Nuevo León

Tiene Ley de Educación imprecisiones; debe revisarse: PAN

El Congreso de Nuevo León exhorta a San Lázaro analizar el proyecto porque tiene redundancias e imprecisiones

MONTERREY | Por considerar que el proyecto de la Ley General de Educación, que está en proceso de análisis por parte del legislativo federal contiene múltiples redundancias, imprecisiones y dispersión en sus disposiciones, la Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez presentó un punto de acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente, a fin de exhortar de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que analice y estudie con detenimiento esa iniciativa de ley.

Entre las imprecisiones del mencionado proyecto, está el establecer que “corresponde al Estado la rectoría de la educación, es decir, que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley corresponderá a los ejecutivos de las entidades federativas y a los ayuntamiento de cada municipio de México, lo cual implica atribuciones que actualmente no tienen y que por lo tanto, un cambio así requiere de un estudio y análisis a profundidad sobre la capacidad que éstos pudieran tener para convertirse en una autoridad educativa”, señaló la legisladora Caballero en su exposición.

“También norma sobre una diversidad de apoyos, becas y acciones que habría que considerar en los presupuestos anuales que se asignen para el sector educativo. Además de que las becas serán asignadas por la Secretaría, lo cual implica un proceso bastante complicado a nivel nacional para dar correcta atención a los y las alumnas que así lo requieran de todos los planteles educativos del país”, aseveró la Diputada Claudia Caballero.

Sin duda, la protección del derecho a la educación que todo mexicano y mexicana tiene, es una prioridad para la sociedad, “por lo que tenemos el firme compromiso de velar porque no se atente contra los derechos sociales”, concluyó la Diputada Caballero Chávez.

Afirmó también la legisladora que dicho proyecto carece de técnica legislativa y no cumple con los principios de certeza jurídica que demandan las organizaciones de la sociedad civil en el país.

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