Opinión
Corrupción en IP y Gobierno
Victoria y Anexas
Por Ambrocio López Gutiérrez
CORRUPCIÓN EN IP Y GOBIERNO
La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno. La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público. El INEGI distribuyó un documento donde detalla la deshonestidad que da una idea de la batalla que tendrá que librar el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a feliz término la cuarta transformación.
La relevancia del fenómeno en el sentir de la sociedad se refleja en que más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo de inseguridad y delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años. En el marco del reciente Día Internacional contra la Corrupción, se ofrece información sobre las experiencias que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.
En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio. Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público deshonesto.
Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público. Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción. La prevalencia también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017. Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.
Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz. Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo, agrega el comunicado del INEGI.
Si bien la prevalencia de corrupción sufrida por la población se ha incrementado en la mayoría de las entidades con relación al nivel registrado en 2013, Sonora, Guerrero y Aguascalientes fueron las entidades que presentaron un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción, mientras que siete entidades exhibieron mejoras. En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.
En 2016, se observa que, a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal. Al distinguir los trámites de acuerdo con el nivel de gobierno se pudo identificar que, entre la población, las mayores prevalencias de corrupción se presentaron al realizar trámites o tener contacto con autoridades del ámbito estatal, en comparación con los trámites federales o municipales, siendo los trámites relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares en los que las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7% y 17.8%, respectivamente. En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal.
En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas al solicitar algún trámite federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad. Al analizar el tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción, contacto con autoridades de seguridad pública, se observa que, independientemente de la región del país, 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.
Adicionalmente, se encontró que la región centro del país, seguida de la región sureste, es donde las empresas y las personas que han sido arrestadas por la policía (adultos y adolescentes) tienen la mayor probabilidad de estar involucradas en un acto de corrupción. Este riesgo es significativamente mayor respecto a lo que se observa principalmente en las regiones del norte del país. Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017.
Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016. Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 273 pesos. La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad. De las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común.
Estas razones dejan ver que la población no denuncia el hecho debido a que no confía en que las autoridades actuarán o porque consideran que es un acto generalizado del cual son partícipes. Las oficinas de control interno son las áreas del gobierno encargadas de vigilar la aplicación de los recursos materiales y humanos, así como de supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al desempeño de los servidores públicos. A través de estas oficinas, los ciudadanos pueden presentar quejas o querellas para denunciar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos, para lo cual se debe proporcionar los datos o indicios que permitan determinar las probables faltas.
En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0. El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 10.3 quejas por cada cien servidores públicos, mientras que en Yucatán y Colima la razón fue de 0.1 quejas por cada cien empleados públicos. Dependiendo del curso de la investigación, los órganos de control interno determinan si estas conductas corresponden a sanciones administrativas o si se trata de un delito que amerite una denuncia.
En caso de que se identifiquen conductas que puedan ser tipificadas como presuntos delitos por actos de corrupción, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones de tipo penal que correspondan. Respecto a este tipo de denuncias, un total de 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales fueron denunciados en 2017 ante las instancias ministeriales por la comisión de algún presunto delito relacionado con el ejercicio de sus funciones. Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema. El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), este sistema se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales Anticorrupción que coordinan a las administraciones locales y municipales.
Los sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas deben integrarse y funcionar de manera similar al SNA para coordinar a las autoridades locales competentes en la materia, lo que hace necesario expedir o reformar diversas leyes secundarias de los sistemas locales anticorrupción para armonizar el marco legal estatal con la legislación nacional. Para este proceso, la LGSNA fijó el plazo de un año, a partir del 18 de julio de 2016. Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo, mientras que 15 estados lo habían implementado parcialmente. Esto indica que, pese al plazo establecido en la LGSNA, en la mayoría de las entidades federativas aún no se ha terminado el proceso de integración de los sistemas locales.
A pesar de la falta de implementación total del Sistema, las entidades federativas han establecido planes o programas anticorrupción que incluyen medidas de control para mitigar el riesgo en espacios donde hay interacción entre usuarios y servidores públicos. En 2017, se identificaron 17 entidades que contaban con un plan o programa anticorrupción y nueve informaron que se encontraban en proceso de integración. Cabe mencionar que de las entidades que en 2016 manifestaron que estaban en proceso de integración de este plan o programa, Chiapas e Hidalgo concluyeron este proceso en 2017. Algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.
Al respecto, de las entidades que informaron tener un plan o programa anticorrupción en 2017, 17 entidades tenían identificados trámites o procesos de gestión propensos a conductas asociadas a la corrupción como parte de los programas anticorrupción. En este sentido, Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del estado de México con 19 trámites. Las compras de gobierno y la declaración patrimonial de servidores públicos fueron las gestiones que más entidades informaron tener para controlar riesgos de corrupción. Otras medidas de control consideradas fueron las relacionadas con los trámites de solicitudes de apoyo de programas sociales.
Al contrastar los trámites estatales en los que la población experimentó mayor corrupción, se observa que únicamente tres entidades consideraban las infracciones de seguridad pública; cuatro contemplaban las licencias de funcionamiento para negocios, mientras que seis estados incluían algún trámite vehicular como la verificación vehicular, licencias de conducir, infracciones de tránsito y trámites de control vehicular. Las administraciones públicas municipales también han puesto en marcha planes y programas para disminuir y/o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa.
En Baja California Sur y Querétaro se encontró el mayor porcentaje de municipios que tenía un plan de este tipo, mientras que en 20 estados menos del 10% de los municipios contaban con un plan anticorrupción. Es importante mencionar que, en Baja California, Colima, Ciudad de México y Sinaloa se reportó que las alcaldías no contaban con un plan anticorrupción porque estaban en proceso de integración o no disponían de información para responder. Al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. En contraste, Oaxaca presentó la menor proporción con oficinas de control interno (9.5%). En el análisis enviado por el INEGI se omiten datos de Tamaulipas. Quizás aquí todos somos honestos.
Correo: amlogtz@gmail.com
LOS HECHOS
Por José Inés Figueroa Vitela
Odisea Burbujas
¿Se acuerdan del tal Ecoloco?
Ya ni juntándose con El Loco Eco causan hilaridad, menos cualquier otra expresión del respetable.
Ciertamente, aún hay quienes se quedan hasta el final del squetch, aunque solo sea para el recuento de las barbaridades, por si hay algo qué reportar a Guinness.
Tampoco da risa la publicación de Los Ángeles Times y si una preocupación causara, sería entre la conmiseración por la forma como un pretendido medio serio, se lanza a la especulación, entre las más aberrantes faltas a los principios periodísticos universales y no pocas contradicciones de párvulos.
Según el libelo distribuido en el suroeste norteamericano, con una nota “fechada” -radicada- en la Ciudad de México, sobre hechos que se estarían dando de aquel lado de El Bravo, por autoridades de allá, respecto de las de acá, “los gobernadores de Sonora y Tamaulipas son investigados por presunta relación con el tráfico de estupefaciente e hidrocarburos”.
¿Captó la incongruencia del ir y venir geográfico de la pelotita desinformativa?
Es el primer signo de la falsedad.
Luego habla de “diversas fuentes” que avalan tales acciones, en el escenario donde “la administración de Donald Trump amplía su ofensiva contra altos funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”.
Y sigue en los supuestos de que eso “podría aumentar las tensiones entre ambos países”, citando otra vez a fantasmagóricas fuentes: “personas familiarizadas con el caso”.
Luego cae en los lugares comunes de que sí este estado fronterizo “es clave” para las rutas del narcotráfico y aquel para el huachicol, como si alguno en la zona fuera distinto, por conclusión lógica a la vista de la geografía divisoria binacional.
Cae en simplismos como el afirmar que como DURAZO fue secretario de Seguridad de AMLO, fue el impulsor de la política de “abrazos no balazos”, siempre aludiendo a “fuentes que hablaron a condición de conservar el anonimato”.
El Loco Eco, hablantín engañabobos, pués.
Un medio de ese nivel, con colaboraciones profesionales, aparece en otra negación, cuando por un lado habla de inminentes extradiciones y por el otro asegura que los dos gobernadores, a los que “se les quitó la visa por los delitos que son investigados”, siguen cruzando a los Estados Unidos con un permiso especial para testigos colaboradores.
¿Son o se parecen?
En sus lógicas aventureras, dicen que el retiro de las visas norteamericanas a personas del poder público mexicano ha sido una presión efectiva contra nuestro país, en el contexto de la inminente revisión del Tratado de Libre Comercio, que en un mes más estará en la mesa trinacional.
Para la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, en cuyo entorno han cerrado filas todos los mexicanos bien nacidos, asoma el rostro de la ultraderecha internacional, haciendo campaña
en su país este año y respondiendo a sus correligionarios, delincuentes de acá que no hayan la forma de regresar a la competencia electoral en los procesos de los dos años siguientes.
Como en Sonora hicieron lo suyo, en Tamaulipas GERARDO ALGARÍN (@yosoyalgarin), el vocero del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA puso los puntos sobre las íes del caso, a través de las redes sociales.
“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado.
“Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.
La publicación aquella, insistiré, no cita documentos judiciales; no exhibe órdenes de investigación; no presenta acusaciones formales; no identifica a las fuentes, ni aporta pruebas documentales verificables por terceros.
Desde el Congreso Local, los diputados del dominante grupo parlamentario de MORENA y el del PT, firmaron un manifiesto donde condenan la información manipulada, reconocen el recto perfil y amplio impacto social en el ser y hacer del Gobernador AVA, refrendándole su apoyo y convocando a la unidad en torno a las instituciones que él lidera.
Otras instancias hicieron lo propio en el mismo sentido.
No son esas burbujas las que van a alterar la condición de un estado y un país culto, esforzado, productor de futuro y progreso.
¡No estas solo!, se escuchó fuerte en el ambiente a la vista del gobernante del Estado, como en el fin de semana previo los tamaulipecos nos sumamos a todos los mexicanos acompañado a la Presidenta.
¡Viva México!… ¡Viva Tamaulipas
CULPA IN VIGILANDO
Por Nohemi Argüello Sosa
Depredador con piel de docente
No existe igualdad de condiciones entre un maestro adulto y una niña de 14 años; por ello, no puede hablarse de consentimiento por parte de la pequeña víctima. La diferencia de edad, experiencia, madurez y poder colocar a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad que debe ser reconocida y atendida con estricto apego a la ley.
Partiendo de esta premisa, quienes están frente a grupos de niñas o adolescentes y creen, como Víctor “N”, que es posible un noviazgo con alguna alumna, no son maestros. “Tomamos la decisión de ser novios”, dijo Víctor “N” a la madre de la pequeña víctima.
En realidad, estos personajes son depredadores con piel de docente, hijos sanos de un sistema patriarcal que creen que todo les pertenece, hasta la inocencia y la salud emocional de una niña.
Esto viene a cuenta por el caso conocido, recientemente, sobre la denuncia de una madre por el “noviazgo” entre su hija y el maestro, de casi 50 años, quien impartía Tecnología y también participaba como encargado del coro escolar. La adolescente cursa su educación secundaria en la Escuela Secundaria Federalizada 53 “Quetzalcóatl”, ubicada en Ecatepec, Estado de México. Un caso indignante, pero más frecuente de lo que queremos reconocer.
En México, las leyes son claras y establecen que ninguna persona adulta puede mantener relaciones sexuales con una persona menor de edad.
La ley General de Educación, en su artículo 73, párrafo primero, señala que “En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas reforzadas de protección para las y los educandos que aseguren el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el respeto a su derecho a una vida libre de violencias […]”
En los últimos dos párrafos del mismo artículo se establece que “Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral” y “En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.”
El hostigamiento sexual no es un juego, no es normal, no está bien y es un delito grave que cuando lo comente un supuesto maestro, en realidad estamos frente a un depredador con piel de docente.
¿Usted qué opina?
En otros temas, le comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) formalizó una alianza deportiva entre el Club Correcaminos y el Club Necaxa de la Liga MX, con el objetivo de fortalecer la formación de futbolistas y entrenadores, así como impulsar el desarrollo de las fuerzas básicas. El convenio busca abrir nuevas oportunidades para que el talento tamaulipeco pueda proyectarse hacia el máximo nivel del fútbol mexicano.
La firma del acuerdo fue encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria. En el acto participaron también el director del Club Necaxa, Alberto Clark García, y el presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, quienes destacaron la importancia de la colaboración para el crecimiento deportivo de ambas instituciones.
Durante su intervención, el rector señaló que este convenio representa una valiosa oportunidad para los jóvenes futbolistas de Ciudad Victoria y de todo Tamaulipas, al permitirles acceder a procesos de entrenamiento y formación vinculados con un club de la Liga MX. Subrayó que el acuerdo tiene un enfoque principalmente formativo, orientado a brindar herramientas y oportunidades de desarrollo a los jugadores.
Dámaso Anaya destacó además el trabajo que realiza la UAT en la promoción del talento deportivo a través de iniciativas como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, donde participan cientos de niños y adolescentes. Asimismo, expresó el interés de fortalecer al Club Correcaminos para mejorar su desempeño competitivo y aspirar a mayores logros deportivos.
Por su parte, Alberto Clark resaltó que la alianza permitirá intercambiar conocimientos sobre metodologías de entrenamiento y formación de jugadores. También informó que el Club Necaxa pondrá a disposición sus instalaciones en Aguascalientes para que Correcaminos realice pretemporadas y partidos de preparación. Finalmente, Armando Arce agradeció el respaldo de la UAT para concretar este acuerdo, que contribuirá a impulsar el fútbol y brindar mayor proyección a los jóvenes talentos de la región.
LETRAS PROHIBIDAS
Por Clemente Zapata M.
Desmiente Américo señalamientos
Américo se pone guantes
y con video emite réplica,
a medio “gringo” le indica,
de la verdad están distantes…
El Gober se defendió,
precisó y fijó postura;
la “bomba” por escritura
Américo la “desactivó” …
El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se ha convertido en un “sobreviviente” de brutales ataques mediáticos que de forma sostenida caen, sobre su humanidad y su equipo, desde finales del 2017 o principios del 2018… ¡Zaaas culebra!
A pesar del empuje que desde octubre del 2022 le ha dado a Tamaulipas, mejorando todos los rubros, en medio de una compleja realidad económica y social que vive el Mundo, al parecer los adversarios de AMÉRICO no le perdonan que los haya sacado del poder y ventilado a la sociedad todo el empuercamiento que hicieron en al menos dos sexenios anteriores… ¡Que gacho Tacho!
Seguido le colocan “coche bomba”, cargados con estiércol mediático, estacionándolos frente al Palacio de Gobierno o en la residencia oficial del Poder Ejecutivo de Tamaulipas para hacerlos explotar y ensuciar todo el entorno… ¡Ufff!
Anteayer fue “El Norte” … antier fue “Código Magenta”, ayer fueron otros y ahora “Los Ángeles Time” quien señala presuntas implicaciones de AMÉRICO con cosas “chuecas”, señalamientos que rápidamente fueron desmentidos por el propio Gobernador tamaulipeco, mientras realizaba una gira de trabajo por Antiguo Morelos.
El choque entre el poderoso diario estadounidense y el gobernador AMÉRICO, no es sólo un conflicto de narrativa, sino una disputa frontal entre el rigor periodístico frente a la institucionalidad del Estado, en este caso el Gobierno de Tamaulipas.
Vale decir que, en medio de la confrontación, AMÉRICO ha dado la cara, no se esconde, emite un video que se convierte en “contrapeso” en “réplica instantánea” a los señalamientos y expone su verdad, desnuda y cruda.
Por ello el Mandatario tamaulipeco puso sobre la mesa de la Opinión Pública, una defensa basada en la ausencia de registros oficiales y al negar de forma categórica las aseveraciones del diario estadounidense, AMÉRICO no sólo califica la información como tendenciosa, sino que señala una falla crítica en el sistema de validación del contenido al señalar la carencia de evidencia física o jurídica.
Bajo su visión de que “la verdad se acredita con hechos y las acusaciones se sostienen con pruebas” —que citó en el video—, el Gobernador tamaulipeco establece un parámetro para la conversación pública al señalar que, si no existe una imputación, procedimiento judicial o comunicación oficial por parte de las autoridades de México o Estados Unidos, la información se degrada de hecho periodístico a puro ruido… a estiércol mediático… ¡Chúpale pichón!
EN CONCRETO, dijo el albañil: Uno de los puntos más críticos de la respuesta del Gobernador fue la claridad sobre su situación migratoria, ya que en un entorno donde la especulación, la elucubración, los asegunes y el sospechosismo suelen escalar rápidamente, AMÉRICO se lanzó directo al grano al confirmar que su visa está vigente y no hay notificaciones sobre restricciones, ni mucho menos el uso legal de sus documentos de viaje.
“Quiero ser particularmente claro en uno de los temas que se ha intentado posicionar en la conversación pública. Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”, citó.
Pero no sólo eso, también desmintió que haya sido informado de alguna investigación en su contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos, afirmando que jamás ha ingresado a ese país utilizando un documento distinto al que legalmente se le acredita para ello.
Con este movimiento AMÉRICO neutraliza cualquier narrativa de restricción operativa que pudiera afectar su imagen internacional o su capacidad de gestión binacional.
OJO AL DATO, dijo el garabato: Resulta coincidente, al grado de sospechoso, que mientras se dio a conocer que no le concedieron a la mamá del exgobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA el “descongelamiento” de sus cuentas, es decir que seguirán bloqueadas —y hablamos de millones y millones de pesos— rápidamente dicha noticia fue opacada, silenciada o minimizada con el “periodicazo” de Los Ángeles Times… ¡Santas Baticoincidencias!
En la última parte del video de VILLARREAL ANAYA, que rápidamente se viralizó pues apenas circuló y alcanzó más de 9.9 mil reacciones, más de 2.4 mil comentarios y más de 1.2 mil compartidas, concluyó con una redirección del enfoque hacia los indicadores de su gestión.
Fue un llamado claro a las y los tamaulipecos al señalar la infraestructura, la educación, la salud y la inversión como sus verdaderos resultados, moviendo el debate desde la especulación externa a través de la nota periodística hacia los parámetros tangibles y visibles que ha generado su gobierno a favor de la ciudadanía.
En resumen, se deben considerar dos variables que son, el tiempo y las pruebas; como encargados de depurar esta la base informativa, para dejar desnuda la verdad, mientras que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA apuesta al humanismo, a la transformación y a la resiliencia institucional como respuesta a la presión mediática extranjera, que ha estado presente en contra de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y ahora está llegando a territorio cuerudo… ¡Ostias tío de la Virgen santa!
En otro tema. De la mano del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, y a través del programa institucional Club de Ciencias, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó una destacada participación en las etapas regionales del certamen de creatividad e innovación tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026.
Este club forma parte de la iniciativa universitaria Amor por la Ciencia, coordinada por la Secretaría de Investigación y Posgrado, como un espacio donde investigadores y estudiantes brindan asesoría y acompañamiento integral a niños y jóvenes, con el objetivo de impulsar las vocaciones tempranas en ciencia, humanidades, tecnología e innovación.
Esta suma de esfuerzos ha rendido frutos con la exitosa participación en la fase regional en Tampico, donde los representantes del Club de Ciencias UAT tuvieron un desempeño histórico al presentar 17 proyectos y adjudicarse, de manera consecutiva, los tres primeros lugares de la categoría Pioneros de la Ciencia Kids.
El alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, se ha convertido en el “alcalde del Empleo”, estatus que se sustenta luego de colocar la primera piedra de lo que será Sam’s-Walmart en este municipio fronterizo.
Con una inversión histórica de más de 600 millones de pesos que generará más de 200 empleos directos, PEÑA ORTIZ, junto con JORGE ESTRADA TARACENA, subdirector de Asuntos Corporativos para Walmart de México y Centroamérica colocó la primera piedra del Combo Sam’s Club y Walmart, cumpliendo el sueño de miles de familias reynosenses.
“Queríamos que regresara Walmart aquí a Reynosa y hoy se está haciendo realidad”, afirmó el presidente municipal ante directivos de las reconocidas marcas y trabajadores de la construcción, a quienes reconoció por su gran esfuerzo al edificar las naves comerciales.
Fue la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, MARIANA ÁLVAREZ QUERO, la que reconoció los beneficios que Sam’s-Walmart ha traído a Tamaulipas desde hace 31 años: “Walmart Supercenter y Sam’s Club muestran una expresión de confianza en el estado y en el potencial de sus ciudades en su futuro y en el talento y capacidad de nuestra gente”.
Por último, el gobierno municipal que preside EDUARDO GATTÁS BÁEZ, realizó el ejercicio cívico educativo “Un Día en el Cabildo” con alumnos de sexto de primaria que por sus logros académicos se convirtieron en alcalde, síndicos y regidores proponiendo temas culturales, educativos, de inclusión y derechos humanos.
Para reconocer su trabajo y dedicación 25 alumnos con mayor aprovechamiento académico de los sectores diez, 22, 24 y 39 vivieron esta experiencia democrática en una sesión pública junto al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ y el secretario del Ayuntamiento HUGO RESÉNDEZ SILVA… “Sueñen en grande, vayan por sus metas y no permitan que nadie se las arrebate”; convocó LALO GATTÁS a los integrantes del Cabildo Infantil.
Presidieron la sesión “Un Día en el Cabildo”, IRAZEMA MONSERRAT VILLEGAS de la esc. Álvaro Obregón, como presidenta municipal, y como secretario del Ayuntamiento, LEONARDO SEBASTIÁN PÉREZ, de la primaria José Mtz. y Mtz; “gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia”, dijeron a las autoridades.
La sexta regidora PAULINA PERALES LUCIO de la Himno Nacional, propuso mejorar la educación y cultura; el décimo regidor JOSÉ INÉS TELLO de la Ford 74, planteó mayor respeto a los Derechos Humanos; y el vigésimo primer regidor IKER AXEL PUENTE, de la Altair Tejeda pidió mayor empatía en el tema de la inclusión… ¡Enhorabuena!
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