Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | Para garantizar la prevención y protección a niñas, niños y adolescentes y evitar posibles daños a su integridad personal y cualquier tipo de violencia en su contra, el Congreso del estado aprobó reformas a la ley.
La diputada del PRI, Esperanza Rodríguez López presentó el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en materia de violencia contra los menores.
Señalo que de acuerdo con especialistas el maltrato infantil afecta el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños.
Y puede dañar el desarrollo del cerebro y otros órganos, y aumentar el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el estrés y el deterioro cognitivo la capacidad de pensar, aprender y comprender.
“Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, por lo que resulta necesario establecer una protección especial en su favor, que les permita obtener su pleno desarrollo integral, la cual debe ser observada siempre por la familia, la comunidad y el Estado”.
“Por lo que, la presente reforma contribuirá a fortalecer el marco normativo y los mecanismos necesarios que garanticen la protección de los derechos humanos como: la vida, la salud, la integridad y el derecho a una vida libre de violencia entre otros, además de que atenderá al principio del interés superior de la niñez y ayudará al debido cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal, nuestra Constitución Local”.
“Así como por los tratados internacionales de los que México forma parte, para la prevención, protección, atención y respeto de los derechos humanos en favor de todas las niñas, niños y adolescentes que viven en el Estado de Nuevo León”, dijo Rodríguez López.
Con la modificación el Artículo 104 establece que se deben de implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su vida privada y datos personales; y
Realizar de forma oficiosa y asequible las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Además de tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos.
Adoptar las medidas necesarias para evitar la re victimización de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos
Y que se admitan las medidas de protección urgentes o cautelares correspondientes, para evitar posibles daños a su integridad personal y cualquier tipo de violencia en su contra.
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