Al Día
Los migrantes “ni de aquí, ni de allá”; se quedaron sin techo y sin patria
Expulsados por la violencia y el hambre de sus países, sufren maltratos y muerte en sus desplazamientos; acaban en las garras de la delincuencia y la insensibilidad de los gobiernos que nada hacen para ayudarlos, dicen defensores de derechos humanos y sacerdotes.
Por Francisco Cuéllar Cardona
Los migrantes son seres humanos que se quedaron sin patria: salieron expulsados de sus países por la violencia, el hambre y la falta de oportunidades. Caminaron miles de kilómetros sorteando peligros y burlando la muerte, y cuando llegan a la frontera, y logran pisar la tierra del sueño americano, son maltratados y echados por donde vivieron.
Ahora, no los quieren ni en su tierra, tampoco en Estados Unidos, y en México donde había manos amigas que les daban de comer, hoy los gobiernos los desprecian y hasta los matan.
No son de aquí, ni de allá; y lo que es peor: han perdido su identidad. Hoy son abandonados a su suerte y no saben si van o vienen.
Maru es una mujer hondureña que tiene la mirada perdida. No ve, ni escucha a nadie; sus ojos están secos de tanto llorar. Cuando intentaba cruzar el río Bravo por Nuevo Laredo, junto con su esposo y sus dos hijos, fueron abordados por hombres armados que sin mediar palabra les dispararon y los mataron; ella logró escapar y ahora está en la casa INDI en Monterrey sin saber qué hacer, ni a dónde ir. No quiere regresar a Honduras, porque allá está peor. Si vuelve la matan, como lo hicieron con su madre y su hermana menor.
En la casa INDI, donde es atendida junto con decenas de migrantes por Don Jaime Salinas Flores, coordinador de donativos, Marú apenas balbucea con un “ya me quiero morir: no tengo a nadie”.
La historia de Maru es igual a las de los 32 mil indocumentados mexicanos y centroamericanos que han sido deportados por Tamaulipas en lo que va del año, así lo afirma José Martin Carmona Flores, Director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.
Las casas del Migrante de Saltillo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey han sido rebasadas por tanta demanda de ayuda. Les dan techo, comida, y medicinas a los cientos de deportados, pero no les alcanza, porque aparte son muchos los abusos y maltratos a la que son sometidos los migrantes.
En los municipios de la frontera de Tamaulipas, el gobierno federal y estatal se han convertido en otro enemigo más de los indocumentados centroamericanos. El ejemplo más cruel lo vivieron la madrugada del 25 de junio, cuando unos 450 migrantes fueron subidos a varios autobuses en Nuevo Laredo y abandonados a su suerte en las calles de Monterrey, entre ellos iban muchos niños, publicó la agencia AP.
“Pensaron que llegarían a un albergue donde vivirían mientras buscaban trabajo y encontraban escuela para sus hijos. Sin embargo, estaban abandonados en esta ciudad industrial de más de cuatro millones de habitantes en el norte de México, en mitad de una calle en una zona llena de clubes y cabaretes con cárteles en busca de bailarinas”.
Las autoridades migratorias no respondieron directamente a lo que presenciaron periodistas de la AP.
Al solicitar comentarios al gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) envió un mensaje de dos párrafos en el que señaló que colabora con las autoridades consulares y en los tres niveles de gobierno en el país para atender a los retornados, y trabaja para “mejorar las condiciones en las que las personas migrantes aguardan sus procesos en territorio nacional”.
El gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, la Policia Federal y las Fiscalías de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, han coordinado operativos para detener y perseguir a migrantes, en algunas ocasiones, “les han tirado a matar”, denunció el Obispo de Saltillo, Raul Vera, tras el asesinato de un hondureño que trató de proteger a su hija de ocho años de las agresiones de agentes de Migración.
El pasado 1 de agosto, cuando esperaban el tren en Saltillo, agentes de la Fiscalía de Coahuila matan al padre enfrente de su hija.
El secretario de gobierno de Coahuila, Jesus Maria Fraustro Siller, el 10 de julio pasado hizo un pronunciamiento público contra la presencia de migrantes:
“Nosotros como Estado ya dijimos que no vamos a aceptar ninguna caravana, como caravanas ya no porque no podemos atenderlas. Nos siguen llegando por el desierto, por avión, pero nuestra preocupación son los retornados que vienen de Estados Unidos”.
Tamaulipas a través del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha hecho publicó su desacuerdo con el gobierno federal de atender el problema de los migrantes y en una carta enviada al subsecretario de Gobernacion, Alejandro Encinas le escribió así:
“En Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento. Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos”.
Y le precisó:
“La política de contención migratoria a la que el Gobierno federal se ha prestado, bajo ninguna circunstancia, puede pasar por encima de la soberanía y potestades de las entidades federativas”.
Manuel González, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, reveló que la oficina de migración del gobierno del estado de Tamaulipas nos comentó lo que en la frontera de Matamoros cruce y frontera de Laredo cruce esta sucediendo son alrededor de un total 1063 repatriados de Estados Unidos hacia México con ellos; finalmente suben a autobuses y los trasladan a Monterrey.
Dijo que en las mini centrales y la central de autobuses tienen de manera permanente personal policíaco, en el que no se ha registrado el arribo de migrantes como trascendió en días pasados.
El calvario mayor de los migrantes se registra cuando caen en manos de los grupos criminales que los reclutan por la fuerza para formar parte de ellos. En Tamaulipas es donde se registra más este fenómeno, afirmó el Director de la Casa del Migrante en Saltillo, padre Pedro Pantoja, quien recuerda que a partir de la matanza de los migrantes en San Fernando, Tamaulipas es el territorio mas peligroso para los indocumentados, “lo peor que le puede pasar a un migrante es caer en manos de los malosos”.
Una de las historias mas tristes de este problema, es el que vivió la familia Nuñez de origen hondureño que llegó a Reynosa y no pudo pasar a Mc Allen, porque los delincuentes no se lo permitieron. No vivieron para contarla, pero sí un testigo guatemalteco.
“Eran seis: padre, madre y cuatro adolescentes; dos de ellas mujeres. Un pollero nos entregó con ellos. Primero a los varones los mataron porque no aceptaron formar parte de ellos. A ellas las violaron, luego las asesinaron; andaban todos muy drogados; yo me salvé porque acepté el trabajo que me ofrecían. Fue una pesadilla”, recuerda.
Ahora trabaja de soldador en un taller mecánico de Río Bravo.
Actualmente en los Estados del Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) deambulan por sus calles más de 12 mil centroamericanos que se quedaron sin patria y sin identidad, dice el Colegio de la Frontera Norte.
Es un problema humanitario que los gobiernos no atienden y se escudan en discursos oficiosos. Todos le echan la culpa al gobierno federal, y este a su vez responsabiliza a los gobiernos estatales de omisión y discriminación.
Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.
A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.
El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.
Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.
En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.
Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.
El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.
En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.
Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.
En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.
La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.
De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.
La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.
Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.
Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.
Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.
La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.
En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.
Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.
La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.
Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.
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