Al DíaNuevo León

Perversa decisión, suspender servicio de transporte en NL: CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), recibe con alarma e indignación el anuncio de suspensión del servicio de transporte público a partir de las seis de la tarde realizado por permisionarios privados que operan rutas de transporte público.

La organización considera que «Esta decisión atenta contra más de un millón de usuarios que dependen de la circulación de los camiones como único medio de transporte para poder regresar desde sus trabajos y centros educativos a sus hogares».

El servicio público de transporte es precisamente un servicio al que tenemos derecho y que bajo ninguna circunstancia debe ser violentado.

Hay que recordar que los permisionarios privados no son dueños de las rutas de transporte y su rol es el de operadores de un servicio público por lo que cualquier decisión discrecional de acortar el recorrido de los camiones vulnera los derechos de los usuarios e incumple con el permiso de operación que tienen.

El anuncio de suspensión realizado el miércoles 8 de mayo por la tarde contrasta con la suspensión del lunes 29 de abril, la cual fue realizada durante la mañana y afectó la jornada laboral de oficinas y fábricas. De acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), a la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) y al Consejo Cívico Nuevo León, esa suspensión provocó una pérdida de 570 millones de pesos.

Ahora, la pérdida será mayor, en virtud de que se trasladan los costos de la suspensión a estudiantes y trabajadores, quienes serán afectados económicamente pues no tienen ninguna alternativa asequible para regresar a sus casas y quedarán expuestos a traslados peligrosos durante la noche debido al entorno de violencia actual.

La responsabilidad de cualquier daño a la integridad de las personas que queden sin poder regresar a sus hogares recaerá directamente en los permisionarios, quienes al decidir suspender el servicio actúan de forma perversa, poniendo sus intereses particulares por delante del interés común.

Exigimos al Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal del Transporte, que adopte las medidas necesarias para que los recorridos de los camiones se cumplan con regularidad, aseguren el correcto funcionamiento del servicio del transporte público en Nuevo León y, de ser necesario, apliquen las sanciones correspondientes.

La inacción del Gobierno del Estado al permitir este tipo de violencia y dejar desprotegidos a más de un millón de ciudadanos, deberá ser evaluada y sancionada por el pueblo de Nuevo León.

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