INTRÍNGULIS
Por Juan Carlos López Aceves
IEPI: Como alma en pena
“Dónde estás Francisco, dónde estás Luis René”, dicen que este lamento se escucha por las noches en el recinto legislativo, desde el 12 de diciembre de 2018, haciendo alusión a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y a LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN.
Una historia de suspenso legislativo que, sin querer, inicia el 8 de diciembre de 2014, cuando HERMINIO GARZA PALACIOS, en su calidad de secretario general de Gobierno, remite al Congreso del Estado, la iniciativa suscrita por EGIDIO TORRE CANTÚ, en materia de derecho a la identidad.
Dirigida a EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, diputado presidente de la Mesa Directiva, la iniciativa daba cumplimiento al mandato armonizador, de la Reforma Constitucional publicada el 17 de junio de 2014, reconociendo en la Carta Magna el derecho a la identidad de las y los mexicanos.
Aprobada con dispensa de trámite y de manera unánime, con el voto a favor de OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el Decreto LXII-388 fue publicado el 17 de diciembre de 2014.
En buena hora, el derecho a la identidad quedó plasmado en la fracción VII del artículo 17, de la Constitución Política de Tamaulipas, y la LXII Legislatura cumplía oportunamente con este mandato constitucional.
Lamentablemente, por instrucciones de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, la bancada del PAN en la LXIII Legislatura, manoseo este derecho a la identidad, con una iniciativa presentada el 29 de octubre de 2018.
Suscrita por GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ y demás integrantes del Grupo Parlamentario panista, la iniciativa propuso adicionar el artículo 17 Ter a la Constitución Política local.
Junto con pegado, la iniciativa panista propuso incorporar una fracción LXII, al artículo 58 de la Constitución Política de Tamaulipas.
Por alguna razón que hasta la fecha no logro entender, alguien del equipo del Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, propuso que era hora de regular el derecho a la identidad, creando una estructura administrativa.
Con el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, PANAL, MC y PT, el dictamen fue aprobado, llevando el voto en contra de la diputada de MORENA, MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES.
“El derecho a la identidad establecido en la fracción VII del artículo 17 de esta Constitución será garantizado mediante una cédula estatal de identidad”, reza el primer párrafo del artículo 17 Ter.
“Todos los ciudadanos del Estado tendrán derecho a contar con la cédula de identidad y su obtención será obligatoria para los residentes mayores de catorce años y aquellos avecindados que permanezcan en el Estado por un período mayor a los seis meses. La cédula se regirá bajo los principios de legalidad, confidencialidad y certeza”, señala el tercer párrafo.
Dicha cédula será expedida y regulada, por el “Instituto Estatal de Protección a la Identidad” (IEPI), que tendrá autonomía constitucional y estará integrado por 3 “Comisionados”, quienes durarán siete años en su encargo, designados por el Congreso del Estado mediante “convocatoria pública”.
“Por cada vacante, el Congreso del Estado, mediante convocatoria pública, enviará al Gobernador Constitucional una lista de cinco aspirantes al cargo que hayan acreditado los requisitos señalados en este artículo. El Gobernador seleccionará a los tres candidatos que estime idóneos para el cargo y los propondrá al Congreso”.
“Dentro del Instituto habrá un Consejo Consultivo integrado por representantes de las Secretarías de Salud, de Educación, de Bienestar Social, de Seguridad Pública, y de las Fiscalías establecidas por esta Constitución, así como del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, para el efecto de coordinar todos los aspectos relacionados con la cédula, su implementación y mecanismos de cooperación”, dispone el artículo 17 Ter.
“El Instituto será el responsable de la dirección, expedición, control, registro, gestión y todas las demás actividades relacionadas con la cédula estatal de identidad”.
Vigente desde el 12 de diciembre de 2018, el Decreto LVIII-535 estableció en su parte transitoria, una serie de mandatos constitucionales que se mantienen en estado de incumplimiento.
A partir de la fecha anterior, el Congreso local tuvo 120 días “naturales” para expedir la ley de la materia y 90 días para designar a las y los Comisionados del IEPI, así como adecuar el Presupuesto de Egresos del Estado, para dotar al naciente Instituto con los recursos suficientes.
También fijó instrucciones para MIGUEL ONGAY VILLARREAL, LOURDES ARTEAGA REYNA y MARIO SORIA LANDEROS, para que las Secretarías de Administración, Finanzas y de la Contraloría Gubernamental, apoyarán la creación del “Instituto Estatal de Protección a la Identidad”.
Hoy, tres años y diez meses después, el fantasma del IEPI deambula por el Palacio Legislativo como alma en pena, sin poder materializarse ni recibir los óleos legislativo para recibir jurídica sepultura.
Reflejando el desorden administrativo, que dejó el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.
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