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Urgente el diálogo frente a violencia contra DDHH y periodistas: OSC

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Tras el asesinato de 6 personas defensoras de derechos humanos y 3 periodistas a menos de 2 meses del gobierno de AMLO, el Espacio OSC solicitó a la SEGOB y a la Subsecretaría de Derechos Humanos una reunión inmediata.

Llaman al Estado Mexicano a construir una Política Pública de Protección Integral para periodistas y personas DDHH

CIUDAD DE MÉXICO | Ante el asesinato de 6 personas defensoras de derechos humanos y 3 periodistas en lo que va de la actual administración federal, las organizaciones del Espacio OSC hicieron un llamado urgente al Estado Mexicano a sostener un diálogo amplio e incluyente, que permita la discusión y construcción de una Política Pública de Protección Integral, que garantice el derecho a defender los derechos humanos, así como el periodismo y la libertad de expresión.

El Espacio OSC refirió que, el gobierno actual recibe una herencia del sexenio de Enrique Peña Nieto de 184 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, casos marcados por la impunidad y la falta de investigación.

“La situación de riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos se incrementó con el inicio del combate contra el crimen organizado y ha aumentado sistemáticamente en los últimos años”

Por ello, la organización solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos una reunión inmediata, “en la que podamos continuar trabajando de forma coordinada para combatir todas las formas de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México”.

Señaló que, la  Política Pública de Protección Integral, debe incluir a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en coordinación con autoridades estatales y municipales, y debe abarcar desde el respeto a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la promoción de su actividad, garantizar su protección física, digital y psicosocial; que se investigue tomando en cuenta como principal línea de investigación su labor, se juzgue y sancione a los culpables y de igual forma se otorguen medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

La organización advirtió que, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño, sigan sin coordinarse, no habrá recurso, ni policías, ni botones de asistencia que alcancen para proteger a todas las personas defensoras y periodistas en riesgo en el país.

espacio OSC solicitó que se garantice de forma inmediata la atención y las medidas de protección necesarias para las familias y organizaciones de las personas asesinadas.

En cuanto a las personas defensoras y periodistas que fueron asesinadas siendo beneficiarias del Mecanismo de Protección, exigió una revisión exhaustiva de las posibles fallas, acciones y omisiones que derivaron en la imposibilidad de proteger la integridad física de las víctimas.

6 PERSONAS DEFENSORAS DE DH Y 6 PERIODISTAS ASESINADAS EN LOS PRIMEROS 50 DIAS DEL GOBIERNO DE AMLO

El pasado domingo 20 de enero se conoció la trágica noticia de que Rafael Murúa, director y fundador de la primera radio comunitaria concesionada en Baja California Sur, Radio Kashana 93.3 FM, fue encontrado sin vida a 40 kilómetros de su hogar.

Ese mismo día, un integrante de la Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN) en la región chinanteca de Oaxaca, Carlos Mendoza, fue desaparecido, y Gustavo Cruz, militante del CIPO (Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”), fue asesinado. Un día antes, el sábado 19 de enero, fueron encontrados sin vida los defensores de derechos humanos e integrantes del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, Chiapas, José Santiago Álvarez y Noé Jiménez Pablo, también integrante de la dirigencia nacional de la CNPA-MN, luego de haber sido víctimas de desaparición forzada junto a otros 50 compañeros más, desde el jueves 17 de enero. El lunes 21 de enero se encontró sin vida al defensor mixteco de la tierra y territorio de Oaxaca, Bernardino García Hernández.

Tanto Rafael Murúa como Noé Jiménez eran beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección, órgano gubernamental encargado de proteger a las personas defensoras y periodistas, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión.

En el caso de Murúa, el periodista comunitario había denunciado y solicitado medidas de protección tras recibir amenazas y agresiones el pasado mes de noviembre, sin embargo, la falta de coordinación entre autoridades y la falta de voluntad política, incrementaron las condiciones de riesgo del periodista, quien lamentablemente fue asesinado. En Hermosillo, Sonora, desconocidos irrumpieron en la sede de la radio comunitaria Política y Rockanroll Radio 106.7 FM, la madrugada del 21 de enero, siendo el segundo ataque contra una radio comunitaria en menos de 48 horas.

Con estos últimos asesinatos son ya, por lo menos, seis personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas quienes han perdido la vida en el ejercicio de su labor desde la toma de posesión del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre:

  • Jesús Alejandro Márquez, periodista asesinado en Nayarit el 2 de diciembre de 2018
  • Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018
  • Manuel Martínez Bautista, indígena nahuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018
  • Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019
  • Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019
  • José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019
  • Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019
  • Gustavo Cruz, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019
  • Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019

 

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

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Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación

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Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.

El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.

Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.

En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.

Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.

El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.

En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.

 

 

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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal

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Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.

En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.

La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.

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Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027

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La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.

Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.

Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.

Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.

La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.

En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.

Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.

La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.

Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.

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