México, conmemora hoy, el Día de la Libertad de Expresión, con cifras escalofriantes.  El asesinato de 116 periodistas del 2000 a la fecha y un 99.6% de impunidad, colocan a nuestro país como el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo debajo de Siria, una nación en guerra desde el 2011.

Por Rosa María Rodríguez Quintanilla

El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para la prensa en la historia reciente de nuestro país. Los 41 asesinatos y más de mil 986 agresiones contra periodistas del 2012 al 2018, evidencian que, el Estado mexicano ha dejado en el desamparo y solo ha simulado la protección a quienes ejercen el oficio.

La prensa amordazada y asesinada

En su informe 2017 sobre libertad de expresión, titulado “Democracia simulada, nada que aplaudir”, Articulo 19 concluye que, México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo.

Tan sólo el año pasado, se documentaron 507 agresiones y el asesinato de 12 periodistas, el mayor número en los últimos 20 años. Estas cifras revelan que nuestro país igualó en 2017 a Siria en el número de asesinatos de periodistas, una nación en guerra desde 2011, mientras que México se presenta como una república con instituciones y un Estado de derecho, que no coinciden con la realidad.

Del 2009 a diciembre del 2017, se registraron 2 mil 765 agresiones contra la prensa en México. De éstas 1, 814 fueron perpetradas contra hombres, 584 contra mujeres, 366 contra medios y 1 contra grupo de periodistas. Estas cifras revelan un incremento en la violencia de género contra mujeres periodistas en el sexenio actual, al documentarse un promedio de 86.7 comunicadoras agredidas anualmente, más que en el gobierno federal anterior, donde fueron violentadas 192, es decir, un promedio de 32 por año.

México padece una grave crisis de derechos humanos, a partir de la determinación del entonces presidente Felipe Calderón de emprender lo que él mismo denominó una “guerra contra el narcotráfico”, y que dio inicio a la militarización a lo largo del territorio nacional. Al concluir su sexenio, se contabilizaron 48 asesinatos y más de mil 092 agresiones contra periodistas. Los estados donde se concentraron las agresiones fueron principalmente Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, la Ciudad de México y Chihuahua.

“En el caso de Tamaulipas y Chihuahua, estados que destacaron en el sexenio pasado por ser lugares sumamente violentos para la prensa, durante los últimos cinco años presentaron una disminución significativa. Esto no quiere decir que el derecho a la libertad de expresión esté garantizado en dichas entidades, más bien las lógicas de la censura han cambiado. En estas “zonas de silencio” las redacciones viven bajo la autocensura que dejó la amenaza de la violencia”.

En este contexto de violencia generalizada, señala el Informe de Articulo 19 que consta de 198 páginas, “el 99.6% de los crímenes contra la prensa en México permanecen impunes, las zonas de silencio se han expandido rápidamente, el éxodo masivo de periodistas que inició con Calderón, hoy continúa, 24 periodistas están desaparecidos y el Estado ha faltado una y otra vez, a la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de tales violaciones”.

Aún con la creación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010 y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas (Mecanismo) en 2012, no se ha podido frenar la espiral de impunidad, debido a la falta de capacidades y voluntad política pero, sobre todo, por ser juez y parte en la violencia contra quienes ejercen este oficio, concluye Articulo 19 en su informe.

“El 99.6% de los crímenes contra la prensa en México permanecen impunes, las zonas de silencio se han expandido rápidamente, el éxodo masivo de periodistas que inició con Calderón, hoy continúa, 24 periodistas están desaparecidos y el Estado ha faltado una y otra vez, a la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de tales violaciones”: Articulo 19

A lo largo de sus seis años de existencia, el Mecanismo Federal ha incorporado a 380 periodistas a su esquema de protección.

A la fecha, nueve entidades han creado Mecanismos estatales de protección para periodistas, 16 estados cuentan con leyes vigentes en la materia y se han presentado 15 iniciativas de ley en el mismo sentido en los congresos locales. Sin embargo, asegura que, las y los periodistas, continúan sin una protección eficaz y articulada, entre las instituciones que soportan al Mecanismo federal y los gobiernos de los estados.

La falta de resultados de la FEADLE, la atribuye al fuerte control político del Poder Ejecutivo que persiste en las procuradurías federal como estatales, a la falta de independencia de los servicios periciales, la ausencia de capacidades técnicas de investigación en contextos complejos de macrocriminalidad, aunado al arraigo de prácticas burocráticas, revictimizantes y corruptas.

Revela que ninguna acción emprendida hasta el momento, ni por el gobierno federal ni por los gobiernos estatales, aporta seguridad alguna a los periodistas. Peor aún, considera que “el propio Estado mexicano se erige como la principal fuente de peligro, debido a que en el 48% de las agresiones contra las y los periodistas participan funcionarios de los tres niveles de gobierno”.

Coincide en que, los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, son zonas de silencio, como las ha clasificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. “Son regiones donde ya no se publican, por ningún medio, las informaciones de interés público.

Los noticieros y periódicos locales tratan temas de manera sesgada, distorsionada, superficial o definitivamente no dicen nada. En un principio fue el dinero el que silenció a la prensa; después, la violencia y el miedo”. La rápida expansión de las zonas de silencio se debe a la autocensura por miedo a las autoridades locales pero, sobre todo, al crimen organizado, señala.

Mas adelante, Artículo 19 sostiene que las políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvieron una clara intención de censura y que no cumplió sus promesas de democratizar a los medios, de acabar con los monopolios de las telecomunicaciones ni de regular y transparentar la publicidad oficial. “Por el contrario, apretó las tuercas de los mecanismos de censura directa e indirecta”

Algunos de esos mecanismos, para censurar a la prensa y controlar la información, son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos, las leyes mordaza y la violencia extrema, es un nuevo ingrediente.

El gobierno federal ha gastado más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017, el 55.96% fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación y el 44.04% restante a un total de 3,108 medios de comunicación. Televisa concentra el 16.45% del gasto, Estudios Azteca, 9.70%, y Starcom Worldwide el 3.20% del total.

De acuerdo a información de la Secretaría de la función Pública, dos entidades federativas del noreste de México, acapararon gran parte de los recursos que el gobierno federal destinó para publicidad oficial en el primer semestre del 2017. Coahuila es el estado donde se ejercieron más recursos a nivel nacional por este concepto, con más de 528 millones de pesos y Tamaulipas aparece en tercer lugar con 230 millones de pesos; Nuevo León en un lugar más lejano recibió 104 millones.

Sin embargo, continúa el informe, las sumas millonarias, que los gobiernos federal y locales destinan para publicidad oficial se quedan en manos de los dueños de los medios y no se refleja en mejores condiciones laborales para las y los periodistas. “Y el día que uno de sus reporteros es víctima de una desaparición forzada o de asesinato, con notables excepciones, los dueños de los medios no protestan, no exigen justicia, no dan ningún apoyo a sus empleados. Incluso, la vinculación de los medios con el gobierno puede llevar al despido, la censura o a la criminalización”.

Más: México es uno de los países con el mayor nivel de concentración de medios en la emisión, impresión y en línea.

Los relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA, en su reciente visita a México, señalaron que en el mercado de la radio, 70% de las estaciones privadas son propiedad de 10 medios de comunicación conglomerados. También se observa la proliferación de leyes que criminalizan o restringen, de una manera u otra, el derecho a la libertad de expresión e información.

En México existen 101 leyes vigentes que restringen estos derechos. En 18 entidades federativas existen leyes vigentes que contemplan los “delitos contra el honor”, en 22 el “halconeo”, en 16 hay leyes que restringen la libertad de expresión, en 15 el derecho a la protesta, en 24 existe el delito de ultrajes y en 6, las leyes “antimemes”.

2017, el año más violento para la prensa del noreste

De las 2, 765 agresiones contra periodistas documentadas del 2009 al 31 de diciembre del 2017 en nuestro país, Coahuila acumuló 128, Tamaulipas 83 mientras que Nuevo León y San Luis Potosí 35 cada uno.

El año más violento para periodistas y medios de comunicación fue el 2017. En la zona noreste, el año pasado, se registraron 41 agresiones contra periodistas en Coahuila, 16 en San Luis Potosí y 13 ataques a comunicadores/as y medios de comunicación en Tamaulipas. En ésta última entidad, la cifra de agresiones, solo fue superada en 2010, cuando se documentaron 16 ataques a la libertad de expresión.