Salimos de Tamaulipas con lo puesto, sin rumbo, en busca de un refugio. Cuando llegué con mi familia a Nuevo León, me advirtieron: “Allá está el crimen que silencia todo, pero aquí está ‘El Bronco’, que lincha y descalifica”.

Por Francisco Cuéllar Cardona

José Luis tenía el rostro descompuesto. Sentí escalofríos. Se detuvo frente a mi escritorio, aventó su cámara fotográfica y dijo en voz baja:

– Licenciado hay pedo. No les gustó a los señores la nota de portada de hoy.

– ¿A quiénes? ―, pregunté.

 – Los mañosos, ¿quien más? Quieren saber quién autorizó la publicación de la nota de los talamontes―, me respondió todavía agitado.

Un día antes una manifestación de productores de madera de la región de San Carlos, Tamaulipas, protestaron contra el delegado de la Procuraduría General de la República por encubrir presuntamente a grupos contrarios a los manifestantes. La información se publicó en todos los medios locales.

– Y luego… ¿Qué hay que hacer? ―, le pregunté a José Luis

– No sé. ¡Dicen que están emputadísimos!

Ese sábado acordamos cerrar la edición más temprano y se le pidió al personal que se resguardara en sus casas. Pero tres días después, había recuperado la normalidad ―de la que desgraciadamente forman parte las amenazas― y salí del periódico a la una de la mañana. Al poner un pie en la calle una mano tosca me tapó la boca y otras me sujetaron los brazos.

– Pa’rriba cabrón. ¡Ya te cargó la chingada! ―, me dijo un hombre.

Vendado de los ojos y esposado, me tiraron al piso de una camioneta. El concierto de golpes empezó y también las amenazas.

– Se les dijo que no publicaran nada y les valió verga. Se les olvidó que aquí los que mandamos somos nosotros y tú vas a pagar por ellos.

Me decían que ya habían ido por mi familia para matarlos y que iban a lanzar granadas al periódico.

Me bajaron de la camioneta. Los golpes no pararon hasta que perdí el conocimiento por el dolor. Lo último que escuché fue: “Este pinche bate ya se rompió, tráeme el otro”.

Desperté justo cuando una voz chillona de un hombre sentenció.
―¡Ya quiébrenlo! A eso venimos.

Sentí la punta fría de la pistola sobre mi cabeza y volví a perder el conocimiento. No supe cuánto tiempo estuve ahí, hasta que el golpe en el pavimento me hizo volver a la realidad. Los delincuentes se habían ido y yo estaba ahí, vivo aún, frente al periódico con mi cuerpo todo reventado por los golpes.

Me encerré en casa durante tres meses. Cuando salí de nuevo supe que a otros colegas les había pasado lo mismo esa misma semana. Un tiempo después José Luis apareció muerto en su casa. Según el reporte de la PGJ, se había suicidado.

19 de marzo, no se olvida

En marzo de 2012 llegó un mensaje a la redacción: “les vamos a mandar un regalito”. Esta vez a la delincuencia le disgustó que se publicara un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública en el que anunciaban “operativos de seguridad para frenar la ola de violencia en la ciudad”.

A las 20:15 del 19 de marzo de 2012, en plena hora pico del trabajo en la redacción, un estruendo que se oyó en gran parte de la ciudad oscureció todo. La histeria y los gritos de los compañeros se desbordaron. Por las cámaras del circuito cerrado vimos angustiados cómo ardía el auto-bomba que acababa de explotar en la puerta de los talleres del periódico. Fueron minutos de pánico, hasta que llegó el ejército a evacuarnos y a acordonar las instalaciones. Horas después del atentado, un perito de la PGR reveló que la cantidad de explosivos que habían activado los delincuentes era suficiente para derrumbar el edificio. “Los querían matar a todos”, nos dijo.

Para el gobierno federal y estatal el atentado pasó como si nada. Apenas algunas llamadas esporádicas dos días después para preguntar si estábamos bien. Nunca hubo medidas cautelares, sólo comparecencias ante la FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión). Por supuesto, nunca capturaron a los responsables.

El desplazamiento

En los 37 años que ejercí el periodismo diario en Tamaulipas viví de todo: un secuestro de parte de la Policía Federal, “levantones” y amenazas del crimen organizado y del gobierno. En el camino he visto caer y desaparecer a colegas en medio de la impotencia para denunciar, porque aquí el que denuncia se muere. Pero el 29 de octubre del 2016, comprobé que todavía había cosas que no podía imaginar. Amenazaron a mi hijo, también periodista; a mi esposa, con casi 30 años en la profesión, y a mí: la delincuencia organizada y política, echando mano de las redes sociales y de toda su estructura, nos intentó vincular con grupos criminales sabiendo que me exponía y de paso tiraba al suelo mi trayectoria.

Ese mediodía, una llamada por teléfono cambió nuestra vida.

– ¡Vete! Tu vida y la de tu familia está en peligro.

Salimos con lo puesto, sin nada en los bolsillos, sin rumbo, en busca de un refugio seguro. Abandonamos casa, trabajo, escuelas, familia y amigos sin despedida. Recuerdo el llanto, las caras desfiguradas de mis hijos por el susto, los gritos que retumbaban en el auto. Sentíamos que los delincuentes nos pisaban los talones.

 El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas era la única opción que teníamos. Conseguimos el número telefónico y nos comunicamos para pedir la protección del organismo de la Secretaría de Gobernación. Mientras buscamos un lugar seguro donde pasar la noche, personal del mecanismo nos rescató y nos llevó a la Ciudad de México. El riesgo parecía que había pasado, pero comenzaba el calvario.

Denunciamos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) los hechos y en todos los espacios editoriales posibles. La solidaridad del gremio en Tamaulipas, fue poca, pero se entendió. Cuando agreden a un periodista, es un mensaje para todos, silencia a todos. Por eso tienen miedo. No así las organizaciones nacionales e internacionales de periodistas y de derechos humanos que asumieron nuestra defensa. Era el primer caso de una familia completa de periodistas amenazada y desplazada por la violencia.

Llegada a Nuevo León: no es la delincuencia, es El Bronco

Aún bajo el Mecanismo de Protección Federal, las amenazas siguieron y las horas ante la Fiscalía se volvieron interminables. Decidimos llegar a Nuevo León, con las secuelas y los trastornos del desplazamiento. Por ejemplo, ver a tu hijo tirado a media calle, en un charco de sangre, sin respirar. El diagnóstico de los neurólogos fue contundente: “Su hijo convulsionó y trae afectaciones neurológicas producto del estrés que ha vivido en estos meses”.

Para enfrentar esto sacamos fuerzas de donde pudimos y empezamos otra vez a ser periodistas. Te vas a la calle a conocer un entorno que te parece familiar, aunque con actores y factores diferentes.

“Aquí el periodista enfrenta los mismos conflictos que en el resto del país, y no es la violencia”, analiza Erick Muñiz, Directivo de la Red de Periodistas del Noreste. Dice que, a excepción de El Norte, que tiene un esquema diferente a todos los medios, la prensa vive de la publicidad gubernamental y privada: el poder exige línea editorial a cambio de dinero.

Ejercer el periodismo en Nuevo León, en nada se compara con Tamaulipas, aunque durante cuatro años (2006-2010), sufrió una época de violencia. En este tiempo, mataron y desaparecieron a cuatro periodistas. El caso más sonado fue el del reportero Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, de Televisión Azteca, que desaparecieron el 10 de mayo del 2007. Doce años después, su viuda, Elizama Hernández, todavía lo espera y exige a la televisora que le pague el finiquito para poder tramitar una pensión.

En 2015 el hoy Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, irrumpió en el escenario electoral. Una de las principales banderas del candidato independiente fue golpear y desacreditar a la prensa. Su discurso lo enfocó contra el PRI y el PAN, a quien acusó de corruptos y a la prensa de protegerlos y encubrirlos. “No le crean a la prensa, me va a atacar porque no les voy a dar dinero”, decía.

“Fue una estrategia que le funcionó muy bien y que mantiene. En cada acto de campaña no nos bajaba de ratas y corruptos y nos echaba a la gente encima. A algunos reporteros los rescatamos de la gente que quería lincharlos”, recuerda Juan Teniente, reportero de UNO TV, quien durante estos últimos años ha sido perseguido y acosado por la administración estatal.

Directivos y reporteros coinciden: “en Tamaulipas tienen al crimen como enemigo que calla a todos, pero aquí tenemos a El Bronco, que a diario descalifica y lincha a los medios”.

“Es un patán con la prensa”, asegura Alberto Medina, reportero de El Porvenir. “De este gobernador no puedes publicar un acto de corrupción, porque de inmediato sale a decir que lo atacas por dinero. Pregúntale a los del periódico El Norte”.

El Norte fue de los pocos medios que le abrió sus páginas a Jaime Rodríguez Calderón en campaña, pero cuando el influyente rotativo empezó a cuestionar y ventilar los casos de corrupción del gobierno independiente, El Bronco convocó a sus seguidores a no comprar ni leer El Norte, porque “es mentiroso y me calumnia”.

El 27 de junio del 2017, El Bronco declaró públicamente que no daría ni una declaración más a El Norte y añadió: “Ya le pedí al procurador que empezara a ver primero la posibilidad de demandar a El Norte”.

El gobierno del Bronco, que ha declarado no invertir un peso en publicidad en medios, ha destinado 137 millones de pesos anuales para gastos de promoción desde 2017. El Norte publicó, además, que durante la campaña por la presidencia el Bronco pagó a su principal publicista, Guillermo Rentería, 26 millones. Rentería es conocido como el capitán que maneja todo el “Ejército de Broncobots” que ataca a todo aquel periodista que cuestiona y critica al gobierno independiente de Nuevo León.

“Aquí, fiel a su naturaleza de Estado que genera mucha riqueza, dominan los intereses económicos. Los medios y sus dueños piensan más en la prensa como negocio que como instrumento de denuncia”, define David Casas, reportero y corresponsal del Sol de México y La Silla Rota.

Las agresiones a los reporteros se han vuelto una práctica cotidiana. Como el caso de Noé García, camarógrafo de noticias de Azteca Noreste, que fue agredido y detenido la policía cuando cubría un incendio en una residencia. O el de José Manuel Zapata, reportero de diarios como El Norte y Metro. Varios agentes lo golpearon, detuvieron y encarcelaron cuando cubría una nota roja. Zapata recuerda que los policías le dijeron: “Esto no es cuestión de leyes, es por los míos”. O el caso de Raúl Palacios, a quien obligaron a borrar fotografías que había tomado durante el conflicto en el penal de Topo Chico, el 26 de marzo del 2019.

“Es un acto que nosotros condenamos, porque está mermando su actividad periodística y, por lo tanto, la libre expresión, la libertad y el derecho de información que también nosotros tenemos como ciudadanos”, dice Sofía Velasco, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León

Nuevo León no cuenta con un programa de auxilio a periodistas, sin embargo, el pasado 20 de febrero del 2019, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Mientras se espera la aprobación de la ley, la Red de Periodistas del Noreste y la Asociación de Periodistas de Nuevo León se acaban de reagrupar para que los periodistas nos defendamos unos a otros.