La ley de feminicidio debe escuchar a las víctimas
OTRA MIRADA
La ley de feminicidio debe escuchar a las víctimas
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Este martes 18 de agosto, el Senado de la República realizará una jornada de mesas de diálogo sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La convocatoria fue emitida por la Comisión para la Igualdad de Género, presidida por la senadora Martha Lucía Micher. Sus conclusiones servirán como insumos para el dictamen que esta comisión elaborará junto con las de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
La discusión representa una oportunidad histórica, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿las madres, las familias, las sobrevivientes y las colectivas serán realmente escuchadas o su participación servirá solamente para legitimar una propuesta previamente definida?
México necesita homologar la manera en que se investiga y sanciona el feminicidio. Actualmente, las diferencias entre las legislaciones estatales, la falta de protocolos obligatorios y las deficiencias de las fiscalías provocan que una muerte violenta pueda investigarse de forma distinta según el lugar donde ocurra.
El feminicidio fue incorporado al Código Penal Federal mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Su incorporación en las legislaciones estatales avanzó con lentitud y de manera desigual. Cuando finalmente fue tipificado en todo el país, cada entidad había establecido sus propias razones de género, sanciones y requisitos para acreditarlo. El resultado fue una legislación fragmentada, con 32 códigos penales y distintas posibilidades de acceso a la justicia.
En marzo de 2015, al resolver el caso de Mariana Lima Buendía, la Suprema Corte estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y sin discriminación, para confirmar o descartar un feminicidio.
A pesar de ese precedente, las familias siguen denunciando muertes clasificadas inicialmente como suicidios, accidentes u homicidios, así como pérdida de evidencias, ausencia de análisis de contexto y actuaciones ministeriales cargadas de prejuicios.
Ahí se encuentra el verdadero desafío.
La propuesta presidencial busca corregir esa fragmentación.
Plantea establecer un mismo tipo penal para todo el país, diez razones de género, penas de 50 a 70 años de prisión y 19 circunstancias agravantes. También contempla protocolos homologados, reparación integral, atención a víctimas indirectas y la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
Son avances importantes.
Sin embargo, el principal problema de México no ha sido solamente la falta de leyes, sino su incumplimiento.
Muchas madres y familiares han tenido que convertirse en investigadoras, peritas y abogadas para combatir la indiferencia de las instituciones.
Por eso, ninguna ley contra el feminicidio puede construirse sin escuchar a quienes conocen directamente las fallas del sistema de justicia.
No basta con invitarlas a una mesa. Sus observaciones deben tener capacidad real para transformar el proyecto.
Desde la discusión de la reforma constitucional que abrió paso a esta ley general, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que la nueva legislación debía precisar las obligaciones del Estado en materia de prevención y reparación del daño, para evitar convertirse en una disposición meramente simbólica.
La advertencia sigue vigente.
Endurecer las penas puede enviar un mensaje político y social importante, pero no resolverá por sí mismo la impunidad. Una sanción de hasta 70 años será insuficiente si las fiscalías continúan perdiendo indicios, ignorando antecedentes de violencia o responsabilizando a las propias víctimas.
Tampoco servirá si no se asignan recursos para capacitar al personal, fortalecer las fiscalías especializadas, proteger a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y garantizar atención integral a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas.
La prevención no puede quedar reducida a campañas publicitarias. Debe traducirse en mecanismos para detectar riesgos, atender denuncias previas, aplicar órdenes de protección, sancionar a las autoridades omisas y evitar que las mujeres sean asesinadas después de haber pedido ayuda.
Otro reto consiste en reconocer que las familias y las colectivas no constituyen un bloque homogéneo.
Sus experiencias, demandas y posturas pueden ser distintas. Algunas pondrán el énfasis en las sanciones; otras, en la prevención, la reparación, el presupuesto o la rendición de cuentas. Escucharlas implica reconocer esas diferencias, no seleccionar únicamente las voces que coincidan con el proyecto gubernamental.
Esta jornada será, por ello, una primera prueba.
Permitirá conocer si el Senado está dispuesto a modificar el texto o si la consulta se limitará a cumplir un requisito político antes de iniciar la discusión formal en septiembre.
La homologación puede ser un avance fundamental, pero no debe convertirse en una simulación nacional de estándares que las fiscalías locales no tengan condiciones para aplicar.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum abre una posibilidad importante para corregir décadas de dispersión normativa y malas investigaciones.
Una ley verdaderamente transformadora debe construirse con las víctimas, no solamente en su nombre.
