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Nuevo León es uno de los tres estados del país que aún mantienen vigentes los delitos de difamación, injurias y calumnias, y uno de los 5 que exige título profesional para ejercer el periodismo, lo que limita la libertad de expresión.
Por Rosa Maria Rodríguez Quintanilla
Monterrey, N.L. – Organizaciones integrantes del colectivo “Despenalizando la Palabra” hicieron un enérgico llamado al Congreso de Nuevo León para eliminar del Código Penal del Estado los delitos contra el honor —difamación, injurias y calumnias— y reformar la Ley de Profesiones, que limita el ejercicio del periodismo.
En conferencia de prensa, recordaron que Nuevo León es uno de los tres estados del país, junto con Yucatán y Zacatecas, que aún mantienen vigentes estos delitos y uno de los cinco que exige título profesional para ejercer el periodismo, lo que contraviene estándares de organismos internacionales de derechos humanos que han reiterado que, el ejercicio de la libertad de expresión no debe estar sujeto a sanciones penales ni a restricciones desproporcionadas.

Sara Mendiola: “La normatividad de Nuevo León viola estándares internacionales”
La directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, cuestionó el rezago del Congreso de Nuevo León en la armonización de su marco legal con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Recordó que, en 2022, junto con la Red de Periodistas del Noreste, presentaron una iniciativa integral para fortalecer la libertad de prensa, que incluía la revisión de la figura del daño moral, la despenalización de la calumnia, injurias y difamación, así como una reforma a la Ley de Profesiones, que actualmente condiciona el ejercicio periodístico a contar con un título profesional.
Como base, Propuesta Cívica elaboró ese mismo año un estudio nacional que analizó los 32 códigos penales y civiles del país. El resultado, dijo, fue claro: Nuevo León es uno de los tres estados que todavía conserva en su Código Penal los delitos contra el honor y uno de los cinco que exige título profesional para ejercer el periodismo, colocándose entre las entidades más restrictivas de la república.
Mendiola advirtió que esta normatividad local contraviene los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Denunció que el Congreso local ha sido omiso. “En ese momento se presentaron las iniciativas, hubo un acercamiento con la legislatura de entonces y el resultado fue que no se hizo nada. Fue una iniciativa que murió en el Congreso”, lamentó.
La activista subrayó que esta falta de actualización ha permitido que figuras como el daño moral se utilicen como un mecanismo de censura y persecución judicial. “Esta figura se ha convertido en una masa de poder para atacar a quienes investigan y exponen asuntos de interés público. En lugar de proteger el honor, se utiliza como una forma de venganza para silenciar al periodismo crítico”, acusó.
Explicó que la propuesta no busca desaparecer la figura ni dejar desprotegidos a quienes pudieran sufrir un daño real a su reputación, sino establecer un marco equilibrado. “Lo que necesitamos es que un periodista tenga las mismas armas de defensa que un funcionario cuando enfrenta una demanda civil».
Finalmente, Mendiola criticó la vigencia de la Ley de Profesiones del estado, que exige título o cédula para ejercer el periodismo, lo que consideró una restricción desproporcionada y violatoria de derechos humanos.
“Hoy, nuevamente, desde este colectivo insistimos en que los legisladores generen una armonización legislativa que cumpla con los estándares internacionales y con el propio artículo primero constitucional, que obliga a las autoridades a garantizar el ejercicio pleno de los derechos”, concluyó.

Melva Frutos: “Está en juego la libre expresión de toda la sociedad”
Melva Frutos, cofundadora de la Red de Periodistas del Noreste, informó que el colectivo Despenalizando la Palabra se reunirá este martes con la Comisión de Justicia del Congreso local para exigir la derogación de los delitos contra el honor y la reforma a la Ley de Profesiones, que actualmente exige un título para ejercer el periodismo, limitando la libertad de expresión.
La periodista pidió a los legisladores evitar retrasos innecesarios y emitir un dictamen positivo y priorizar la discusión de estas iniciativas, que buscan frenar el uso de normas penales y tipos legales ambiguos que criminalizan la protesta y la labor informativa. “Como periodistas sabemos que no todos cuentan con un título en comunicación; muchos provienen de profesiones diversas. Esta ley desconoce esa realidad y contradice los estándares internacionales”, explicó.
Frutos insistió en que “no solo se trata de defender la labor periodística: lo que está en juego es la libre expresión de toda la sociedad”. Asimismo, llamó a incluir la reforma en la Agenda Mínima de septiembre y recordó que el 12 de noviembre vence el plazo para aprobarla.
La cofundadora de la Red de Periodistas del Noreste urgió a los legisladores de la Comisión de Justicia a aprobar las reformas antes de esa fecha y anunció que este 20 de agosto se celebrará un foro en el Auditorio de la Biblioteca del Tec de Monterrey, donde se discutirán estas propuestas junto con legisladores, académicos y representantes de organismos internacionales.

Sandrine Molinard: “La reducción del espacio cívico amenaza la democracia”
Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, advirtió que el fortalecimiento democrático solo es posible con espacios cívicos abiertos y seguros, donde la ciudadanía pueda participar sin temor a represalias.
Citó el informe CIVICUS 2024, que revela que un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, y señaló que México se clasifica como un espacio cívico represivo, donde periodistas, activistas y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas constantes y una impunidad cercana al 99%.
Recordó que Nuevo León, junto con Yucatán y Zacatecas, sigue siendo uno de los tres estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor en su Código Penal. «Esta situación legal genera autocensura; es una amenaza latente que afecta a la ciudadanía, no solo a periodistas y activistas».
Refirió que, enero de 2019 y septiembre de 2023, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 41 periodistas asesinados, 6 trabajadores de medios, 91 personas defensoras de derechos humanos y 13 desapariciones relacionadas con su trabajo.
Georgina Morales: “Es preocupante el deterioro de la libertad de expresión”
Georgina Morales, secretaria técnica de Manifiesta Tu Ciudadanía, coincidió en que es preocupante el deterioro de la libertad de expresión en Nuevo León y solicitó a la legislatura local analizar y aprobar estas reformas al Código Penal del Estado para garantizar el pleno ejercicio del periodismo mediante la derogación de los delitos contra el honor.
Destacó que el colectivo Despenalizando la Palabra es una red apartidista y plural, integrada por más de 20 organizaciones nacionales y estatales, entre ellas Manifiesta Tu Ciudadanía, Artículo 19, Propuesta Cívica, Consejo Cívico de Nuevo León, la Red de Periodistas del Noreste, Verificado MX y Accionario. Asimismo, agradeció el respaldo técnico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

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