El Congreso de Chile aprobó este martes la ley de matrimonio igualitario tras un último trámite en la Cámara de Diputados, dando un nuevo paso contra la discriminación y sellando una lucha impulsada desde hace años por organizaciones defensa de los derechos LGBTQ.
Orgullo y alegría son los sentimientos que dominan entre los activistas de la diversidad sexual en Chile tras la legalización del matrimonio igualitario.
La nueva ley abre los mismos derechos al matrimonio y a la filiación a las parejas heterosexuales y homosexuales. Algo que, hace una década atrás era un tema muy “lejano en la opinión pública”, recuerda Luis Larraín, activista LGBTQ chileno y uno de los fundadores de la Fundación Iguales.
“La aprobación en la opinión pública no era de más de un 20% y hoy día tenemos un panorama totalmente distinto con alrededor del 70% de la población que apoya el proyecto”, observa Larraín.
La nueva norma modifica el Código Civil cambiando las alusiones a “marido y mujer”, por “cónyuge”, permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo y regulando los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo celebren, como la adopción de hijos en conjunto.
Tras su aprobación este martes en el Senado, la Cámara de Diputados resolvió votar inmediatamente el proyecto que equipara derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conformen el matrimonio, adoptando la iniciativa por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.
Ahora debe ser promulgado por el presidente conservador Sebastián Piñera, quien decidió en junio pasado -pese a no estar en su programa de gobierno- acelerar su trámite en el Congreso, donde el proyecto se encontraba desde 2017.
“Lo principal es que, hoy día, cambia la situación de muchos niños que tienen dos padres o dos madres y que, por fin, van a tener un vínculo legal con ambos padres o madres lo cual ahora no es posible y eso los deja en una situación muy vulnerable en caso de muerte de uno de ellos o de separación”, recalca Luis Larraín, en entrevista con RFI.
El activista, emocionado, considera que este tipo de leyes constituye también “una señal a toda la población de que ser gay o lesbiana es absolutamente normal o legitimo para el Estado.
Cuando era chico, si hubiera visto que las personas de mismo sexo se podían casar también, la verdad es que mi adolescencia habría sido completamente distinta. La ley tiene un poder simbólico”.
Un camino legislativo de varios años
Rolando Jiménez, defensor histórico de los derechos de la diversidad sexual y fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, celebró un “hito cultural, jurídico y legislativo, fruto de 30 años de movilización, pedagogía y de denuncia contra la homofobia, contra la transfobia y la lesbofobia”, dijo al micrófono de RFI.
El proyecto aprobado de Matrimonio Igualitario ingresó al Parlamento chileno en 2017, tras una iniciativa de la exmandataria socialista Michelle Bachelet (2014-2018). Pero una primera iniciativa fue presentada en 2008. Y, en mayo de 2012, el Movilh demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo.
Hasta ahora, la única herramienta jurídica para unir legalmente a parejas del mismo sexo que rige en Chile es el Acuerdo de Unión Civil -aprobado en 2015- que permite acceder a casi todos los derechos que estipula el matrimonio, pero niega la posibilidad de adopción y los derechos de filiación de hijos para parejas del mismo sexo, discriminación que con este proyecto cambia.
Chile se convierte en el noveno país de América en legalizar el matrimonio igualitario después de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. En México es legal en 18 de los 32 estados del país.
*Con información de RFI y AFP.
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