Por Jorge Maldonado Díaz
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de un comunicado, desmintió la liberación de reos que habitan en los centros penitenciarios que existen en la entidad.
Afirmó que la facultad de preliberar reos es del Poder Judicial bajo ciertas reglas establecidas en la Ley.
“No es facultad del Gobierno del Estado ordenar la preliberación de internos”, admite el comunicado. “La preliberación de un PPL es un derecho que se ejercita individualmente ante el Poder Judicial, por aquellos internos que han cumplido los requisitos de ley, entre otros, haber compurgado una parte de la sentencia impuesta, haber presentado buena conducta durante su internamiento, acreditar su estabilidad emocional y no presentar peligrosidad para la sociedad”.
Lo anterior salió a relucir toda vez que se publicó de manera indebida la supuesta liberación de cerca de 700 internos por libertad de manera anticipada, por el programa de Preliberación por política penitenciaria y por el de Suspensión condicional del proceso penal o proceso penal abreviado.
Las autoridades aclararon que no es posible manipular los requisitos de ley ni otorgar derechos que no existen a favor de alguna persona, tal y como lo señaló el mencionado medio de comunicación.
Lo anterior también se respalda con el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde se indicó que es posible obtener la preliberación de internos adultos mayores sentenciados, con enfermedad crónico-degenerativa o terminal, que no hayan cometido delitos graves, y que deberán tener medidas de vigilancia externa, en cuyo supuesto se encuentran no más de 30 internos.
“Se subraya que, dentro de los procedimientos judiciales, el Gobierno del Estado, a través de los órganos competentes y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, se ha opuesto y seguirá oponiéndose a la preliberación de internos que representen peligro para la sociedad”, finaliza el comunicado.
Por su parte, Manuel de la O, Secretario de Salud del Estado dijo que estaría revisando la posibilidad de liberara a personas privadas de su libertad que se encuentran en los cuatro Centros de Reinserción Social
Comentó que se discutiría si aquellas personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable ante el COVID-19 y no hayan cometido algún delito grave, serían considerados para un arresto domiciliario.
“Es buena idea, lo comentaré con el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, Manuel González, para aquellas personas que estén en condiciones vulnerables y no
cometieron algún delito muy grave o que ya están próximos a salir del Penal, puedan salir”, dijo
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