Al DíaNuevo León

Emite CEDHNL recomendación por abusos policíacos

La recomendación está dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León y a los alcaldes de Apodaca, Rayones, Guadalupe y San Nicolás de los Garza por abusos de Fuerza Civil y policías municipales contra 43 personas.

Sofía Velazco Becerra, Presidenta de la CEDHNL

MONTERREY, NL | Por el uso indebido de la fuerza y violaciones a derechos humanos de 43 personas, por parte de elementos de Fuerza Civil y policías de 4 municipios del estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humano emitió la recomendación 30/2018.

Dicha recomendación está dirigida a los alcaldes de Apodaca, Guadalupe, Rayones y San Nicolás, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado,  por violaciones a derechos humanos en perjuicio de 22 personas, entre ellas 13 mujeres, 8 menores de edad y una persona adulta mayor.

Lo anterior, se acreditó del análisis realizado en 15 investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos de 43 personas, dijo la Presidenta de la CEDH de Nuevo León, Sofía Velazco Becerra en conferencia de prensa.

“Se acreditó el uso de la fuerza letal como medida para evitar la fuga de personas o bien, disuadir a la gente, lo que trajo como consecuencia la perdida de la vida en uno de los casos, así como lesiones en la mano de un menor de edad y en pies, rodilla, costado y cabeza de 14 personas mayores de edad; en dos de los casos atendidos, las personas lesionadas por disparo de arma de fuego no fueron auxiliadas por la policía del municipio de Rayones y Fuerza Civil, por lo que tuvieron que atenderse por sus propios medios”, enfatizó la titular del Organismo Estatal.

Agregó que de las conductas analizadas se advirtió un mal manejo del estado emocional de la policía, en razón de las determinaciones tomadas como actos de venganza por recibir insultos o ante la inobediencia de las indicaciones.

Como principales puntos recomendatorios, se solicitó la reparación de los daños ocasionados a los domicilios relacionados a los casos analizados, así como la cobertura de los gastos generados por los daños causados a la salud; prestar el tratamiento médico que requieran las víctimas; colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado en las investigaciones; capacitar al personal policial en los temas uso de la fuerza e inviolabilidad del domicilio; además de implementar talleres psico-educativos de salud e higiene mental y bienestar emocional para la policía correspondiente.

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