SCJN frena eventual destitución de Samuel García; juicio político puede continuar
Por Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL.- El gobernador Samuel García Sepúlveda obtuvo una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide al Congreso de Nuevo León emitir, por el momento, una resolución que implique su destitución o inhabilitación dentro del juicio político iniciado en su contra.
La medida cautelar fue concedida por la ministra María Estela Ríos González en la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal contra actos atribuidos a la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
El procedimiento deriva de una denuncia presentada por Morena por presuntas irregularidades y triangulación de recursos públicos que, de acuerdo con los denunciantes, habrían beneficiado a empresas y despachos vinculados con el entorno familiar del mandatario. Los señalamientos permanecen bajo investigación y no representan una determinación de responsabilidad.
En su resolución, la ministra consideró que permitir una eventual separación del cargo antes de que la Corte analice el fondo del asunto podría afectar la continuidad de las funciones del Gobierno estatal y causar un daño de difícil reparación.
“De no concederse la suspensión en los términos precisados, se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”, establece la resolución.
La ministra agregó que la medida busca salvaguardar el funcionamiento de la administración pública estatal y el ejercicio de las atribuciones correspondientes al gobernador.
La suspensión no resuelve el fondo de la controversia ni cancela definitivamente el juicio político. El Congreso puede continuar con las etapas de investigación y sustanciación del procedimiento, pero deberá abstenerse de emitir una resolución definitiva que implique destituir o inhabilitar a García Sepúlveda mientras la medida permanezca vigente.
El Poder Legislativo todavía podría impugnar la suspensión mediante los recursos legales correspondientes, estrategia que deberá ser analizada por la Dirección Jurídica del Congreso.
Esta protección se suma a una suspensión concedida previamente por una jueza federal de Monterrey en un juicio de amparo promovido a título personal por el gobernador. En ese caso también se permitió que el procedimiento legislativo continuara, pero se ordenó evitar una resolución definitiva.
Los distintos juicios políticos promovidos contra García Sepúlveda han permanecido sujetos a revisiones judiciales, lo que ha impedido que el Congreso concluya los procedimientos.
Será la Suprema Corte la que determine, al resolver el fondo de la controversia constitucional, si los actos impugnados de la Comisión Anticorrupción se ajustaron a la Constitución.
