El feminicidio aumentó 390% entre 2009 y 2011 y que en 2018 se alcanzó una tasa de 2.8 muertes por cada cien mil mujeres y 79 asesinatos de mujeres.
MONTERREY | Con el fin de endurecer las sanciones contra los delitos de feminicidios, acoso y hostigamiento sexual, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a los artículos 271 BIS 1 y 2, así como los artículos 331 BIS 3 y 6 del Código Penal de Nuevo León.
“No podemos dejar de lado el aumento de estas conductas deleznables, ya que los delitos de acoso sexual, hostigamiento sexual y feminicidios, registraron aumentos, pese a las medidas que se deben tomar por la alerta de género que se vive en la Entidad, por esta razón nos pronunciamos a favor, ya que analizando la realidad, los delitos sexuales lamentablemente son un tema de sonada actualidad en los distintos medios de comunicación”, señaló el Legislador Álvaro Ibarra Hinojosa, quien presentó el dictamen.
Señaló que el acoso sexual puede adoptar una variedad de formas, incluye tanto la violencia física al actuar contra alguien para forzarlo a hacer algo que no quiere, hasta las formas más sutiles de violencia.
Por otra parte, el delito de feminicidio es un problema de todas y todos, porque la violencia contra las mujeres es un atentado contra la dignidad, la integridad y la libertad.
Asimismo, menciona que en Nuevo León el feminicidio aumentó 390 por ciento entre 2009 y 2011 y que en 2018 se alcanzó una tasa de 2.8 muertes por cada cien mil mujeres y 79 asesinatos de mujeres.
“En este sentido coincidimos con el aumento en las penalidades, con el objeto de reducir este tipo de delitos, buscando hacer efectivo lo señalado en los párrafos segundo y tercer del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que Ias normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” concluyó el Diputado.
El dictamen de reformas al Código Penal se aprobó por unanimidad.
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