Deben desaparecer escuelas militarizadas; vulneran derechos de la niñez: Angélica de la Peña

• La exsenadora sostiene que estos centros carecen de fundamento constitucional y pide a la SEP revisar y retirar las autorizaciones otorgadas a instituciones con modelos de disciplina militar.

Ciudad de México.- La exsenadora y defensora de los derechos humanos Angélica de la Peña Gómez propuso que las escuelas, academias y centros educativos de carácter militarizado desaparezcan del sistema educativo nacional, al considerar que su modelo de formación es contrario a los principios constitucionales de dignidad humana, cultura de paz, igualdad y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su participación en el programa radiofónico Mesa Política, que conduce la periodista Lucia Lagunes Huerta, Angelica De la Peña abordó el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La exlegisladora señaló que este caso debe conducir no solamente al esclarecimiento de la muerte de la adolescente y a la sanción de las personas responsables, sino también a una revisión nacional de todas las instituciones educativas que funcionan bajo modelos de disciplina militar.

“Esas escuelas, academias y centros educativos deben desaparecer. No tienen fundamento legal ni constitucional; son anticonstitucionales e inconvencionales”, afirmó.

De la Peña sostuvo que la educación militarizada no se encuentra contemplada en el mandato establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en las disposiciones nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de la infancia.

Explicó que el artículo tercero constitucional establece que la educación debe basarse en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la cultura de paz.

Por ello, consideró que los métodos de disciplina rigurosa, castigos, novatadas o prácticas de sometimiento atribuidos a algunos de estos centros son incompatibles con los fines constitucionales de la educación.

La exsenadora cuestionó que la Secretaría de Educación Pública federal se deslinde de la supervisión de estas instituciones bajo el argumento de que las autorizaciones y verificaciones corresponden a las autoridades educativas estatales.

Aunque reconoció que el sistema educativo se encuentra descentralizado, afirmó que la SEP mantiene responsabilidades en la definición, vigilancia y cumplimiento de la política educativa nacional.

“La descentralización no desliga a la Secretaría de Educación Pública. Los registros para que funcionen, operen y puedan entregar constancias están autorizados y verificados por las autoridades educativas”, expresó.

De acuerdo con De la Peña, corresponde a la SEP ordenar a las secretarías de Educación de las entidades federativas una revisión de las academias y escuelas de corte militar, así como retirar las autorizaciones a aquellas que incumplan los principios constitucionales y las disposiciones de protección a la infancia.

Señaló que, en el país existen más de 50 centros con estas características, distribuidos en más de la mitad de las entidades federativas. También destacó que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina han negado tener vínculos institucionales con este tipo de planteles.

Ante ello, cuestionó que escuelas sin relación formal con las Fuerzas Armadas puedan utilizar denominaciones, uniformes, jerarquías y métodos de instrucción asociados con la disciplina militar.

Sobre la muerte de Dafne Zapata Quintos, De la Peña afirmó que la detención de personas presuntamente relacionadas con los hechos no agota la responsabilidad institucional ni garantiza por sí sola el esclarecimiento completo del caso.

Recordó que la adolescente tenía 13 años y llevaba pocos días dentro del campamento cuando falleció, por lo que consideró indispensable conocer qué ocurrió, qué protocolos fueron aplicados, quiénes tenían a su cargo su cuidado y qué supervisión ejercían las autoridades educativas sobre la academia.

“El caso de Dafne tiene que llevarnos a una verificación puntual y al cumplimiento del mandato constitucional: una educación para la paz, respetuosa de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva”, expresó.

De la Peña sostuvo que la responsabilidad del Estado no se limita a investigar penalmente la muerte de la adolescente, sino que también comprende revisar las condiciones en las que operan estos centros, prevenir nuevas violaciones y garantizar que ninguna institución educativa utilice métodos que afecten la dignidad, seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes.