Zona de Reflexión

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Por Lucía Lagunes Huerta

Un golpe de realidad

Cimacnoticias | Cuando parece que nada puede estar peor, la realidad nos golpea la cara. Así es como se siente el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, asesinada el pasado 30 de marzo en el municipio de Papantla, Veracruz.

Ante la emergencia nacional y mundial que enfrentamos por la pandemia, se nos había olvidado que vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Desde el primero de diciembre de 2018 y hasta el 15 de marzo de 2020 habían ocurrido 196 atentados contra las periodistas y dos casos de feminicidio de reporteras Norma Sarabia Zarduza (Tabasco) y Mara Elizabeth Mares de la O (Aguascalientes).

Las dimensiones de la crisis de salud y económica, habían opacado esta realidad, la cual supera ya lo ocurrido durante el sexenio del Felipe Calderón.

El crimen de María Elena movilizó rápidamente a las y los periodistas de Veracruz y del país, hartos de los atentados y crímenes que ocurren en lo que hasta el día de hoy sigue siendo la entidad más mortífera para las periodistas.

La exigencia de justicia y alto a los atentados contra periodistas vino de todos lados, tanto nacional como internacional. Hay que recordar que tras  el feminicidio de la corresponsal del diario de Xalapa y fundadora del portar digital Quinto Poder, existe una historia de atentados de personajes poderosos del estado de Veracruz, desde 2016 por el trabajo que realizaba, María Elena había sido intimidada y amenazada en varias ocasiones.

Lo que nos recuerda este terrible crimen es que las fuerzas políticas que se sienten amenazadas por la tarea periodística independiente siguen vivas en la entidad.

18 días antes del crimen de la reportera María Elena Ferral, se habían registrado en el municipio dos atentados hacia otras compañeras periodistas, uno de ellos con arma blanca en contra de Mireya Ulloa Valencia, de “La Opinión de Poza Rica”; y otro contra Tita Serrano Pérez, directora del periódico “Cuarto Poder”, en Poza Rica, Veracruz. Esto no puede ser coincidencia.

Se pensó que con el fin del gobierno de Duarte se acabaría en Veracruz la persecución y hostigamiento contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sin embargo, vemos que más allá de quién ocupa la gubernatura en la entidad, hay otros intereses que trascienden.

Más allá de buenas voluntades que pudieran existir, lo cierto es que esta realidad de violencia contra el gremio es un mal que sigue latente en nuestro país, que evidencia la debilidad de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, que hoy además de contar con muchas más personas bajo su cobijo, sigue siendo reactivo y lejos está de contar con estrategias de prevención, pues para ello, necesita un respaldo político que no tiene.

Ejemplo de ello, es la nula presencia del Subsecretario de Derechos Humanos en las juntas de gobierno del Mecanismo, las únicas veces que estuvo presente fue cuando se presentó como subsecretario y después cuando presentó al actual titular del Mecanismo.

A esto se suma la poca acción de la justicia para sancionar los atentados y crímenes contra periodistas, la negativa permanente de la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, para atraer los casos e investigarlos.

El crimen de la periodista María Elena Ferral debe ser investigado diligentemente, siguiendo como línea principal su trabajo periodístico y bajo una perspectiva de género, con la guía del protocolo de investigación homologado con el que cuenta la FEADLE.

Si bien la emergencia nacional de la pandemia del COVID-19 se coloca en el primer plano hoy en día, debemos tener cuidado para no perder de vista las otras pandemias que laceran a nuestro país como son los atentados a la libertad de expresión y a la labor periodística. Tenerlos presentes ayuda a evitar los excesos autoritarios que han ocurrido en otros países, bajo el pretexto del COVID -19.

Aunque parece que el mundo se detuvo, estos golpes de realidad nos recuerdan que hay situaciones que no se han detenido ni que desaparecerán mágicamente y uno de ellos es generar las condiciones democráticas para que el periodismo crítico siga viviendo en libertad y seguridad.


Lucia Lagunes huertamarzo 26, 2020
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Por Lucía Lagunes Huerta

La desigualdad, quinto jinete del apocalipsis

Cimacnoticias | Es frecuente creer que en las pandemias todo el mundo la pasa igual, que la posibilidad de contagio al igual que la de prevención, son parejos para todas las personas y que los efectos económicos posteriores nos pegan igual. Pero esto es un mito, ni en México ni en ningún lugar del mundo los efectos de una pandemia como la que actualmente vivimos se enfrenta igual, todo depende del grado de desigualdad en el que te encuentras.

En los últimos días de enero, el departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU dio a conocer el Informe sobre la desigualdad mundial y alertó lo que esto implica para el desarrollo sostenible de la humanidad.

Un de las razones de la profundización de las desigualdades, señala Marta Roig, autora del informe, son ni más ni menos, las políticas de los gobiernos que han privilegiado a los ricos.

Más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido y forma parte de los 170 países afectados por el COVID-19, para esta población las posibilidades de infección, prevención y las consecuencias económicas, se están profundizando, y de entre ellos, las mujeres, por las desigualdades que viven, son las más afectadas.

Quiénes pueden pagar en México 14 mil pesos por una prueba de COVID-19, cuando 4 de cada 100 personas trabajadoras logra ingresos de 15 mil 429 pesos mensuales, en tanto que en las mujeres 4 de 100 ocupadas gana 13 mil 255 pesos al mes.

La mitigación de los efectos de la pandemia, tanto de salud como económicos, dependerá de las políticas que los gobiernos asuman, especialmente para no ahondar las desigualdades que de por sí ya enfrentan las mujeres.

Por ejemplo, todas las personas que trabajan en la compañía ALSEA (dueña de Starbucks, Vips, Chilis, Burger King entre otros) que opera cerca de 4 mil 500 unidades y cuenta con más de 85 mil colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay, de acuerdo con su propio portal, difícilmente sobrevivirán este confinamiento sin sueldo, como lo anunció la multinacional.

Cuántas de estas 85 mil personas colaboradoras de ALSEA son mujeres, cuántas de ellas son el principal sustento de su familia.

En México hay por lo menos 4 millones de mujeres sin servicios médicos, 15.3 millones de mujeres en el comercio ambulante y 2.3 millones de empleadas del hogar.

Para todas ellas la pandemia del COVID-19 no significa lo mismo. A su desigualdad se prevé se sume mayor pobreza, por la simple razón de no contar con los mínimos para prevenirla, enfrentarla y sobrevivirla.

Ellas rebasan por mucho el anuncio presidencial de créditos para un millón de pequeños comercios.

El no verlas, ni oírlas las aleja de las políticas que se están diseñando, sin tomarlas en cuenta. Aquí la ausencia de las instituciones responsables de la igualdad femenina, que, por lo que se ve, tienen cero injerencia en la política nacional, serán corresponsable de profundizar las desigualdades de las mujeres.

Mantener la desigualdad para que uno por ciento más rico de la población tenga más dinero, es criminal.

Cuando 5.1 millones de hogares mexicanos no tienen red hídrica, la recomendación de lavarse las manos, queda en buenos deseos.

Como dice la economista Carmen Ponce “la desigualdad marca la vida del país y de sus agentes económico-sociales. No es lo mismo lavarse las manos (prioridad número uno), en la colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez (CDMX), que lavarse las manos en Huajuapan de León, Oaxaca, o en un municipio de la Sierra de Guerrero” o en Iztapalapa, agregó.

Tampoco es fácil confinarse, recomendación en fase 2 de Covid-19, cuando la pobreza es tu realidad, como lo es para 52.4 millones de nuestra población mexicana, que representa 41.9 por ciento del total, la mayoría mujeres.

Si estas asimetrías son obviadas despertaremos ante el quinto jinete del apocalipsis: la desigualdad de género, que habrá cortada la cabeza al desarrollo sostenible de la humanidad.


Lucia Lagunes huertamarzo 19, 2020
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Por Lucía Lagunes Huerta 

Pandemia con género

Cimacnoticias | Incluso las pandemias tienen género, el tema es que quienes toman las medidas para enfrentarlas suelen olvidarse de ello, pero para eso está el feminismo, para recordárselo.

Ante el COVID-19 se ha tomado la medida del aislamiento, así, a secas, sin tomar en cuenta las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres que ocurren dentro de las cuatro paredes de las casas, en el transporte público o en los centros de trabajo.

Tampoco se consideran los impactos económicos diferenciados que tendrá esta pandemia, como en la pérdida de empleos, donde los más precarios son los ocupados por mujeres y los que mayor impacto tienen en situaciones como estas. Posibles cierres de empresas pequeñas y medianas, que en muchos casos están encabezadas por mujeres.

El día de ayer la senadora Patricia Mercado llamaba a un plan de emergencia para proteger precisamente el empleo, y en estas acciones hay que pensar en la situación de las mujeres para desarrollar programas que aminoren los impactos en ellas, que de por sí, viven ya condiciones de desigualdad.

Otro tema fundamental son violencias a las que las mujeres de todas las edades pueden estar expuestas sin pandemia, y que ante las acciones drásticas que deben tomarse, son olvidadas y no son consideradas en las acciones preventivas, como los confinamientos.

Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas señalan que la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, es más común en entornos de emergencia humanitaria.

Ahora empieza a documentarse que el aislamiento prolongado puede generar, en ambientes familiares tóxicos con hombres violentos, posesivos, machistas superlativos, incremento en las violencias contra las mujeres, poco se sabe lo que ocurre en las calles y en los centros de trabajo.

Por ello, en prácticamente todos los países que están enfrentando la pandemia del COVID-9 han surgido las campañas para anunciar los números y servicios de emergencia a los cuales estas mujeres pueden recurrir, muchas de estas acciones están siendo emprendidas por las propias organizaciones feministas y en algunos casos por las instancias responsables de las políticas de igualdad.

El encierro prolongado, para las mujeres que viven violencia de los hombres de su familia, es el peor enemigo pues sus agresores es probable que aprovechen ese encierro para el maltrato, como lo ha reportado la organización feminista china tras la pandemia, lo cual de acuerdo con reportes policiales las denuncias de maltrato en el hogar se triplicaron durante el mes de febrero, sólo de una comisaría policial.

El problema se agudiza pues ante la falta de sensibilidad de los policías que, de por sí, no acuden a los llamados de auxilio de las mujeres, con la emergencia sanitaria menos.

Países como España, Argentina, Costa Rica y Uruguay han empezado a transmitir la información de que los números de emergencias destinados para la denuncia de violencias machistas estarán operando al igual que los refugios, esperemos que en estos casos los policías estén instruidos a reaccionar ante las llamadas de auxilio.

Incluso MexicanasResistiendoExtranjero, inició una campaña en 17 idiomas para asesorar en caso de violencia contra las mujeres en estos momentos de emergencia sanitaria mundial.

En México la Red Nacional de Refugios, dio la voz de alerta y empezó a distribuir en redes sociales los números de contacto para las mujeres que necesiten apoyos frente a las violencias machistas que puedan enfrentar en esta etapa de confinamientos prolongados.

Aquí me gustaría proporcionar los números: en la zona metropolitana pueden marcar 56 74 96 95 y la línea nacional 8008224460.

Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto e inicien una gran campaña a todos los niveles para que los hombres violentos sepan que también se están preparando reacciones para salvar la vida e integridad de las mujeres, si ellos deciden ejercer violencia contra alguna mujer dentro o fuera de la familia.

Que todas las autoridades de todos los niveles estén prestos a responder ante las llamadas de auxilio de cualquier mujer, de cualquier edad, es fundamental ante las violencias contra las mujeres.

#AislamientoSinVIolencia es el hashtag que está circulando toda la información para que las mujeres puedan estar en confinamientos seguros. Faltan medidas para las trabajadoras que no podrán dejar de ir a trabajar y que tendrán que estar con sus jefes hostigadores, con sus compañeros acosadores.

¿A quiénes van a recurrir, qué acciones están tomando las empresas y la secretaría del trabajo para evitarlo? ¿cómo se está garantizando la movilidad sin violencia para las mujeres que sí o sí van a tener que salir a trabajar en calles vacías con transportes desolados?

Cuando en México estamos a punto de entrar a esta etapa de manera masiva y después de la histórica movilización del 8 de marzo, se deben tomar ya, las medidas para enfrentar la otra pandemia de la desigualdad.

 

 

 

 


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Por Lucía Lagunes Huerta 

Después de marzo, nada será igual

Cimacnoticias | Después de este marzo 2020 nada será igual, las mujeres y las feministas habrán colocado un triunfo a su favor, 2020 será registrado como un parteaguas en la historia de la humanidad. La división del antes y después en la construcción de la igualdad, por el reconocimiento pleno de las mujeres a ser humanas y ciudadanas plenas.

Se dijo que este nuevo siglo sería el año de las mujeres y no se equivocó. En 2017, año en el que se realizó el primer Paro de las mujeres a nivel mundial, la consigna que unió las movilizaciones a lo largo y ancho del planeta fue: “Paramos el mundo para reescribir la historia”.

En este nuevo ejercicio la reescritura de la historia va en dos sentidos, rescatar del ocultamiento los todos los aportes de las mujeres a lo largo del devenir de la humanidad, y que el presente no sólo se reconozca el trabajo y la contribución de las mujeres en todos los sentido; sino que la humanidad integre de una buena vez a las mujeres, que la ciudadanía deje de estar coja debido a la exclusión y segregación femenina, para que se normalice la presencia de las mujeres todos  los espacios de la sociedad.

Después de marzo 2020 nadie puede decir que no se enteró que a las mujeres nos están matando,  que la justicia es patriarcal, que las instituciones son omisas, negligentes para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida.

Hemos ganado porque logramos poner la discusión en la agenda pública, a golpes y codazos, con marchas y grafitis, con investigaciones, análisis y propuestas.

Colocamos la dimensión de la desigualdad que enfrentamos las mujeres por siglos y dejamos al descubierto el daño que esto ha traído a la humanidad.

Señalamos al violador, al abusador, al hijo perfecto del patriarcado que pervive en su normalización de la violencia contra las mujeres, en el abuso de poder, que dice chistes misóginos y se cree rey, que desdeña la información sobre los derechos humanos sobre las mujeres porque es una particularidad.

Ya nada es igual, incluyendo a los medios de comunicación que se han resistido a transformarse para mirar la realidad, estos mismos que hoy están ávidos de información sobre el feminicidio, que están siguiendo las marchas y que incluso van a parar. El año pasado, en enero pasado no tenían esta conciencia ni interés. Su cambio tampoco tiene marcha atrás, el paso dos es ampliar la agenda informativa e incluir a las mujeres en todas las informaciones sin sexismo.

El domingo 8 de marzo es ya histórico, cientos, incluso miles de mujeres saldrán a marchar porque son feministas, aunque no se nombren, porque están defendiendo de manera consciente su derecho a ser humanas libres y autónomas.

Y están exigiendo al Estado completo y al representante de éste, respeto a ello y que cumpla con su deber de gobernar para todas.

La fuerza es tan enorme que incluso el presidente de la República que desdeña esta agenda se ha visto obligado a abordarla, a tener que pronunciarse, incluso mal, torpemente, pero ha tenido que colocarlo públicamente.

Después de este marzo nada regresará a su lugar, porque ya no hay lugar para el conservadurismo que busca mantener a las mujeres en la segregación, y no hay lugar porque las mujeres lo quitamos y no vamos a permitir que sea de otra manera, porque hay cuatro generaciones que están unidas por la defensa de nuestros Derechos Humanos, de la vida digna para las mujeres. Porque en lo avanzado no hay paso atrás.

Como nunca antes, hoy, en todos los rincones se discute, se habla y se dialoga sobre las dimensiones de la violencia contra las mujeres, el paro nacional y la marcha que vendrá este 8 de marzo, que se vislumbra como enorme.

Enorme no sólo por la cantidad de mujeres que asistiremos, sino porque estarán muchas y diversas, grupos que en anteriores años no se habían manifestado como las periodistas, mujeres de la empresa de las telecomunicaciones.

Nada es igual, la fuerza del movimiento feminista ha ganado su espacio en el debate público. La agenda de la igualdad es La Agenda, así con mayúsculas.


Lucia Lagunes huertafebrero 27, 2020
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Por Lucía Lagunes Huerta

Ernestina Ascencio, la vergüenza de la impunidad

Cimacnoticias | 13 años después la verdad se corrobora. Existió una colusión entre el gobierno federal, el gobierno de Veracruz, la procuraduría estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ocultar la violación sexual cometida por militares en contra de la ciudadana indígena náhuatl, Ernestina Ascencio Rosario.

En medio de una ola de indignación feminista, a días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de mujeres, la complicidad de los hombres del poder queda descubierta.

Esta colusión tiene nombre y apellidos que vale la pena nombrar porque en algunos casos, de manera oportunista, se quieren subir a un movimiento que no les pertenece.

¿Quiénes son? Felipe Calderón Hinojosa (ex presidente), Fidel Herrera Beltrán (ex gobernador de Veracruz), Emeterio López (ex procurador de Veracruz), Juan Carlos Alatriste (ex fiscal especial del estado), Guillermo Galván ( ex Secretario de la Defensa Nacional y José Luis Soberanes, ex titular de la CNDH.

Hombres con deber público que usaron a las instituciones y al Estado para pasar por encima del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.

13 años también de la persistencia del médico forense Juan Pablo Mendizábal quien sostuvo, en todo este tiempo, que la muerte de doña Ernestina era producto de la agresión sexual sufrida.

Ernestina Ascencio Rosario no murió de anemia, ni por gastritis como dijo Calderón en 2007, tampoco existió una contaminación de las muestras como dijo la procuraduría estatal y sostuvo José Luis Soberanes, ombudsman en ese entonces; tampoco existieron delincuentes vestidos de militares como dijo la Secretaría de la Defensa Nacional.

No, lo que si existió fueron las alianzas masculinas para proteger a los violadores y a una institución por encima de los derechos de una mujer.

Lo que tenemos hoy es la certeza que el entones presidente Calderón faltó a su juramento de hacer respetar la Constitución y las leyes, así como todos los funcionarios que por interés político o económico decidieron engañar a la población.

¿Qué viene ahora? ¿el castigo a los responsables de la mentira? ¿el juicio contra los militares violadores? ¿la inhabilitación, las medidas de no repetición? ¿qué?

Esta es una muestra más de lo que hoy tiene en la calle a las mujeres, por lo que pintan, rompen y gritan, porque el Estado mexicano ha fallado en su deber de garantizar la igualdad, el cumplimiento de la Ley, de sancionar a quienes agreden a las mujeres y ha dejado que la impunidad galope con rienda suelta.

La oportunidad de no hacer lo mismo que en el pasado la tiene hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que la tome y que cambie el rumbo de la historia a favor de los Derechos Humanos de las mujeres.


Lucia Lagunes huertafebrero 20, 2020
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Por Lucía Lagunes Huerta

Por encima de la ley nadie

Cimacnoticias | ¿Qué haríamos sin las leyes? sin estos pactos sociales y políticos que hemos construido a lo largo de nuestra historia y los hemos plasmado en nuestros instrumentos jurídicos, desde nuestra Constitución hasta las recientes modificaciones de hace dos días en la cámara de Diputados para incrementar las penas por feminicidio.

Esto es parte del pacto social que nos hemos dado, un marco que nos norme y que norme a los que nos gobiernan.

Y en ese acuerdo a lo largo de la historia, y mucho más fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres ampliaron dos principios fundamentales: de no discriminación y de igualdad; y crearon los instrumentos jurídicos necesarios para proteger su vida e integridad a lo lago de su ciclo vital, desde la década de los 70 en la que se modificó la Constitución para reconocer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, hasta el 2011 donde la Constitución se convierte en garante de los Derechos Humanos y mandata a TODAS las autoridades a que, dentro de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los Derechos Humanos, por lo que en consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos.

Éste es el marco jurídico mayor que nos protege a todas y todos sin distinción alguna, y cumplirlo es fundamental, más en estos momentos que pareciera que las autoridades no saben qué hacer para garantizar la vida y la integridad de las mujeres.

No hay necesidad de ocurrencias ni decálogos matutinos, hay que cumplir con el Estado de derecho al que se comprometió el actual presidente de la república. Recordemos su frase: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Y él no puede estar por encima de la ley.

Por ello debe poner el ejemplo y no fallarle a sus ciudadanas.

Desde 2007, en este país contamos con Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata la coordinación entre la federación y las entidades federativas para pevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Entre los instrumentos que deben crearse está el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; pendiente de elaboración desde hace 13 años, de los cuales, 2 le corresponden al actual gobierno. Y eso no se suple con buenos deseos.

Estamos ante una emergencia nacional, ¡desde hace más de un año! La misma que provocó la brillantada, la misma que mantiene en las calles a las mujeres exigiendo que se cumpla la ley.

Recordemos que por eso en noviembre de 2019, se firmó en Palacio Nacional el “Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, donde se aseguró que no habría machismo. Muchas de las generalidades que se dieron a conocer ese día, continúan sin ser públicas.

El Estado de derecho implica no sólo tener las leyes sino aplicarlas, contar con verdaderas instituciones que estén dotadas con todo lo necesario para hacer cumplir su mandato.

En estos días la violencia criminal contra las mujeres ha dejado en evidencia la ineficacia y negligencia del Estado para cumplir con una de sus primeras obligaciones: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanas.

Pero también ha constatado que esas instituciones que creó el movimiento feminista o que exigió para proteger y respetar sus Derechos Humanos fueron abandonadas, o simplemente dejadas en la inanición.

La violencia feminicida que hoy nos ha estallado en la cara es reflejo de ese abandono estatal que por años dejó de  cumplir con su obligación.

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no fallar a la población mexicana. Por ello no lo puede hacer, no puede traicionarse y traicionar a la ciudadanía, es necesario fortalecer a las instituciones que están obligadas a hacer cumplir la ley  no sólo con recursos financieros, sino con el personal con las más altas calificaciones para cumplir las encomiendas del encargo, con los mejores instrumentos al alcance para que no haya ninguna excusa.


Lucia Lagunes huertaoctubre 28, 2019
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Por Lucía Lagunes Huerta

Mujeres en Plural, una década sorora

CIUDAD DE MÉXICO | Cimacnoticias.-  Se suele mentir diciendo que las mujeres juntas ni difuntas. Este mito que se repite desde hace décadas, busca impedir la alianza entre las mujeres, sin embargo, la realidad supera al mito.

Para ejemplo de las alianzas que construyen las mujeres está precisamente la Red de Mujeres en Plural, que conmemora una década de existencia.

Esta Red Mexicana de mujeres políticas que han puesto por encima del interés particular y partidario los derechos políticos de la población femenina, inició en el año 2009 con un propósito muy claro, lograr la paridad. Y déjenme decirles que lo ha cumplido.

Quienes crearon esta Red, lo hicieron desde el sentido más estricto de la sororidad que plantea Marcela Lagarde, desde el potencial y la fuerza política que da estar juntas con objetivos claros.

La unión de mujeres políticas, académicas, ex magistradas, periodistas y militantes de partidos políticos diversos, integradas en la Red, trastoca el pilar patriarcal que prohíbe la alianza de las mujeres y permite enfrentar la enemistad genérica, que patriarcalmente estimula entre mujeres la competencia, la descalificación y el daño.

Esta integración de las plurales que conforman la Red ha colocado los mejores saberes a favor de todos los derechos políticos de las mujeres, desde las reformas legales tanto en la constitución como en las leyes electorales, ya sea desde el Congreso de la Unión o desde los tribunales.

Vale la pena recordar que integrantes de esta Red encabezaron el juicio ante el tribunal electoral en el año 2011, para evitar que los partidos políticos escamotearan la ley y dejaran de cumplir con la paridad que les mandataba.

La sentencia histórica que resguarda el derecho de las mujeres a participar en la vida política a través de los partidos en igualdad de condiciones y garantizando la paridad, se conoce como 2624.

Como esta ha habido otras iniciativas locales que alejan las tentaciones autoritarias de los partidos y sus liderazgos masculinos tradicionales, que buscan mantener el monopolio del poder en unas cuantas manos de hombres.

La Red de Mujeres en Plural se mantiene alerta permanentemente para evitar posibles retrocesos a lo ganado en esta década de su existencia, la cual llega hasta la reforma constitucional para garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, así como en todo el poder ejecutivo y judicial e instancias autónomas.

Este lunes en el Senado de la República celebraron la primera década de existencia de Mujeres en Plural y las mexicanas junto con ellas celebramos 10 años de avances en nuestros derechos políticos y en la concreción de lo que hace más de un siglo las primeras sufragistas soñaron.


Lucia Lagunes huertaseptiembre 12, 2019
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CIMACFoto: César Martínez López

Por: Lucía Lagunes Huerta

Cimacnoticias | Ciudad de México.- El día de ayer, la diputada morenista Lorena Villavicencio presentó ante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil, la propuesta de hacer un pacto con el presidente. De lograrlo, sería no sólo un triunfo político, sino la quinta transformación.

Pactar, bajo la política feminista, implica colocar en el centro del pacto la vida y la libertad de las mujeres y reconocer, sin cortapisas, la validez del movimiento feminista como interlocutor.

La diputada Villavicencio propuso el pacto en el pleno de la asamblea, frente a representantes de 130 organizaciones y legisladoras federales del PRI, PAN, PRD y Morena, así como algunas legisladoras locales.

El “Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres Mexicanas” propuesto por la legisladora, busca construir un pacto social que impulse un nuevo modelo de desarrollo humano en el que las personas y sus Derechos Humanos sean el centro de las acciones.

Este llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de la “preocupación por el crecimiento de las distintas formas y manifestaciones de violencia hacia las niñas y las mujeres dentro y fuera de sus hogares, teniendo como consecuencia un panorama desalentador con alta incidencia, impunidad y un limitado apoyo a las víctimas.

Incluye seis apartados para garantizar a las mujeres y niñas el pleno goce de sus Derechos Humanos.

El primer rubro titulado “Primero las pobres” (siguiendo la lógica presidencial) coloca en el centro a las más pobres de entre los pobres: las mujeres; y se centra en indígenas y rurales y en la etiquetación para las dependencias para erradicar el analfabetismo femenino y garantizar que todas las mujeres accedan a la salud sexual y reproductiva, entre otras siete acciones.

El segundo apartado, nombrado “Madres trabajadoras”, incluye el seguro de desempleo para jefas de familia; el tercero “Empleo digno para las Mujeres, autonomía económica” (prioridad del Instituto Nacional de las Mujeres); cuarto “Niñas y niños nuestra prioridad”; quinto “Por la vida y la seguridad de las niñas y las mujeres” y sexto “Contra la corrupción y por la rendición de cuentas, todos los recursos deben ser vigilados y auditados”.

De acuerdo con la legisladora Villavicencio, de los 28 millones de mujeres que se encuentran en el mercado laboral 21 está en la informalidad, con toda la precariedad que eso significa. Un dato que para la transformación que se quiere hacer, debe tomarse en serio.

En la era de la paridad es un gran esfuerzo de las legisladoras construir una agenda que las una y aglutine y con las organizaciones sociales, pues en este encuentro las ausencias de las presidentas de las comisiones de igualdad tanto en el senado como en la cámara se dejaron sentir, especialmente porque la convocante es de su mismo partido.

Las senadoras y diputadas presentes insistieron a lo largo de sus discursos en que la era de la paridad demanda la transformación de la condición de desigualdad de las mujeres.

Hay que recordar que las mujeres en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018 representaron 51.8 por ciento de la Lista Nominal Electoral, es decir, casi cuatro puntos porcentuales más que hombres inscritos en la INE.

El pacto busca revertir no sólo la indiferencia que muestra el Ejecutivo por los Derechos Humanos de las mujeres sino transformar la lógica de la política presidencial para colocar en el centro la vida de las mujeres, su dignidad y su libertad. Prioridad que tiene que ser reflejada en el Presupuesto Federal, en las acciones de gobierno y en las políticas de Estado.

Las mujeres asistentes al encuentro decidieron aceptar el pacto. Lo que nadie explicó y tampoco se preguntó, son los causes que se llevarán para presentarle al Presidente el Pacto e iniciar con él un diálogo que le permita aceptarlo. En tanto esto no suceda, quedará en el registro de los eventos realizados en la cámara de diputadas y nada más.

Las que buscan pactar no son empresarias, ni tienen contratos millonarios que obliguen al Ejecutivo a sentarse a negociar, son mujeres del «pueblo», como el presidente llama a la ciudadanía.

Veremos si en Palacio Nacional deciden ir más allá y concretar la quinta transformación para incluir en el desarrollo de México a 61 millones de ciudadanas que hoy no tienen garantizados plenamente sus derechos.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

 

Twitter: @lagunes28


Lucia Lagunes huertaseptiembre 3, 2019
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CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Ciudad de México.- No es secreto que los Derechos Humanos de las mujeres no son prioridad para el gobierno de la cuarta transformación, que incluso cree que la lucha feminista es conservadora. En congruencia con su pensamiento, en su primer informe de Gobierno ignoró a 61 millones de mexicanas. De lo que no se ha percatado es de la imposibilidad de transformar a México sin eliminar la desigualdad de la mitad del país.

En plena era de la paridad, con el mayor número de mujeres en el gabinete y en la vida política mexicana, el énfasis presidencial, fue seguir alimentando la tranquilidad de los sectores empresariales nacionales e internacionales, por ello es que el día de ayer le dedicó casi la mitad de su discurso para hablar de los resultados económicos de sus acciones en estos primeros nueve meses.

Pese, a que reconoció que México vive una grave crisis de Derechos Humanos, heredada de los gobiernos panistas y priistas, dejó sin perfilar la política que su gobierno seguirá en este sentido.

Más allá de mencionar que no se permitirá la violación de los Derechos Humanos, de la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país y el número de personas defensoras y periodistas protegidas; la agenda de Derechos Humanos y especialmente de los derechos de las mujeres es inexistente, por desgracia, en este gobierno.

Casos concretos como Ayotzinapa y Pasta de Conchos, fueron los únicos mencionados. Nada de las nueve mujeres asesinadas cada día en México por el simple hecho de ser mujeres, ni una palabra de cómo erradicará su gobierno la violencia contra 61 millones de mexicanas, tampoco aclaró la situación de los Refugios para las mujeres, sus hijas e hijos y si el próximo año contarán con recursos o no.

Tampoco clarificó el presidente López Obrador, si el recurso que está dando a las familias en lugar de las estancias infantiles, realmente está siendo utilizado para que las niñas y niños sean cuidados con un programa de desarrollo infantil.

Si no se incluye realmente a la mitad de la población, que somos las mujeres, no hay transformación posible, ni desarrollo de país.

La desigualdad que enfrentan las mujeres es un lastre para cualquier política y proyecto de nación. En México, una tercera parte de los hogares están encabezados por mujeres, quienes enfrentan condiciones graves de pobreza, 32 de cada 100 mujeres vive con un ingreso inferior a la línea de pobreza, ha señalado CONEVAL.

Por ello, habría que cambiar la frase a PRIMERO LAS POBRES. Pues, la pobreza aleja a las mujeres jóvenes de la posibilidad de seguir estudiando, la falta de oportunidades para el desarrollo personal de las adolescentes y el incremento de embarazos a temprana edad, les impide concluir sus estudios y por lo tanto los empleos a los que pueden aspirar son precarios y deficientes.

Más allá de la Guardia Nacional que es en sí mismo un contrasentido, si no se quiere usar la violencia para acabar con la violencia. Sí realmente se quiere pacificar a este país, hay que empezar a desterrar la normalización de la violencia más antigua, hablo de la que se ejerce para someter a las mujeres y las niñas.

Construir un país de paz, donde la ciudadanía sea feliz, feliz, implica poner en el centro de la política a las personas, reconociendo su diversidad y las condiciones de desigualdad que enfrentan para poder transformarla.

Al margen de la ley NADA, por encima de la ley NADIE, reiteró ayer el presidente, si esta es su convicción, la igualdad para mujeres y niñas y la protección de sus Derechos Humanos que marca la Constitución, así como diversas leyes secundarias y tratados internacionales firmados por México tienen que contar ya con una ruta definida para hacerlas realidad.

Ignorar la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres en México, traerá como resultado que la transformación que tanto se pregona y que el actual presidente prometió, se vea limitada e incompleta en sus alcances.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

 


Lucia Lagunes huertajulio 24, 2019
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6min0

Zona de Reflexión

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Quiénes están detrás de la nueva agresión contra la periodista y defensora Lydia Cacho Ribeiro, quiénes están intentando silenciarla, nuevamente, a través de la violencia y porqué, son las respuestas que deben dar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

No hay que ir muy lejos, sino mirar hacia un ex gobernador poblano, hoy prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión librada en su contra en el pasado mes de abril. Hay que tener memoria para recordar que el secuestro y tortura que vivió la periodista Lydia Cacho hace 14 años fue orquestado y ejecutado por las autoridades poblanas en complicidad con el empresario Kamel Nacif, también prófugo.

En abril pasado, un mandamiento judicial emitido por el primer tribunal unitario del vigésimoséptimo circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, de Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, en 2005.

Ellos, entre otras autoridades y empresarios, orquestaron la detención de la periodista en diciembre de 2005, tras ser acusada de los delitos de difamación y calumnias, luego de que fue señalada por Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla, tras la publicación del libro “Los demonios del edén”, en el que Lydia documentó las redes de pederastia y pornografía infantil en la que participaban.

Hagamos memoria para entender que esta nueva agresión cometida contra ella, en su domicilio particular, sitio sagrado para Lydia, donde ingresaron para robar la información que ella tiene sobre sus investigaciones periodísticas de agresiones sexuales y las organizaciones criminales de trata infantil, son parte de una cadena de violencia en su contra desde hace 14 años. Una cadena que ha sido intermitente y constante, con altos costos para ella y su familia.

En diciembre pasado cuando se detuvo a Alejandro Rocha, agente ministerial de Puebla, quien participó en la detención y traslado terrestre de la periodista a lo largo de mil 500 kilómetros, la integridad de Lydia Cacho nuevamente se vio en peligro, las autoridades de la FGR lo sabían. Entonces ella aseguró que la construcción de un Estado de derecho será la verdadera transformación de este país.

Ese Estado de derecho es el que debe actuar ahora para garantizar la vida e integridad de Lydia Cacho y su familia, como la de todas y todos los periodistas que siguen bajo las agresiones de autoridades caciquiles, el gobierno actual está obligado hacer cumplir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los Derechos Humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

¿Qué dejaron de hacer esas autoridades que permitieron la nueva agresión contra Lydia? Un “puñado de hombres cobardes que quieren destruir este país” y “que están huyendo de la ley” no pueden estar por encima de un país.

La impunidad es la puerta abierta a la repetición, lo dijeron desde 2010 los relatores de Naciones Unidas. Es esa impunidad la que ha permitido que durante 14 años Lydia Cacho sea violentada una y otra vez, por la omisión, inacción o complicidad de las autoridades.

Es la misma impunidad que ha asesinado a periodistas y personas defensoras, la que permite el hostigamiento del Ejército a las casas de migrantes como lo ocurrido en la Casa del Migrante de Saltillo.

Quienes están detrás de la nueva agresión contra Lydia Cacho son los mismos que la detuvieron el 16 de diciembre de 2005, la trasladaron durante 20 horas en carretera, la torturaron física y psicológicamente, abusando de su poder formal y de facto.

Ellos están ahora prófugos pero sus redes están aquí vivas, actuando en la sombra y hay que romperlas.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28



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