Al Día
También van por Canturosas, Biasi y Pablo Zárate
CIUDAD VICTORIA, Tam. | La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), investigan a 122 empresas que operan en la entidad de una manera irregular, porque no se les localiza en su domicilio fiscal, no presentan la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ni declaraciones anuales.
Aunque se trata de contribuyentes no han sido incluidos por el SAT, en la lista de las que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales (artículo 64B del Código Fiscal de la Federación), ya se dio aviso para que también los investiguen, dijo Raúl Ramírez Castañeda.
El titular de la UIFE, explicó que las empresas que están en la lista negra de las que simulan operaciones, se encuentran algunas creadas desde el 2012 y algunas de ellas se encuentran en el padrón de proveedores del gobierno del estado.
“Algunas no han facturado, pero ya se iniciaron las acciones para determinar que hayan presentado el servicio, que su expediente esté debidamente integrado y lo más importante, que la materialidad que consigna la factura, se haya prestado al Estado”.
En rueda de prensa, señaló que de las investigaciones que se llevan a cabo en la Unidad, se han integrado 56 expedientes que derivaron en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero.
Las investigaciones son principalmente por empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y actos de corrupción de ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
“Traemos ya casi 500 objetivos en investigación, de los distintos rubros, no solamente vamos sobre un segmento de personas”, señalando que se han girado 29 órdenes de aprehensión, cinco personas se encuentran vinculadas a proceso, cinco con prisión preventiva justificada, 103 órdenes de aprehensión pendientes por solicitar.
Además de asegurarse 45 inmuebles, tres de ellos precautorios, 35 cuentas bancarias, solicitado diez asistencias jurídicas internacionales, vinculación con autoridades extranjeras para diligencias de investigación.
Y una Ficha Roja generada por la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique (C), quien es acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 47 millones de pesos y cuenta con dos órdenes de aprehensión.
“Encontramos 48 empresas que prestaron servicios como proveedores al municipio de Nuevo Laredo; fueron revisadas por la Auditoria Superior del Estado, la mayoría no comparecieron, otras no fueron localizadas y otras no pudieron demostrar la materialidad de lo consignado en la factura”.
El titular de la UIFE, informó que se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de mil 413 millones de pesos.
Uno de los casos que se investiga es el del ex titular del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) durante la administración de Tomás Yarrington Ruvalcaba, Pablo (N), quien estuvo detenido el 12 de mayo del 2018, y puesto en libertad al pagar una fianza de 42 millones de pesos, luego de un amparo concedido por un juez federal.
El ex titular de Itavu, está relacionado con la enajenación de un inmueble de 68 hectáreas, propiedad del Gobierno del Estado, en el año 2004, en favor de un tercero con un precio inferior a su valor real, según consta en la causa penal 16/2018.
“Tenemos el caso del ex director del Itavu, Pablo (N); le hemos hecho tres auditorías a sus empresas y a él en lo personal; y como resultado, se le han determinado créditos por mil 219 millones de pesos y recientemente se presentó un oficio para el aseguramiento precautorio de 12 bienes”.
Uno de los casos presentados por el titular de la UIFE, es el de un empresario al que se le aseguraron 150 hectáreas y el de un proveedor del municipio de Nuevo Laredo, que no pudo demostrar la prestación de servicios facturados al municipio en la administración pasada, por lo que le determinamos 45 millones de pesos de impuestos omitidos y se aseguraron de manera precautoria, 20 bienes.
“En el caso del ex gobernador; con trabajos de inteligencia de la Unidad, se le aseguraron 25 bienes inmuebles desde el 7 de noviembre del 2018”, además de 20 inmuebles asegurados al ex Secretario municipal de Matamoros Luis Alfredo (B), durante la administración de la alcaldesa Leticia Salazar (2014-2016).
El ex funcionario permanece en el penal de Victoria, luego de ser detenido el 1 de junio del 2018 acusado de extorsión y asociación delictuosa. Ya en diciembre del 2014, había sido detenido por evasión fiscal y luego dejado en libertad en enero del 2015 al pagar una fianza.
“Traemos objetivos del crimen organizado, empresarios y ex funcionarios”, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE).
Al Día
Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación
Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.
A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.
El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.
Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.
En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.
Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.
El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.
En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.
Al Día
Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal
Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.
En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.
La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.
De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.
Al Día
Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027
La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.
Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.
Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.
Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.
La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.
En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.
Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.
La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.
Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.
