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Estado de excepción

LOS HECHOS

Por José Inés Figueroa Vitela

Estado de excepción

La caravana que ayer se hizo, literalmente, de miles vehículos en Victoria capital, por supuesto, resultó impresionante, más allá de quienes cuestionen el peso específico que pueda representar el número de tripulantes en este tipo de manifestaciones.

Como quiera, los que “fueron a fuerza”, a los que sedujo algún pago y/o quienes en efecto sienten simpatías por los candidatos panistas o el partido que los postula, no van a modificar el fallo del Juzgado de Sentencia, en que se convirtió la Cámara de Diputados.

Y llamando a las cosas por su nombre, en materia electoral, esa capacidad de convocatoria y movilización dirá que, al menos en Victoria capital, aun no pueden declararse ganadores y derrotados de la elección del seis de junio.

Pero los temas de la elección en curso parecen estar en un segundo plano, en este momento en que Tamaulipas se encuentra en un virtual estado de excepción.

No me refiero, por supuesto, al concepto jurídico que atañe única y exclusivamente a los poderes de la federación y que precisan la eventual suspensión de las garantías individuales en el país, por causas de fuerza mayor justificadas.

Ya sabe, el 29 de la Constitucional considera, el Estado de Excepción a nivel nacional, “en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto».

Estamos en Los Hechos en estado de excepción, porque nuestra condición política es distinta al del resto de la República, en escenarios inéditos que ameritarían, en determinado momento, incluso, la desaparición de los poderes locales.

La Cámara Baja del Congreso de la Unión decidió retirarle la inmunidad procesal al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el Congreso Local en el acto, resolvió desconocer la aplicabilidad de tal sentencia.

Los diputados locales tamaulipecos, por mayoría, reivindicaron la investidura del ejecutivo tamaulipeco, abrogándose la facultad de resolver la procedencia del desafuero y considerando “faltas al debido proceso”, desarrollado por el Congreso Federal.

No obstante, con el fallo de los diputados federales del país, también por mayoría, las autoridades centrales dieron por consumado el desafuero, dando curso al proceso judicial que se le sigue al gobernante doméstico.

Para las autoridades federales, por ministerio de ley, el Secretario General de Gobierno –CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS para el caso-, es gobernador interino, por el término de 48 horas, en las que el Congreso Local deberá elegir un gobernador sustituto.

Los plazos corren a partir de la notificación que el Congreso Federal haga de la sentencia del viernes; los diputados locales se dieron por notificados en cuanto terminó la sesión del Tribunal de Sentencia, lo cual abre otras controversias.

Si no estaban notificados, que es lo más seguro, de suyo se invalida las actuaciones locales exoneradoras del viernes, pero si se valida la pretendida notificación, con el conocimiento público del tema, ya deberían haber sesionado ayer para nombrar un nuevo gobernador.

Para el Presidente del Senado, RICARDO MONRREAL, el Congreso Local tamaulipeco está en condición de “desacato”, porque se negó a reconocer y aplicar la sentencia de una instancia superior, como lo será la Cámara de Diputados.

“Solo debían atender lo que les mandata la Constitución en el apartado V del artículo 111 y no es otra cosa que iniciar el procedimiento para nombrar un gobernador sustituto”, dijo el zacatecano.

El desacato legislativo, aseguran algunos, abre la puerta de decretar la desaparición de poderes en el estado.

Más aún, si el PAN con su mayoría en el Congreso Local y el gobierno local en liquidación –léase CABEZA DE VACA- no nombran a un propio como gobernador sustituto, en tiempo y forma, será precisamente el Senado quien lo designe y, júrelo, no será alguien afín a aquellos.

Si luego resulta que de la investigación de los delitos que la Fiscalía General de la República imputa a CABEZA DE VACA, el juez determina que no hay pruebas suficientes que lo incriminen, exonerándolo, podrá volver a ejercer el cargo.

Claro, el proceso judicial tendría que desahogarse totalmente, antes del año y tres meses que le quedan de vida a este sexenio.

Porque no es, como algunos creen, que habiéndose quedado con el delito de defraudación fiscal, por el que la Sección Instructora dictamino ha lugar el desafuero, por el único delito que ha de procesarse al gobernador desaforado.

El presunto uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que a los diputados no quedó suficientemente acreditado, sigue siendo motivo para las valoraciones del juez de la causa; ese es otro tema.

Más aún, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO, anunció que además de la nueva denuncia por peculado, presentada antes de la sentencia del Congreso Federal, están configurando otras acusaciones a partir de los elementos que ya tienen en sus expedientes.

Y hasta se atrevió a pedir a los tamaulipecos “despojados de sus bienes, a quienes se cobran cuotas, a los que no se les han pagado facturas por obras, bienes, o servicios prestados en ejercicios anteriores”, a que hagan llegar sus denuncias.

La sospecha es que se haya retirado recurso de las harcas públicas, justificadas en facturas que sus expedidores jamás recibieron en pago.

No ha faltado, quienes les han respondido –a NIETO- que se pongan a hacer su chamba y les pidan cuentas, a los inspectores que han certificado la aplicación de los presupuestos, en acciones bajo sospecha de simulación.

Si quieren engordar más el expediente, nada más que se pongan a trabajar, se les ha dicho.

Lo que parecía un chascarrillo, un “meme”, en el dicho de que el exgobernador constructor, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES permanecía en la cárcel, solo esperando a su relevo, ya no parece tan descabellado.

La semana entrante la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la revisión solicitada por los abogados del exgobernador tamaulipeco, y experimentados analistas nacionales coinciden en que los motivos de la extradición solicitada por los Estados Unidos está fuera de lugar, desde que se soportó en acusaciones locales que han sido desvanecidas puntualmente.

En cosas más amables, Nuevo Laredo fue sede de la 34 Asamblea General de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna, en la que, como invitado especial, el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ participó de los eventos y

entregó la certificación al primer rancho –Charreteras- reconocido cumplidor de todos los protocolos institucionales.

De manera virtual sostuvieron reuniones con los administradores de aduanas de la región, a quienes solicitaron facilidades en la atención e impulso al turismo cinegético en el extranjero, entre otros temas para la consolidación y en beneficio del sector.

El Secretario Nacional de la Confederación de Organizaciones Ganaderas, HOMERO GARCÍA DE LA LLATA sancionó los trabajos.

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