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Otorga CIDH medidas cautelares para proteger a niñez migrante en EU

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Permanecen  572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. En el caso de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los EU.

La vida familiar, integridad e identidad de niñez migrante está en riesgo: CIDH

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la “Política de Tolerancia Cero”, en los Estados Unidos.

La Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por Texas Civil Rights Project, the Women’s Refugee Commission, the Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de “Cero Tolerancia” y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos)  de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.

Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.

Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.

La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a  un patrocinador en los Estados Unidos.

En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el  derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo. Lo anterior, tomando en cuenta en su conjunto el grave impacto que resulta a tales derechos como  resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación, incluso en algunos casos pudiendo ya haberse materializado una deportación en forma separada. Lo anterior, sumado al impacto emocional y psicológico que supondría la detención y la situación de incertidumbre en torno a la reunificación de las niñas y niños, en un momento determinante en el cual la familia juega un rol esencial para la formación de las personalidades e identidades respectivas.

En consecuencia, la Comisión solicitó a los Estados Unidos: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar,  integridad personal e identidad de las personas propuestas  beneficiarias. En particular, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los niños y niñas; b) adopte las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior. Asimismo, con el objetivo de salvaguardar sus derechos, proporcionar la atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos y un adecuado entendimiento de su situación y destino; c) en el caso de que alguna o algunas de los padres hubiese sido deportada de manera separada de su hijo o hija, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos  que sean necesarios; d)  suspender  todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus familias; y e) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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La ultraderecha gana la primera vuelta en Colombia; Petro objeta resultados

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Bogotá, Col.- Colombia amanece con un escenario político altamente polarizado luego de que el candidato de derecha radical, Abelardo de la Espriella, se colocara al frente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, superando al aspirante oficialista Iván Cepeda y obligando a una segunda vuelta que se celebrará el próximo 21 de junio.

Con más del 99 por ciento de las mesas contabilizadas en el preconteo, De la Espriella obtuvo alrededor del 43.7 por ciento de los votos, mientras que Cepeda, respaldado por el movimiento político del presidente Gustavo Petro, alcanzó cerca del 40.9 por ciento. Ninguno logró la mayoría absoluta requerida para ganar en primera ronda.

El resultado representa un fuerte avance de la derecha colombiana y coloca a De la Espriella como favorito para la segunda vuelta. El abogado y empresario ha construido su campaña con un discurso de mano dura contra la delincuencia, combate frontal al narcotráfico y críticas a las políticas impulsadas por el actual gobierno de izquierda.

Sin embargo, la jornada postelectoral quedó marcada por la reacción del presidente Gustavo Petro, quien rechazó públicamente los resultados preliminares del preconteo y afirmó que sólo reconocerá los resultados oficiales emitidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

Petro aseguró que existen dudas sobre el sistema de conteo rápido utilizado durante la elección y denunció posibles inconsistencias en el censo electoral y en los algoritmos empleados para el procesamiento de los votos. Hasta el momento, las autoridades electorales no han reportado pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones.

La postura del mandatario generó una inmediata reacción de sus adversarios. De la Espriella rechazó los señalamientos y exigió respeto al resultado expresado en las urnas, mientras diversos sectores políticos pidieron preservar la estabilidad institucional y esperar el escrutinio definitivo.

Analistas consideran que el resultado refleja un desgaste del proyecto político de Petro y un crecimiento del voto conservador en temas de seguridad, economía y combate a los grupos armados. También anticipan que la segunda vuelta será una de las más competidas y polarizadas de la historia reciente de Colombia.

Durante las próximas tres semanas, ambos candidatos buscarán conquistar el voto de los sectores de centro y de los electores que respaldaron a otras fuerzas políticas en la primera vuelta. El desenlace definirá si Colombia mantiene el rumbo iniciado por Petro en 2022 o gira hacia una administración de corte conservador encabezada por De la Espriella.

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Republicanos perderían la elección, por culpa de Trump: Encuestas

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  • El 47 por ciento de los electores darían el voto a demócratas y el 41 a republicanos. La desaprobación que tiene el Presidente Trump alcanza ya el 60 por ciento.

Washington.- A menos de seis meses de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, el panorama político comienza a inclinarse ligeramente hacia el Partido Demócrata, impulsado principalmente por el desgaste de la administración del presidente Donald Trump y el deterioro de la percepción económica entre amplios sectores de la población estadounidense.

Las encuestas nacionales conocidas como “generic ballot”, que miden la intención de voto general para el Congreso, colocan actualmente a los demócratas con una ventaja promedio cercana a los seis puntos porcentuales sobre los republicanos. Diversos agregadores de encuestas sitúan a los demócratas con alrededor del 47% de las preferencias frente a un 41% de los republicanos, una diferencia que recuerda el escenario previo a la ola demócrata de 2018.

Aunque todavía falta tiempo para la elección, estos números son relevantes porque históricamente el partido del presidente suele perder terreno en los comicios intermedios, especialmente cuando existen problemas económicos o baja aprobación presidencial. Analistas consideran que si la tendencia actual se mantiene, los demócratas tendrían posibilidades reales de recuperar la Cámara de Representantes e incluso competir con fuerza en algunos estados clave del Senado.

La principal dificultad para los republicanos es la caída en la popularidad de Donald Trump. Diversas encuestas publicadas durante mayo muestran que la aprobación presidencial oscila entre el 35% y el 42%, mientras que su desaprobación supera en algunos estudios el 57% e incluso el 60%.

Los temas que más afectan la imagen del presidente son el costo de vida, la inflación, el aumento en los precios de la gasolina y el impacto económico derivado del conflicto con Irán. Encuestas recientes indican que una mayoría de estadounidenses considera que la economía está empeorando y que Trump no ha cumplido sus promesas de reducir los costos para las familias.

Sin embargo, pese al desgaste, Trump mantiene una base electoral muy sólida dentro del movimiento conservador y continúa dominando completamente al Partido Republicano. Su estrategia para recuperar apoyo se centra en tres ejes principales.

El primero es la inmigración. Trump ha endurecido todavía más su discurso y sus políticas migratorias, insistiendo en deportaciones masivas, reforzamiento de la frontera y acciones contra ciudades gobernadas por demócratas. Busca reactivar el sentimiento nacionalista y movilizar a los votantes conservadores que consideran que la seguridad fronteriza es una prioridad.

El segundo eje es el nacionalismo económico. Aunque sus aranceles y medidas proteccionistas han generado críticas por aumentar costos, Trump insiste en presentarse como el presidente que “defiende a los trabajadores estadounidenses” frente a China y otros competidores globales. La Casa Blanca sostiene que las dificultades actuales son temporales y que sus políticas traerán beneficios a largo plazo para la industria nacional.

El tercer elemento es la confrontación política permanente. Trump continúa utilizando actos masivos, redes sociales y discursos polarizantes para mantener movilizada a su base. Su narrativa sigue centrándose en denunciar a los medios, atacar a los demócratas y presentarse como víctima del “establishment” político de Washington. Esa estrategia, aunque genera rechazo entre independientes y moderados, sigue siendo muy efectiva entre el electorado republicano más leal.

Del lado demócrata, el partido intenta capitalizar el desgaste presidencial enfocándose casi totalmente en la economía y el costo de vida. Después de la derrota de 2024, muchos estrategas demócratas han moderado algunos discursos ideológicos y buscan reconectar con votantes suburbanos, independientes y clase trabajadora.

Aun así, el escenario está lejos de estar definido. Estados Unidos sigue profundamente polarizado y Trump ha demostrado en varias ocasiones capacidad para recuperarse políticamente incluso en momentos de baja popularidad. Además, los republicanos mantienen ventajas estructurales importantes en distritos electorales y en varios estados conservadores.

Por ahora, las encuestas muestran un ambiente favorable para los demócratas rumbo a noviembre, pero la evolución de la economía, la inflación y la situación internacional serán factores decisivos para determinar si el descontento actual realmente se traduce en una derrota republicana en las urnas

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Irán: … Noventa días de terror, enojo, miedo y destrucción

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– La sociedad iraní está desolada luego de tres meses bombardeos. Entre la sociedad hay malestar contra Estados Unidos, Israel y el mismo régimen gobernado por los herederos persas

TEHERÁN | La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos ha dejado un país profundamente golpeado, no sólo por los daños militares y económicos, sino también por el desgaste emocional de millones de iraníes que viven entre el miedo, la incertidumbre y el enojo. A casi tres meses del inicio de los ataques conjuntos lanzados por Washington y Tel Aviv contra objetivos estratégicos iraníes, la vida cotidiana en ciudades como Teherán, Isfahán y Karaj cambió radicalmente.

Aunque las autoridades iraníes han intentado proyectar una imagen de control y resistencia nacional, diversos reportes internacionales describen un ambiente marcado por el cansancio social, las dificultades económicas y el temor permanente a nuevos bombardeos. En muchas zonas urbanas, los ciudadanos viven pendientes de las alarmas aéreas y de las interrupciones eléctricas, mientras el gobierno mantiene restricciones de internet y vigilancia reforzada para evitar protestas o difusión de imágenes de los daños.

En Teherán, la rutina diaria se ha vuelto una mezcla de normalidad forzada y ansiedad constante. Comercios abiertos, tráfico intenso y cafeterías llenas contrastan con edificios dañados, ventanas cubiertas y familias que duermen cerca de refugios improvisados. Algunos iraníes reconocen sentir miedo ante la posibilidad de nuevos ataques, especialmente después de los bombardeos contra infraestructura energética, instalaciones militares y universidades. Otros expresan enojo tanto contra Estados Unidos e Israel como contra el propio régimen iraní, al que responsabilizan de haber llevado al país a una confrontación de gran escala.

La economía iraní, que ya enfrentaba inflación, sanciones y caída del rial antes del conflicto, se encuentra todavía más deteriorada. Reportes de medios iraníes y organismos internacionales señalan escasez de alimentos básicos, largas filas para conseguir pan subsidiado y aumentos drásticos en productos esenciales. En algunas regiones, el precio del pan y otros alimentos prácticamente se duplicó tras el inicio de la guerra.

El daño a la infraestructura también ha sido considerable. Ataques a complejos militares, carreteras, puentes, universidades, instalaciones energéticas y sitios culturales han dejado pérdidas multimillonarias. Sólo en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, en Teherán, autoridades universitarias estimaron daños por unos 3 millones de dólares tras un bombardeo que destruyó laboratorios y edificios académicos.

Además, el Ministerio de Cultura iraní reportó daños en al menos 120 sitios históricos y museos, incluidos espacios considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entre ellos figuran zonas históricas de Isfahán, el Palacio Golestán y otros monumentos alcanzados por ataques o escombros de explosiones.

En ciudades industriales y petroleras, la destrucción ha afectado refinerías, carreteras y puertos estratégicos. Analistas internacionales estiman que las pérdidas económicas acumuladas podrían superar varias decenas de miles de millones de dólares, tomando en cuenta la caída de exportaciones, los daños físicos y el impacto sobre la producción energética.

El estado de ánimo social parece dividido. Mientras algunos sectores cerraron filas con el gobierno iraní ante los ataques extranjeros, otros consideran que la guerra agravó el desgaste político y económico que ya existía desde las protestas masivas de finales de 2025. Investigaciones periodísticas describen sentimientos mezclados de resignación, patriotismo, frustración y desesperanza.

A pesar del alto al fuego parcial impulsado por mediadores internacionales, los iraníes continúan viviendo bajo tensión. El temor a una reanudación de los ataques sigue presente y muchos consideran que la guerra dejó heridas difíciles de reparar, no sólo en la infraestructura del país, sino también en la estabilidad emocional y social de toda una generación.

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