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Tamaulipas: Una guerra sin fin

Trece años de terror

15 mil personas muertas y 7 mil desaparecidas

A pesar de tres estrategias de seguridad y mas de 15 mil millones de pesos para armar y crear una nueva policía, los gobiernos han perdido la batalla contra las bandas del crimen que desde hace 4 mil días mantienen de rehén al estado.

Los enfrentamientos no acaban. El gobierno no puede con el narco

Por el Staff

Desde el 2006, las bandas del crimen en Tamaulipas viven una guerra que no acaba y que al 2018, ha dejado casi 15 mil muertos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin contar los no oficiales, que a decir de las organizaciones no gubernamentales, podrían superar los 30 mil.

Aunque la guerra entre las bandas delincuenciales y las fuerzas de seguridad, dicen que empezó en el 2005, fue en el 2006 cuando se agudizó la violencia; empezaba el gobierno de Eugenio Hernández Flores, hoy en una prisión de Tamatán.

En Tamaulipas no se conoce la paz desde entonces. Todos los días, en los 43 municipios se reportan ejecuciones, balaceras, descuartizados, secuestrados, desaparecidos; existen muchas narcofosas clandestinas donde han sido asesinados y enterrados miembros del crimen, pero también muchos inocentes que son buscados por sus familias.

En su informe anual del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó a Tamaulipas «Zona del Silencio», porque sucede todo, y no se dice nada. Los medios de comunicación están amenazados y sometidos por la delincuencia, o coptados por los gobiernos para que no se informe de lo que realmente ocurre.

Para investigadores que han estudiado la violencia en Tamaulipas, afirman que es un Estado fallido, y para algunos altos mandos militares , «es un Estado perdido».

La población de la frontera, del sur, del altiplano y de la costa vive con miedo permanente. Todos están encerrados en sus casas. Apenas cae la noche y nadie sale; y quienes lo hacen, corren el riesgo de ser «levantados» por la policía que en muchos municipio está al servicio del crimen y los delincuentes que imponen su ley a punta de balas.

Extorsionan, secuestran, cobran derecho de piso a familias, a comercios y empresarios. La Fecanaco reveló que en 12 años, la violencia provocó el cierre y la quiebra de 3 mil 300 comercios, y más de 30 mil familias se fueron del Estado huyendo la inseguridad. La pérdidas superan los 40 mil millones de pesos en 14 años de violencia, solo en el sector comercio.

Viajar por carretera, de día o de noche está prohibido por la misma autoridad que recomienda hacerlo con prudencia.

Durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, de acuerdo a sus informes anuales, el Estado y la Federación invirtieron 5 mil millones de pesos para capacitar policías, compra de armas y patrullas; de nada sirvió, pues la violencia se duplicó, incluso no hay una explicación transparente de cómo se aplicaron los recursos. En el sexenio de Egidio Torre, la inversión para la seguridad fue de 7 mil 500 millones de pesos y resultados no se vieron. Tampoco se ha podido documentar como se aplicó el recurso. Existe la sospecha de que los secretarios de Seguridad malversaron los dineros. A Rafael Lomelí, secretario de Seguridad Pública, quien sufriera un atentado con un coche bomba en julio del 2012, se le acusa de haber malversado mas de mil millones de pesos en el tiempo que ocupó el cargo, y jamás se le fincó responsabilidad alguna.

En este sexenio encabezado por el gobierno del PAN, se generó entre la población una expectativa de cambio, se compraron patrullas, armas y se puso a la Secretaría de Marina al frente de la estrategia para eliminar los principales líderes de las bandas, pero los resultados aun no se ven. Los crímenes y los homicidios dolosos se duplicaron.

«La lucha contra el crimen no es fácil, pero esta vez nosotros sí estamos haciendo las cosas diferentes, nada mas es cuestión de tener paciencia, esta guerra contra el crimen, la vamos a ganar», ha dicho el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El 1 de junio pasado, en Tampico, durante el festejo del Día de la Marina, el gobernador Cabeza le pidió ayuda al presidente Peña Nieto para frenar la violencia. La respuesta fue inmediata, pero en los discursos se han quedado las buenas intenciones mientras la guerra entre las bandas sigue.

En 12 años se han instrumentado tres estrategias de seguridad en Tamaulipas,  por parte del gobierno federal, y se ha fracasado. La policía no puede, aunque el deseo y las ganas del gobierno son muchas para devolver la tranquilidad al Estado.

UNA GUERRA SIN FIN

Los 15 mil 285 homicidios registrados en estos 12 años, dan cuenta de la guerra emprendida por las autoridades contra los grupos delincuenciales que operan en el estado y de las pugnas internas entre los grupos que han dado nacimiento a nuevas células que buscan el control de las plazas, como son llamadas las ciudades por los delincuentes.

En 2006, en Tamaulipas se registraron 346 asesinatos, un año después 265, en tanto que en 2008 se tenían ya 308 homicidios y para 2009 el número de muertes violentas sumaban 288.

La historia cambió drásticamente a partir del 2010, los homicidios dolosos sumaron 721, mas los 567 culposos. Para el siguiente año, se reportaron 855 dolosos y 517 culposos.

En 2012 alcanzó su pico más alto con mil 016 asesinatos dolosos y 493 culposos. La incidencia disminuyó en 2013 al registrarse 556 homicidios dolosos y 490 culposos, pero escalaron  nuevamente en 2014 con 1, 785 crímenes, 947 dolosos y 838 culposos, esto, pese a que en el mes de mayo de ese año, se anunció el reforzamiento de la seguridad por parte de la Federación en el estado.

A partir del 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluyó en sus mediciones el número de víctimas registradas por los delitos de homicidio, lo que cambió el panorama, ya que anteriormente, aunque hubiera multihomicidios, sólo se registraba una denuncia o carpeta de investigación.

Para el 2015, se reportaron 1,383 homicidios, de los cuales 533 fueron dolosos y 850 culposos. Un año después, sumaron 1,514, de los cuales 595 dolosos y 919 culposos.

En 2017, aumentaron sustancialmente los homicidios dolosos a 804, que sumados a los 819 culposos, dieron un total de 1, 623. Para los primeros 4 meses del 2018, ya suman en Tamaulipas 556 homicidios, 321 dolosos y 235 culposos, es decir, Tamaulipas ha registrado de enero al día ultimo de abril de este año, un promedio de 4.6 crímenes por día.

De acuerdo con las autoridades, el 80 por ciento de los homicidios dolosos que se registran, están relacionados directamente con la delincuencia, es decir, se trata de ajustes de cuentas, otros más son de víctimas que secuestran y por alguna razón son asesinadas.

El negocio de los cárteles no sólo ha sido el narcotráfico, el tráfico de personas, secuestro, cobro de piso, extorsión, robo de combustible, entre otros,  les han dejado ganancias millonarias.

MASACRE EN SAN FERNANDO, UNA HERIDA QUE NO SANA

Uno de los episodios más terribles y violentos de esta ola delictiva protagonizada principalmente por Zetas y Golfos es la masacre de migrantes en San Fernando, que puso al descubierto el dolor y sufrimiento de ciudadanos centroamericanos principalmente, que vieron convertido su sueño de llegar a Estados Unidos en pesadilla.

En agosto de 2010 se cometió la primera masacre en Tamaulipas en ese municipio, la noticia dio la vuelta al mundo. En el ejido El Huizachal, 72 personas habían sido ejecutadas, 58 hombres y 14 mujeres procedentes de centro y Sudamérica, fueron acribillados luego de ser secuestrados y negarse a pagar el dinero que los Zetas exigían para dejarlos libres o ser parte del grupo criminal. La barbarie fue descubierta, luego que un ciudadano ecuatoriano logró sobrevivir y tras caminar por muchas horas encontró a unos marinos a quienes contó lo sucedido.

La segunda masacre en ese municipio salió a la luz a partir de abril del 2011, fosas clandestinas dieron cuenta de al menos 193 cuerpos, aunque algunos activistas afirman que la cifra puede rebasar los 500; en ese momento se ordenó la detención de al menos 85 personas.

NUEVA ESTRATEGIA FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA

Con la escalada de violencia, secuestros y homicidios a la alza, el 13 de mayo del 2014 se anunció una nueva estrategia de seguridad para el estado, alrededor de 11 mil 500 elementos del Ejército, Policía Federal y Marina, se desplegaron en el estado, se les pagó un seguro de vida por un millón de pesos, una compensación de 2 mil pesos mensuales por su apoyo y se destinaron recursos para el pago de alimentación, hospedaje, vehículos y gastos de operación, sólo esto representó un gasto de 600 millones de pesos anuales.

Se anunció una limpia en las corporaciones de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y se establecieron 14 objetivos prioritarios de los dos cárteles que operan en el estado.

Tras el abatimiento y detenciones de los objetivos prioritarios y secundarios, se formaron nuevas células que ahora operaban por su cuenta y buscaban ganar territorio, lo que desató una guerra más cruenta, las bajas seguían aumentando.

Ante el ataque frontal a los delincuentes por parte de los elementos de seguridad, los pequeños nuevos grupos buscaron reclutar a nuevos soldados, los secuestros se disparan y se reclutan a jóvenes, casi niños para realizar labores de halcones, apostados en calles y cruceros, algunos aparentando vender cualquier cosa, otros simplemente vigilando las labores de los soldados y marinos para alertar a los delincuentes.

De acuerdo con un mando, los jóvenes son fácilmente convencidos de pertenecer a un grupo de la delincuencia, por el afán de tener dinero rápido, portar un arma, sentirse parte de un grupo y ser aceptados, aunque al final son simplemente peones, los primeros en morir, con un promedio de vida, ya entrando en el cártel, de cinco meses, “los usan porque no los pueden condenar a muchos años, si acaso entran a un centro de readaptación, salen pronto o se escapan”.

Aunque ha sido difícil contar a las víctimas de secuestro, pues muchos tienen miedo de denunciar, a partir del 2014 se tienen mil 340 víctimas, siendo detenidos del 2012 al 2017, un total de 77 menores de edad relacionados con este el delito.

Los desaparecidos no han podido ser cuantificados, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado, al 31 de enero del 2018, se tienen 5 mil 989 casos de desaparecidos en denuncias y carpetas de investigación del fuero común, en tanto que para el fuero federal son 135 personas que permanecen sin localizar.

De nueva cuenta, las cifras son mayores, de acuerdo a las asociaciones de familiares de desaparecidos, la cifra negra puede ser de más del 11 mil, muchos no han denunciado y realizan la búsqueda por su cuenta.

CASI 200 ELEMENTOS MUERTOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER

Las bajas también las han sufrido los elementos de seguridad estatales y federales, casi 200 muertos oficiales han perdido la vida en accidentes o enfrentamientos, realizando labores en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública reporta del 2012 a este año, 37 policías estatales caídos en cumplimiento de su deber. El reporte de la Policía Federal señala que del 2010 a la fecha han muerto al menos 26 elementos, incluido el Coordinador en Tamaulipas, Sergio Licona Gómez en un accidente automovilístico.

Las mayores bajas las reporta a través del apartado de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de 110 militares a partir del 2007 y aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado también han tenido elementos que han perdido la vida, no se tiene reporte del número exacto.

Sin embargo, recientemente el Procurador Irving Barrios Mojica señaló que en Reynosa, recientemente, al menos en tres ocasiones han emboscado a policías ministeriales, perdiendo la vida el Comandante de la Unidad General e Investigación, Pedro Hugo Carrizales Vega y tres elementos resultaron heridos.

“Ahora son unas emboscadas, aprovechándose que la Policía Investigadora tienen que atender los llamados, hacen los llamados, simulan actos delictivos para que vayan nuestros compañeros”, ante esto, han cambiado la estrategia para que los elementos atiendan las denuncias.

En enero del 2017 en Nuevo Laredo, cuatro mandos de la Procuraduría fueron asesinados a balazos por delincuentes que atacaron la camioneta en que se desplazaban al salir de una reunión de trabajo en esa ciudad.

EL CRIMEN ORGANIZADO SE INFILTRA EN CORPORACIONES

Las corporaciones no han escapado de la tentación de los grupos delincuenciales, elementos han sido detenidos y acusados de vínculos delincuenciales, en septiembre del 2017, el Procurador Irving Barrios dio a conocer que se investigaba a 300 elementos de tránsito de Reynosa, Matamoros y Río Bravo por realizar labores de halconeo y brindar seguridad a delincuentes en esos municipios.

En noviembre de ese mismo año, cuatro policías, entre ellos una mujer, adscritos al municipio de Xicoténcatl, fueron detenidos por trabajar en favor de grupos delictivos y efectuar extorsiones.

En enero de este 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que policías estatales habrían participado en la detención arbitraria y desaparición forzada de tres jóvenes en Victoria y entregados a la delincuencia organizada, quienes los torturaron y mataron en febrero de 2014.

Otra recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue por la desaparición forzada y homicidio de cuatro jóvenes, tres de ellos estadunidenses, en octubre del 2014 en el municipio de Matamoros, a manos del ex tinto grupo táctico operativo Hércules Matamoros, integrado por al menos 40 ex marinos y militares, quienes estaba al servicio de la entonces alcaldesa Leticia Salazar.

En febrero de este año, fueron vinculados a proceso, cinco policías federales, junto a un trabajador de Pemex y tres personas más, por su presunta responsabilidad en el robo de combustible en Nuevo León y Tamaulipas.

 

 

 

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