CDMX | Cimacnoticias.- México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras y periodistas, quienes con frecuencia se enfrentan a diversos riesgos: hostigamiento, amenazas de muerte, desaparición forzada, entre otros, lo que derivó en la creación de un mecanismo, que hoy está en riesgo de quedarse sin fondos para funcionar.
Este Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en 2012 cuando se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, gracias a la presión de organizaciones y de la sociedad civil para que este sector pudiera realizar su labor en condiciones seguras y libres.
Tiene por objetivo que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos por medio de la adopción de medidas necesarias para que todas las y los periodistas y personas defensoras puedan ejercer sus actividades sin miedo.
Desde su entrada en vigor, ha brindado protección, de octubre de 2012 a junio de 2020, a mil 262 personas, de las cuales 398 son periodistas (108 mujeres y 290 hombres) y 864 defensoras (458 mujeres y 406 hombres), de acuerdo con el informe estadístico 2020 el cual señala que los estados con más personas beneficiadas son la Ciudad de México con 143 casos, Guerrero con 80, Veracruz con 77, Oaxaca con 61, Estados de México y Chiapas 39. De estos, más del 50 por ciento corresponden a personas defensoras de DH y el resto a periodistas.
De acuerdo con este informe, durante 8 años ((2012 y hasta junio de 2020), quienes agredieron más a periodistas o personas defensoras fueron los servidores públicos, en 65 por ciento, seguido de los particulares con 25.4 por ciento y personas no identificadas 9.0 por ciento. Es necesario resaltar que el 2019 fue el año con más casos de violencia, en total se registraron 100, por parte de servidores públicos tanto para periodistas como para personas defensoras.
De 2012 a junio de 2020, las y los periodistas fueron atacados con 187 casos de servidores públicos, 158 de particulares y 128 de personas no identificadas. Respecto a las personas defensoras, sus mayores ataques provinieron de servidores públicos con 235 casos, 182 de particulares y 133 de desconocidos. Estas violencias son agresiones, amenazas y secuestro.
¿Cómo acceder al mecanismo?
Para su funcionamiento, el Mecanismo se conforma por una Junta de Gobierno (integrada por 5 personas provenientes de distintas instituciones del gobierno y órganos de DH, 2 periodistas y 2 defensores), un Consejo Consultivo (9 personas defensoras de DH), y una Coordinación Ejecutiva Nacional (especialistas en la prevención de casos de riesgo), de acuerdo con información oficial del mecanismo.
Cabe destacar que para acceder a él, la o el periodista o persona defensora debe haber sido víctima de una amenaza o agresión, de ser así, puede llamar o acudir al recinto de esta instancia para realizar una entrevista inicial con el fin de determinar el nivel de riesgo, las formas de apoyo que se necesitan y definir un plan de protección en un plazo de 10 días.
El Mecanismo describe que las y los afectados acuden a una reunión con la Junta de Gobierno para aprobar el análisis de riesgo y las medidas seleccionadas. Una vez que las medidas estén en práctica serán revisadas según el tiempo determinado por la Junta, ya sea una o más veces al año, si la persona continúa o no bajo una amenaza.
La Ley para la Protección explica que existen tres tipos de medidas: las preventivas, las de protección y las urgentes de protección. Las primeras permiten que las víctimas reciban cursos de autoprotección y sean acompañadas por observadores de DH; las segundas contemplan el uso de un chaleco antibalas, autos blindados y celulares satelitales; y las terceras brindan la protección de inmuebles, reubicación temporal y escoltas especializados.
Todas estas medidas, detalla, pueden ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando la o el beneficiario haga un uso indebido de las mismas. Estas también podrán ser ampliadas o disminuidas como resultados de las revisiones periódicas.
A la vez, especifica, las entidades federativas tendrán que aplicar otras medidas y recopilar datos que les sirvan para evitar agresiones potenciales contra personas defensoras y periodistas.
Para que estas medidas sean llevadas a cabo se emplean los recursos del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que opera a través de un fideicomiso público y que es vigilado por personal asignado de la Secretaría de la Función Pública.
Organizaciones de DH evidenciaron en informes anteriores que el mecanismo ha desarrollado acciones de prevención que en la teoría prometen escenarios seguros, pero en la práctica no tienen una incidencia efectiva en detener las agresiones contra periodistas y defensoras.
En suma, la instancia no dispone de los recursos humanos y económicos suficientes para funcionar y las medidas a veces no son las adecuadas, por ejemplo que las autoridades asignadas para la protección de la víctima sean las mismas que la violentaron.
Este Mecanismo ha cobijado a periodistas como Patricia Mayorga, corresponsal de la Revista Proceso y de Cimacnoticias, quien tuvo que salir del país después del asesinato de su colega Miroslava Breach, en Chihuahua; Yaneli Fuentes Morales del “Diario Alternativo”, quien fue víctima de amenazas y golpes por integrantes de grupos de autodefensa de Guerrero.
Otras reporteras beneficiadas con el Mecanismo son: Gloria Ruíz García del periódico “Sin Censura”, quien fue amenazada por políticos; María Rodríguez Quintanilla, experiodista de Aeqs.mx y colaboradora de Cimacnoticias, quien fue obligada a desplazarse de Tamaulipas, su ciudad de origen por amenazas de grupos criminales, o Teresa Guerrera Ochoa, columnista del “Diario Debate”, quien sufrió actos intimidatorios por sujetos desconocidos.
Cabe recordar que el fondo de este mecanismo está a punto de desaparecer luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presentó un dictamen para eliminar 109 fidecomisos, entre ellos los asignados para periodistas y personas defensoras. Este dictamen ya fue aprobado en lo general, y fue turnado al Senado de la República para su discusión y análisis.
