- 18 años de impunidad frente a la violencia contra las periodistas
- Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no cumple su responsabilidad de brindar garantías de seguridad para su ejercicio periodístico.
CIUDAD DE MÉXICO | En 18 años, de 2002 a junio de 2020, CIMAC ha registrado 898 agresiones contra mujeres periodistas en México, entre ellas 18 casos de feminicidio. El Estado además de permitir la impunidad y dar una deficiente protección a las periodistas, es el responsable: los agresores principales son las autoridades de los gobiernos locales, estatales y federal, en 38.5% por ciento de los casos.
En la “Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México” CIMAC pone en evidencia la violencia de Estado contra la libertad de expresión de las mujeres. El mapa virtual muestra la evolución que la violencia contra las periodistas ha tenido en el tiempo, así como un panorama amplio de las manifestaciones de esta violencia e identifica en cuáles entidades federativas se presenta el mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión: Ciudad de México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).
En la presentación virtual de la Cartografía participaron el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) Edison Lanza, la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) Lucía Lagunes, la periodista exiliada Lydia Cacho y Adriana Ramírez, Coordinadora del programa de Libertad de Expresión de CIMAC.
En 70 por ciento de los casos se trata de reporteras, quienes están en el terreno realizando investigaciones periodísticas que ponen en evidencia la corrupción, desvío de fondos y violaciones graves a los derechos humanos. Son ellas quienes acompañan a otras mujeres en la exigencia de justicia y hacen eco de las demandas de las víctimas, es decir, son defensoras del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión de otras mujeres.
La cartografía identifica que la violencia psicológica es la más recurrente (77 por ciento de los casos la presentan) expresada en amenazas, el desprestigio de su labor periodística y hostigamiento; en 37 por ciento de los casos se presenta violencia física como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con arma de fuego. En 12 por ciento de los casos se trata de violencia patrimonial relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo y daños a los bienes de las periodistas; la violencia sexual como el acoso sexual tanto en redes sociales como en el espacio físico, campañas de difamación o amenazas con connotaciones sexuales estuvo presente en 6 por ciento de los casos.
Los hechos violentos suceden en mayor medida en espacios institucionales (46 por ciento), comunitarios (30 por ciento), laboral (3 por ciento) y, en los últimos años se ha registrado un aumento en las agresiones digitales (18 por ciento).
Pese a la evidencia de la violencia que enfrentan las periodistas, el Estado no brinda garantías, ni crea condiciones de seguridad para que puedan desarrollar su trabajo. Las autoridades no asumen su responsabilidad para garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión para las mujeres, por el contrario, criminalizan e invalidan su labor y promueven campañas de desprestigio. A su vez, las instancias de procuración y administración de justicia carecen de una debida diligencia y actúan con misoginia obstaculizando la prevención, investigación, sanción y reparación integral de los daños de los distintos tipos de violencia que enfrentan las periodistas y sus familias.
La cartografía da cuenta que si bien durante el sexenio del Enrique Peña Nieto se registraron 422 agresiones contra mujeres periodistas, es decir 222 por ciento más que en el sexenio anterior, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han documentado 271 casos de violencia contra mujeres periodistas, es decir, cada dos días una periodista es violentada. Al primer semestre de 2020, ya se vislumbra como el año más violento.
A lo largo de 18 años de registro, la impunidad es la constante. La falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, provoca la repetición de los asesinatos y todo tipo de violencias contra las periodistas.
CIMAC fue la primera organización en documental en el mundo, la violencia sistemática contra las mujeres periodistas. Mostró la desigualdad y la concurrencia del silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir e impedir la violencia contra las periodistas. Desarrolló una metodología para registrar las agresiones cometidas contra la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres con base en la tipología de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La cartografía se suma a los informes que CIMAC publicó para denunciar la violencia, y llamar al Estado a que actúe conforme lo marcan los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico de las mujeres.
Visita la cartografía: https://cartografia-cimac.uwazi.io/
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