Las mujeres, fuera del discurso electoral
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OTRA MIRADA
Las mujeres, fuera del discurso electoral
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Faltan escasos días para que concluyan las campañas y ninguno de los cuatro candidatos presidenciales presenta una agenda integral, transversal y presupuestada para garantizar la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Ante esta grave omisión, nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas llamaron a los candidatos presidenciales a construir una agenda integral para la igualdad de género y les recordaron las obligaciones asumidas por el Estado mexicano para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.
En México, las mujeres representan cerca del 52% de la Lista Nominal. Son 46 millones 209 mil 837 ciudadanas con posibilidad de votar el próximo 1 de julio. Sin embargo, para los partidos políticos y sus candidatos parecen constituir únicamente un botín electoral que no amerita más que promesas aisladas y fragmentadas sobre feminicidio, brecha salarial o subsidios que perpetúan una visión asistencialista.
Las mujeres están presentes en los padrones partidistas, en las estructuras territoriales, en los mítines, en las campañas y en las urnas, pero permanecen fuera de los proyectos de nación.
Han transcurrido alrededor de 80 días de campaña y el llamado “tema de las mujeres” solo es abordado superficialmente durante el primero de los tres debates presidenciales. Además, aparece colocado entre los asuntos relacionados con los denominados “grupos vulnerables”, en un formato del Instituto Nacional Electoral que no alienta una discusión profunda ni la presentación de propuestas concretas para garantizar los derechos de las mexicanas.
Las mujeres no somos un grupo vulnerable por naturaleza. Son la discriminación, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso efectivo a los derechos las que generan condiciones de vulnerabilidad.
En un país donde seis de cada diez mujeres enfrentan algún tipo de violencia a lo largo de su vida; donde, en promedio, siete mujeres son asesinadas cada día; donde la discriminación y la violencia política por razón de género se extienden y normalizan, y donde persiste una brecha salarial cercana al 17%, resulta inaceptable que en los discursos de los candidatos y en las plataformas electorales registradas por los partidos esté ausente una agenda política integral para la igualdad.
Más grave todavía resulta que estas violencias sean abordadas como asuntos aislados y no como expresiones de una misma desigualdad estructural.
México cae 15 lugares en el Reporte Global de Brecha de Género 2017 del Foro Económico Mundial: pasa de la posición 66 a la 81 entre 144 países evaluados. Una de sus peores calificaciones corresponde a la participación y las oportunidades económicas de las mujeres.
Este retroceso tendría que encender todas las alarmas. Sin embargo, la desigualdad entre mujeres y hombres no ocupa un lugar central en las campañas.
Ese desdén, desconocimiento y falta de compromiso con una agenda política de género resulta francamente reprobable en un país donde millones de mujeres realizan diariamente trabajo doméstico y de cuidados sin recibir remuneración; donde nueve de cada diez personas dedicadas al trabajo del hogar remunerado son mujeres y donde la enorme mayoría carece de contrato, seguridad social, prestaciones y derechos laborales efectivos.
El trabajo de las mujeres sostiene a las familias, las comunidades y la economía nacional, pero continúa invisibilizado y distribuido de manera profundamente desigual. Mientras las mujeres dedican gran parte de su tiempo a cuidar niñas, niños, personas enfermas, adultas mayores o con discapacidad, los candidatos evitan hablar de la responsabilidad del Estado, del mercado y de los hombres en la redistribución de los cuidados.
Sí, existen avances jurídicos, políticos y educativos para el empoderamiento de las mujeres, pero son insuficientes. Los obstáculos culturales, partidistas, institucionales y estructurales son tan profundos que, al ritmo actual, derribarlos puede llevar más de cien años.
Uno de los avances más visibles es el principio de paridad en la postulación de candidaturas, incorporado constitucionalmente en 2014. Gracias a esta medida, México se coloca entre los países con mayor representación política de mujeres: ellas ocupan más del 42% de las curules en la Cámara de Diputados y una proporción importante de los escaños en el Senado y en los congresos locales.
No obstante, el avance es mucho menor en los ayuntamientos. Apenas alrededor del 14% de las presidencias municipales está encabezado por mujeres.
La paridad en las candidaturas tampoco garantiza por sí misma el ejercicio efectivo del poder. Uno de los grandes desafíos consiste en detener la violencia política por razón de género, que aumenta de manera alarmante conforme más mujeres acceden a espacios de decisión.
A las mujeres se les permite competir, pero con frecuencia se les niegan recursos, estructuras partidistas, tiempos en medios de comunicación y condiciones de seguridad. Cuando ganan, algunas son presionadas para renunciar, ceder el cargo, aceptar decisiones tomadas por hombres o ejercer funciones bajo amenazas, campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a su vida privada, apariencia, maternidad o relaciones familiares.
El camino para alcanzar la igualdad nunca es fácil; siempre es cuesta arriba.
Históricamente, los partidos políticos se caracterizan por ser organizaciones en las que las mujeres desempeñan un papel secundario. Aunque participan mayoritariamente en las tareas de organización y movilización electoral, siguen subrepresentadas en las dirigencias y en los espacios donde se toman las decisiones.
Las resistencias para integrar equitativamente a las mujeres y garantizar procesos internos democráticos están a la vista.
La salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional y su posterior renuncia a la candidatura independiente evidencian, más allá de las circunstancias particulares de su caso, las dificultades que enfrentan las mujeres para disputar el poder dentro de estructuras partidistas históricamente dominadas por hombres.
Su renuncia a la contienda deja al electorado sin la posibilidad de votar por una candidatura presidencial encabezada por una mujer y exhibe las limitaciones de un sistema que todavía no ofrece condiciones equitativas para competir por la Presidencia de la República, cargo al que ninguna mujer ha llegado en nuestro país.
México ha ratificado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y ha asumido compromisos globales mediante la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030.
Estos compromisos obligan al Estado mexicano a poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres; reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; garantizar la participación paritaria en la política, la iniciativa privada, los medios de comunicación, la academia y todos los espacios de poder; asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y reducir las brechas de desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Una agenda integral para la igualdad debe incluir, cuando menos, la prevención y atención de todas las formas de violencia; acceso efectivo a la justicia; autonomía económica; igualdad salarial; derechos laborales y seguridad social para las trabajadoras del hogar; reconocimiento y redistribución de los cuidados; participación política libre de violencia; acceso a la educación, la salud, la tecnología y los medios de comunicación; así como el pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
También debe reconocer que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo. Las condiciones de desigualdad se profundizan entre las mujeres indígenas, rurales, migrantes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad o pertenecientes a la diversidad sexual.
Pero ninguna agenda será real si no cuenta con presupuesto, planeación, instituciones responsables, plazos, indicadores y mecanismos públicos de evaluación y rendición de cuentas.
La agenda pendiente es amplia y el avance demasiado lento.
Por eso no piden demasiado quienes demandan contiendas verdaderamente democráticas en las que más de la mitad de la población no sea excluida del debate ni de los proyectos de nación.
Las mujeres no somos un segmento electoral disponible para llenar plazas, campañas y urnas. Somos sujetas de derechos y tenemos que ocupar el centro de cualquier proyecto democrático.
Quien aspire a gobernar México debe explicar con claridad qué hará, con qué presupuesto, en qué plazo y mediante qué instituciones garantizará nuestra seguridad, autonomía, libertad e igualdad.
Todo lo demás seguirá siendo simulación.
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