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Adiós a las evaluaciones

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Por Homero Hinojosa

Adiós a las evaluaciones

La reforma educativa en México tuvo un freno histórico esta semana: la Secretaría de Educación Pública optó por la eliminación de cualquier evaluación magisterial, un avance iniciado en la administración del anterior presidente, Enrique Peña Nieto.

«Queda suspendida cualquier evaluación magisterial y todas las disposiciones contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente», informó la SEP. También quedan suspendidas las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al Acuerdo Educativo Nacional.

La dependencia respetará los derechos adquiridos de los maestros, quienes no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

En lugar de este proceso de evaluaciones podemos esperar el inicio del llamado «Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros», el cual sería expedido como ley próximamente por el Congreso de la Unión y así los procesos de admisión, promoción y reconocimiento para los profesores y profesoras volverán a entrar en vigor.

El cambio de señales en el magistrado ha tomado velocidad en algunos estados. Este fin de semana iniciarían las pruebas para el ingreso y promoción de los docentes para el siguiente ciclo escolar. De acuerdo con cifras oficiales, 240 mil maestros y maestras ya se habían inscrito para participar en estos procesos.

Si usted, estimado lector, le pregunta a cualquier padre de familia o estudiante que opina de esta «transa» magisterial la mayoría reprobará la decisión impuesta por el Gobierno actual.

Y es que las medidas educativas impulsadas por el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador devuelven los ansiados privilegios a los sindicatos magisteriales y son una mala noticia para millones de alumnos.

Nadie explica cómo el Gobierno optó por regresarles las viejas prebendas a los poderosos sindicatos de maestros de México. Muchos sospechan que detrás de ello existe una estrategia electorera y populista, es decir, se trata de una «movida política» que no debe extrañar a nadie luego de observar el comportamiento presidencial en estos casi seis meses de su administración.

La reforma educativa fue firmada por Enrique Peña Nieto en el 2013 y fue una de la pocas medidas tomadas que tuvieron un reconocimiento de la mayoría de los mexicanos.

Ello, junto con la captura y la prisión de la líder Elba Esther Gordillo, fueron recibidos como una muestra de buena voluntad y una buena señal para lograr por fin un cambio en el sistema educativo mexicano.

El objetivo era atacar principalmente una de las fuentes de los problemas de la educación nacional: la mala calidad de maestros y la falta de evaluaciones certeras que autentificaran sus credenciales y su capacidad para ingresar a dar clases o, en su caso, ser despedidos.

La reforma del 2013 fue un intento para contener a los poderosos sindicatos y rescatar una nómina que desperdiciaba al año hasta 16 mil millones de pesos, incluso en salarios de maestros difuntos y «aviadores».

Así, los gremios perdieron su poder para contratar maestros al entregarle esa labor a un organismo independiente que elegía candidatos a través de exámenes.

La reforma iba avanzando, paso a paso, pero iba bien.

Incluso, el Banco de Desarrollo de América Latina publicó un estudio que demostró que los maestros contratados en base a mérito no sólo tenían mejores calificaciones en preparatoria que los que eran seleccionados por los sindicatos, sino que ayudaban a sus alumnos a aprender más rápido.

Esta medida demuestra una vez más que nuestros gobiernos parecen empecinados en borrar todo tipo de reforma que haya iniciado su predecesor, incluso aquéllas que fueron bienvenidas por la mayoría de los mexicanos.

Si esta medida hubiera sido sometida a plebiscito ciudadano, estén ustedes seguros amigos lectores que no hubiera progresado.
Nuestro Presidente ni de «loco» la hubiera promovido de esta manera.

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