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Con votación histórica, avala Senado Guardia Nacional

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El proyecto de decreto fue devuelto con cambios a la Cámara de Diputados; entre estos,  que la Guardia Nacional sea una institución de seguridad pública de carácter civil y el establecimiento de una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente de las tareas de seguridad pública.

Con cambios, el Senado aprueba por unanimidad la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO | Con 127 votos, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen a la minuta que crea la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública de carácter civil.

El documento, respaldado por unanimidad, fue devuelto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al inicio de la discusión se informó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, enviaron a la Mesa Directiva una adenda al dictamen, propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, además de los integrantes de dichas comisiones.

votación histórica

 

El Pleno aceptó, en votación económica, que el dictamen se discutiera con los cambios propuestos, entre los que destacan que la Guardia Nacional sea una institución de seguridad pública de carácter civil y el establecimiento de una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente de las tareas de seguridad pública.

Se precisa que esta institución estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública. Que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

Se acordó facultar al Senado para analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Se incluyó que el Presidente de la República designe al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera, explicó que este es un paso para construir una nueva política de seguridad ciudadana, centrada en las víctimas y que garantice el respeto a los derechos humanos.

Precisó que la Guardia Nacional será una fuerza intermedia entre el diseño militar clásico y los cuerpos civiles de seguridad pública, estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia, como la delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico, entre otros. Además, continuó, las Fuerzas Armadas estarán subordinadas al mando de autoridades civiles.

El senador Oscar Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la Guardia Nacional que se propone da garantías y la oportunidad para que, gradualmente, las Fuerzas Armadas dejen de realizar las tareas de seguridad pública y que regresen a sus cuarteles. Esta nueva institución, agregó, será motivo de orgullo nacional.

Para enfrentar la inseguridad necesitamos instituciones fuertes y honradas, mecanismos idóneos y eficientes para combatir la criminalidad con esta propuesta. Con la Guardia tendremos un órgano que garantice irrestrictamente la seguridad interior con profundo respeto a los derechos humanos, puntualizó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, calificó de histórica la aprobación de la reforma que busca encausar, dirigir y dar solidez a la lucha contra la inseguridad y la violencia, mediante la consolidación de un marco institucional garante de derechos y libertades de todas las personas.

No implica, dijo, una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos días, sino una desmilitarización paulatina. El cambio en la política de seguridad descansa en la atención de las causas que generaron la violencia: pobreza, falta de oportunidades, desempleo, corrupción e impunidad, y no sólo en el uso de la fuerza de los aparatos del Estado.

Destacó la búsqueda de acuerdos legislativos “con los compañeros de los grupos parlamentarios. Avanzamos sin temor y sin titubeos”. No obstante, dijo: no es bueno atribuirse de manera facciosa y partidista los logros de una reforma porque Morena actuó con sensibilidad y flexibilidad.

Julen Rementería del Puerto, senador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que con este dictamen se da certeza a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

De manera que, dijo, hoy tenemos una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad como lo querían millones de mexicanos, que advertían la necesidad urgente de que el Estado contará con herramientas para combatir ese flagelo.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, destacó que conscientes del problema de inseguridad que enfrentan miles de familias mexicanas, los legisladores “entendimos que la búsqueda de seguridad no podría sobreponerse a los principios básicos de la República, ni muchos a los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

No aprobamos la reedición de otras instituciones policiales, asentó la legisladora del PRI, sino la constitución de un cuerpo de seguridad novedoso, respetuoso de los derechos humanos, con perspectiva de género, complementario a las policías locales y sujeta a la jurisdicción del ámbito civil.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que los acuerdos que se han alcanzado desde la oposición y con las mayorías, van a servir de mucho a México. “Vamos a aprovechar el beneficio de la coincidencia. Estamos cambiando el yo voy solo, por el vamos juntos”.

Este dictamen, argumentó, contiene avances históricos y muchos reclamos que se habían acumulados. Se dio un proceso de deliberación y participación plural muy importante, debido a que se observaron todos y cada uno de los puntos que hicieron valer en el Parlamento Abierto, la sociedad civil, las víctimas, expertos y organismos internacionales.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, subrayó la muestra de dignidad del contrapeso legislativo al aprobar el dictamen. El Poder Ejecutivo agregó, contará con las herramientas para consolidar una corporación policial civil, eficiente y coordinada con los órdenes de gobierno.

Dijo que se honró el ejercicio de Parlamento Abierto, en el que se escucharon e incorporaron las voces de la sociedad civil, académicos y especialistas, entre otros. Resaltó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas.

Ante la emergencia en materia de seguridad, hoy es un día histórico para los mexicanos, aseguró, a su vez, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario del PT. Se establece una institución policial de carácter civil, con recursos económicos, humanos y jurídicos para dotar de esa seguridad al país.

Es el comienzo del proceso de pacificación, y destacó: Existe una esperanza. La refundación de la institución policial, y luego manifestó su reconocimiento y respeto a las Fuerzas Armadas por su honor, valor y dignidad.

A nombre del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué señaló que ante “la encrucijada más compleja de nuestra historia moderna” en materia de seguridad pública, es preciso sumar voluntades en favor del proyecto que postula el Gobierno Federal para beneficio de todos los mexicanos.

Refirió que la tasa de homicidios alcanza “niveles máximos históricos”: 25 muertes por cada cien mil habitantes; 81 muertos diarios; más de 31 mil víctimas. Cada cinco minutos, subrayó, un delito se comete en el que la víctima es mujer. “Es imperdonable que las mujeres vivan con miedo a salir de sus casas”.

Sasil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dijo que este nuevo cuerpo policial es necesario y urgente para que el Gobierno de la República, y sus tres órdenes de Gobierno, cuenten con las herramientas legales y operativas necesarias para recuperar la seguridad de los mexicanos.

El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, dijo que cuando se expida la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se orientará a todas las instituciones de seguridad pública del país para hacer uso debido de la misma. Ahora no existe y es fundamental.

Celebró que se hayan incorporado los criterios que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la temporalidad de las Fuerzas Armadas en su labor complementaria de seguridad pública.

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Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación

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Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.

El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.

Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.

En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.

Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.

El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.

En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.

 

 

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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal

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Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.

En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.

La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.

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Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027

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La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.

Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.

Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.

Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.

La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.

En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.

Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.

La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.

Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.

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