Culpa in vigilandoMtra. Nohemí Arguello SosaOpinión

Equidad e integridad electoral en riesgo

CULPA IN VIGILANDO
Por Nohemi Argüello Sosa

Equidad e integridad electoral en riesgo 

El proceso electoral federal en México se ha vuelto cada vez más complejo. Los procesos políticos internos del Frente Amplio por México y de la Defensa de la Cuarta Transformación han generado presión en la balanza de la equidad en la contienda. La reciente sentencia SUP-JDC255/2023 y SUP-JE-1423/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federa diversificó las posiciones en el Consejo General del INE, siendo la opinión más discordante la de Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Fiscalización. 

Zavala planteó su análisis a la luz de la reforma de 2007, que surgió tras la elección presidencial ganada por Felipe Calderón bajo acusaciones de inequidad en la contienda y con una ventaja mínima. Bajo este punto de vista, los procesos políticos internos no son “procesos inéditos”, más bien se trata de un fraude a la ley que vulnera el principio de equidad en la contienda. 

Zavala fue categórica al afirmar que las actividades proselitistas que se pretenden regular con los Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos ordenados por la autoridad jurisdiccional corresponden a un período que no está contemplado en la Constitución ni en la ley electoral; que los llamados «procesos inéditos» simplemente no existen, lo que sí existe son los procesos electorales que se desarrollan dentro del marco de la ley y aquellos que están fuera de él, es decir, la simulación o el “proselitismo encubierto”. 

En este contexto, Zavala enfatizó que, con la citada resolución, el Tribunal Electoral solo consideró a los partidos políticos como parte de la contienda electoral, olvidó a los candidatos y candidatas independientes, quienes entran en la escena electoral cuando inician el proceso previo para generar apoyos y poder postularse; que el sistema de precampañas fue diseñado con la intención legislativa de participar en estos procesos políticos de definición de candidaturas; y que existe un complejo sistema de fiscalización para controlar ingresos y egresos para garantizar la equidad y la integridad electoral. 

En el mismo sentido, la Magistrada Janine Otálora, en su voto en contra, se manifestó por ordenar la suspensión de los actos realizados bajo la convocatoria del Frente Amplio y solicitar al INE investigar los presuntos actos de promoción personalizada denunciados, pues es responsabilidad de este organismo garantizar que los procesos electorales se desarrollen con equidad y apego a los principios constitucionales en materia electoral. 

El actual escenario está cargado de un potencial desequilibrio en la balanza electoral que favorecería a los partidos políticos más fuertes y sus aliados considerando la cercanía del proceso electoral que inicia el próximo tres de septiembre. 

El desafío actual del INE es crucial, proteger la integridad electoral velando por una equidad que se encuentra en riesgo. 

¿Usted, qué opina? 

En cuanto al ámbito educativo, la UAT, como parte de la estrecha colaboración que sostiene el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos con diversas universidades del país, ya tiene abierto el proceso de admisión del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos. La convocatoria 2023 para el ingreso a dicho programa, se difunde a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), en la cual se invita a profesionistas con deseos de continuar su preparación académica y a personas interesadas en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Este posgrado tiene como propósito contribuir a la formación de investigadores de alto nivel, habilitados con las competencias necesarias para que, desde una perspectiva de derechos humanos, produzcan conocimiento original en la materia. 

Las clases serán presenciales o presenciales-virtuales según se amerite, y se impartirán en dos sesiones: viernes por la tarde y sábados por la mañana, un fin de semana al mes por cada unidad de aprendizaje. 

El programa se trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Guanajuato. 

La duración de este posgrado es de dos años. En cuanto a las fechas de la convocatoria: del 23 al 27 de octubre de 2023 se llevará a cabo la entrevista con el Comité Académico de Posgrado es; la recepción de documentos está programada del 20 al 24 de noviembre; los resultados del proceso de admisión serán publicados el 6 de diciembre; en tanto las inscripciones y el inicio de actividades serán en enero de 2024. 

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