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Refuerzan Alertas Amber ante crisis de más de 6 mil personas desaparecidas en Nuevo León

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Por Rosa Maria Rodriguez Quintanilla

Ante una crisis de desapariciones que mantiene a Nuevo León entre los cinco estados con más personas no localizadas del país, el Congreso local aprobó reformas para fortalecer la capacidad de reacción de la Fiscalía General de Justicia mediante la emisión de Alertas Amber en tiempo real a teléfonos celulares y nuevos mecanismos de coordinación institucional.

La modificación legal permitirá a la Fiscalía celebrar convenios con compañías de telefonía móvil para difundir mensajes SMS, notificaciones push y otras alertas digitales orientadas a agilizar la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y demás personas reportadas como desaparecidas, en un contexto donde la entidad acumula 6 mil 733 casos y México supera las 133 mil personas desaparecidas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública advierte que la desaparición de personas continúa siendo una de las crisis de seguridad y derechos humanos más graves en el país, con un incremento sostenido de casos y una respuesta institucional insuficiente frente a la magnitud del problema.

La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI, quien sostuvo que la problemática de las desapariciones ha permanecido durante distintos gobiernos sin que las autoridades hayan logrado construir mecanismos suficientemente eficaces de búsqueda.

“No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna.

Añadió que las autoridades continúan enfrentando dificultades para implementar esquemas de localización eficientes y acordes a la realidad tecnológica actual.

“Pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, afirmó.

La reforma adiciona nuevas atribuciones al titular de la Fiscalía General de Justicia, entre ellas coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno para implementar la Alerta Amber y ejecutar procedimientos de localización inmediata, particularmente en casos de niñas, niños y adolescentes.

Además, faculta a la Fiscalía para celebrar convenios de colaboración con empresas de comunicación móvil y utilizar herramientas tecnológicas de difusión masiva para ampliar el alcance de las alertas.

El dictamen legislativo señala que actualmente existe una limitada coordinación formal entre las autoridades de procuración de justicia y las compañías telefónicas, situación que reduce la capacidad de difusión inmediata de las alertas en casos donde el tiempo puede resultar determinante para localizar con vida a las víctimas.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citadas en el documento, México cerró 2025 con 133 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un incremento de 10.5 por ciento respecto al año anterior.

El análisis elaborado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública advierte que desde 2022, cuando el país superó por primera vez las 100 mil personas desaparecidas, la tendencia no ha dejado de crecer: los casos aumentaron 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y 12 por ciento en 2025.

Nuevo León aparece entre las cinco entidades que concentran el mayor número de desapariciones en México, junto con Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, que en conjunto agrupan el 44.3 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

La legisladora promotora de la iniciativa sostuvo además que los protocolos tradicionales de búsqueda ya no responden a la forma en que actualmente se comunica la sociedad y advirtió sobre la necesidad de reducir los tiempos de reacción institucional.

“Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio”, señaló.

“Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualización que responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real”, agregó.

El Congreso local también expuso una situación particularmente preocupante respecto a las desapariciones de menores de edad.

Durante 2025 se registraron en México 10 mil 707 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes, equivalente a 29 casos diarios. Al inicio de 2026, 2 mil 856 menores continuaban sin ser localizados.

Aunque el 77 por ciento de las personas desaparecidas en el país son hombres, el dictamen advierte una vulnerabilidad específica en adolescentes mujeres. En el rango de edad de entre 12 y 17 años, las mujeres representan el 45 por ciento de los casos.

La Comisión legislativa sostuvo que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las infancias y adolescencias, así como garantizar mecanismos de búsqueda más rápidos y eficaces.

“El número de sentencias condenatorias sigue siendo muy bajo para un universo de miles de casos registrados”, advierte el documento, el cual también reconoce que muchas desapariciones no llegan siquiera a denunciarse formalmente, ampliando los márgenes de impunidad.

La reforma aprobada en Nuevo León establece además que la Fiscalía General deberá actualizar su reglamento interno en un plazo máximo de 90 días y que el Poder Ejecutivo estatal deberá contemplar recursos suficientes en el presupuesto para garantizar la operación de las nuevas disposiciones.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Seguridad y Justicia y posteriormente aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso local.

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FGR, Gobierno Federal, Jalisco y NL blindan el Mundial con operativo integral

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– Más de 100 mil elementos del ejército, guardia nacional, agentes estatales y municipales, vigilan aeropuertos, terminales de autobuses, carreteras, estadios y hostales para prevenir situaciones de riesgo

Por Luis Fernando Jiménez

Ciudad de México..- A un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México puso en marcha un operativo integral de seguridad y procuración de justicia encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal y los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que albergarán los encuentros mundialistas en territorio nacional.

La estrategia busca garantizar la seguridad de millones de aficionados nacionales y extranjeros que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con el torneo, considerado el evento deportivo más importante del planeta.

La FGR informó que desarrolló una estrategia especial para atender denuncias e iniciar investigaciones por delitos federales durante la justa deportiva, con énfasis en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entre los ilícitos que podrán ser denunciados destacan delincuencia organizada, trata de personas, lavado de dinero, tráfico de armas, delitos fiscales, contrabando y delitos contra la salud. Asimismo, se habilitó una plataforma digital y atención presencial en las 32 fiscalías federales del país para turistas nacionales y extranjeros.

La operación se desarrolla en paralelo al denominado Plan Kukulcán, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad, que contempla el despliegue de cerca de 100 mil elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales para proteger estadios, aeropuertos, carreteras, hoteles, centros de entrenamiento, zonas turísticas y áreas de concentración de aficionados.

De acuerdo con las autoridades federales, el esquema de seguridad incluye vigilancia aérea, sistemas antidrones, monitoreo mediante cámaras de videovigilancia, inteligencia en tiempo real, binomios caninos especializados, agentes encubiertos y hasta cuatro anillos de seguridad alrededor de las instalaciones deportivas y zonas de alta concentración de visitantes.

En Nuevo León, el gobernador Samuel García confirmó que las mesas de seguridad operarán de manera permanente durante el Mundial y que representantes de FIFA participan directamente en los trabajos de coordinación con autoridades federales y estatales.

Por su parte, la Ciudad de México implementará uno de los dispositivos más robustos del torneo. Las autoridades capitalinas anunciaron el despliegue de más de 56 mil policías, personal de emergencia y fuerzas federales, además de cierres viales escalonados y estrictos controles de acceso en los alrededores del Estadio Azteca, sede del partido inaugural.

La seguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos para el Gobierno mexicano debido al contexto que rodea el arranque del Mundial. En los últimos días se han registrado movilizaciones sociales, particularmente de integrantes de la CNTE, lo que llevó a las autoridades capitalinas a reforzar la protección del Estadio Azteca, considerado ahora una instalación estratégica de seguridad nacional durante la celebración del evento.

Además del despliegue operativo, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con FIFA, Estados Unidos y Canadá para compartir información de inteligencia y atender cualquier amenaza potencial que pudiera afectar el desarrollo del torneo.

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico para México, que se convertirá en el primer país en albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo. Sin embargo, también representa una prueba de fuego para las instituciones de seguridad y justicia del país, que buscan demostrar capacidad de respuesta frente a riesgos asociados al crimen organizado, delitos transnacionales, amenazas a la seguridad pública y posibles protestas sociales.

Con el reloj en cuenta regresiva para la ceremonia inaugural, el Gobierno federal sostiene que México está listo para recibir a millones de visitantes bajo uno de los operativos de seguridad más amplios desplegados en tiempos recientes.

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Detecta ASE observaciones por más de 14 mil mdp en Tamaulipas

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– Comapas concentran observaciones por más de 11 mil millones de pesos en Cuenta Pública 2024; Auditor Superior del Estado advierte que la impunidad ya no será tolerada

CIUDAD VICTORIA, Tam. | La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó observaciones por un monto de 14 mil 414 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, de los cuales más de 11 mil 301 millones corresponden a organismos operadores de agua potable, que además reprobaron en su totalidad las auditorías practicadas.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Tamaulipas, el auditor superior, Francisco Noriega Orozco, señaló que las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) presentan un problema estructural de gestión administrativa que se ha agravado en los últimos años.

“La impunidad ya no es una opción”, afirmó el funcionario al exponer los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2024, en la que calificó la situación de los organismos operadores de agua como un “desorden administrativo de carácter sistémico”.

De acuerdo con el informe presentado, las Comapas registraron un deterioro superior al 40 por ciento en comparación con ejercicios anteriores, mientras que algunos organismos municipales mostraron retrocesos de hasta 70 por ciento en indicadores relacionados con la rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones administrativas.

Noriega Orozco informó que las auditorías derivaron en aproximadamente 2 mil presuntas responsabilidades administrativas, cuyos expedientes deberán ser investigados y, en su caso, sancionados por los órganos internos de control de las dependencias y entidades involucradas.

Explicó que uno de los principales retos ha sido garantizar el seguimiento a estos procedimientos, ya que históricamente existía poca información sobre el resultado de las investigaciones iniciadas a partir de las observaciones emitidas por la ASE.

El auditor destacó que, a diferencia de los organismos operadores de agua, los ayuntamientos lograron reducir en alrededor de 21 por ciento el monto observado respecto de ejercicios previos. Sin embargo, advirtió que persisten deficiencias relacionadas con la capacitación del personal encargado de la administración y fiscalización de recursos públicos.

Como parte de las acciones para fortalecer la vigilancia del gasto público, la ASE ha implementado herramientas tecnológicas, aplicado sanciones por la entrega incompleta de información y desarrollados programas de capacitación que han alcanzado a más de 4 mil 500 servidores públicos y al 95 por ciento de los alcaldes del estado.

Asimismo, reveló que actualmente existen 27 expedientes en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas para procurar el resarcimiento de daños al erario. Los montos involucrados en estos procedimientos oscilan entre 50 y 60 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado continuará con los procesos de revisión, determinación de responsabilidades y recuperación de recursos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.

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PAN llevará ante la OPS denuncia por contaminación del aire en Nuevo León

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Por Jorge Maldonado

MONTERREY, NL. | Ante los persistentes problemas de calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León anunció que presentará una denuncia ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para señalar la presunta inacción de autoridades frente a la crisis ambiental.

La diputada local Claudia Caballero Chávez informó que la querella será interpuesta la próxima semana ante el representante de la OPS en México, José Moya Medina, con el propósito de solicitar la intervención del organismo internacional y promover recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal y estatal.

La legisladora argumentó que las distintas instancias locales ya han sido notificadas sobre la problemática sin que, a su juicio, existan respuestas suficientes para atender el deterioro de la calidad del aire.

“Ya agotamos todas las instancias aquí en Nuevo León”, señaló Caballero Chávez al referirse a gestiones y exhortos dirigidos a dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a las secretarías federal y estatal de Salud y Medio Ambiente.

De acuerdo con la diputada panista, la denuncia incluirá información sobre los niveles de contaminación registrados en la entidad y la demanda de que se haga público el inventario de emisiones que, afirmó, ha sido solicitado en diversas ocasiones.

Caballero Chávez sostuvo que, según reportes difundidos por medios de comunicación, durante 2026 alrededor del 90 por ciento de los días registrados en Nuevo León han presentado condiciones de mala o muy mala calidad del aire.

Asimismo, señaló que 2025 concluyó con 188 días bajo esas mismas condiciones ambientales, cifras que, aseguró, rebasan los parámetros establecidos en las normas de calidad del aire.

La legisladora consideró que la contaminación atmosférica representa un problema de salud pública que requiere acciones inmediatas de las autoridades responsables, debido a los posibles efectos en la salud de la población, particularmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Hasta el momento, las autoridades señaladas por la bancada panista no han emitido una postura pública respecto al anuncio de la denuncia ante la Organización Panamericana de la Salud.

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