Al Día
La Guardia Nacional y su historia en México
Con todo el revuelo causado en el país por la creación de la Guardia Nacional habría que revisar los antecedentes de esta corporación que desde la consumación de la independencia ha estado prevista en la Constitución, pero, sin que se haya puesto atención y menos aún reglamentado
Por Luis Alvarado
A pesar de que la Constitución de México y otras leyes secundarias le dan vida jurídica y viabilidad a la Guardia Nacional, por más de un siglo este cuerpo no ha sido organizado o reglamentado aun cuando se inicia desde el siglo XVIII por milicias cívicas o de voluntarios.
Aunque el término de Guardia Nacional es muy común en las reservas de los ejércitos o de voluntarios paramilitares destinados a la defensa de provincias o estados de un país, en México su nueva organización y conformación partirá de proyectos enfocados a combatir las bandas criminales.
Actualmente, la figura de la Guardia Nacional se considera en ocho artículos de la Carta Magna; 10, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89; en dos de la Ley del Servicio Militar, 5 y 6, y en uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 29.
Antecedentes
Durante la colonia, en 1765 el virrey José de Gálvez llegaba a México con plenos poderes para reorganizar el gobierno y levantar un ejército con tropa veterana bajo el sistema de Intendencias y formando las milicias provinciales en los puntos estratégicos de la Nueva España.
Así, los criollos formaron las Milicias Provinciales destinadas al área del Caribe, costas de Veracruz, Campeche, Yucatán y en el Pacífico al puerto de Acapulco, asignando el orden público y defensas locales a las milicias cívicas dependientes de los cabildos, o sea, a vecinos-ciudadanos, armados sólo en caso de contingencia.
Esto mientras que la defensa del territorio bajo jurisdicción de las Intendencias se organizaba por las corporaciones, gremios y privados acaudalados, en tanto que los vecinos de ciudades y villas por conducto de las primeras debían sostener de su peculio a las Milicias Provinciales externas a la Intendencia, así como a las propias milicias “cívicas”.
Se consideraba a estas milicias cívicas como un registro de varones aptos para las armas, separados por jerarquía o gremio bajo “el mando de un vecino de indudable fidelidad al Rey”, a los que se instruía cada semana en ejercicios sencillos y manejo de armas.
Pero además cada población debía aportar contribuciones económicas para soportar la defensa y a la propia monarquía llevándose un registro de la población en edad de prestar servicio de armas, separándose en dos listas; la de españoles y criollos y la de nativos y mulatos.
En la Constitución de 1824, gobernadores al mando
Tras el cambio coyuntural surgido del predominio inglés sobre España y Francia, la América ibérica de inicios del siglo XIX se siente amenazada por una posible ocupación inglesa, francesa o de otra nación, por lo que se reorganizan las milicias provinciales, las milicias fernandinas, las milicias de leales patriotas y la cívica.
Cuando en 1812 las Cortes peninsulares aprueban su Constitución, la monarquía absoluta daba paso a la monarquía constitucional y la milicia cívica será organizada por el ayuntamiento constitucional convirtiendo al miliciano en defensor de la soberanía de la nación.
Tras el paso de la independencia y el fracaso de la monarquía mexicana con Iturbide, la Constitución de 1824 da origen a una triple estructura militar: el ejército permanente y la milicia activa, más la Guardia Nacional; el primero veterano o permanente, defensor de la nación soberana, el segundo su reserva y la milicia cívica o Guardia Nacional defensora de la soberanía de las entidades federativas.
Para entonces, cada constitución local facultaba al Gobernador como comandante de la Guardia Nacional del estado a un doble fin: conservar el orden público interno y mantener la seguridad jurisdiccional de la entidad, que ha sido la forma más usada en diferentes países.
Para algunos tratadistas el periodo que va de 1824 a 1940 el ejército se mantuvo en bajo perfil frente al desempeño consistente de la ciudadanía en armas compuesta por sectores medios y populares a pesar de que en 1836 se prohíben legalmente las milicias.
Invasión yanqui de 1846 motiva la Guardia Nacional
Pero a raíz de la invasión yanqui en 1846 se crea la Guardia Nacional cuando el presidente Joaquín Herrera promulga la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, para “Defender la Independencia de la nación, sostener las instituciones, conservar la tranquilidad pública y hacer obedecer las leyes y a las autoridades establecidas por ellas”.
En la segunda mitad del siglo XIX es contemplada en el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856 y la Constitución de 1857 la conserva, sin cambios luego con el presidente Juárez.
Sin embargo, con Porfirio Díaz la Guardia Nacional es atraída por el ejército federal terminando su autonomía. No pocos autores reconocen que la Revolución Mexicana se hizo con una Guardia Nacional, para repeler al ejército porfirista.
En la Revolución
Durante la revolución algunos autores han observado que la guardia nacional se convierte en Ejército Constitucionalista con el Plan de Guadalupe en marzo de 1913 para combatir al gobierno de Victoriano Huerta tras ordenar los asesinatos de Madero y Pino Suárez.
Y en la década de los 30’s el presidente Lázaro Cárdenas busca formar la Benemérita Guardia Nacional algo semejante a las antiguas milicias locales, y ya con la Segunda Guerra Mundial encima el presidente Manuel Ávila Camacho expide la Ley del Servicio Militar, en la que se declara “obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos”.
Cárdenas se propuso una reforma militar para reasignar la misión del Ejército a las tareas sociales, y así lo explicó en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1934:
“Nuestro Ejército seguirá identificándose con los núcleos obreros y campesinos en sus actividades sociales y en las diferentes fases de su lucha de clases; … de cuyas fuentes han de brotar muy pronto nuevos grupos de milicias locales que, constituyendo la Benemérita Guardia Nacional, asuma los múltiples servicios de seguridad regional, que hoy gravitan sobre el Ejército de línea…”
En los Estados Unidos la Guardia Nacional de crea en 1870, “como asociaciones de voluntarios que lo mismo servían para la defensa, que para el mantenimiento del orden”, y tuvo como base “la responsabilidad de los ciudadanos para defender a la nación por ser los primeros interesados en su salvaguarda como en su derecho a poseer armas”.
En la Constitución de 1917
En México, y no obstante que a lo largo del siglo XIX la Guardia Nacional fue objeto de diversas reglamentaciones, de la Constitución de 1917 –que la contempla en 8 artículos–para acá, no se emitió reglamento alguno ni se hizo uso de ella por parte del Ejecutivo federal en más de 100 años.
Por ejemplo: En el artículo 10, relativo al derecho de los habitantes a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.
En el 31: Son obligaciones de los mexicanos: “III; Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior”.
El artículo mantiene la misma redacción desde su entrada en vigor en 1917. En relación a la Ley del Servicio Militar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1940, señala Lorena Goslinga: “En los términos de la ley en la materia (art. 5) el servicio de armas se prestará durante un año en el Ejército activo por quienes tengan 18 años de edad; hasta los 30 en la primera reserva; hasta los 40 en la segunda reserva y hasta los 45 años en la Guardia Nacional.
Además, en caso de guerra internacional, los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta el límite que exijan las circunstancias, pueden ser llamados a servir en la Guardia Nacional de acuerdo con sus condiciones físicas (art. 6)”.
En el 35. Son derechos del ciudadano: “IV: Tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes”
En el 36, se señala; “Son obligaciones del Ciudadano de la República: II.-Alistarse en la Guardia Nacional”.
En el 73. El Congreso tiene facultad: Fracción XV. “Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”.
Facultades del Senado y el presidente
En el 76. Son Facultades exclusivas del Senado: “IV: Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria”.
En el 78. De la Comisión Permanente, I: “Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV”.
El presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En el Artículo 89. Que establece; Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: VII: “Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76”.
Al Día
Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación
Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.
A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.
El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.
Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.
En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.
Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.
El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.
En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.
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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal
Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.
En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.
La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.
De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.
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Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027
La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.
Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.
Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.
Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.
La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.
En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.
Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.
La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.
Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.




