Alito Moreno, dueño de un partido que ya no existe

Por Esteban Ruiz Salgado

El reciente escándalo en el que se ha envuelto el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno y su gente, lo pone bajo la lupa, donde su historial oscuro, incongruente y contradictorio, lo desnuda y lo coloca como el principal enemigo de lo que queda de su partido.

Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la dirigencia nacional del PRI en 2019 después de una larga carrera dentro de la estructura priista. Antes había sido diputado federal, senador, dirigente estatal del PRI en Campeche, secretario de Operación Política del CEN, gobernador de Campeche entre 2015 y 2019 y presidente de la CONAGO.

Es decir: no es un político improvisado ni un recién llegado. Conoce perfectamente las reglas del poder, la operación electoral y la maquinaria interna del PRI. Y precisamente por eso sus resultados como dirigente son difíciles de justificar.

El problema central de Alito es que puede argumentar muchas cosas, menos que el PRI está mejor que cuando llegó

Cuando Moreno asumió la presidencia del PRI en 2019, el partido todavía conservaba una estructura territorial considerable y gobernaba numerosos estados. Después vino una sucesión de derrotas.

En cinco años perdió 10 gubernaturas, y después de las elecciones de 2024 el PRI quedó gobernando solamente Coahuila y Durango. En la elección presidencial de 2024, además, la candidatura opositora encabezada por Xóchitl Gálvez obtuvo un resultado muy inferior al que el PRI históricamente había conseguido como partido presidencial.

El dato más preocupante está en la Cámara de Diputados: el PRI llegó a su nivel electoral más bajo en décadas, con menos de 12% de la votación nacional para diputados en 2024.

Por eso hay una contradicción monumental en el discurso de Alito Moreno: el dirigente que preside el periodo de mayor contracción territorial y electoral del PRI pretende presentarse como el responsable de salvarlo.

Y todavía hay algo más políticamente delicado: en 2024 modificó los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia hasta por tres periodos consecutivos y posteriormente fue reelegido. El Tribunal Electoral avaló finalmente la reforma.

Eso produjo una percepción muy poderosa dentro y fuera del PRI: el partido pierde elecciones, pierde gobernadores, pierde militantes y pierde representación, pero su dirigente gana permanencia.

Esa es probablemente la acusación política más devastadora contra su liderazgo.

Hay un elemento que no puede atribuirse exclusivamente a Morena.

Las críticas más fuertes contra Moreno han salido del propio PRI.

Expresidentes y figuras históricas como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa han cuestionado la conducción del partido y han impulsado incluso una plataforma opositora fuera de la estructura controlada por Moreno.

Francisco Labastida Ochoa fue todavía más contundente: calificó a Moreno como “impresentable”, cuestionó su conducción del PRI y sostuvo que el partido necesita un cambio de fondo y una autocrítica sobre sus propios errores y abusos.

Esto es importante porque permite establecer una diferencia: No toda crítica a Alito puede ser descalificada como propaganda de Morena.

Hay una corriente priista histórica que considera que el problema del partido también está en su propia dirigencia

Su expediente judicial

Aquí hay que ser especialmente precisos. Moreno no debe ser presentado como culpable de delitos que no han sido acreditados mediante una sentencia firme.

Pero sí es un hecho que enfrenta investigaciones y procedimientos de enorme gravedad.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó en 2025 su desafuero por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno, incluyendo un supuesto desvío de 83.5 millones de pesos y posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido de atribuciones. Las investigaciones están contenidas en cuatro carpetas judicializadas.

Existe además un expediente previo relacionado con presunto enriquecimiento ilícito, cuya investigación comenzó en 2022.

El proceso de desafuero no equivale a una condena. El propio Moreno sostiene que se trata de una persecución política y niega las acusaciones. Pero políticamente el problema es enorme: un dirigente opositor que pretende representar la bandera anticorrupción no puede evitar que su propio patrimonio y su gestión como gobernador sean objeto permanente de escrutinio.

Ese es el punto político, independientemente de cómo termine jurídicamente el expediente.

Uno de los elementos que más han golpeado la imagen pública de Moreno son las investigaciones periodísticas sobre su patrimonio.

Desde 2019 se han publicado investigaciones sobre propiedades de alto valor adquiridas durante los años en que ocupó cargos públicos. También se han documentado señalamientos sobre inmuebles y terrenos en Campeche. Estos reportes alimentaron las investigaciones oficiales posteriores.

Pero aquí también hay que hacer una separación fundamental: que existan investigaciones, señalamientos periodísticos o acusaciones fiscales no significa que judicialmente se haya probado que todos esos bienes fueron obtenidos ilícitamente.

Moreno sostiene que su patrimonio es legítimo y que tiene las manos limpias.

El otro tema que pone a Alito Moreno en el ojo de la crítica, es convertirse en el denunciante internacional de Morena. Ya no solamente combate al gobierno desde el Senado o desde la dirigencia del PRI.

Viaja a Estados Unidos, denuncia lo que considera autoritarismo, acusa vínculos entre Morena y el crimen organizado, cuestiona al INE y anuncia que llevará sus denuncias a organismos internacionales.

En 2026 ha intensificado esa estrategia: realizó varias visitas a Estados Unidos y ha anunciado que recurrirá incluso a organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana.

El problema de esa narrativa no es necesariamente que todas sus denuncias sean falsas. La cuestión aquí es quién las está diciendo.

Cuando el mensajero tiene una enorme pérdida de credibilidad, incluso una denuncia potencialmente legítima pierde capacidad de penetración social. Ese es el verdadero problema de Alito.

Su gran contradicción

Moreno acusa al gobierno de autoritarismo mientras mantiene un férreo control sobre el partido que dirige.

Acusa a Morena de destruir las instituciones democráticas mientras sus adversarios internos lo acusan de haber modificado los estatutos del PRI para permanecer en la presidencia.

Acusa al gobierno de persecución política mientras enfrenta investigaciones judiciales derivadas de su historia propia de corrupción.

Esa acumulación de contradicciones es lo que ha erosionado su autoridad moral como opositor.

Pero cuando un partido como el PRI y su líder Alejandro Moreno, pierde territorio, militancia, cuadros, identidad y credibilidad, el problema deja de ser electoral ya se convierte en existencial. Y eso es lo que está ocurriendo con el PRI.

Alejandro Moreno es hoy un fenómeno político peculiar: ha conseguido algo extraordinario: mantenerse en la dirección del PRI mientras el PRI pierde buena parte del poder que históricamente tuvo.

Su principal triunfo no ha sido electoral. Ha sido sobrevivir políticamente a las derrotas.

Alito Moreno no es un opositor sin voz; es un opositor con mucha voz y cada vez menos autoridad política.

Y esa diferencia es fundamental.

Porque puede denunciar a Morena todos los días, viajar a Washington, acusar autoritarismo, hablar de narcotráfico y convocar a la oposición.

Pero mientras no pueda contestar convincentemente una pregunta elemental —¿qué hizo para detener el derrumbe del PRI durante los años que lleva dirigiéndolo?—, su narrativa seguirá teniendo un problema de credibilidad.

Ese es el talón de Aquiles de Alito Moreno: exige que el país juzgue a Morena por sus resultados, mientras él pretende que el PRI no sea juzgado por los suyos.