observaciones y recomendaciones que el órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, hizo a México en agosto de 2012.
Entre esas recomendaciones se encuentra adoptar medidas para fomentar la denuncia de casos de violencia contra las mujeres, incluida la violación, así como garantizar procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los agresores.
En Tamaulipas, la lucha por los derechos de las mujeres aún es incipiente. En octubre de 2014, más de 100 organizaciones no gubernamentales se convocaron a un foro para evaluar el cumplimiento de la Plataforma de Beijing. En su informe documentaron la deuda pendiente de los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Desde entonces, las organizaciones exigían la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres.
La omisión institucional mantiene en riesgo no solo un subsidio federal, sino también una herramienta indispensable para garantizar atención, protección y acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia.
Es urgente que sociedad e instituciones caminen en una misma dirección.
