Por Sonia Gerth

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), informó hoy en un comunicado que debido al Decreto de Austeridad publicado el 23 de abril en el Diario Oficial, está obligada a frenar sus actividades esenciales, y que su funcionamiento quedará paralizado. La CEAV remarcó que había argumentado que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.

Organizaciones sociales rechazaron ese “intento de desaparecer a la institución”, que significaría un impacto grave en la atención a víctimas. Aunque la institución era “débil”, sobrepasada de trabajo, y el mismo comunicado evidenciaría la precariedad de “una mala administración anterior”, la tarea del Estado debería ser fortalecer a la CEAV y no desmantelarla, opinaron la Coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, y el presidente del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicotencatl Carrasco.

La CEAV explicó en su comunicado, que sentiría un “impacto mayúsculo” por el recorte, en comparación con otras dependencias de gobierno: “La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.” La institución además enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, “heredados por administraciones anteriores”.

Destacó que con 25 por ciento de presupuesto etiquetado que le queda del 2020, ni siquiera sería capaz de pagar los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral en todos los estados del país, los cuales ascienden a 121.9 millones de pesos. Todo eso, sin considerar que la institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos de personas víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

Graves afectaciones a mujeres víctimas

Cabe señalar que la mayoría de las personas que acuden a la CEAV son mujeres. Por ejemplo, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), unidad de la CEAV encargada de llevar el padrón de víctimas al nivel nacional, recibió 4 mil 412 solicitudes de mujeres en 2019, y 3 mil 777 de hombres. En 2018, fueron 5 mil 888 solicitudes de mujeres y 5 mil 186, de hombres. En 2017, fueron 3 mil 851 de mujeres y 3 mil 532 de hombres.

La CEAV documentó las graves consecuencias que tendría el recorte de presupuesto para sus áreas de trabajo. El recorte provocará un ajuste a la nómina, debido a que la mayor parte del personal es eventual. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi 60 por ciento estaría en esta situación. La reducción del 30 por ciento de asesoras y asesores jurídicos “impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.”

La lista de áreas que serán desmanteladas es larga: El área jurídica ya no podrá atender los juicios de amparo, el incumplimiento de sentencias “consumirá rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia, y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones”. Desaparecerá el área que administra el RENAVI, con el ajuste de personal en la Unidad de Género “quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.”

También serían desarticuladas las áreas de Comunicación Social, Transparencia, y Oficialía de Partes, que da seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales y otras instituciones.

La CEAV advirtió que se perderá el alojamiento y resguardo del RENAVI, con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras. Desaparecerá el área de traslados, “por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.”

Además, no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes, y las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, “no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.”

“Se debía de fortalecer a la CEAV y no desaparecerla”

Incredulidad, fue la reacción de organizaciones sociales ante las declaraciones de la CEAV. Aunque el mismo comunicado habría evidenciado la precariedad de la institución, que “nunca logró las principales instalaciones básicas para trabajar”, Imelda Marrufo Nava opinó que sería una “decepción terrible”, que se atente contra los derechos de las víctimas.

Recordó que Andrés Manuel López Obrador, después de las elecciones presidenciales en 2018, hizo foros con familiares, el primero justo en Ciudad Juárez, por la historia que tiene con las víctimas de feminicidio. “Ahí, su lema fue ‘Primero las víctimas’, y se tomó fotos con nosotros”, recordó, “y hoy da el banderazo del Tren Maya. ¡Estamos viviendo en dos países! ¿A qué tipo de pueblo le está hablando el presidente, cuando a las víctimas les aniquila los insumos básicos?”, preguntó.

La colaboradora en la línea estratégica Verdad, Justicia y Desaparición en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en Veracruz, Marcela Flores Dionicio, explicó que muchas familias sólo cuentan con el ingreso del RENAVI para cubrir sus necesidades básicas. También la CEAV da dinero para las búsquedas de personas desaparecidas en el campo. Remarcó que el Decreto de Austeridad hace una excepción a temas de Derechos Humanos, y que la CEAV entra en ese rubro. “Suena contradictorio que el presidente haya dicho que no va haber un recorte al tema de Derechos Humanos, y hoy salga Mara (Gómez Pérez, titular de la CEAV) en una postura de víctima del presidente, del secretario de Hacienda.”

“Debe de haber otro tratamiento, y más en tiempos de pandemia”, opinó. “Es muy cruel que lo estén haciendo ahora cuando las personas que buscan no están yendo a buscar por la pandemia. Flores Dionicio sospecha que la intención del recorte podría ser que “los estados ahora resuelvan”. Pero muy pocas comisiones estatales, tendrían los fondos para apoyar a familiares mensualmente con una canasta básica o la renta, dijo.

Para el presidente del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicotencatl Carrasco, las más afectadas por este recorte presupuestario serían “otra vez las personas más vulnerables, las mujeres defensoras y periodistas.” Recordó que “o es menor el número de personas beneficiadas del mecanismo, que necesitan de la CEAV.”

Las personas víctimas de delitos del fuero común, son atendidas por las comisiones estatals. En cambio, por ley, las periodistas víctimas de delitos contra la libertad de expresión, que son del fuero federal, son atendidas por la CEAV. Tendrían derecho a un abogado o una abogada, el derecho a una compensación económica porque el delito que sufrió atentó contra su patrimonio, tiene derecho a atención psicológica, y cuando una instancia no logra una reparación del daño sufrido, la CEAV también tiene que reparar el daño.

Opinó que los recortes sólo podrían significar que “están intentando hacer desaparecer la institución.” Reconoció que en el pasado la CEAV fue una institución débil y “sobrepasada de trabajo”, pero que el esfuerzo del Estado debería de concentrarse en fortalecer la institución. Pero el Estado mexicano tiene una historia larga de desprecio a las víctimas.

Tan sólo en la última década, desde Felipe Calderón Hinojosa hasta la administración de López Obrador, “la apuesta más grande fue en la inversión de recursos económicos en seguridad, dar mucho poder a los cuerpos de seguridad y al Ejército, y dejar completamente del lado las víctimas”, dijo, aunque el discurso oficial sería otro. Reconoció la necesidad de tomar las medidas para combatir la pandemia, pero “la pandemia de la violencia ha causado más víctimas en ese país que el COVID-19”, insistió.

La Secretaría de Gobernación, en un comunicado publicado horas después del anuncio de la CEAV, se apresuró a decir que “no se afectará ninguna de las funciones sustantivas de la Secretaría de Gobernación ni se paralizarán las actividades de ninguno de sus organismos.” Sin embargo, el comunicado, que sólo consiste de tres párrafos, no revoca de manera explícita el recorte del 75 por ciento al presupuesto de la CEAV, sólo reitera que “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Segob”.