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Reconoce la Corte a Enrique Orozco como Gobernador interino

Por: Jorge Maldonado Díaz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que es su responsabilidad vigilar que los actos de las autoridades se cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer.

Lo anterior lo dijo a través de las redes sociales al señalar que el Congreso Local es el único que tenía la facultad de nombrar al Gobernador Interino de Nuevo León y volvió a reconocer a Luis Enrique Orozco en dicho cargo.

La Corte señala que ante la licencia de Samuel García Sepúlveda, esa responsabilidad recayó en el ex vicefiscal.

La SCJN señala en la publicación todas las medidas cautelares que se realizaron a través de los diferentes recursos que se interpusieron.

En la publicación determina que el Congreso del Estado nombró en primera instancia a Arturo Salinas Garza, expresidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado como Gobernador Interino.

Ante tal situación, el Gobernador, Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo en donde designaba a Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno como encargado de despacho.

Ambas decisiones fueron impugnadas mediante Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte.

Tras el análisis, se suspendió el acuerdo del Congreso por violentar la división de poderes al nombrar al titular del Poder Judicial y se procedió con la misma resolución la designación del mandatario estatal.

Por último, se reconoc el proceso emitido por el Poder Legislativo en donde se nombró a Orozco como Gobernador Interino.

«Se determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de Gobernador Interino», detallaron en el post.

A pesar de esto, Samuel García Sepúlveda decidió no hacer válida la licencia solicitada y reasumió su cargo de Gobernador alegando que no requiere aval del Congreso, proceso por el que la Corte aún no se ha pronunciado si es o no válido.

En la publicación se determina que es responsabilidad de la Suprema Corte en la democracia vigilar que los actos de las autoridades se cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer.

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