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Colectivo “Despenalizando la Palabra” exige al Congreso de NL derogar delitos contra el honor

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  • Nuevo León es uno de los tres estados del país que aún mantienen vigentes los delitos de difamación, injurias y calumnias, y uno de los 5 que exige título profesional para ejercer el periodismo, lo que limita la libertad de expresión.

Por Rosa Maria Rodríguez Quintanilla

Monterrey, N.L. – Organizaciones integrantes del colectivo “Despenalizando la Palabra” hicieron un enérgico llamado al Congreso de Nuevo León para eliminar del Código Penal del Estado los delitos contra el honor —difamación, injurias y calumnias— y reformar la Ley de Profesiones, que limita el ejercicio del periodismo.

En conferencia de prensa, recordaron que Nuevo León es uno de los tres estados del país, junto con Yucatán y Zacatecas, que aún mantienen vigentes estos delitos y uno de los cinco que exige título profesional para ejercer el periodismo, lo que contraviene estándares de organismos internacionales de derechos humanos que han reiterado que, el ejercicio de la libertad de expresión no debe estar sujeto a sanciones penales ni a restricciones desproporcionadas.

Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica

Sara Mendiola: “La normatividad de Nuevo León viola estándares internacionales”

La directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, cuestionó el rezago del Congreso de Nuevo León en la armonización de su marco legal con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Recordó que, en 2022, junto con la Red de Periodistas del Noreste, presentaron una iniciativa integral para fortalecer la libertad de prensa, que incluía la revisión de la figura del daño moral, la despenalización de la calumnia, injurias y difamación, así como una reforma a la Ley de Profesiones, que actualmente condiciona el ejercicio periodístico a contar con un título profesional.

Como base, Propuesta Cívica elaboró ese mismo año un estudio nacional que analizó los 32 códigos penales y civiles del país. El resultado, dijo, fue claro: Nuevo León es uno de los tres estados que todavía conserva en su Código Penal los delitos contra el honor y uno de los cinco que exige título profesional para ejercer el periodismo, colocándose entre las entidades más restrictivas de la república.

Mendiola advirtió que esta normatividad local contraviene los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Denunció que el Congreso local ha sido omiso. “En ese momento se presentaron las iniciativas, hubo un acercamiento con la legislatura de entonces y el resultado fue que no se hizo nada. Fue una iniciativa que murió en el Congreso”, lamentó.

La activista subrayó que esta falta de actualización ha permitido que figuras como el daño moral se utilicen como un mecanismo de censura y persecución judicial. “Esta figura se ha convertido en una masa de poder para atacar a quienes investigan y exponen asuntos de interés público. En lugar de proteger el honor, se utiliza como una forma de venganza para silenciar al periodismo crítico”, acusó.

Explicó que la propuesta no busca desaparecer la figura ni dejar desprotegidos a quienes pudieran sufrir un daño real a su reputación, sino establecer un marco equilibrado. “Lo que necesitamos es que un periodista tenga las mismas armas de defensa que un funcionario cuando enfrenta una demanda civil”.

Finalmente, Mendiola criticó la vigencia de la Ley de Profesiones del estado, que exige título o cédula para ejercer el periodismo, lo que consideró una restricción desproporcionada y violatoria de derechos humanos.

“Hoy, nuevamente, desde este colectivo insistimos en que los legisladores generen una armonización legislativa que cumpla con los estándares internacionales y con el propio artículo primero constitucional, que obliga a las autoridades a garantizar el ejercicio pleno de los derechos”, concluyó.

Melva Frutos, cofundadora de la Red de Periodistas del Noreste

Melva Frutos: “Está en juego la libre expresión de toda la sociedad”

Melva Frutos, cofundadora de la Red de Periodistas del Noreste, informó que el colectivo Despenalizando la Palabra se reunirá este martes con la Comisión de Justicia del Congreso local para exigir la derogación de los delitos contra el honor y la reforma a la Ley de Profesiones, que actualmente exige un título para ejercer el periodismo, limitando la libertad de expresión.

La periodista pidió a los legisladores evitar retrasos innecesarios y emitir un dictamen positivo y priorizar la discusión de estas iniciativas, que buscan frenar el uso de normas penales y tipos legales ambiguos que criminalizan la protesta y la labor informativa. “Como periodistas sabemos que no todos cuentan con un título en comunicación; muchos provienen de profesiones diversas. Esta ley desconoce esa realidad y contradice los estándares internacionales”, explicó.

Frutos insistió en que “no solo se trata de defender la labor periodística: lo que está en juego es la libre expresión de toda la sociedad”. Asimismo, llamó a incluir la reforma en la Agenda Mínima de septiembre y recordó que el 12 de noviembre vence el plazo para aprobarla.

La cofundadora de la Red de Periodistas del Noreste urgió a los legisladores de la Comisión de Justicia a aprobar las reformas antes de esa fecha y anunció que este 20 de agosto se celebrará un foro en el Auditorio de la Biblioteca del Tec de Monterrey, donde se discutirán estas propuestas junto con legisladores, académicos y representantes de organismos internacionales.

Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León

Sandrine Molinard: “La reducción del espacio cívico amenaza la democracia”

Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, advirtió que el fortalecimiento democrático solo es posible con espacios cívicos abiertos y seguros, donde la ciudadanía pueda participar sin temor a represalias.

Citó el informe CIVICUS 2024, que revela que un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, y señaló que México se clasifica como un espacio cívico represivo, donde periodistas, activistas y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas constantes y una impunidad cercana al 99%.

Recordó que Nuevo León, junto con Yucatán y Zacatecas, sigue siendo uno de los tres estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor en su Código Penal. “Esta situación legal genera autocensura; es una amenaza latente que afecta a la ciudadanía, no solo a periodistas y activistas”.

Refirió que, enero de 2019 y septiembre de 2023, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 41 periodistas asesinados, 6 trabajadores de medios, 91 personas defensoras de derechos humanos y 13 desapariciones relacionadas con su trabajo.

Georgina Morales: “Es preocupante el deterioro de la libertad de expresión”

Georgina Morales, secretaria técnica de Manifiesta Tu Ciudadanía, coincidió en que es preocupante el deterioro de la libertad de expresión en Nuevo León y solicitó a la legislatura local analizar y aprobar estas reformas al Código Penal del Estado para garantizar el pleno ejercicio del periodismo mediante la derogación de los delitos contra el honor.

Destacó que el colectivo Despenalizando la Palabra es una red apartidista y plural, integrada por más de 20 organizaciones nacionales y estatales, entre ellas Manifiesta Tu Ciudadanía, Artículo 19, Propuesta Cívica, Consejo Cívico de Nuevo León, la Red de Periodistas del Noreste, Verificado MX y Accionario. Asimismo, agradeció el respaldo técnico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

 

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Registro obligatorio de líneas celulares: qué debes hacer antes del 30 de junio

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Desde enero de 2026, los usuarios de telefonía móvil en México deben cumplir con un nuevo requisito: registrar sus líneas telefónicas y vincularlas a una identidad oficial. La medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca que cada número celular esté asociado a una persona física o moral mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) o Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se trata de uno de los cambios más importantes en el sector de las telecomunicaciones en los últimos años. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es fortalecer el combate a delitos como la extorsión, el fraude telefónico y otras actividades ilícitas que suelen cometerse mediante líneas móviles no identificadas.

Sin embargo, desde su anuncio la disposición ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones y especialistas que han expresado preocupaciones sobre la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.

Pese a ello, las autoridades han reiterado que el registro es obligatorio y que quienes no completen el trámite dentro del plazo establecido enfrentarán restricciones en el servicio.

¿Cuál es la fecha límite?

La fecha límite para registrar las líneas telefónicas es el 30 de junio de 2026.

A partir del 1 de julio, las compañías telefónicas podrán suspender temporalmente aquellas líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad oficial.

La suspensión afectará las llamadas, los mensajes de texto y el acceso a datos móviles.

¿Qué ocurre si suspenden tu línea?

La suspensión no implica la cancelación definitiva del número telefónico.

Los usuarios podrán recuperar el servicio una vez que completen el proceso de registro correspondiente.

Mientras la línea permanezca suspendida, únicamente se permitirá realizar llamadas a servicios esenciales como:

911 (emergencias)

089 (denuncia anónima)

088 (atención de la Guardia Nacional)

Centros de soporte y atención del operador telefónico

Además, la suspensión no elimina las obligaciones contractuales del usuario. Esto significa que, en caso de contar con un plan de renta o financiamiento de equipo, los pagos deberán continuar realizándose conforme a las condiciones contratadas.

¿Quiénes deben registrarse?

La disposición aplica tanto para quienes contraten una nueva línea como para quienes ya contaban con un número celular activo antes de la entrada en vigor de la medida.

Desde el 9 de enero de 2026, las personas que adquieren una línea telefónica deben registrarla presentando documentación oficial. Quienes tenían líneas activas antes de esa fecha también deben completar el trámite de vinculación.

¿Cómo registrar tu línea telefónica?

El registro puede realizarse de dos formas:

De manera presencial

Acudiendo a un centro de atención de tu compañía telefónica, como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o cualquier otro operador autorizado.

En línea

A través de los portales digitales habilitados por las empresas telefónicas o mediante la plataforma oficial de gestión de líneas móviles de la CRT.

¿Qué documentos necesitas?

Para completar el registro generalmente se solicita:

CURP

Identificación oficial vigente

Número telefónico activo que se desea registrar

Antes de iniciar el trámite es recomendable verificar con tu operador si existe algún requisito adicional.

¿Cómo saber si tu línea ya está registrada?

La recomendación es consultar directamente con la empresa telefónica que presta el servicio.

Muchas compañías han enviado mensajes de texto, correos electrónicos o notificaciones en sus aplicaciones móviles para informar a los usuarios sobre el estatus de sus líneas y los pasos para completar el procedimiento.

Lo que debes hacer antes del 30 de junio

Si aún no sabes si tu línea está vinculada a tu CURP o RFC, lo más recomendable es verificarlo cuanto antes con tu operador.

Esperar hasta los últimos días podría generar saturación en centros de atención, plataformas digitales o líneas telefónicas de soporte.

La fecha clave es el 30 de junio de 2026. Después de ese día, las líneas no registradas podrán quedar temporalmente sin servicio hasta que se complete el trámite de identificación correspondiente.

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Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación

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Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.

El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.

Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.

En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.

Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.

El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.

En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.

 

 

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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal

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Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.

En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.

La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.

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