Por Jorge Maldonado Díaz
Finalmente, la diputada independiente Rocío Montalvo Adamé cumplió su amenaza al denunciar actos de corrupción al interior del Instituto de Movilidad, solicitando una investigación a fondo por un presunto daño al erario de 1,014 millones de pesos.
La legisladora fue tajante al señalar que el gobierno actual sí es corruptible al no proceder en contra de José Manuel Valdez, ex titular del instituto.
Por tal situación, dijo que lo estaban denunciando por la vía penal ante la Fiscalía Anticorrupción.
Indicó que también solicitarán una investigación a fondo a la Auditoría Superior del Estado para verificar en qué condiciones se encuentran las 400 unidades de la marca «Foton» y las 600 de la marca «Golden Dragon», arrendadas, así como los servicios inherentes al «Full Service» contratados con las empresas Forza Arrendadora Automotriz y Ego Móvil.
“Queremos que, desde el Congreso, se fiscalice de manera especial al Instituto de Movilidad. Que la Auditoría Superior del Estado fiscalice las cuentas del Instituto por las irregularidades identificadas, las cuales hicimos de conocimiento del Gobernador Samuel García”.
“Esperaba que realmente el Gobernador sancionara la corrupción, porque uno de sus lemas ha sido ‘Nuevo León incorruptible’, pero no sucedió.
Por eso renuncié a Movimiento Ciudadano, porque es un gobierno corrupto, un gobierno que protegió a un exdirector del IMA, que se llama José Manuel Valdez, quien hizo contratos de arrendamiento irregulares con Ticsa, dio pagos por adelantado, los camiones no llegaron al cien por ciento y no se cumplió con el contrato del Full Service, que incluía las pólizas de seguro, el mantenimiento de las unidades y demás”, indicó.
Otra de las irregularidades de las que hizo mención fue el estado actual de 600 unidades que laboran sin estar aseguradas, lo que representa un riesgo para los usuarios.
“Por eso le estoy solicitando a la Auditoría que busque de manera precisa las irregularidades por pagos adelantados, los contratos, los mantenimientos y los más de 180 contratos realizados bajo el programa Muevo León, que son más de 1,800 unidades”.
“Le estamos pidiendo que aplique sanciones para inhabilitar a quienes ya se fueron del Instituto. El daño al erario es de más de 1,014 millones de pesos por el contrato de Ticsa, por pagos adelantados. Esperamos acciones y que dejen de mentirle al usuario, que el Gobierno reconozca que le ha incumplido al usuario”.
“Vamos a ver si, en la discusión de las cuentas públicas, los diputados estamos del lado de los usuarios para exigir cuentas claras o, bien, si están del lado de la corrupción, que es estar del lado de Movimiento Ciudadano y de Samuel García”, puntualizó.
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