Por: Jorge Maldonado Díaz
Será hasta el 5 de agosto cuando la Suprema Corte de Justicia definirá si el Congreso de Nuevo León sanciona o no al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón por el asunto de las ‘Broncofirmas’.
Este jueves, al ser publicadas las listas de los asuntos de la Primera Sala venía ya programado este caso que tanta polémica ha causado.
Hay que recordar que el expediente de la controversia constitucional fue aplazado el pasado 15 de julio por existir aún diferencias entre los ministros que analizan el caso.
De acuerdo con la resolución, la acción emitida por el Poder Legislativo era inconstitucional y por esa razón los diputados no podían sancionar al mandatario estatal.
Por tal motivo, este debería ser analizado mediante un juicio político por parte del Congreso de la Unión y avalado por el Senado de la República.
En caso de encontrar responsabilidades, el dictamen sería enviado a la Suprema Corte y al Congreso para que se castigue a Rodríguez Calderón y al Secretario General, Manuel González.
“En efecto, el Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza”.
“Este novedoso procedimiento del Congreso local no se ajusta al juicio político previsto en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal, pues como ya se dijo en esta resolución, al tratarse de una vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, así como la violación de normas federales, en tanto se trató de la obtención del registro para ser candidato a Presidente de la República, se debió señalar que lo procedente era el juicio político previsto en la Constitución Federal”, señala la resolución.
Como se recordara la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalo que los dos funcionarios estatales deben ser sancionados luego de que quedó comprobado que al menos 571 burócratas recabaron firmas de apoyo en su horario laboral. El Congreso estableció un procedimiento para ejecutar esa sentencia, pero el Poder Ejecutivo interpuso una controversia constitucional ante la Corte para que se declare inconstitucional ese proceso.
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