Al Día
En riesgo, el subsidio para construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa
El presupuesto federal para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa está en riesgo por la indiferencia oficial, luego de que el Gobierno de Egidio Torre Cantú ni el de Francisco García Cabeza de Vaca construyeron la obra antes del 31 de diciembre del 2016 como estaba convenido.
Por Rosa Maria Rodriguez Quintanilla
Tamaulipas está en riesgo de perder la oportunidad de contar con un Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, a pesar de que existe un proyecto y un subsidio federal, de mas de 5 millones de pesos para su construcción antes del 31 de diciembre del 2016.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) suscribió con el Gobierno de Tamaulipas un Convenio de Coordinación para subsidiar el 70% de los recursos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa así como para planear, elaborar e impulsar estrategias en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Dicho convenio establece que el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa requerirá para su construcción, una inversión de 40 millones de pesos y estará dividido en cuatro etapas.
En la sesión extraordinaria que celebró el día 2 de junio de 2016, el Comité de Evaluación de proyectos de los Centros de Justicia para las Mujeres asignó 5 millones 922 mil pesos para la creación del CJM en Reynosa, con el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de aportar la cantidad complementaria de 2 millones 538 mil pesos así como el inmueble para su construcción, ubicado en el Lote de Agostadero, dentro de la cuadrícula de Distrito de Riego del Bajo Río San Juan, de Reynosa.
El programa físico y financiero de la obra, estima que con este subsidio federal, se alcanzará un avance del 70% del proyecto y que la primera etapa de su construcción debería estar construida a más tardar el 31 de diciembre del 2016.
En las cláusulas del mismo Convenio, se establece que si el Gobierno de Tamaulipas no ejerce los recursos federales asignados antes del 31 de diciembre del 2016, deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación en los primeros 15 días del ejercicio fiscal del 2017, como lo dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en su Reglamento.
El Acuerdo Gubernamental para la creación del primer Centro de Justicia para las Mujeres en Tamaulipas firmado el 12 de febrero y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de abril, estableció un plazo de 120 días hábiles a la Procuraduría de Justicia del Estado para expedir los protocolos de actuación y manual de operación de dicho centro.
Por su lado, la LXII segunda legislatura del Congreso del Estado, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 15 de septiembre, aprobó la redacción del dictamen, que autoriza al ayuntamiento de Reynosa a donar el terreno, propiedad de la hacienda municipal, para la construcción de dicho centro de justicia. Sin embargo, este dictamen, hasta la fecha, no ha sido puesto a la consideración del pleno legislativo para su aprobación definitiva.
Al Congreso del Estado, tampoco ha llegado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, para dar certidumbre jurídica a la operación del Centro de Justicia para las Mujeres.
Antes de concluir la pasada administración estatal de Egidio Torre Cantú, la Secretaría de Obras Públicas, como instancia ejecutora, adjudicó la construcción del CJM y el día 26 de agosto, la federación transfirió a la cuenta del Gobierno de Tamaulipas, el subsidio para iniciar su construcción.
De esta manera, el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa debió construirse en los meses de septiembre a diciembre del 2016.
Pese a que se adjudicó la obra, y que el Gobierno de Francisco Garcia Cabeza de Vaca hace tres meses que asumió el poder, la obra ni siquiera fue iniciada mucho menos terminada como establece el convenio, dejando en evidencia el poco interés por resolver de fondo la violencia contra las mujeres.
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN REYNOSA
El Centro de Justicia para las Mujeres de Reynosa, será una unidad administrativa dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, que brindará bajo un mismo techo, servicios especializados de atención integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia, desde la perspectiva de género y con respeto de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Estará ubicado en el lote de agostadero dentro de la cuadrícula del Distrito de Riego del Bajo Río San Juan, en Reynosa, cuyo ámbito territorial de actuación comprenderá a los municipios de Reynosa, Rio Bravo, Miguel alemán, Camargo, Nueva Ciudad Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, y Mier.
En su estructura, el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa deberá contar con una Dirección General, y 7 coordinaciones: Operativa, de Prevención, de Trabajo Social, de Psicología, Médica, Jurídica y de Empoderamiento. Contempla atención, intervención y servicios especializados.
Conforme a su modelo de atención integral y protocolos de actuación, las diferentes instituciones deberán ofrecer servicios médicos, sicológicos y siquiátricos, asesoría jurídica, representación legal especializada en los ámbitos familiar, civil, penal así como la solicitud y en su caso, la tramitación de las medidas de protección, apoyos sociales, de empoderamiento y reintegración social.
La Titular del Centro de Justicia deberá ser mujer, con conocimiento y experiencia en derechos humanos, procuración de justicia y perspectiva de género.
URGENTE ATENDER VIOLENCIA DE GÉNERO: OSC
En el Plan 100 propuestas + 10, elaborado por ASCENRED- Agentes de Sociedad Civil en Red- para el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022, distintas organizaciones como la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C. y el Centro Aequus de Información para la igualdad de Género demandaron la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad y que se cumplan las leyes y convenios internacionales para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.
La Presidenta de la Red de Desaparecidos, A.C. y de ASCENRED, que agrupa a 150 organizaciones de la sociedad civil, afirmó que existen serios rezagos en esta materia, que han normalizado la violencia familiar, laboral, institucional, social y política hacia las mujeres, por una marcada ausencia de políticas públicas integrales que abonen a la prevención, atención y sanción de éstas prácticas.
“La violencia de género ha crecido a través de años de negación, permisibilidad, machismo y miedo”, afirma por su parte la Coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C. Dora Alicia De la Cruz García al lamentar que todavía existe una gran parte de la población, que son indiferentes a esta problemática o lo asimilan de manera natural y cotidiana.
¿QUE SON LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES?
Actualmente operan en México 31 Centros de Justicia para las Mujeres en 23 estados de la república mexicana, con la suma de esfuerzos y recursos de la federación, gobiernos de los estados y sociedad civil. Tamaulipas es una de las pocas entidades del país, que aún no cuentan con un centro de este tipo.
Los CJM surgieron en 2010, como una estrategia del gobierno mexicano para garantizar a las mujeres y sus familias un acceso a la justicia con enfoque de género y respeto a los derechos humanos.
Lo anterior, después de que en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado mexicano por violar los derechos humanos en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, (caso mejor conocido como Campo algodonero) y lo instó a realizar investigaciones exhaustivas y a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia.
El programa de subsidios para la creación y fortalecimiento de los CJM, busca de igual manera, atender las observaciones y recomendaciones que, el órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo a México en agosto del 2012 para que de cumplimiento a esta Convención.
Unas de las recomendaciones fue, adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres, como la violación y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a sus agresores.
En Tamaulipas es incipiente la lucha por los derechos de las mujeres. En octubre del 2014, más de 100 Organizaciones No Gubernamentales se auto convocaron a un Foro para evaluar el cumplimiento de la Plataforma de Beijing y en un informe documentaron la deuda pendiente que tienen los tres niveles de gobierno, para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Ahí, ya exigían la construcción de los centros de justicia para las mujeres.
Es urgente que la sociedad y las instituciones, caminen en una misma dirección.
Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.
A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.
El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.
Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.
En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.
Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.
El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.
En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.
Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.
En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.
La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.
De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.
La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.
Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.
Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.
Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.
La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.
En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.
Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.
La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.
Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.
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