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Admite La Corte demanda de San Pedro contra Ley de Desarrollo

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San Pedro Garza García promovió controversia constitucional contra la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para salvaguardar la facultad de los municipios para determinar cuáles son las áreas no urbanizables.

Promueve San Pedro controversia constitucional 

San Pedro Garza García | El municipio de San Pedro Garza García promovió una demanda de controversia constitucional contra la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el diario oficial de la federación el pasado 05 de junio del 2018

Debido a que esa nueva ley modifica y restringe la definición legal de “terreno forestal”, distorsionando el ámbito de atribuciones constitucionales y legales de los Municipios en materia de planeación y administración del desarrollo urbano, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.

Conforme a la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, “no se considerará terreno forestal, para efectos de esa ley general”, aquel que se localice “dentro de los límites de los centros de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas”; cuando la anterior Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establecía que terreno forestal era todo aquel que estuviera cubierto por vegetación forestal, independientemente de que estuviera fuera o dentro de los límites de los centros de población.

Debido a ello se planteó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el problema de que la restricción del concepto de “terreno forestal” por parte del Congreso de la Unión, distorsiona la facultad de los Municipios para determinar cuáles son las áreas no urbanizables en la zonificación del territorio municipal y de los centros de población, cuando por causas de conservación ambiental se estime conveniente proteger aquellas superficies de terreno con cubierta forestal; porque de acuerdo a la restricción de ese término legal (terreno forestal) en la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, no se podría considerar como “terreno forestal” aquellas superficies que tengan cubierta forestal dentro de los límites de los centros de población lo que vulnera la competencia de los municipios de determinar la zonificación de su territorio.

Cabe apuntar que por acuerdo del 06 de agosto del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la demanda de controversia constitucional  promovida en contra de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
asignándole el expediente judicial número 130/2018.

Asimismo, es importante señalar que la impugnación de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se encuentra estrechamente relacionada con la impugnación ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicadas en los meses de noviembre de 2016 y 2017, respectivamente.

Con lo anterior se busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarde el ámbito de actuación del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como de todos los Municipios del Estado, a efecto de quede claro que la atribución de determinar la vocación de las áreas que integran el territorio municipal y de los centros de población, corresponde a los Municipios, por conducto de sus órganos de gobierno y bajo los procesos de consulta pública que dan legitimidad política a las acciones de conservación de los terrenos con cubierta forestal, durante los procesos de planeación y administración del
crecimiento urbano.

Asimismo, con la promoción de la controversia constitucional en cuestión, se pretender evitar que los agentes del sector inmobiliario logren obtener sentencias de amparo o de nulidad en detrimento de los intereses públicos fundamentales, ante la posibilidad de que busquen impugnar los planes y programas de desarrollo urbano municipales, así como las resoluciones donde se nieguen la autorización de acciones urbanas, en aquellas zonas que se determinen como no urbanizables por causas de conservación ambiental, en relación a la existencia de terrenos forestales.

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Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación

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Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.

El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.

Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.

En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.

Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.

El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.

En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.

 

 

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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal

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Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.

En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.

La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.

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Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027

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La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.

Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.

Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.

Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.

La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.

En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.

Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.

La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.

Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.

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