Al Día
PADRES DE FAMILIA, víctimas colaterales de feminicidios
Por Carlos Trejo Serrano
MÉXICO | “Hay días que nos levantamos con la esperanza de verla en casa. Pensamos que es un sueño, pero desgraciadamente, no lo es”, dice Jesús Benítez Estrada.
Él es papá de Verónica Guadalupe Benítez Vega, una joven de 21 años de edad asesinada por su esposo Luis Ángel Reyes, el 6 de julio de 2017. Sólo habían pasado seis meses de haber contraído matrimonio en la parroquia San José El Vidrio, ubicada en el municipio Nicolás Romero, Estado de México.
“Ella recibió 17 puñaladas (en el pecho) y le destrozaron la cara con un (tabicón) de tres kilos”, narra mientras permanece sentado en un sillón y a un costado de un altar, donde la fotografía de “Lupita” y la flama de dos veladoras mantienen la esperanza de encontrar justicia por completo.
La imagen -adornada con un marco color negro- refleja la esencia de “Lupita”, la hija más pequeña. “Mi hija era muy alegre (y) siempre tenía una sonrisa para todos”, cuenta el señor quien es una de las tantas víctimas colaterales de los feminicidios registrados alrededor de la entidad mexiquense.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aún es difícil tener datos suficientes y confiables de cuántas mujeres pierden la vida por ese hecho porque las autoridades se niegan a investigar los casos por razones de género.
Esto a pesar de haber sido determinado en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de haber concedido un amparo a Irinea Buendía para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) retomara el caso de su hija, Mariana Lima Buendía, como probable feminicidio.
Además, el Artículo 325 del Código Penal Federal establece que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”, y refiere que hay siete circunstancias clave para ello: los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes y antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.
También cuando exista una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario, se tengan amenazas, acoso o lesiones relacionadas con el hecho delictuoso, que la víctima haya estado incomunicada y el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.
“Eso (las características) es lo que va diferenciar entre un homicidio y un feminicidio”, enfatiza la defensora de derechos humanos del OCNF, organismo conformado por 43 organizaciones de 23 estados de la República.
La ONU Mujeres estima que cada año son asesinada 87 mil mujeres y niñas en el mundo. En México se reportan 10 casos diarios.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que los indicadores de violencia contra las mujeres mostraron una tendencia al alza y, de manera particular, los casos de feminicidios crecieron 137.5 por ciento durante los últimos cinco años en México.
En 2019 fueron investigados 976 hechos por feminicidios, cifra mayor a los 411 casos reportados durante 2015.
Veracruz ocupó el primer lugar a nivel nacional, al contabilizar 157 delitos por feminicidio durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le siguieron el Estado de México con 122, Ciudad de México con 68, Nuevo León con 67 y Puebla con 58.
Los hallazgos muestran que las víctimas de feminicidio fueron objeto de actos crueles, brutales y degradantes para ser asesinadas. Sus cuerpos evidencian golpes con objetos contusos, violencia sexual y quemaduras.
“Los que nos preocupa (…) es la crueldad, la manera en que matan a las mujeres. Si bien ha aumentado (el uso) del arma de fuego para asesinar, en este caso sigue siendo la fuerza física la que prevalece. Son estranguladas, quemadas, amordazadas, asfixiadas”, lamenta De la Luz Estrada.
Caso “Lupita”
Entre las 10:30 y 11:00 horas del 6 de julio de 2017, cuando fueron contabilizados 741 feminicidios en México, “Juanita” recibió una llamada telefónica de una mujer para decirle: “Vete rápido al departamento de tu hermana porque Luis Ángel le está dando en su madre”.
Después de colgar el auricular y sin saber de quién era el mensaje, cargó a sus dos pequeños hijos y pidió a un familiar apoyo para llevarla al lugar a bordo de una camioneta. “No nos tardamos ni cinco minutos en llegar porque mi hermana estaba muy cerca, rentaba un departamento muy cerca (de la casa de mis papás)”.
“Cuando llegamos ya había mucha gente (…) y mi hermana estaba tirada (sobre un camino de terracería) con mucha sangre y al lado de ella estaba la mamá de Luis Ángel”, cuenta a Notimex.
“Fue un dolor, un shock, y llegó el cuestionamiento sobre qué había pasado (sobre la calle Ampliación Guadalupe Victoria). Le descubrí su rostro y su cuerpo, (mi hermana) estaba toda desfigurada y su cabeza estaba hundida. (Ella) tuvo traumatismo craneoencefálico porque le pegó con un block (de concreto), le destrozó su rostro a mi hermana”, expone Juana Isabel, hermana de “Lupita”.
Minutos después apareció Luis Ángel en el lugar donde quedó el cuerpo de su esposa, quien era estudiante de la carrera Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Él quería que lo abrazara y le pregunté qué le había hecho a mi hermana (…) y sólo decía: ‘Dime que salve a Lupita y a mi hijo’. Me agarraba de la ropa y me repetía lo mismo, una y otra vez”, externa la joven de 30 años de edad.
En sus primeras versiones, el esposo dijo que ambos habían sido víctimas de un intento de robo y secuestro de su bebé, quien apenas había cumplido tres meses. Sin embargo, Luis Ángel Reyes cayó en contradicciones y en las investigaciones se demostró que la joven se había defendido y arañado a su agresor.
Ello porque “Juanita” se percató que las uñas de las manos de su hermana estaban rotas, manchadas de sangre, incluso con rastros de piel de su esposo, lo que quedó acreditado en el propio expediente a través de pruebas de criminalística y genética forense.
Él tenía rasguños en los antebrazos. “Dijo muchas cosas y se contradijo desde el principio”, recuerda. Incluso, dos personas pasaron cerca de la escena del crimen aquel día y vieron cómo “Lupita” fue golpeada por su esposo y su suegra a plena luz del día.
Perfil psicolуgico
A más de dos años y medio de aquel suceso trágico para la familia Benítez Vega, el señor Jesús se cuestiona: ¿por qué tú? ¿por qué así? y ¿cómo Luis Ángel se atrevió a asesinar a su hija? mientras recorre, junto con las cámaras de Notimex, aquella calle donde falleció Verónica Guadalupe.
Ahí, junto a un árbol, todavía queda una lona con la foto impresa de su hija y la leyenda “Justicia para Lupita”, que es acompañada con una cruz de madera y dos ramos de flores. “Las cambiamos cada semana”, externa.
El señor, de 51 años de edad, recuerda que el joven había estudiado Nutrición y era bueno en su profesión, incluso se dedicaba a vender “lunch” para los niños de una escuela particular cercana al lugar de los hechos.
Y los peritajes habían revelado que el cuerpo de Verónica Guadalupe tenía dos trozos de metal, los cuales eran parte de los cuchillos usados para la preparación de los alimentos que después ponía a la venta.
Del otro extremo de ese sitio se encuentra el Panteón San José. Aquí, sobre la tumba donde fue sepultada, alcanza a leerse. “Mi ángel. Yo sé que estás bien, que ya no sufres, pero aquí me haces mucha falta. Aquí hay alguien que llora tu ausencia (…)”.
“Y cada día, cada noche, veré al cielo, dibujando en él tu hermosa sonrisa”. Estos son algunos fragmentos de aquella dedicatoria escrita por su familia e impresa sobre una tela resistente, grande y visible a cuantos visitan este campo santo. “La escribimos entre todos”, comparte el padre de “Lupita” y enseguida se quiebra su voz y trata de contener las lágrimas al llevarse las manos a los ojos.
“Juanita”, la hermana y la confidente de la víctima de feminicidio, relata que los dos jóvenes se conocieron en una fiesta de XV años. Ella era todavía menor de edad, tenía apenas 16 años de edad, y él rebasaba los 18.
“Era engañoso”, argumenta. La mirada, la tez morena, la delgadez y la estatura de Luis Ángel contrastaban con su actitud. A partir de comenzar a salir como novios, dice, “Lupita” sólo se limitó a asistir a la escuela y dejó a un lado a la familia, los amigos, las fiestas, incluso perdió aquella alegría que tanto la caracterizada.
Además, ella nunca se retiraba la chamarra, el suéter o la blusa de mangas largas pese al intenso calor que pudiera hacer. “Él se hacía pasar por otra persona, pero nos engañó. Nos dio una cara y en realidad fue (…) un monstruo”, enfatiza.
Ana Celia Chapa Romero, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que si bien los estudios psicopatológicos aún siguen sin encontrar aspectos concluyentes de la personalidad de los homicidas, los resultados muestran factores importantes para propiciar esos actos como el clima de impunidad y la relación entre hombre y mujeres dentro de un ámbito cultural y estructural.
La mayoría de los casos están relaciones con personas perfectamente funcionales, tranquilas y “muy normales”, respetadas en sus comunidades y con un importante poder moral, económico, político y social, lo que favorece el clima de impunidad y ponen en una posición de privilegio a los varones, señala a Notimex.
Sin embargo, indica que ellas tienen antecedentes de conductas violentas como consecuencia de su poco control de impulsos, escasa empatía, celotipia y fragil masculinidad, por ejemplo.
“Nosotros como seres humanos vamos evolucionando por nuestro desarrollo, tanto cerebral como en las normas sociales, y son personas que rompen estas reglas y son llamados antisociales”, externa.
De ahí que 50 por ciento de los homicidios de mujeres son cometidos en casa y por las parejas sentimentales. “Hay una distorsión cognitiva sobre la realidad, que está impregnada de creencias y prejuicios machistas. Eso sí se ha encontrado en las investigaciones”, apunta.
Todo comienza con una conducta de condescendencia, que tiende a percibirse menos por las víctimas, y en algunos mensajes llega la primera señal: “dónde estás, con quién estás, a qué hora vas a llegar, yo te explico porque tú no lo comprendes y va subiendo de nivel”.
Chapa Romero considera necesario hacer cambios en los marcos normativos, las instituciones y narrativas, aunado a las modificaciones en la manera de ser, vivir, actuar, pensar y hablar.
Larga condena
La falta de reconocimiento de la gravedad de los feminicidios, la negativa de las autoridades, la impunidad y la corrupción al interior de instancias mexiquenses judiciales obligaron a los papás de la víctima a convertirse en investigadores y emprender una lucha contra el Estado para reconocer el crimen como feminicidio
Víctor Rogelio Caballero Sierra, presidente del Colectivo Aequus, fue el segundo abogado que tomó el caso ante los abusos y la ineficiencia del primero. Relata que la violencia no empezó ni terminó el día en que murió la víctima, sino surgió mucho tiempo antes de acuerdo con los testimonios de familiares y amigos de la universidad.
A ellos se sumaron las declaraciones de dos personas que pasaron cerca del lugar del feminicidio y vieron cómo era golpeaba por el esposo y la suegra. “Fue un feminicidio de una violencia muy fuerte, extrema”, subraya.
Así, después de ser cuestionado, Luis Ángel Reyes fue presentado ante el Ministerio Público como presunto responsable. Más tarde, el Juez de Control dictó una prisión oficiosa -privación temporal del derecho a la libertad- y abrió el proceso a la investigación complementaria.
“A partir de ahí empieza un calvario para la familia”, resalta el abogado especialista en Derecho Constitucional y Amparo, al referirse que en esa fase hubo cambio de cinco ministerios públicos del Estado de México y las víctimas indirectas fueron expuestas a un trato de criminalización, de revictimización, de ofensas, discriminación y la pérdida de pruebas, como sucedió con el celular de la joven agredida.
Pero fue la fuerte presión ejercida por los papás, a través de manifestaciones y medios de comunicación, que se logró canalizar el expediente a la Físcalia General de Justicia del Estado de México y dar inicio el jucio oral contra el agresor.
Un año y siete meses después fue declarado culpable y le otorgaron una sentencia de 55 años de cárcel, a pesar de haberse solicitado la pena vitalicia. Empero, la defensa legal del agresor decidió interponer un recurso de apelación, al exponer su inocencia y la falta de elementos para calificar el asesinato como feminicidio.
Por tanto, la contraparte hizo lo propio con una apelación adhesiva penal, sin trastocar aspectos como la responsabilidad y la reparación del daño, y realizó un estudio para identificar todas las penas máximas dictadas por jueces, magistrados y ministros respecto a los casos de violencia de género.
“Estuvimos buscando en la única base de datos más creíble sobre feminicidios, que son los medios de comunicación, porque ni el Gobierno Federal ni estatal tienen una estadística real porque muchos casos son juzgados como homicidios”, argumenta.
Se encontró que la mayoría de las sentencias oscilaban entre 40 y 50 años de prisión. Había unas de 60 años, pero en ellas concurrían hechos de complicidad o delitos conexos al feminicidio como secuestro o privación ilegal de la libertad.
Así, indica, la Segunda Sala de Apelación del Distrito Judicial de Tlalnepantla celebró la audiencia de la apelación en mayo de 2019 y los magistrados desestimaron todos los argumentos de los abogados del sentenciado. “A nosotros nos da la razón en los argumentos respecto a la individualización de la pena privativa de la libertad”, menciona.
Con ello se ordenó aumentar la sanción a 62 años y seis meses de prisión para el agresor. “Es una de las penas más elevadas en el Estado de México para un caso individualizado de una víctima y un victimario”, acentúa.
Si bien la familia Benítez Vega ganó esta lucha, aún vive atemorizada y bajo la incertidumbre de las amenazas recibidas por los familiares del feminicida y la presunta participación de la mamá de Luis Ángel en el asesinato.
“Hubo muchas inconsistencias en el caso, muchas omisiones de parte de las mismas autoridades. La carpeta sigue abierta y vamos a seguir con el proceso porque todo lo que le hicieron a mi hermana no fue nada más de él”.
“A mi hermana la asesinaron con mucho odio y mucho rencor. De hecho, sus pechos fueron cercenados”, añade “Juanita”. “Todos los mexicanos tenemos derecho a la justicia y a la verdad sobre estas situaciones tan deprimentes, que tenemos día a día”, añade el señor Jesús.
(Notimex)
Al Día
Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación
Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.
A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.
El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.
Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.
En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.
Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.
El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.
En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.
Al Día
Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal
Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.
En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.
La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.
De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.
Al Día
Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027
La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.
Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.
Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.
Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.
La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.
En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.
Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.
La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.
Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.
