Veinte años después, seguimos revictimizando
OTRA MIRADA
Veinte años después, seguimos revictimizando
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Lo recuerdo bien.
Hace casi 20 años, desde Matamoros, un grupo de mujeres periodistas comenzó a cuestionar una práctica entonces normalizada en periódicos y espacios informativos: exhibir a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.
La preocupación surgió después de una campaña de la Red de Mujeres Periodistas de Matamoros para denunciar el maltrato infantil. Aquel trabajo nos permitió mirar de cerca no sólo la violencia que padecían niñas y niños, sino también el daño que podía ocasionar la manera en que los medios contábamos sus historias.
Nombres completos, fotografías, domicilios y detalles íntimos de las agresiones aparecían publicados como parte habitual de una nota.
Pero hubo algo todavía más preocupante.
Detectamos que algunas mujeres que acudían ante las autoridades por hechos de violencia después no regresaban a ratificar la denuncia. Tenían miedo al agresor, por supuesto, pero también al escarnio público: a aparecer en el periódico, a ser reconocidas por sus vecinos, señaladas o juzgadas por lo que habían vivido.
El miedo a ser exhibidas en los medios podía inhibir las denuncias.
Y eso tenía consecuencias mucho más profundas que una mala práctica periodística: podía alejarlas de la justicia y favorecer la impunidad.
Entendimos entonces que la exposición mediática podía convertirse en una segunda violencia.
Por eso la Red de Mujeres Periodistas de Matamoros, con el apoyo de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, decidió llevar aquella preocupación al Congreso del Estado.
La propuesta fue presentada en el año 2006 a través de la entonces diputada Lupita Flores Valdez.
No fue sencillo.
La diputada llevó la propuesta a tribuna y tuvo que enfrentar críticas de quienes consideraban que aquella iniciativa podía limitar la libertad de expresión.
Era una discusión legítima entonces y lo sigue siendo hoy.
Nunca se trató, desde nuestra perspectiva, de impedir que los medios informaran, sino de algo mucho más elemental: poder informar sobre la violencia sin volver a violentar a quien ya la había sufrido.
De aquel esfuerzo surgió la incorporación del artículo 279 Ter al Código Penal de Tamaulipas, que reconoció en la legislación estatal la necesidad de proteger la identidad de víctimas de violencia sexual o familiar frente a su exposición pública.
Hoy sabemos también que cualquier restricción a la libertad de expresión, especialmente cuando interviene el derecho penal, debe analizarse con enorme cuidado. Pero la pregunta que planteamos entonces conserva toda su vigencia:
¿Cómo informar sin vulnerar los derechos de las víctimas?
Casi 20 años después, esa discusión vuelve a alcanzarnos.
Y nuevamente desde Matamoros.
El caso de una niña de 11 años embarazada, víctima de violencia sexual, ha colocado frente al espejo no solamente a las instituciones responsables de proteger a la infancia, sino también a quienes ejercemos el periodismo.
En los últimos días han circulado imágenes de la niña, datos sobre su familia y su entorno, versiones de lo ocurrido, información relacionada con su estado de salud y otros elementos que, reunidos, pueden permitir identificarla.
Incluso se llegó a hablar de una supuesta “relación de pareja”.
No.
Tiene 11 años.
El SIPINNA Nacional fue contundente: estamos frente a una niña víctima de violencia sexual.
Y quizá ahí debería comenzar nuestra reflexión como periodistas.
La niña no es la investigada.
Lo que debemos investigar es quién ejerció violencia contra ella, cómo ocurrieron los hechos, si existieron omisiones en su protección y qué están haciendo las autoridades para garantizarle justicia y la restitución de sus derechos.
Todo eso es de interés público.
Su identidad no lo es.
El SIPINNA Nacional hizo un llamado a medios de comunicación, plataformas digitales y personas usuarias de redes sociales para detener la difusión de información que permita identificarla o profundice su revictimización. También recordó que la legislación mexicana protege la identidad, intimidad, dignidad, imagen y datos personales de niñas y niños relacionados con la comisión de un delito.
Hay además algo que debemos comprender en estos tiempos digitales: no basta con borrar el nombre o difuminar el rostro.
Una víctima también puede ser identificada cuando publicamos fotografías de su vivienda, datos sobre familiares, escuela, entorno, información médica o suficientes detalles para que quienes la conocen sepan de quién hablamos.
La suma de datos también identifica.
Por eso, lo menos que podemos hacer desde los medios es evitar que la exposición de su historia la persiga en internet durante el resto de su vida.
Quizá antes de publicar determinados datos deberíamos hacernos una pregunta muy sencilla:
¿Los publicaríamos si la víctima fuera nuestra hija, nuestra nieta o nuestra hermana?
Es necesario recordar siempre que detrás de cada nota hay una persona. Y en este caso, una niña de apenas 11 años.
Hoy, desde Matamoros, la misma ciudad donde hace casi dos décadas comenzó aquella lucha por proteger la identidad de las víctimas, una niña de 11 años nos obliga a volver a pensarlo.
Informar no es exhibir.
Podemos investigar, cuestionar y exigir justicia sin revelar la identidad de una víctima.
Eso también es ejercer el periodismo con responsabilidad.
Y, sobre todo, con humanidad.
