Por Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de impedir un intento de privatización de la enseñanza pública y que se afecte los derechos laborales de los trabajadores, las Secciones 21 y 50, junto con la bancada del Partido Nueva Alianza presentaron una iniciativa para homologar la Ley Estatal de Educación con la disposición federal.
La reforma fue presentada este martes por los secretarios generales de ambas dirigencias sindicales Guadalupe Adolfo Salinas Garza y José Luis López Rosas, junto con la diputada del Panal, Dolores Leal Cantú.
Entre los puntos principales de la iniciativa de ley se destaca el colocar al centro del proceso educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como depositarios del interés superior dentro del Sistema Educativo destacó la legisladora local.
“Se recupera la rectoría del Estado en la educación, al establecer que se considerará como un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio, quitándose así el riesgo de su privatización”
“Se establece que la educación impartida por el Estado además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por lo que se fortalece el concepto de escuela pública”, indicó, Leal Cantú.
En otro apartado, se reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior.
En lo referente a la inclusión social, el dirigente de la Sección 21 Salinas Garza enfatizó que la educación deberá atender las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizaje, a través de los servicios de educación especial.
En lo que corresponde al Estado se precisa que los muebles e inmuebles destinados a la educación, deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene.
Para ello se crea el Comité Escolar de Administración Participativa, con el objetivo de dignificar a los planteles educativos.
También se prevé que el Calendario Escolar será determinado por la autoridad educativa federal, con un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase.
“El calendario podrá ajustarse por la autoridad educativa estatal, de acuerdo con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal”.
“La nueva ley acentúa que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social”, explicó el líder magisterial.
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